Espejito...espejito

Política, Universidad Pública y TLC: “La transformación de Colombia es el premio a los pacientes”

Entrevista con Jorge Enrique Robledo por Jaime Corrales, Periodista Independiente,

Bogotá, abril 15 de 2009

Cuando el senador Robledo hace debates de control político, pone a temblar ministerios completos y a correr a los asesores buscando datos o cifras, porque saben que él también las llevará. Muchas veces ha dejado sin argumentos a los propios funcionarios de gobierno.

Si en algo que están de acuerdo hasta sus detractores más acérrimos es en que Robledo no especula, no calumnia, él tiene pruebas y datos tras sus argumentos, legado de más de 20 años como profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, seriedad que le ha valido muchos reconocimientos.

Con su aspecto de viejo sabio de la tribu y tono de profesor cuchilla, el polémico senador del Polo Democrático Alternativo, visitó a Cali para hablar del TLC con la Unión Europea, la posible privatización de Emcali y la crisis de la Universidad.

Reconocido como una de las voces más agudas e incisivas de la política colombiana, Robledo es acérrimo opositor del gobierno, al que le ha causado varias ‘ulceras’, como cuando equiparó parapolítica con ‘parauribismo’.

Después de dos conferencias en auditorios de las universidades Santiago y Autónoma, sacó unos minutos para hablar con nosotros.

Jaime Corrales: El año pasado se perdieron cerca de 600 mil empleos en Colombia. El ex ministro de hacienda Juan Camilo Restrepo pronostica que este año serán otros 400 mil. Se trata de un millón de nuevos desempleados en el país. En su opinión, ¿qué debería estar haciendo el gobierno de Uribe para capotear la crisis? Jorge Robledo:

La economía colombiana cayó muy duro el año pasado sin que todavía fuera tocada por la crisis internacional, cayo solita. Los propios absurdos de la política económica del doctor Uribe la empezaron a hundir. Y ahora le cae encima la muy grave crisis económica internacional. Por ello, podemos augurar un 2009 y un 2010 muy duros, de mucha ruina en el sector productivo, de más desempleo y pobreza. Y quizá sean más de 400 mil lo nuevos desempleados en este año.

Todos estos problemas, como la pérdida del empleo tienen una causa, y la causa es el modelo neoliberal, de gobernar con las imposiciones del FMI y de la Casa Blanca. El libre comercio ha fracasado como manera de resolver los problemas de los países. Si ha fracasado allá, en Estados Unidos, Europa y Japón, donde lo diseñaron en su beneficio, imagínese aquí.

La cosa es bien simple, si la causa del desastre es el libre comercio, pues aquí lo que se necesita es introducir un modelo de manejo económico y social que sea completamente diferente al libre comercio neoliberal.

Usted ha dicho en repetidas ocasiones que la ‘Política de Seguridad Democrática’ ha fracasado ¿por qué? ¿Qué opina de seguir destinando tantos recursos a la guerra, en desmedro de la inversión social, educativa en el país?

Álvaro Uribe ofreció que acababa con la guerrilla en seis meses y ya vamos para siete años. Y están pidiendo, mínimo, cuatro más. Es cierto que la ha golpeado, eso no se puede poner en duda, entre otras cosas por el enorme aumento del gasto militar, con más armas, más soldados, y eso debe incidir.

Pero nadie se atreve a decir que estamos cerca del fin de la violencia. Eso, ni los uribistas se atreven a decirlo. Luego en esto también fracasó, porque lo que necesitamos es la paz, no que haya menos guerra. Obvio que si hay menos violencia es mejor, pero lo que realmente queremos es la paz; y la paz en las condiciones de Colombia es que el Estado tenga el monopolio sobre las armas, pero aquí están armados, entre guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, unas 20 o 30 mil personas.

La gobernación del Valle del Cauca le adeuda cerca de 40 mil millones* a la universidad del Valle, esto ha causado un hueco fiscal que obligó a un recorte del 30% de su presupuesto. Esto nos tiene en inminente peligro de anormalidad. ¿Qué puede hacer la universidad ante esta problemática, ante el abandono del estado?

Eso también tiene que ver con el libre comercio, con el neoliberalismo, con una directiva que viene desde Washington de quebrar las universidades públicas, bajo cualquier pretexto. Ahora, estudiantes, profesores y trabajadores deben volver a levantar las banderas de la educación como un derecho, con suficiente financiación estatal y gratuita, para lograr educación superior de alta calidad.

¿Qué pueden hacer concretamente los estudiantes, ante el problema de la falta de financiación de la Universidad Pública?

Deben organizarse y luchar para lograr que el Estado dé los recursos que debe dar. Luchar de distintas maneras. Primero en lo político, porque este es un problema político. Y lucha estrictamente civil, sin violencia. Si el Estado alguna vez dio los recursos, fue por la movilización y como se lucha menos, se han perdidos derechos. Toca volver a luchar duro para mantener los que quedan y recuperar los perdidos.

Usted fue un duro crítico y opositor de la gestión del ex ministro Andrés Felipe Arias, quien por su parecido con Uribe, se ha ganado el apodo de ‘Uribito’, algunos lo ven como el sucesor de Uribe. ¿Qué le parece como candidato presidencial?

Cuando Andrés Felipe Arias renunció, hubo fiestas en el sector agropecuario colombiano, porque la gente sintió que había salido de un ministro de agricultura bastante malo. Yo diría que es el peor ministro de agricultura que ha tenido Colombia. En su ministerio, se intentó imponer el modelo Carimagua y las importaciones agrícolas pasaron de 4,5 toneladas a ocho. Además, aprobó el TLC con Estados Unidos. Y lo peor que les puede suceder a los productores agrícolas, campesinos, indígenas y empresarios, es que el país se llene de comida importada, que reemplacen su trabajo por el de los extranjeros. Así se entiende por qué su campaña electoral la hace hablando de seguridad democrática, porque si sale a hablar de agro no saca ni un voto. Estos son los paquetes chilenos propios de la política nacional, en la que los peones juegan de damas. En medio de la manipulación oligárquica, todo puede suceder.

La oposición es un ejercicio difícil. Aparte del caso Carimagua, donde logro revertir el proceso del ex ministro Arias, ¿qué luchas siente que ha ganado en la política?

