“NUEVA” LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: MÁS DE LO MISMO O PEOR

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 30 de julio de 2009.

Varios titulares de prensa se han ocupado de la “nueva” Ley de Ciencia y Tecnología. De un nombre tan pomposo se podría concluir que el país se apresta a entrar en una nueva senda y que por fin se aspirará a que Colombia se mueva en las fronteras del conocimiento. Lástima que ello no sea cierto. La publicitada Ley no tiene nada nuevo, si de lo que se trata es de hacer del atraso científico y tecnológico un asunto del pasado.
Que Colciencias pase de ser un instituto adscrito a Planeación Nacional a un departamento administrativo le da más nombre a quien ejerza como su director y le entrega el derecho a asistir con voz y voto a unas cuantas reuniones del alto gobierno, pero de allí no se concluye que las cosas vayan a cambiar. Si no se estuviera manipulando y tratando de conseguir unos votos con ella, no valdría la pena, como sucedió durante el trámite en el Congreso, ni rechazarla.
Con la Ley se crea el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se nutrirá de los mismos recursos con los que hoy cuenta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre los promocionados 100 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías de que habla el artículo 26, cabe aclarar que ya hoy los departamentos y municipios pueden hacer uso de parte de tales recursos para la promoción del conocimiento. Si ese no es su destino, es porque las carencias económicas y sociales de los entes territoriales son tantas, que entre sus prioridades pesan más el aumento y mantenimiento del cubrimiento de los servicios sociales básicos que el de la ciencia. Además, este artículo establece que se le dará cumplimiento a la segunda parte del artículo 361 de la Constitución, según el cual, los dineros del Fondo “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”
A la Ley le atribuyen sus promotores, sin demostrarlo, que será la palanca para que los recursos destinados al desarrollo científico lleguen al 1,6 por ciento del PIB en el 2016. ¿De qué sombrero sale la cifra? Desde el 2003 la inversión en investigación y desarrollo se mantiene invariable (0,18% del PIB). Manipular la información es un ataque a la inteligencia de la población informada. Es una verdad de a puño que este gobierno no ha cejado un instante en el estrangulamiento de la universidad pública. La calidad, por ejemplo, de toda la educación básica y superior se está yendo a pique y las transferencias por estudiante, en términos nominales y reales, son cada vez menores.
Se dice que con la Ley cambiará el modelo productivo. Es otro de los cantos de sirena de quienes han convertido a Colombia en un inmenso sanandresito. No es creíble hablar de desarrollo tecnológico y científico en el “libre comercio”, modelo que concentra aún más el conocimiento en las potencias, que arruina el aparato productivo nacional, que deja expósita la economía a los apetitos de los tiburones del capital financiero, que hace de los servicios sociales negocios de los especuladores, que mercantiliza la educación, etc. Colombia, salvo excepciones que vienen de los esfuerzos propios de la comunidad académica, es un país que no alcanza ni siquiera el rótulo de ‘copiador’ en el concierto mundial. La especialización en la producción de bienes agrícolas tropicales y de unas cuantas materias primas mineras y en la maquila industrial son hechos devenidos de las concepciones económicas con las que se dirige el país, y con las cuales, óigase bien, ¡jamás! se saldrá del atraso. La Ley refuerza este tipo de concepciones al basarse en la filosofía de que la educación debe ser como el aparato productivo: Para una economía mediocre, una educación inexistente o mediocre.
El gobierno tramita además tres leyes que atentan contra la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Con la del Ecaes, al orientar el contenido de los pénsum de las carreras universitarias y fortalecer la llamada formación por competencias, viola la autonomía universitaria, principio constitucional fundamental para la vida de las instituciones de educación superior. La del Icfes traslada al Ministerio de Educación 39 mil millones de las instituciones que ellas emplean para invertir en programas de fomento, propuesta que el Sistema Universitario Estatal (32 universidades públicas) rechaza. Con la ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir en el pago de su pasivo pensional, se reencaucha la propuesta del artículo 38 del Plan de Desarrollo, declarado inconstitucional y que suscitó un abierto rechazo de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, esta pondrá de los ingresos propios 39 mil millones de pesos (uno por ciento del pasivo), medida que causará aumentos en las matrículas. Valga recordar que entre las causas que llevaron a la quiebra a la Universidad del Atlántico estuvo obligarla a responder por parte de su deuda pensional, responsabilidad exclusiva del ejecutivo.
La problemática de la educación superior, por el eco que tiene, a veces erróneamente se le circunscribe solo a la esfera pública, pero a la privada también concierne. En la combinación de una política tendiente a reducir la calidad en la educación con la debilidad económica del país salen perdedoras las privadas, a donde ingresan casi la mitad de quienes entran a la educación superior. Las alzas en las matrículas y los leoninos créditos ofrecidos por la banca y el Icetex se vienen convirtiendo en una traba para ingresar y continuar en la universidad. Los estudiantes que cursan en estas instituciones no están exentos de los males propios de la educación, además, lo que para ellos es el presente, para quienes están en las públicas, por cuenta de la privatización, es un futuro cercano.
De una lectura juiciosa de la Ley, la Comunidad Académica concluirá que ella es una de esas tantas leyes que se tramitan cada año en el Congreso de Colombia y que solo se justifican porque las mayorías uribistas en sus haberes tienen tantos actos atentatorios contra el progreso nacional de todo cuño, que buscan resarcirse con cosas inanes, que ante la opinión suenan bien y sirven para hacer ese tipo de política que se basa en el ardid, pero que no modifica en un ápice al mal rumbo por el que va el país.
La Ley de Ciencia y Tecnología es otro acto de esos con lo que algunos uribistas pretenden conseguirse unos votos, presentando como gran cosa lo que es poco o nada. Una norma que profundiza el inicuo régimen colombiano puede recibir cualquier adjetivo menos el de progresista. En distintas instituciones y aulas se podrán promocionar las supuestas bondades de una legislación que carece de ellas. Quienes lean con cuidado la Ley encontrarán que en ella lo que hay es más de lo mismo o peor.
Para escuchar la intervención del senador Robledo en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: Para desarrollar a Colombia se necesita una educación de altísima calidad
Para escuchar la intervención del doctor Carlos Gaviria Díaz en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: "Soy un defensor a ultranza de la autonomía univeristaria": Carlos Gaviria Díaz

