Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Directivo de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE
Dar una mirada a la crisis que atraviesa la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ella se da. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, Henry Kissinger, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El sustento teórico de dicha política es el llamado Consenso de Washington que se convertiría en la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impondrían como receta a los países subdesarrollados.
El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado El monstruo de la globalización, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en Estados Unidos” (Gélinas, 2006). Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: el dólar –instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods–; el Banco Central de Estados Unidos y su influencia en todos los mercados; el FMI y el Banco Mundial; el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio; las transnacionales norteamericanas, que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: (finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información ); el presupuesto militar de EEUU, el cual para el período 2004-2005 ascendía a US $500 mil millones y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.
Bajo esta órbita, Colombia, ubicada en el llamado ‘patio trasero’ de EEUU, adoptó desde los inicios de la década del noventa una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no sólo del Estado sino –además– de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía lo que antes se consideraba derecho cuya responsabilidad recaía básicamente sobre el Estado. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto para sufragar el costo de la llamada ‘canasta educativa’, abriéndose paso así la privatización de la educación.
Partiendo de la concepción plasmada en la Constitución de 1991, el Departamento de Planeación Nacional de entonces elaboró el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa, PAE”, en el cual el gobierno de César Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, destacando entre otros la baja cobertura en los distintos niveles, la calidad deficiente y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución, entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos estatales, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores que según ellos generan una “mayor rentabilidad social”: la educación básica y media. Política que se mantiene a pesar del recorte a las transferencias, que han sufrido las regiones, para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, a través de los dos actos legislativos respectivos uno en la administración Pastrana, y el otro recientemente aprobado por las mayorías uribistas en el Congreso de la República.
El argumento para desarrollar esta política es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o ‘sisbenización’ de los recursos. Frente a la educación superior, sostienen la tesis de que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en quienes el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna que se desprendió de semejantes postulados fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta el que al año 2000 el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, es decir, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.
Podríamos decir que existen tres frentes en los cuales los distintos gobiernos de la era del neoliberalismo, y en particular el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han actuado para profundizar la crisis universitaria, adecuando el aparato educativo a la actual política de subdesarrollo, y desprendiéndose de manera permanente de la obligación de sostener el sistema educativo de educación superior pública. Tales son: La degradación de la calidad académica, la desfinanciación y la restricción de las libertades democráticas. Intentemos entonces una aproximación a cada una de ellas.
La Degradación de la Calidad Académica
El contenido de la educación que se imparte en el país viene siendo adecuado para ponerlo al servicio del capital financiero, especialmente el norteamericano. Las reformas académicas y curriculares deben entenderse en este contexto. El modelo económico impulsado por las agencias internacionales de crédito, es decir el de la globalización, trae como consecuencia la localización de los procesos de producción. Puede demostrarse que los promotores de esta política tienen como objetivo concentrar en los países desarrollados “la producción que exige conocimiento de punta y alta tecnología, en tanto le dejan a sus satélites, cuando mucho, concluir esos procesos mediante maquilas, las cuales son por definición de baja tecnología e intensivas en mano de obra calificada”. De esta manera se presenta una división internacional del trabajo que deja las labores más complejas y bien pagas en los países desarrollados, mientras impone un modelo de bajos salarios y anquilosamiento científico y tecnológico en los países subdesarrollados. De ahí provienen postulados como el expresado por el ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios, quien se atrevió a plantear que: “Quizás estemos enseñando demasiado, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”.
Algunos analistas refuerzan esta idea arguyendo que es necesario comprender que la transformación, acaecida a los sistemas educativos nacionales en el contexto de la globalización neoliberal, se da en el marco de una división del trabajo internacional universitario donde se “ha reservado la producción del conocimiento de punta a los centros de investigación más poderosos del mundo, para dejar en manos de las universidades ubicadas en los márgenes, la adaptación de tales conocimientos a sus realidades locales y específicas, y la formación de los cuadros medios que reclama el fordismo precarizado en el que se apoyan las empresas de clase mundial” (Ibarra, 2006: 36).