Las luchas, en lo fundamental, no son importantes porque se ganen o se pierdan, aunque sea mejor ganarlas. Importan porque se lucha, porque se defiende lo que uno cree y, en mi caso, la dignidad de la gente. De otra parte, si usted mira las luchas anteriores a 1810, no sólo en Colombia sino en otros países, aparentemente todas fracasaron: el movimiento comunero, en cierto sentido la del 20 de julio, etc. Pero sin esas luchas precursoras no habría sido posible la independencia del imperio español. Porque son procesos en los que se eleva la comprensión de las gentes sobre lo que necesitan y deben hacer.

Hoy hay en Colombia centenares de miles o de millones de personas que conocen más sobre el libre comercio y el neoliberalismo, por ejemplo, lo que constituye un activo valiosísimo que cualquier día se vuelve fuerza política capaz de cambiar a Colombia. La lucha de Carimagua fue importante porque ese proceso está parado, y porque la idea era repetir Carimaguas por todo el país, es decir, darle la tierra de los campesinos a un puñado de magnates. El ministro Arias alcanzó a hablar de seguir lo que llamó el “modelo malayo”, el que aplica una monarquía corrupta donde la explotación promedio de palma es de 100 mil hectáreas.

He estado luchas sociales airosas, como las que dimos en el sector cafetero, en los años 90, antes de llegar al senado, cuando logramos la condonación de más de 100 mil deudas cafeteras. Un número importante de esas 100 mil familias hoy tienen finca por la lucha de esos días. Esa es para mí una gran satisfacción.

Y puedo contar otras cosas concretas: el TLC con Estados Unidos debió entrar en vigencia hace tres años y está parado, y por cada día en que no haya TLC es un poco menos de pobreza y de desgracia en Colombia. Otra gran satisfacción es haber ayudado a construido el Polo, un gran partido que está llamado a ganar profundos cambios democráticos en bien del progreso de los colombianos. Pero repito, no se debe luchar poniendo la condición de que hay que ganar. Lo primordial es entender que se lucha porque es un deber promover un país mejor y porque las luchas, hasta las que se pierden, acercan el momento en que los colombianos transformarán profundamente el país.

Los jóvenes que empiezan a trabajar en la oposición, desde movimientos cívicos, ONG’s o la academia, se sienten pesimistas por los hechos de nuestro país. Asesinatos de estudiantes, desapariciones, la manipulación de los medios. ¿Qué les dice usted a esa gente que quiere generar un cambio en nuestro país?

Vuelvo a lo mismo, no nos desesperemos. Hace años hubo que se desesperó y se fue para la guerrilla. Era en parte la desesperación “porque esto hay que cambiarlo para mañana”. Y en esa violencia llevamos más de 50 años. En estos días he oído a otros a los que les entra la desesperación, “porque hay que hacer algo ya”, y quieren alianzas con personas como Cesar Gaviria, con quienes creo que en las presentes condiciones la izquierda democrática no debe aliarse, porque se desnaturaliza y pierde su razón de ser. Otros también se desesperan y se desaniman y terminan al lado del uribismo. Paciencia, ¿cierto?, es lo que necesitamos. La verdadera transformación de Colombia es el premio a los pacientes. Esto es parecido, decía un amigo, a los corredores de 100 metros planos, que se entrenan durante un año para correr en 10 segundos. Similar nos toca a los del Polo. Mantengámonos en la lucha política con seriedad, defendiendo los verdaderos intereses de la nación, uniendo al país, trabajando duro, sin desesperarnos, sin extremismos de izquierda y sin entregárnosle a la derecha, que así iremos creciendo, hasta que el pueblo entienda nuestras razones y nos escoja para gobernar a Colombia.

El que se desespera se equivoca. O se va a hacer actos de terrorismo y se equivoca, o se va hacia la derecha y se equivoca u opta por la apatía política y también se equivoca. Toca tener paciencia; estudiar, dar el debate, prepararse y acompañar las luchas de las gentes. Si tenemos suerte, el mundo nos sonreirá porque el pueblo colombiano entrará en rebeldía y nosotros dirigiremos las transformaciones de Colombia. Si ello no sucede, no veremos convertidos en realidad nuestros sueños, y moriremos, igual que todos. Pero habremos sido leales con nuestras convicciones y habremos dejado un legado que seguramente les sirva a otros para dirigir las transformaciones sin la cuales no es posible resolver los problemas nacionales.

NO AL CIERRE DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior y Catalina Triana, Representante Estudiantil al Consejo Académico,

Manizales, Abril 13 de 2009

Desde octubre de 2008, cuando una comisión designada por el Consejo Académico presentó los comentarios específicos sobre los aspectos curriculares del programa de Educación Física, se planteó -por parte de la comisión- la inquietud sobre la permanencia del programa, toda vez que “en el momento de creación del programa se proyectó un número de cohortes que a la fecha ya fue superada”[1]. Tal argumento ha sido adoptado por la actual rectoría para cuestionar la existencia del programa y según información suministrada[2], no abrir cohorte en el segundo semestre de 2009 con la autorización de la mayoría del Consejo Académico.
Esta decisión, que genera nuestro rechazo, le sirve a la política que desde el año 2001 se viene implementando en la educación básica y media. Con la aprobación de los actos legislativos 01 de 2001 del gobierno de Pastrana, y 04 de 2007 del gobierno de Uribe, se estableció un recorte, según cálculos de la Federación de Gobernadores, de 76 billones (millones de millones) de pesos, entre los años 2002 a 2016, para salud, educación, agua potable y saneamiento básico de los municipios y departamentos. Esta descomunal pérdida de recursos ha institucionalizado, en escuelas y colegios, las fusiones de instituciones educativas, cierre de colegios nocturnos, hacinamiento, supresión de asignaturas y la eliminación de plazas docentes y administrativas, lo que ha acentuado el deterioro de la calidad de la educación pública colombiana. Esto sin mencionar el desastre que este recorte ha provocado en la salud de los colombianos con la quiebra de la red pública hospitalaria.
Es en está lógica que se ha dispuesto por parte de las secretarías de educación la supresión de los cargos, de psicorientadores, secretarias, celadores y aseadores, en escuelas y colegios. De manera progresiva se vienen eliminando también a los profesores especializados en educación física, no siendo raro que esta asignatura la cubran profesores de otras áreas, negando que esta disciplina es clave para la estimulación y el desarrollo normal de las capacidades físicas y cerebrales de los estudiantes. La planta nacional de docentes se disminuyó entre 2001 y 2006 en más de 33 mil maestros, y la política de Uribe es mantener esta situación, con lo que se vuelven “impertinentes” -según la visión del gobierno- muchas de las licenciaturas y programas de formación de docentes que ofrecen las universidades colombianas. Tal es el contexto en el que se encuentra inmersa la decisión de cerrar el programa de Educación Física de la Universidad de Caldas.
La Representación Estudiantil, acorde con la postura de educación pública que defiende: Anuncia su oposición a esta medida por considerarla lesiva para los intereses de los estudiantes del programa de Educación Física y los estudiantes de escuelas y colegios del departamento, que carecen de profesores en esta área; hace un llamado a la comunidad académica, en particular a los estudiantes del programa, a dar y promover un serio debate que reivindique y defienda la permanencia de la licenciatura e, insta a las directivas de la institución a dar la explicaciones del caso y a no tomar ninguna medida que lesione los intereses de los estudiantes.

ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES, OCE UNIVERSIDAD DE CALDAS

Los precios del etanol y el referendo reeleccionista

Aurelio Suárez Montoya,

Bogotá, abril 7 de 2009

En medio de la presente crisis económica un clamor unánime recorre a Colombia: el inicuo precio de los combustibles. El gobierno justifica que los colombianos estén pagando más de tres dólares por galón de gasolina corriente con el fin de fortalecer un fondo de ahorro petrolero, aunque como ya lo advirtió el senador Jorge Enrique Robledo, siendo el 40% destinado al pago de distintos impuestos, en la práctica lo que se ha montado es una reforma tributaria sin trámite por el Congreso. No hay razón alguna para que la gasolina no rebaje en su cotización cuando el petróleo tiene hoy un tercio del valor de hace ocho meses, y cuando Colombia es un país exportador que hace pagar a sus ciudadanos por ello más que los norteamericanos, importadores netos de hidrocarburos.

No obstante, hay otros factores que inciden en el alto costo del combustible. Recientemente el ex codirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, afirmó que “en 11 meses”, el etanol, que es responsable del 10% del importe de un galón en el 75% del país donde se mezcla con los carburantes, “ha tenido un aumento del 71 por ciento”. Lo comparó con el precio internacional que en pesos colombianos equivaldría a 4.000, en tanto se cobra por un galón 7.474. Esa inexplicable diferencia, a favor del oligopolio de cinco ingenios, cuyos propietarios son tres grupos económicos, debe añadirse a las enormes exenciones tributarias de las que gozan, que para el año pasado se estimaron en 120millones de dólares, y a los incentivos y créditos con costos fiscales que significaron en 2008 un subsidio de algo más de cinco millones de pesos por hectárea de caña de azúcar sembrada para elaborar agrocombustible. La fórmula que alzó el etanol de 4.500 pesos en agosto de 2008 a más de 7.500 en marzo de 2009, está fundamentada en el valor de una libra de azúcar refinado en la bolsa de Londres, que es más alto que en Nueva York. Después de la “escandola”, la gran modificación fue cambiar la base de liquidación teniendo como referente el azúcar crudo en la misma lonja londinense. Eso significará rebajar el precio del galón en 1.500 pesos, pero, de hecho, mantener una elevación de cerca del 50% para los últimos ocho meses. Casi seis veces la inflación.

Estas ventajas concedidas al oligopolio azucarero rayan con el tráfico de influencias cuando se mira la lista de cotizantes de la Asociación Colombia Primero, epicentro del referendo reeleccionista y fuente primera de financiación del “Comité Promotor” que tuvo como satélite. En efecto, cuando se repasa la lista de cotizantes de esa Asociación se encuentra que entre Incauca S.A., Manuelita S.A. y Mayagüez S.A., tres de las refinerías de alcohol, contribuyeron con 73 millones de pesos; si se añade lo que la organización gremial que defiende los intereses de esos consorcios, Asocaña, aportó, la suma asciende 54,5 millones más; si se adiciona lo que otros ingenios como Central Tumaco y RiopailaCastilla donaron, hay que agregar 33 millones; si, para completar, se suman los óbolos a Colombia Primero de las empresas de comunicaciones y de bebidas gaseosas afines a los grupos económicos dueños del etanol, tocaría aumentar 75 millones. Todo esto supera el 10% de lo que totalizó el referendo reeleccionista.

Lo antes expuesto ejemplifica la esencia del Estado uribista, un Estado plutocrático que gobierna para los detentadores de la riqueza, que quiere prorrogarse para ese propósito y que recurre a los medios necesarios para lograrlo a toda costa. Es la plutocracia, como mil veces lo ha denunciado el Senador Jorge Enrique Robledo, tomemos nota de ello.