Bienvenidos futuros maestros de Colombia a la Universidad Pedagógica Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Capitulo Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Agosto de 2009

La actual crisis de la educación publica requiere una organización gremial de los estudiantes que sea amplia, democrática y participativa y que se proponga como objetivo generar debate crítico sobre la importancia de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo, una organización que se sume a la lucha de los sectores sociales en defensa de un país democrático y soberano. Por eso los invitamos a hacer parte del proceso de conformación del Consejo Estudiantil de la UPN como herramienta de autonomía y democracia para participar activamente en la toma de decisiones y en la defensa de la universidad pública.
Y EN LA UPN LAS AUTORIDADES NOS CONTINÚAN DEGRADANDO LA CALIDAD La Universidad Pedagógica Nacional se enfrenta a una crisis que pone en riesgo su existencia como universidad pública. La crisis es muy grave y se evidencia en: El déficit presupuestal y la inviabilidad de la construcción de la Sede Valmaría: El déficit presupuestal supera los $10.000 millones de pesos, debido a la ampliación desmedida de la cobertura y al recorte de las transferencias estatales, sumados a la mala administración del rector Óscar Ibarra, quien ha planteado la construcción de Valmaría como su proyecto fundamental. La construcción de Valmaría es inviable desde el punto de vista financiero y académico. La sede cuesta $550.000 millones de pesos, sin contar los gastos de funcionamiento. Igualmente, el Gobierno Nacional ha manifestado no hacerse cargo de la financiación del proyecto, requisito indispensable para garantizar la construcción y la calidad. De esta forma se descargará en los estudiantes y la comunidad universitaria los costos mediante el incremento de matrículas y la venta de servicios por parte de la Universidad, renglón que representa hoy el 48% del presupuesto. Ni siquiera se soluciona el problema con la venta de los predios de la universidad, incluido el IPN, pues la suma no alcanza a cubrir ni el 50% del costo del proyecto. Incremento sin presupuesto en la cobertura: La cobertura en los últimos cinco años se ha incrementado en un 60%, lo cual no fue equilibrado con el aumento del presupuesto del Estado. El desajuste se ve reflejado en las carencias de planta física, bibliotecas, docentes de tiempo completo, laboratorios, equipos audiovisuales, auditorios, computadores, restaurante. Imposición de reformas académicas regresivas: Bajo el apelativo de "Revolución educativa" se imponen medidas y reformas que restringen la autonomía universitaria con su constante intervención e inspección cuyo único fin es imponer contenidos y homogeneizar los saberes. Las reformas académicas recortan los contenidos de las carreras, desmejorando la calidad. Buscan amoldar el sistema educativo a un mercado laboral que no tiene ningún tipo de garantías para los profesionales, en especial los docentes. La intención de imponer el “trabajo autónomo” como el único método de aprendizaje les facilita a los TLC la desprofesionalización docente y la mano de obra barata, como lo requieren las multinacionales que se apropiarán de nuestro país. La falta de autonomía y democracia: Por su carácter antidemocrático y autoritario, esta administración se ha cerrado a todos los espacios de diálogo con la comunidad universitaria, negándose a dar cuentas de su gestión y tomando por costumbre en los últimos semestres el cierre arbitrario de la universidad, actuando por cuenta propia sin el consentimiento de docentes, estudiantes y trabajadores. En el primer semestre del 2009 impuso al representante estudiantil ante el Consejo Superior, quien no recoge las reivindicaciones del estudiantado, que en su mayoría voto en blanco. También ha aprobado un reglamento estudiantil policivo, el cual niega la posibilidad de cualquier tipo de discusión política e ignora las propuestas de los estudiantes, buscando así acallar las expresiones democráticas que batallan por una educación pública de calidad y por un país soberano y democrático. Esto no es ajeno a la situación del país. Asistimos a continuas violaciones de la soberanía nacional, desde la entrega de nuestros recursos hasta el alud de privatizaciones, y en las últimas semanas en el aberrante propósito del establecimiento de bases militares gringas en territorio colombiano. El acuerdo con Estados Unidos se está urdiendo a las escondidas en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia de la Corona española. Lo anterior solo muestra que estamos sujetos a otro Imperio, tan opresivo como lo fue en su época el español, pues de ninguna otra forma puede explicarse la implantación de fuerzas militares extranjeras en el país. Serán tropas que obedecerán al Pentágono y defenderán los intereses y la bandera de Estados Unidos por sobre los intereses de Colombia, en palabras más simples, los intereses del capital financiero y las trasnacionales sobre los de los colombianos.
La grave situación de la educación pública nos obliga como parte de quienes tenemos acceso a las universidades a pensarnos la educación superior mas allá de los supuestos mercantiles y utilitaristas. La práctica de la academia encierra muchas cosas más, y por ello debemos ser conscientes de la responsabilidad que como jóvenes, estudiantes, intelectuales y futuros docentes tenemos con la sociedad colombiana. Teniendo en cuenta lo expuesto, planteamos la necesidad de que en la coyuntura política y electoral que se aproxima, los sectores sociales tengamos una participación activa en busca de iniciar un proceso de transformación social que beneficie a la gran mayoría de colombianos que viven sumidos en la miseria. Por eso les extendemos la invitación a apoyar la propuesta de “Por un país decente, CARLOS GAVIRIA Presidente”. El maestro Gaviria es una persona consecuente con los principios de la izquierda democrática y recoge en su programa la reivindicación de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales del pueblo colombiano