Es entonces la actual contrarreforma educativa, lejos de lo que pregonan sus promotores, la concreción de un modelo que apunta a resolver las necesidades del mercado de mano de obra barata y con algún nivel de calificación, con el agravante de que el actual modelo económico esta basado en la especialización del país en la producción de materias primas, productos tropicales, venta de bienes y servicios y la instalación de procesos productivos intensivos en mano de obra, pero escasos en el uso de tecnologías y conocimientos científicos, con lo que una universidad científica que imparta lo más elevado del conocimiento se vuelve impertinente, haciéndose necesario, desde el discurso oficial, la transformación de la universidad colombiana en un instrumento, del enclenque sector empresarial y las filiales de las corporaciones multinacionales que funcionan en el país, para suplir necesidades laborales.
Si bien nadie se opone a que la universidad pública tenga en cuenta los requerimientos del mundo del trabajo, lo que es cuestionable es que se le destine a esta única función y se establezca como su fin primordial, mientras se avanza en sustraerle el contenido científico y en quitarle su papel privilegiado en la creación, producción y transmisión de conocimientos, que contribuyan a resolver el problema del subdesarrollo nacional. Es en este aspecto donde se centra la discusión. Las diferentes reformas internas y externas al sector universitario del último tiempo han estado encaminadas a convertir las universidades en centros de entrenamiento laboral, papel importante, que cumplen otras instituciones como el SENA, pero que no es el que le corresponde en una nación que no ha alcanzado los niveles de desarrollo propios de los países del primer mundo.
Tiene que ver la actual contrarreforma educativa con la apuesta de país de los actuales gobernantes, el (I) modelo educativo ha respondido en general al (II) modelo de desarrollo, es decir, el primero es consecuencia del segundo. Como la propuesta oficial es mantener el país en el subdesarrollo, con propuestas y políticas como los tratados de libre comercio, TLCs, es evidente que la intención con el aparato educativo es que responda a este modelo, por ello las propuestas y medidas de reducción de las carreras, reducción de los contenidos, reducción del número de horas por asignatura, institucionalización de la formación por competencias y de los créditos académicos. La regla que se desprende es que a un país pobre le corresponde una educación pobre, para un país subdesarrollado una educación subdesarrollada, tal es la propuesta del uribismo para la educación pública.
La “revolución educativa”, programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para el sector educativo, viene planteando como uno de sus componentes principales la orientación de la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, aspecto altamente relacionado con la discusión que se plantea y que se constituye en un hecho, que confirma lo aplicado que es el actual gobierno en atender las recetas del Banco Mundial. Tanto que el programa de “universidades tecnológicas” es un lineamiento, de este organismo multilateral de crédito, dirigido al debilitamiento y extinción de la universidad pública. Para el investigador John Saxe-Fernández[1] (2006) este es “Un mecanismo utilizado para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y angosta sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general, que debe de tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales” con lo que se desnaturaliza la universidad de su función primordial de investigar y promover el conocimiento, que coadyuve a resolver los grandes problemas de la sociedad y la nación, y se le pone a girar en la orbita reducida del mundo empresarial y del mercado.
Para los propósitos señalados el gobierno nacional dispuso la creación del observatorio laboral para la educación superior, organismo encargado de hacer el seguimiento a los egresados de las universidades colombianas en cuanto a su inserción en el mercado laboral. Los informes de dicho ente, según la política oficial, deben ser la referencia inmediata para la apertura de cupos y la definición de los pregrados que oferten las instituciones de educación superior en el futuro, con ello se busca profundizar la tan cacareada pertinencia que se convirtió en norma para la existencia de cualquier programa académico, mediante el decreto 2566 de 2003, en la administración Uribe.
Que el objetivo, de la actual política gubernamental, es condicionar la existencia de la universidad en Colombia para los requerimientos del mercado no debe dejar lugar a dudas, así lo confirman los aspectos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo[2], PND 2006-2010, en cuyo texto se plantea, que en el caso de la educación superior: “para mejorar la pertinencia y la calidad se fortalecerán los mecanismos de información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral y se continuará con la evaluación de programas académicos, para que en el año 2010 el 100% de ellos cuente con las condiciones mínimas de calidad verificadas”. Es importante destacar que la pretendida calidad y el concepto de pertinencia que hace parte de los discursos oficiales están delimitados claramente por el decreto 2566 de 2003, que regula los requisitos para la existencia de programas académicos, en cuyo articulado se plantea, como condición sine qua non, para la apertura de cualquier programa académico su “pertinencia en el marco de un contexto globalizado” y las “oportunidades potenciales de desempeño y tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción específico”[3].