TLC y Educación, El caso de Costa Rica Parte I

TLC y Educación, El caso de Costa Rica Parte II

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Universidad Nacional,

Bogotá, 18 y 19 De Abril de 2009

Presentación

La ofensiva privatizadora del gobierno se destaca en las distintas universidades del país, es más evidente el deterioro en todos los órdenes de la institución llamada a ser la conciencia crítica de la nación y la custodia por naturaleza de los derechos humanos. En este sentido lo que se encuentra en juego hoy es la esencia misma de la universidad su carácter crítico y transformador, donde se quiere imponer un modelo servil al mercado y regulado por éste. Por ello la discusión esencial debe ser sobre la implantación de este modelo como un retroceso y ataque a la universidad pública, a su calidad y pertinencia social. Es así como se vienen aplicando y concretando una seria de reformas estructurales que apuntan al desmonte de la autonomía universitaria, y las consecuencias nefastas que esto conlleva
Los caminos de la concurrencia y la ley de quiebras, son reafirmadas por el régimen como la salida más acertada a la crisis financiara que padecen las instituciones públicas de educación superior, esta situación se agudiza sistemáticamente en universidades como: la Universidad de Caldas, Universidad del Valle, UPTC, UTP, UPN, U Pamplona, por mencionar alguno de los casos más pregonados por la ministra de educación y sin olvidar el lamentable desenlace de la Universidad del Atlántico. Y ni que decir de las múltiples reformas académico-administrativas que se han venido implementando, que socaban la calidad academica, la democracia y la autonomía universitaria; su piloto sin duda a sido la Universidad Nacional de Colombia, donde la aplicación de la reforma este semestre ha traído graves problemas estructurales de calidad, y que se ha impuesto de forma desordenada y con consecuencias que están asumiendo estudiantes y docentes, donde la administración ha tenido un actitud negligente frente a esta situación. Pero además, este modelo de universidad viene acompañado de señalamientos y criminalización de los derechos civiles y políticos de los universitarios y el pueblo en general. En lo corrido del año las amenazas a los activistas universitarios se acerca al centenar, con tendencias a aumentar en las universidades donde existen mayores niveles de respuesta y rechazo a la política fijadas por el gobierno de Álvaro Uribe. En general hoy nos enfrentamos a una política que pretende consolidar un tipo de universidad, que no responde a los intereses del pueblo colombiano.
Esta situación exige una respuesta coordinada de los nunca rendidos, de las y los jóvenes universitarios que templan la dignidad del pueblo con el grito callejero que exige sus derechos, que somete el terror y disipa el miedo con una tormenta de libertad. Llamamos a todas y todos los universitarios a perturbar los silencios, al franco debate de los que nos une y a prescindir de lo que nos separa, con este espíritu de fraternidad y compromiso, bien venido sea el encuentro nacional de estudiantes universitarios.
Objetivo General
Establecer el grado de implementación de la política de educación superior del régimen de Álvaro Uribe en la universidad Colombiana e iniciar las discusiones organizativas de los estudiantes universitarios en la perspectiva de articular y unificar la movilización social. Todo ello con miras a desarrollar una propuesta conjunta que aporte en la construcción de un modelo alternativo universidad de cara a las transformaciones que requiere el país.
Objetivos Específicos
1. Generar un espacio de encuentro e intercambio del estudiantado universitario que permita hacer diagnósticos y propuestas conjuntas que le hable y proponga al país desde el papel de la universidad en la actualidad. 2. Analizar el estado actual y las implicaciones del modelo educativo para la educación superior en Colombia. 3. Reconocer las expresiones recientes de resistencia y lucha de los universitarios en el país con el propósito de establecer una agenda conjunta de movilización. 4. Discutir sobre las formas organizativas que demandan los estudiantes universitarios.
Preparación: En el marco del desarrollo metodológico del encuentro se requieren tener en cuenta los siguientes elementos: La preparación política y logística, en todas las universidades de forma unitaria entre todas las organizaciones y expresiones estudiantiles. Los informes por Universidad: en lo posible debe ser por escrito con un tiempo máximo para su exposición de 10 minutos. En cuanto a su contenido, debe incluirse tres bloques 1.Estado de las reformas: reformas académicas, calidad, presupuesto. 2.Democracia y autonomía universitaria: DDHH, autonomía y gobierno universitario 3. Situación del movimiento estudiantil: luchas, reivindicaciones, procesos organizativos y nivel de coordinación.
Orden del Día
Sábado 18 de Abril
9:00 a.m. -10:00 a.m. Panel: Implicaciones de la contrarreforma de la Universidad Nacional en la política de educación superior en Colombia. Profesores UN.
10:00 a.m.-1:00 p.m. Informes por Universidad
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. - 4:00 p.m. Informes por Universidad.
4:00 pm – 6:00 pm. Instalación de las Comisiones de trabajo 1. Caracterización de la situación universitaria 2. Organizativa 3. Agenda de Movilización 2009
Domingo 19 de Abril
9:00 a.m. - 11:00 a.m. Trabajo por comisiones.
11: 00 a.m. a 1:00 p.m Plenaria General - Conclusiones
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. a 4 pm. Plenaria General - Conclusiones
Lugar: Universidad Nacional De Colombia sede Bogotá
Convocan:
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES- ACEU FEDERACION UNIVERSITARIA NACIONAL COMISIONES-FUN COMISIONES MODEP ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES-OCE FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS- FEU COMUNA UNIVERSITARIA
Apoya: MULTIESTAMENTARIA NACIONAL FEDERACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS

OPONGÁMONOS A LA DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA AGENCIADA POR URIBE VÉLEZ

Juan Carlos Martínez Botero,

Tunja, 1º de abril de 2009

Ponencia Escrita para el Foro “Crisis de la Universidad Pública Colombiana” Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.
Tunja 1º de abril de 2009