Con la expulsión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende silenciar las denuncias contra la degradación académica de l

Pronunciamiento de la OCE RISARALDA.

Pereira, Julio de 2009.

En la reciente decisión de las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay evidentes intereses políticos.
Tras conocer el fallo, es bueno precisar que desde el mismo comienzo de este asunto se violó el derecho al debido proceso, con la manera arbitraria como fueron escogidos, a “dedo” entre una amplia multitud, los estudiantes vinculados a la investigación. Igual sucedió en el transcurso del pleito, el cual presenta múltiples vicios jurídicos como omitir la presencia de los sindicados en las diligencias en las que recibieron las declaraciones de los testigos, negando el derecho de los estudiantes acusados a contrainterrogar a quienes testificaban en su contra.
Algo similar ocurre con las declaraciones de funcionarios de la Universidad donde se observan contradicciones a la hora de cotejar sus versiones, dejando un manto de duda sobre la veracidad de ellas, lo cual debe resolverse en favor del acusado, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. En contraste, se omiten testimonios de empleados del servicio de seguridad de la universidad, quienes afirman haber visto a algunos de los estudiantes implicados procurando impedir que se cometieran desordenes. No es de menor importancia que la firma del fallo se diera sin la presencia del rector Luis Enrique Arango (principal impulsor del proceso), siendo proferido por el funcionario encargado de la rectoría, una semana antes de la fecha del mismo.
De tal manera que por los asuntos aquí expuestos y otros de mayor gravedad hallados en los expedientes de los procesos, está claro que el material probatorio no da para llegar a la conclusión que tomaron las directivas. El veredicto no se ciñe a las normas del derecho, por lo que se confirma una vez más lo que hace rato es un secreto a voces: la decisión de expulsar los estudiantes posee evidentes intereses políticos que pretenden dar escarmiento a quienes, a través de las vías democráticas, han denunciado la alcahueta política de privatización de la educación pública implementada por el rector de la UTP.
Es bien sabido que los estudiantes Fernando Viáfara Banguera y Pedro Fernando Cruz son miembros de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, misma que siempre, en todo momento y lugar, guardando consecuencia con sus principios programáticos, ha expresado su oposición al uso de artefactos explosivos, manifestaciones violentas o la intimidación a la integridad de las personas. Por ende rechazamos enfáticamente la expulsión de los compañeros.
Por último, instamos a la comunidad en general a rechazar la manera absolutista como el rector de la UTP viene cercenando los espacios democráticos en la institución, acudiendo para ello a formulas normativas que ajustan y manipulan a su amaño. No es gratuito que sectores que han optado por respaldar las luchas estudiantiles mediante mecanismos civiles y democráticos, hayan sido condenados por acciones que rechazan. Lo que busca la dirección universitaria es disponer de un chivo expiatorio que sirva para opacar la cada vez más inocultable política uribista que conlleva la degradación de la educación superior en Colombia.