El amoldamiento del sistema educativo, en una lógica mercantilista, gira alrededor de la entronización de la formación por competencias, concepto que, desde la perspectiva más usada, está ligado al mundo de la reingeniería empresarial en el sentido de promover destrezas que generen rentabilidad y competitividad. Así desarrolla la apuesta gubernamental el tema: “En lo que se refiere a la educación, los esfuerzos estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles: desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la formación para el trabajo. Para ello se fomentará y apropiará el enfoque de formación por competencias. El mejoramiento de la calidad y competitividad en el sistema educativo es fundamental en este contexto y por eso se buscará que para el año 2010 el Ministerio de Educación haya revisado y actualizado todos los estándares en competencias básicas, adelantando procesos eficientes para la apropiación de aquellos formulados en las 78 entidades territoriales certificadas. En el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES.” (PND, 2006-2010)
La Desfinanciación de la Universidad Pública
La financiación de la universidad pública es uno de los aspectos más sentidos que demuestra el interés del gobierno de fomentar procesos de privatización. Como forma de transferir, por parte de la nación, los recursos con los cuales se financian las universidades públicas, en la Ley 30 de 1992 se consignó un esquema que partió de una suma fija, que mantiene los valores en pesos constantes sumándole cada año el Índice de Precios al Consumidor. Este escenario, si bien respetó unos dineros para la financiación de las instituciones de educación superior, no contempló el aumento en la cobertura, la renovación y ampliación de las plantas docentes, la dotación de bibliotecas y laboratorios, las nuevas obras de infraestructura, los proyectos de inversión de las universidades, y los reconocimientos salariales adicionales, que da el decreto 1279 a los docentes por su productividad académica. El senador Jorge Enrique Robledo, resaltaba parte del problema de la siguiente forma: “Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales”. En la UPTC, como lo registraba el diario el tiempo el año pasado, la universidad pasó de 8.000 estudiantes en 1992 a 24.000 en el año 2008, con unas transferencias que no crecen al mismo ritmo que las necesidades, lo que termina produciendo un déficit, como el que persiste actualmente en esta universidad, de 14 mil millones de pesos.
Tal situación ha metido a las administraciones de las universidades en una carrera loca por la consecución de recursos propios, particularmente en casi todas las universidades públicas colombianas se discute actualmente revisar las tablas de matrículas para descargar en los bolsillos de los estudiantes y de sus padres de familia, el déficit que ha generado la desfinanciación gubernamental. Otro aspecto que evidencia el grado avanzado de privatización de las universidades públicas, y su afán por buscar nuevas fuentes de financiación es el de los postgrados. El profesor Guillermo Maya, apuntaba como el “espíritu de empresa ha llevado a que la UN, en lo académico, sea una institución dicotómica. Pública en los pregrados y privada en los postgrados. Mientras para ingresar a los pregrados se necesita ser talentoso, en los postgrados se necesita ser de estrato 5-6, para poder pagar 3 o más millones por semestre.” Anotaba de igual forma que: “Menos del 10% de los estudiantes de la UN están en los postgrados sobre un total de 48.000 estudiantes.”
Para acabar de oscurecer el panorama el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha intentado a través de los Planes de Desarrollo agudizar aún más la crisis financiera. En su primer gobierno a través de retener el 12% de los recursos asignados a las universidades por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y repartirlos con base en los neoliberales indicadores de gestión, y en su segundo gobierno con el fallido artículo 27 el cual otorgaba poderes absolutos al presidente de la república para que vía decreto desmontara la financiación estatal mediante la reglamentación de “los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas”, y mediante el artículo 38 el cual traslada las obligaciones pensionales a las universidades del orden nacional.