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Directivo de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE
Dar una mirada a la crisis que atraviesa la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ella se da. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, Henry Kissinger, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El sustento teórico de dicha política es el llamado Consenso de Washington que se convertiría en la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impondrían como receta a los países subdesarrollados.
El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado El monstruo de la globalización, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en Estados Unidos” (Gélinas, 2006). Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: el dólar –instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods–; el Banco Central de Estados Unidos y su influencia en todos los mercados; el FMI y el Banco Mundial; el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio; las transnacionales norteamericanas, que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: (finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información ); el presupuesto militar de EEUU, el cual para el período 2004-2005 ascendía a US $500 mil millones y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.
Bajo esta órbita, Colombia, ubicada en el llamado ‘patio trasero’ de EEUU, adoptó desde los inicios de la década del noventa una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no sólo del Estado sino –además– de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía lo que antes se consideraba derecho cuya responsabilidad recaía básicamente sobre el Estado. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto para sufragar el costo de la llamada ‘canasta educativa’, abriéndose paso así la privatización de la educación.
Partiendo de la concepción plasmada en la Constitución de 1991, el Departamento de Planeación Nacional de entonces elaboró el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa, PAE”, en el cual el gobierno de César Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, destacando entre otros la baja cobertura en los distintos niveles, la calidad deficiente y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución, entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos estatales, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores que según ellos generan una “mayor rentabilidad social”: la educación básica y media. Política que se mantiene a pesar del recorte a las transferencias, que han sufrido las regiones, para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, a través de los dos actos legislativos respectivos uno en la administración Pastrana, y el otro recientemente aprobado por las mayorías uribistas en el Congreso de la República.
El argumento para desarrollar esta política es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o ‘sisbenización’ de los recursos. Frente a la educación superior, sostienen la tesis de que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en quienes el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna que se desprendió de semejantes postulados fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta el que al año 2000 el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, es decir, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.
Podríamos decir que existen tres frentes en los cuales los distintos gobiernos de la era del neoliberalismo, y en particular el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han actuado para profundizar la crisis universitaria, adecuando el aparato educativo a la actual política de subdesarrollo, y desprendiéndose de manera permanente de la obligación de sostener el sistema educativo de educación superior pública. Tales son: La degradación de la calidad académica, la desfinanciación y la restricción de las libertades democráticas. Intentemos entonces una aproximación a cada una de ellas.
La Degradación de la Calidad Académica
El contenido de la educación que se imparte en el país viene siendo adecuado para ponerlo al servicio del capital financiero, especialmente el norteamericano. Las reformas académicas y curriculares deben entenderse en este contexto. El modelo económico impulsado por las agencias internacionales de crédito, es decir el de la globalización, trae como consecuencia la localización de los procesos de producción. Puede demostrarse que los promotores de esta política tienen como objetivo concentrar en los países desarrollados “la producción que exige conocimiento de punta y alta tecnología, en tanto le dejan a sus satélites, cuando mucho, concluir esos procesos mediante maquilas, las cuales son por definición de baja tecnología e intensivas en mano de obra calificada”. De esta manera se presenta una división internacional del trabajo que deja las labores más complejas y bien pagas en los países desarrollados, mientras impone un modelo de bajos salarios y anquilosamiento científico y tecnológico en los países subdesarrollados. De ahí provienen postulados como el expresado por el ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios, quien se atrevió a plantear que: “Quizás estemos enseñando demasiado, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”.
Algunos analistas refuerzan esta idea arguyendo que es necesario comprender que la transformación, acaecida a los sistemas educativos nacionales en el contexto de la globalización neoliberal, se da en el marco de una división del trabajo internacional universitario donde se “ha reservado la producción del conocimiento de punta a los centros de investigación más poderosos del mundo, para dejar en manos de las universidades ubicadas en los márgenes, la adaptación de tales conocimientos a sus realidades locales y específicas, y la formación de los cuadros medios que reclama el fordismo precarizado en el que se apoyan las empresas de clase mundial” (Ibarra, 2006: 36).
Es entonces la actual contrarreforma educativa, lejos de lo que pregonan sus promotores, la concreción de un modelo que apunta a resolver las necesidades del mercado de mano de obra barata y con algún nivel de calificación, con el agravante de que el actual modelo económico esta basado en la especialización del país en la producción de materias primas, productos tropicales, venta de bienes y servicios y la instalación de procesos productivos intensivos en mano de obra, pero escasos en el uso de tecnologías y conocimientos científicos, con lo que una universidad científica que imparta lo más elevado del conocimiento se vuelve impertinente, haciéndose necesario, desde el discurso oficial, la transformación de la universidad colombiana en un instrumento, del enclenque sector empresarial y las filiales de las corporaciones multinacionales que funcionan en el país, para suplir necesidades laborales.
Si bien nadie se opone a que la universidad pública tenga en cuenta los requerimientos del mundo del trabajo, lo que es cuestionable es que se le destine a esta única función y se establezca como su fin primordial, mientras se avanza en sustraerle el contenido científico y en quitarle su papel privilegiado en la creación, producción y transmisión de conocimientos, que contribuyan a resolver el problema del subdesarrollo nacional. Es en este aspecto donde se centra la discusión. Las diferentes reformas internas y externas al sector universitario del último tiempo han estado encaminadas a convertir las universidades en centros de entrenamiento laboral, papel importante, que cumplen otras instituciones como el SENA, pero que no es el que le corresponde en una nación que no ha alcanzado los niveles de desarrollo propios de los países del primer mundo.
Tiene que ver la actual contrarreforma educativa con la apuesta de país de los actuales gobernantes, el (I) modelo educativo ha respondido en general al (II) modelo de desarrollo, es decir, el primero es consecuencia del segundo. Como la propuesta oficial es mantener el país en el subdesarrollo, con propuestas y políticas como los tratados de libre comercio, TLCs, es evidente que la intención con el aparato educativo es que responda a este modelo, por ello las propuestas y medidas de reducción de las carreras, reducción de los contenidos, reducción del número de horas por asignatura, institucionalización de la formación por competencias y de los créditos académicos. La regla que se desprende es que a un país pobre le corresponde una educación pobre, para un país subdesarrollado una educación subdesarrollada, tal es la propuesta del uribismo para la educación pública.
