El 22 de septiembre de 2005, Johnny Silva Aranguren, un estudiante de la Universidad del Valle hijo de un humilde carpintero caleño, fue asesinado de un disparo en la nuca durante una manifestación. Su único delito era ser estudiante y no poder correr lo mismo que sus compañeros para resguardarse de las balas que, desde la formación policial del Esmad, eran disparadas contra la multitud: había nacido con un defecto congénito en las piernas y, a sus 21 años, no podía haber participado en enfrentamiento alguno con los uniformados y, mucho menos, correr para salvar su vida.
Entraba la noche y, aprovechando un sospechoso corte de luz, los agentes del Esmad ingresaron al campus disparando y lanzando sus tanquetas contra los manifestantes que desde las dos de la tarde bloqueaban la avenida Pasoancho de la capital valluna, en una jornada de protesta contra el TLC. Johnny Silva recibió el disparo que le causó la muerte desde una distancia de 23,7m, según determinó el informe de Medicina Legal. Murió pocos minutos después, cuando otros estudiantes y profesores intentaban trasladarlo en una ambulancia a un hospital.
En septiembre del año pasado, el fiscal 41 de derechos humanos determinó la responsabilidad del Esmad en el asesinato del joven, demostrando que nunca se hizo requisa a los agentes para verificar que no portaran armas letales y que efectivamente estaban dentro de la universidad al momento de disparar contra Silva Aranguren, contrario a lo declarado por el entonces comandante de la Policía de Cali, el general (r) Jesús Antonio Gómez Méndez. El informe señalaba claramente la responsabilidad del Esmad, aunque no individualizaba al responsable del disparo, dado que nunca se realizaron pruebas forenses a los agentes involucrados.
Sin embargo, Carlos Adolfo Millán, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali y encargado de este caso, ante los recursos presentados por la Policía, decidió desestimar toda la argumentación de su colega de derechos humanos y argumentó que no era posible establecer la responsabilidad de los policías en el crimen, señalando que la bala asesina “no fue disparada (sic) por armas de fuego tipo revólver de dotación oficial de la Policía”. De esta mena, el fiscal Millán no sólo asume una posición contraria a la de su antecesor, sino que desestima las conclusiones de balística y del informe forense. Con esto, trata de sostener un supuesto montaje contra los uniformados en el que “participaron varias personas del interior y del exterior de la universidad”, dado que, supuestamente, “el Esmad se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes”.
Frente a esto, Wilman Silva, el humilde carpintero que esperaba que su hijo pudiera graduarse becado de la Universidad del Valle, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asuma el caso de Johnny, porque sabe que “la justicia colombiana no va a actuar”.
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