Vale mencionar que la resistencia del movimiento universitario y las acciones legales interpuestas llevaron a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la medida consignada en el primer gobierno (Sentencia C-926 de 2005), y a que se mutilara, en la discusión en el Congreso, el artículo que otorgaba facultades al presidente para ajustar los criterios de financiación de las universidades públicas y se determinará a través de la sentencia C-507 de 2008, que no se pueden comprometer los recursos misionales de las universidades en el pago de los pasivos pensionales, tal es el sentido del proyecto de Ley que cursa actualmente en el Congreso de la República. En suma podríamos decir que la resistencia democrática de los universitarios de Colombia ha frustrado temporalmente estos dos atentados contra la existencia de la universidad pública. No obstante aún persiste la amenaza uribista por lo que la discusión que adelanta el Congreso es sin duda una nueva confrontación entre las fuerzas que defendemos un proyecto estatal y soberano de universidad pública y entre quienes pretender asfixiar financieramente las mas importantes universidades del país[4].
Además de los atentados a través de los planes de desarrollo el gobierno de Uribe, ha ido acomodando el ordenamiento jurídico con el propósito de convertir en empresas las instituciones de educación superior (IES), fue así como en la Ley 922[5] de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal que ha sido utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto, como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.[6]
La situación más critica, derivada de esta política liquidacionista, la refleja la Universidad del Atlántico donde se presentó: Un aumento de matrículas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos; el despido de 140 trabajadores y empleados; la disminución del 10% del profesorado de planta y del 75 % de docentes por contrato; aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25; eliminación de los programas que no sean autosostenibles; disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso; venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, y el desmonte de la unidad de salud; liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes. A ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas, donde se estudia por años.
Este proceso de desfinanciación progresiva de la educación superior pública ha estado acompañado, además, de la imposición del crédito educativo a todos aquellos que deseen cursar estudios de educación superior. Siendo una de las formas que ha tomado la política del gobierno nacional para desprenderse de la obligación de financiar la educación superior y trasladarle la responsabilidad a las familias colombianas. Acorde con esto, durante el actual gobierno, el Icetex fue transformado en una entidad financiera por medio de la Ley 1002 de 2005. La necesidad de los estudiantes de acceder a niveles de educación superior ha sido aprovechada por los bancos: “que mediante los créditos financieros endeuda a los estudiantes para que paguen las onerosas matrículas. El Estado tiene una alta responsabilidad en esta política pues el ICETEX, con empréstitos del Banco Mundial, es el principal ejecutor de esta medida. Ya son cerca de 17.000 familias morosas del sistema de ICETEX, cifra que se puede aumentar si se suman los créditos contraídos con los demás bancos.”
La situación financiera de la universidad pública se ha visto afectada en particular durante los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según datos del mismo Ministerio de Educación, el gasto público en educación superior se redujo de 1% del producto interno bruto en 2002 a 0,92% en el año 2009. Aproximadamente 3,5 billones de pesos destina el Estado para la atención de las inmensas necesidades de la educación superior pública. Numerosas universidades padecen los efectos de la crisis financiera, entre ellas: La Universidad de Pamplona que registró el año pasado un déficit presupuestal de 42 mil millones de pesos; la UPTC con un déficit que para el 2009 se calcula en 18.000 millones de pesos; la Universidad del Magdalena con un déficit de 8 mil millones de pesos en el año 2008, entre otras.
No puede entenderse el desarrollo nacional sin el fomento y el fortalecimiento de la educación superior y la financiación de un sistema nacional de ciencia y tecnología, pero como recientemente se señaló en el Congreso de la República, por parte del senador Robledo, ante la discusión de la Ley de Ciencia y Tecnología: “La situación de Colombia en este sentido es absolutamente lamentable. Mientras que Estados Unidos aportó para gastos en ciencia y tecnología 120 mil millones de dólares, el gobierno colombiano apenas 69 millones de dólares.”[7] Lo que demuestra el desinterés del gobierno nacional por la ciencia y la tecnología, ya que como se explicó en este mismo debate, se puede demostrar matemáticamente que: “la inversión de Estados Unidos en ciencia es 1.739 veces mayor que la de Colombia, pero el Producto Interno Bruto muestra una diferencia de 115 veces entre los dos países, luego se demuestra matemáticamente, por una diferencia de más de mil veces, que a quienes gobiernan a Colombia el problema de la ciencia y la tecnología los tiene más o menos sin cuidado.”[8] Dicha política, de anquilosamiento, subdesarrollo y atraso, corre paralela a la desfinanciación progresiva de los centros de investigación por excelencia, como lo son las universidades públicas.