La “revolución educativa”, programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para el sector educativo, viene planteando como uno de sus componentes principales la orientación de la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, aspecto altamente relacionado con la discusión que se plantea y que se constituye en un hecho, que confirma lo aplicado que es el actual gobierno en atender las recetas del Banco Mundial. Tanto que el programa de “universidades tecnológicas” es un lineamiento, de este organismo multilateral de crédito, dirigido al debilitamiento y extinción de la universidad pública. Para el investigador John Saxe-Fernández[1] (2006) este es “Un mecanismo utilizado para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y angosta sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general, que debe de tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales” con lo que se desnaturaliza la universidad de su función primordial de investigar y promover el conocimiento, que coadyuve a resolver los grandes problemas de la sociedad y la nación, y se le pone a girar en la orbita reducida del mundo empresarial y del mercado.
Para los propósitos señalados el gobierno nacional dispuso la creación del observatorio laboral para la educación superior, organismo encargado de hacer el seguimiento a los egresados de las universidades colombianas en cuanto a su inserción en el mercado laboral. Los informes de dicho ente, según la política oficial, deben ser la referencia inmediata para la apertura de cupos y la definición de los pregrados que oferten las instituciones de educación superior en el futuro, con ello se busca profundizar la tan cacareada pertinencia que se convirtió en norma para la existencia de cualquier programa académico, mediante el decreto 2566 de 2003, en la administración Uribe.
Que el objetivo, de la actual política gubernamental, es condicionar la existencia de la universidad en Colombia para los requerimientos del mercado no debe dejar lugar a dudas, así lo confirman los aspectos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo[2], PND 2006-2010, en cuyo texto se plantea, que en el caso de la educación superior: “para mejorar la pertinencia y la calidad se fortalecerán los mecanismos de información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral y se continuará con la evaluación de programas académicos, para que en el año 2010 el 100% de ellos cuente con las condiciones mínimas de calidad verificadas”. Es importante destacar que la pretendida calidad y el concepto de pertinencia que hace parte de los discursos oficiales están delimitados claramente por el decreto 2566 de 2003, que regula los requisitos para la existencia de programas académicos, en cuyo articulado se plantea, como condición sine qua non, para la apertura de cualquier programa académico su “pertinencia en el marco de un contexto globalizado” y las “oportunidades potenciales de desempeño y tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción específico”[3].
El amoldamiento del sistema educativo, en una lógica mercantilista, gira alrededor de la entronización de la formación por competencias, concepto que, desde la perspectiva más usada, está ligado al mundo de la reingeniería empresarial en el sentido de promover destrezas que generen rentabilidad y competitividad. Así desarrolla la apuesta gubernamental el tema: “En lo que se refiere a la educación, los esfuerzos estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles: desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la formación para el trabajo. Para ello se fomentará y apropiará el enfoque de formación por competencias. El mejoramiento de la calidad y competitividad en el sistema educativo es fundamental en este contexto y por eso se buscará que para el año 2010 el Ministerio de Educación haya revisado y actualizado todos los estándares en competencias básicas, adelantando procesos eficientes para la apropiación de aquellos formulados en las 78 entidades territoriales certificadas. En el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES.” (PND, 2006-2010)
La Desfinanciación de la Universidad Pública
La financiación de la universidad pública es uno de los aspectos más sentidos que demuestra el interés del gobierno de fomentar procesos de privatización. Como forma de transferir, por parte de la nación, los recursos con los cuales se financian las universidades públicas, en la Ley 30 de 1992 se consignó un esquema que partió de una suma fija, que mantiene los valores en pesos constantes sumándole cada año el Índice de Precios al Consumidor. Este escenario, si bien respetó unos dineros para la financiación de las instituciones de educación superior, no contempló el aumento en la cobertura, la renovación y ampliación de las plantas docentes, la dotación de bibliotecas y laboratorios, las nuevas obras de infraestructura, los proyectos de inversión de las universidades, y los reconocimientos salariales adicionales, que da el decreto 1279 a los docentes por su productividad académica. El senador Jorge Enrique Robledo, resaltaba parte del problema de la siguiente forma: “Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales”. En la UPTC, como lo registraba el diario el tiempo el año pasado, la universidad pasó de 8.000 estudiantes en 1992 a 24.000 en el año 2008, con unas transferencias que no crecen al mismo ritmo que las necesidades, lo que termina produciendo un déficit, como el que persiste actualmente en esta universidad, de 14 mil millones de pesos.
Tal situación ha metido a las administraciones de las universidades en una carrera loca por la consecución de recursos propios, particularmente en casi todas las universidades públicas colombianas se discute actualmente revisar las tablas de matrículas para descargar en los bolsillos de los estudiantes y de sus padres de familia, el déficit que ha generado la desfinanciación gubernamental. Otro aspecto que evidencia el grado avanzado de privatización de las universidades públicas, y su afán por buscar nuevas fuentes de financiación es el de los postgrados. El profesor Guillermo Maya, apuntaba como el “espíritu de empresa ha llevado a que la UN, en lo académico, sea una institución dicotómica. Pública en los pregrados y privada en los postgrados. Mientras para ingresar a los pregrados se necesita ser talentoso, en los postgrados se necesita ser de estrato 5-6, para poder pagar 3 o más millones por semestre.” Anotaba de igual forma que: “Menos del 10% de los estudiantes de la UN están en los postgrados sobre un total de 48.000 estudiantes.”
Para acabar de oscurecer el panorama el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha intentado a través de los Planes de Desarrollo agudizar aún más la crisis financiera. En su primer gobierno a través de retener el 12% de los recursos asignados a las universidades por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y repartirlos con base en los neoliberales indicadores de gestión, y en su segundo gobierno con el fallido artículo 27 el cual otorgaba poderes absolutos al presidente de la república para que vía decreto desmontara la financiación estatal mediante la reglamentación de “los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas”, y mediante el artículo 38 el cual traslada las obligaciones pensionales a las universidades del orden nacional.
Vale mencionar que la resistencia del movimiento universitario y las acciones legales interpuestas llevaron a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la medida consignada en el primer gobierno (Sentencia C-926 de 2005), y a que se mutilara, en la discusión en el Congreso, el artículo que otorgaba facultades al presidente para ajustar los criterios de financiación de las universidades públicas y se determinará a través de la sentencia C-507 de 2008, que no se pueden comprometer los recursos misionales de las universidades en el pago de los pasivos pensionales, tal es el sentido del proyecto de Ley que cursa actualmente en el Congreso de la República. En suma podríamos decir que la resistencia democrática de los universitarios de Colombia ha frustrado temporalmente estos dos atentados contra la existencia de la universidad pública. No obstante aún persiste la amenaza uribista por lo que la discusión que adelanta el Congreso es sin duda una nueva confrontación entre las fuerzas que defendemos un proyecto estatal y soberano de universidad pública y entre quienes pretender asfixiar financieramente las mas importantes universidades del país[4].
Además de los atentados a través de los planes de desarrollo el gobierno de Uribe, ha ido acomodando el ordenamiento jurídico con el propósito de convertir en empresas las instituciones de educación superior (IES), fue así como en la Ley 922[5] de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal que ha sido utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto, como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.[6]