Compañeros y Compañeras Estudiantes Bienvenidos a la Universidad Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Unal.

Bogotá, 29 de Julio de 2009

La Universidad Nacional es la universidad más importante del país, con más de 100 años de historia y trayectoria, había sido concebida como el instrumento de educación necesario, que ayudaría a la nación en sus primeros procesos de industrialización y de impulso a la producción nacional. Lastimosamente, las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez tienden a adecuarla a los requerimientos del mercado, y en consecuencia, se ha reducido ostensiblemente su calidad. Esta situación impone una responsabilidad en los nuevos estudiantes de la universidad, quienes tendrán que comprender las determinaciones implementadas, para derogarlas por medio de la lucha de masas democrática, organizando los Consejos Estudiantiles y empleándolos para transformar el actual modelo de universidad. En los acuerdos 033 de 2007 y 008 de 2008, se modifican los criterios para estructurar los programas académicos y el estatuto estudiantil. Con estos acuerdos se implementan los créditos académicos, con el propósito de recortar la duración de las carreras y se han sustraído del pregrado materias de profundización creando así un vacío que solo lo cubrirá el postgrado, bastante más costoso que el pregrado. Por si fuera poco ahora se somete a los estudiantes a un examen que supuestamente evalúa la calidad de la educación, este es el concitado “ECAES” cuyo objetivo es medir las competencias laborales, académicas y ciudadanas que deben tener los profesionales que están preparando las universidades, por tanto, si la universidad quiere tener buenos resultados en estos exámenes, debe ajustar sus currículos a las competencias señaladas en el Ministerio de Educación Nacional. Tal es el fondo de los Acuerdos 033 y 008, que bien podría resumirse en la siguiente frase del senador Jorge Robledo: "a un aparato productivo de pacotilla, una educación de pacotilla¨. Como el proyecto uribista renuncia a un país con el pleno desarrollo de su mercado interno, la educación se adecua a una nación que vive en la pobreza y en la miseria.
A este panorama hay que sumarle las medidas que adopta la universidad para saldar el déficit presupuestal producto del recorte que realiza el Gobierno Nacional.La universidad ha incrementado los recursos propios para cubrir los gastos con el aumento de las matrículas de pregrado, el pago de trámites ordinarios (constancias, certificados, etc.) y ha destinado la producción científica a favor de poderosos financiadores. Además el gobierno intenta responsabilizar a la Universidad del pasivo pensional, que según datos del CID, supera los 4 billones de pesos. A ello se suma que los docentes ocasionales llegaron en 2006 a un porcentaje histórico para la institución, el cual sigue su ritmo ascendente: 19,2% y producto del aumento de la cobertura, sin aumentar los recursos que el Estado debe girarle a las universidades públicas, la infraestructura física ya no es suficiente.
La universidad no es ajena a la vida nacional. A sólo un año de conmemorar el Bicentenario de la Independencia, nos encontramos con la instalación de 5 nuevas bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, con el beneplácito de Uribe Vélez, expresión fehaciente de la dominación e injerencia de dicha potencia en nuestro país, convirtiendo a Colombia en punta de lanza de sus pretensiones hegemónicas en la región y el mundo.
Todo este panorama implica que el país debe unirse para no reelegir al uribismo sin Uribe. Se hace necesario que los colombianos recuperemos la dignidad perdida y eso sólo se hará sobre la base de reconstruir una sociedad democrática y soberana, por tanto en el escenario nacional, resulta absolutamente acertada la propuesta liderada por el Dr. Carlos Gaviria Díaz, precandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, quien ha señalado la necesidad de luchar por un país decente.