La Restricción de las Libertades Democráticas
La imposición de elementos retardatarios, como la desfinanciación, la reforma académica a la Universidad Nacional, la imposición de los contenidos académicos y la vulneración constante de la autonomía universitaria, ha estado acompañada del uso de la fuerza para reprimir a quienes nos resistimos a aceptar un modelo de universidad mediocre, decadente y privatizada. Es evidente la catadura fascista del gobierno de la “seguridad democrática”.
El señalamiento al movimiento estudiantil y las órdenes presidenciales para allanar los claustros universitarios se ha convertido en una constante para reprimir las voces que se alzan contra el modelo educativo actual. La máxima del uribismo para la educación superior es que a mayor privatización mayor represión. De un Consejo Comunitario salió la orden presidencial para que en junio de 2007, las tanquetas y los efectivos de la policía nacional, con el permiso, en muchos casos, de las directivas, pisotearan los claustros de las principales universidades de Colombia, con el único propósito de intentar desmovilizar a los miles de estudiantes que nos encontrábamos en las instalaciones del Alma Mater, debatiendo y defendiendo la viabilidad financiera de la Universidad Pública. Se ha convertido en problema de orden público las manifestaciones de carácter democrático que adelantamos los universitarios para oponernos a que se acabe la universidad pública.
Asimismo, como otro de los aspectos para profundizar las reformas neoliberales en las instituciones de educación superior, el gobierno ha hecho uso de sus mayorías en los Consejos Superiores para imponer los rectores y demás directivas de las Universidades, golpeando de manera permanente la democracia al interior de los claustros y desatendiendo los reclamos de quienes buscamos que dichas decisiones consulten la voluntad de la comunidad universitaria. Hoy más que nunca cobran vigencia los postulados del Manifiesto Estudiantil de Córdoba en Argentina, cuando atendiendo las necesidades de las universidades modernas se sostuvo por parte del estudiantado la siguiente sentencia: “Reclamamos un gobierno democrático y sostenemos que el demos universitario, la soberanía, el derecho de darse el propio gobierno radica principalmente en los estudiantes. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos”.
Identificados estos elementos y ante la aspiración neoliberal de asestarle un golpe definitivo a las más importantes universidades públicas del país, no queda alternativa distinta que la de levantar un movimiento de carácter patriótico, que una a la mayor cantidad de colombianos, lógicamente incluidos estudiantes, profesores y demás estamentos universitarios, en el propósito de salvaguardar la universidad pública como una universidad al servicio del desarrollo nacional, donde se imparta lo más elevado del conocimiento y donde se garantice el acceso democrático a los diferentes sectores de la sociedad. Para este escenario de lucha de democrática se vuelve indispensable el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles como herramientas insustituibles en la lucha por la defensa de nuestras universidades. Creemos que la Plataforma Política de la Multiestamentaria Nacional recoge los aspectos más importantes que debe reivindicar hoy el movimiento universitario nacional.
Muchas Gracias
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[1] Profesor investigador Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad de Costa Rica
[2]El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fue aprobado por las mayorías uribistas mediante la Ley 1151 de 2007, específicamente dos artículos, el 6º que señala los propósitos de la educación superior y el 38 que obligó a las universidades a concurrir en el pago de los pasivos pensionales, contienen los lineamientos esenciales de la política de Uribe para la Universidad Pública .
[3] Artículo 3º del decreto 2566 de 2003
[4] Son cerca de 3 billones de pesos de pasivo en la Universidad Nacional de Colombia, y otros tantos de cientos de miles de millones en otras universidades públicas, sumas que de no ser asumidas por el gobierno nacional, conducirían a nuestras universidades a la quiebra, liquidación y posterior privatización de la educación superior pública.
[5] El artículo 2º de esta ley estableció que las universidades, por intermedio del rector y previa autorización del Consejo Superior, pueden celebrar acuerdos de reestructuración en los términos del Titulo V de la Ley 550 de 1999.
[6] El Decreto 535 de marzo 1 de 2005, reglamentó parcialmente la Ley 922 y definió las prohibiciones en mención.
[7] Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre el proyecto de ley de ciencia y tecnología, plenaria de Senado, 15 de diciembre de 2008. Disponible en
http://www.polodemocratico.net/Sobr...[8] Ibidem
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