La situación más critica, derivada de esta política liquidacionista, la refleja la Universidad del Atlántico donde se presentó: Un aumento de matrículas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos; el despido de 140 trabajadores y empleados; la disminución del 10% del profesorado de planta y del 75 % de docentes por contrato; aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25; eliminación de los programas que no sean autosostenibles; disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso; venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, y el desmonte de la unidad de salud; liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes. A ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas, donde se estudia por años.
Este proceso de desfinanciación progresiva de la educación superior pública ha estado acompañado, además, de la imposición del crédito educativo a todos aquellos que deseen cursar estudios de educación superior. Siendo una de las formas que ha tomado la política del gobierno nacional para desprenderse de la obligación de financiar la educación superior y trasladarle la responsabilidad a las familias colombianas. Acorde con esto, durante el actual gobierno, el Icetex fue transformado en una entidad financiera por medio de la Ley 1002 de 2005. La necesidad de los estudiantes de acceder a niveles de educación superior ha sido aprovechada por los bancos: “que mediante los créditos financieros endeuda a los estudiantes para que paguen las onerosas matrículas. El Estado tiene una alta responsabilidad en esta política pues el ICETEX, con empréstitos del Banco Mundial, es el principal ejecutor de esta medida. Ya son cerca de 17.000 familias morosas del sistema de ICETEX, cifra que se puede aumentar si se suman los créditos contraídos con los demás bancos.”
La situación financiera de la universidad pública se ha visto afectada en particular durante los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según datos del mismo Ministerio de Educación, el gasto público en educación superior se redujo de 1% del producto interno bruto en 2002 a 0,92% en el año 2009. Aproximadamente 3,5 billones de pesos destina el Estado para la atención de las inmensas necesidades de la educación superior pública. Numerosas universidades padecen los efectos de la crisis financiera, entre ellas: La Universidad de Pamplona que registró el año pasado un déficit presupuestal de 42 mil millones de pesos; la UPTC con un déficit que para el 2009 se calcula en 18.000 millones de pesos; la Universidad del Magdalena con un déficit de 8 mil millones de pesos en el año 2008, entre otras.
No puede entenderse el desarrollo nacional sin el fomento y el fortalecimiento de la educación superior y la financiación de un sistema nacional de ciencia y tecnología, pero como recientemente se señaló en el Congreso de la República, por parte del senador Robledo, ante la discusión de la Ley de Ciencia y Tecnología: “La situación de Colombia en este sentido es absolutamente lamentable. Mientras que Estados Unidos aportó para gastos en ciencia y tecnología 120 mil millones de dólares, el gobierno colombiano apenas 69 millones de dólares.”[7] Lo que demuestra el desinterés del gobierno nacional por la ciencia y la tecnología, ya que como se explicó en este mismo debate, se puede demostrar matemáticamente que: “la inversión de Estados Unidos en ciencia es 1.739 veces mayor que la de Colombia, pero el Producto Interno Bruto muestra una diferencia de 115 veces entre los dos países, luego se demuestra matemáticamente, por una diferencia de más de mil veces, que a quienes gobiernan a Colombia el problema de la ciencia y la tecnología los tiene más o menos sin cuidado.”[8] Dicha política, de anquilosamiento, subdesarrollo y atraso, corre paralela a la desfinanciación progresiva de los centros de investigación por excelencia, como lo son las universidades públicas.
La Restricción de las Libertades Democráticas
La imposición de elementos retardatarios, como la desfinanciación, la reforma académica a la Universidad Nacional, la imposición de los contenidos académicos y la vulneración constante de la autonomía universitaria, ha estado acompañada del uso de la fuerza para reprimir a quienes nos resistimos a aceptar un modelo de universidad mediocre, decadente y privatizada. Es evidente la catadura fascista del gobierno de la “seguridad democrática”.
El señalamiento al movimiento estudiantil y las órdenes presidenciales para allanar los claustros universitarios se ha convertido en una constante para reprimir las voces que se alzan contra el modelo educativo actual. La máxima del uribismo para la educación superior es que a mayor privatización mayor represión. De un Consejo Comunitario salió la orden presidencial para que en junio de 2007, las tanquetas y los efectivos de la policía nacional, con el permiso, en muchos casos, de las directivas, pisotearan los claustros de las principales universidades de Colombia, con el único propósito de intentar desmovilizar a los miles de estudiantes que nos encontrábamos en las instalaciones del Alma Mater, debatiendo y defendiendo la viabilidad financiera de la Universidad Pública. Se ha convertido en problema de orden público las manifestaciones de carácter democrático que adelantamos los universitarios para oponernos a que se acabe la universidad pública.
Asimismo, como otro de los aspectos para profundizar las reformas neoliberales en las instituciones de educación superior, el gobierno ha hecho uso de sus mayorías en los Consejos Superiores para imponer los rectores y demás directivas de las Universidades, golpeando de manera permanente la democracia al interior de los claustros y desatendiendo los reclamos de quienes buscamos que dichas decisiones consulten la voluntad de la comunidad universitaria. Hoy más que nunca cobran vigencia los postulados del Manifiesto Estudiantil de Córdoba en Argentina, cuando atendiendo las necesidades de las universidades modernas se sostuvo por parte del estudiantado la siguiente sentencia: “Reclamamos un gobierno democrático y sostenemos que el demos universitario, la soberanía, el derecho de darse el propio gobierno radica principalmente en los estudiantes. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos”.
Identificados estos elementos y ante la aspiración neoliberal de asestarle un golpe definitivo a las más importantes universidades públicas del país, no queda alternativa distinta que la de levantar un movimiento de carácter patriótico, que una a la mayor cantidad de colombianos, lógicamente incluidos estudiantes, profesores y demás estamentos universitarios, en el propósito de salvaguardar la universidad pública como una universidad al servicio del desarrollo nacional, donde se imparta lo más elevado del conocimiento y donde se garantice el acceso democrático a los diferentes sectores de la sociedad. Para este escenario de lucha de democrática se vuelve indispensable el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles como herramientas insustituibles en la lucha por la defensa de nuestras universidades. Creemos que la Plataforma Política de la Multiestamentaria Nacional recoge los aspectos más importantes que debe reivindicar hoy el movimiento universitario nacional.
Muchas Gracias
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[1] Profesor investigador Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad de Costa Rica
[2]El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fue aprobado por las mayorías uribistas mediante la Ley 1151 de 2007, específicamente dos artículos, el 6º que señala los propósitos de la educación superior y el 38 que obligó a las universidades a concurrir en el pago de los pasivos pensionales, contienen los lineamientos esenciales de la política de Uribe para la Universidad Pública .
[3] Artículo 3º del decreto 2566 de 2003
[4] Son cerca de 3 billones de pesos de pasivo en la Universidad Nacional de Colombia, y otros tantos de cientos de miles de millones en otras universidades públicas, sumas que de no ser asumidas por el gobierno nacional, conducirían a nuestras universidades a la quiebra, liquidación y posterior privatización de la educación superior pública.
[5] El artículo 2º de esta ley estableció que las universidades, por intermedio del rector y previa autorización del Consejo Superior, pueden celebrar acuerdos de reestructuración en los términos del Titulo V de la Ley 550 de 1999.
[6] El Decreto 535 de marzo 1 de 2005, reglamentó parcialmente la Ley 922 y definió las prohibiciones en mención.
[7] Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre el proyecto de ley de ciencia y tecnología, plenaria de Senado, 15 de diciembre de 2008. Disponible en http://www.polodemocratico.net/Sobr...
[8] Ibidem

BID: 50 AÑOS FINANCIANDO DESIGUALDAD EN EL CONTINENTE

GEC - Grupos Estudiantiles Confederados,

Marzo 27 de 2009

El 20 de abril de 2009 Adolf Hitler cumpliría 120 años, hecho que seguramente no desencadenará celebraciones masivas, pues ninguna sociedad democrática osaría rendir homenaje a uno de los dictadores más crueles de la historia.
Una reacción semejante se esperaría de los sectores democráticos frente al infortunado cumpleaños de cualquier organismo multilateral de crédito, porque en gran medida estos han sido los causantes de la situación de desempleo, pobreza y hambre que se vive en los países del tercer mundo y que se expresa actualmente en la crisis económica que esta agobiando al planeta, comparada por algunos analistas internacionales con el gran crack del 29. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, condicionan el otorgamiento de préstamos a la aplicación del neoliberalismo, propiciando el libre flujo de capitales, la privatización de las empresas estatales y el saqueo de los recursos naturales, entre otras medidas que imponen el “LIBRE COMERCIO”. Esta vulneración a la soberanía nacional favorece a las multinacionales de los países accionistas del BID, y principalmente a ESTADOS UNIDOS, que tiene un poder de voto de 34% en las decisiones que adopta el banco. Como consecuencia de ello, más de 26 millones de colombianos sobreviven con menos de 2 dólares diarios.
La GEC, Grupos Estudiantiles Confederados, denuncia que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, uno de los más autoritarios de nuestra historia, que ha entregado la soberanía nacional al capital financiero, celebrará los 50 años del BID en la Asamblea de Gobernadores que se llevará a cabo en Medellín, entre el 27 y el 31 de marzo.
Es vergonzoso que nuestro país sea la sede de este evento, en el cual sólo podrá definirse la profundización del NEOLIBERALISMO, lo cual favorecerá a los monopolios y a las trasnacionales e incrementará la exclusión y la pobreza de los pueblos latinoamericanos. Esto es como si, por ejemplo, a un enfermo de diabetes le recetaran una tonelada diaria de azúcar.
Por todo lo anterior expresemos nuestra inconformidad con tan lamentable conmemoración y propendemos por la construcción de una nación libre y soberana.
CONTRA LA PRESENCIA E INJERENCIA DEL BID: ¡ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA CIVIL!
www.gecbogota.org - gecbogota@gmail.com

50 AÑOS ES DEMASIADO TIEMPO

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de marzo de 2009
Si se considera que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no solo presta plata, sino que, como sus semejantes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condiciona sus recursos a que los países “favorecidos” actúen según sus indicaciones, un balance de sus cinco décadas exige juzgar la economía colombiana en ese lapso, cuando solo se presentó una diferencia importante entre lo que deseaba Washington y lo que se decidió en Bogotá durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
Así, el conjunto de la gestión del BID no tiene cómo defenderse aun si se acepta, pero solo en gracia de discusión, lo adecuado de los proyectos y que se financiaron con créditos de auténtico fomento al progreso de los países “beneficiados”. Carece de defensa, porque el nivel de vida de Colombia avergüenza a las gentes civilizadas y porque la atrofia de la economía nacional solo puede verse como inevitable si se ignoran las mejores experiencias de otras latitudes. ¡Y es en términos del desarrollo del capitalismo como se plantea el debate!
Las instituciones extranjeras que han orientado a Colombia evaden explicar por qué un país con más de un millón de kilómetros cuadrados de enormes riquezas naturales y 42 millones de habitantes trabajadores, inteligentes y creativos languidece en el atraso y la pobreza. ¿Por qué el capitalismo de Estados Unidos, Europa y Japón funciona con desempleos de un dígito y pobrezas del orden del 10%, en tanto aquí los cesantes y los empleados en la informalidad pasan del 60% y la pobreza tortura a un porcentaje similar? ¿Por qué las economías de allá se basan en la producción de bienes de alta complejidad científica y tecnológica, mientras que la de aquí importa lo complejo y sobrevive de exportar materias primas agrarias y mineras, recordándonos a la Colonia española? ¿No requiere el progreso de Colombia configurar un vigoroso mercado interno y que sus trabajadores, con todos los derechos laborales, les agreguen valor a las materias primas nacionales e importadas?
Además, ¿cómo justificar que se importen ocho millones de toneladas de bienes del agro, cuando hay nueve millones de hectáreas con vocación agrícola y gentes de sobra para trabajarlas? ¿Constituye un triunfo para Colombia que, con la apertura, sus principales fuentes de acumulación de capital pasaran a manos foráneas? ¿No es el colmo del despilfarro formar a millones de colombianos para luego expulsarlos a que contribuyan con el progreso de otros países? La peor crisis de la historia del país, entre el siglo XX y el XXI, ¿no la causaron las políticas del Consenso de Washington? ¿No da grima oír que el país está “blindado” o “preparado” frente el tsunami económico que precipitó el estallido de la burbuja especulativa de Wall Street, burbuja con la que se aplazó el veredicto sobre el rotundo fracaso de la globalización neoliberal? ¿Es serio afirmar que las políticas de “libre comercio” modificarán positivamente la economía nacional, hasta hacerla similar a las que, sin razón, se dice que imita?
Y la tendencia del país ha sido y es a empeorar, como lo prueba que el producto per cápita de Estados Unidos fuera 5 veces mayor que el de Colombia en 1900, 11 veces superior en 1960 y 15 veces más alto en 2007.