¿Está Usted protegiendo a alguien con su negativa?

Jorge Enrique Robledo,

Senador de la República,

Bogotá, mayo 8 de 2009

Doctor NESTOR DÍAZ SAAVEDRA Director DIAN
Atento saludo.
El pasado 28 de abril de 2008 le solicité, señor director, unos documentos sobre la Zona Franca de Occidente. En el oficio No. 1.00.000.202-000565 del 6 de mayo de 2009, mediante el cual da Usted respuesta, me dice que “teniendo en cuenta que los documentos solicitados, son de naturaleza privada y se encuentran relacionados con la fórmula del negocio de la persona jurídica” en cuestión, “no es posible acceder a su totalidad so pena de violar el derecho fundamental a la intimidad de los usuarios de comercio exterior”. Empero, Usted señala que uno de los textos solicitados, el Decreto 116 del 27 de agosto de 2007 de la alcaldía de Mosquera, “por ser de contenido público”, se le anexa copia.
En la petición, trece de los treinta y ocho documentos son de carácter público y en su respuesta solo allega uno. A los otros doce les niega Usted el acceso a un senador que está cumpliendo con sus funciones constitucionales de control político, como lo establece el Artículo 135 de la Constitución. Ahora, en carta identificada con el No. 1000000202-000569 del 8 de mayo de 2009, que es respuesta a una remitida por este senador el 7 de mayo –donde le insisto que me allegue los doce documentos públicos faltantes (listado que anexo por tercera vez)–, me dice, doctor Díaz, que su respuesta fue oportuna y está “dentro del término legal”. Hecho que constituye una evasiva por su parte, señor director, y omite contestar a un senador que, amparado en la Constitución, el Código Contencioso y la Ley 5ª de 1992, hizo una solicitud respetuosa de documentos que no gozan de reserva legal.
¿Por qué Usted, señor director, se empecina en incumplir la Ley? ¿Está Usted protegiendo a alguien con su negativa? ¿Está ocultando información importante para el debate de control político a realizar el próximo 12 de mayo de 2009 en la Plenaria del Senado?
A este senador le es inaceptable la argumentación expresada en el oficio 1000000202-000569 de 8 de mayo de 2009. Se niega Usted por segunda vez a permitirme acceder a documentos públicos, situación que constituye una obstrucción a las funciones y derechos constitucionales de un senador, quien además actúa como vocero de los miles de ciudadanos que con su voto depositaron su confianza en él y así ejercieron sus derechos y materializaron parte de los principios de la democracia. Amablemente le reitero la petición hecha ayer 7 de mayo y le insisto en que haga llegar, en el menor plazo posible, lo solicitado.
De antemano agradezco la atención que merezca la presente.
Jorge Enrique Robledo Senador de la República
CC. Procuraduría General de la Nación, Presidencia del Senado de la República.
Anexo: Listado de documentos solicitados.
1. Oficio No. DPC-1055 con radicado No. 2-2008-030209 del 19 de agosto de 2008 del Secretario Técnico de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (folio 19). Resolución No. 129 de 2008 de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Mosquera (folios 495 a 502).
2. Certificación del Secretario de Planeación Municipal de Mosquera de 2 de octubre de 2007 (folio 503).
3. Informe técnico de la Secretaría Técnica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el cual se considera que el proyecto de Zona Franca Permanente de Occidente es viable (folios 638 a 653).
4. Extracto del acta No. 7 del 28 de julio de 2008 de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (folios 654 a 655). Acta de la visita al área geográfica a declarar como Zona Franca Permanente de Occidente de 16 de septiembre de 2008 (1300 a 1303).
5. Oficio No. 6200001-5457 de 26 de septiembre de 2008 (folios 1319 a 1322).
6. Contrato de comodato celebrado entre la Fiduciaria Colpatria S.A. y la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR (folios 1352 a 1356). Resolución No. 275 de octubre 16 de 2008 de la Alcaldía de Mosquera – Secretaría de Planeación (folios 1357 a 1358).
7. Concepto sobre el plan maestro de infraestructura para la declaratoria de la Zona Franca de Occidente (folios 1711 a 1721).
8. Informe de evaluación de la viabilidad financiera del proyecto Zona Franca de Occidente (folios 1722 a 1725).
9. Concepto de continuidad del área a declarar como Zona Franca Permanente de Occidente (folio 1833).

QUE SE ATIENDAN LOS JUSTOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES BANANEROS PIDIÓ EL SENADOR ROBLEDO

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 8 de mayo de 2009.

Ante la actitud negativa de los empresarios bananeros y a pesar de innumerables esfuerzos por llegar a un acuerdo beneficioso para las partes, los 17 mil trabajadores que laboran en 296 fincas de Urabá se vieron impelidos a realizar la huelga a partir de hoy viernes 8 de mayo. El senador Jorge Enrique Robledo llamó a atender los justos reclamos de los trabajadores y señaló que el Sindicato Nacional de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, esta actuando de conformidad con las leyes laborales y los convenios suscritos por el gobierno colombiano con la Organización internacional del Trabajo, OIT.
Robledo expresó su preocupación con respecto a que el Ministerio de Protección Social asuma una actitud de irrespeto a las normas legales que garantizan protestas como estas e instó al ministro Palacio a no hacer gala de sus conocidas posiciones antisindicales.
El congresista del Polo Democrático Alternativo hizo un llamado cordial a los empresarios bananeros para que atiendan como corresponde el petitorio de los trabajadores, quienes solicitan incrementos salariales y prestacionales y otros aspectos económicos. La comisión negociadora de Sintrainagro ha dado señales positivas para continuar con las negociaciones en forma cordial y democrática. Sin embargo, hasta hoy estas no llegan a buen término. Robledo concluyó señalando cómo parte de las ayudas gubernamentales otorgadas a los empresarios bananeros y de las buenas condiciones económicas del negocio deben irrigarse hacia los trabajadores del sector.

EL TLC CON EEUU Y LA UNIÓN EUROPEA: ILUSIONES Y DELIRIOS

RECALCA,

Bogotá, mayo 8 de 2009

El gobierno de Uribe ha renovado sus intentos de que el Congreso de EEUU apruebe el TLC. Para ello ha recurrido a seguir su campaña de cabildeo y todos los días anuncia que ya se descongeló el trámite y que es próxima su aprobación.
Sin embargo los hechos indican lo contrario. En primer lugar aunque la cancillería enfiló todas su baterías para hacer que durante la Cumbre de las Américas de Trinidad, el presidente Obama recibiera a Uribe, fueron vanas las suplicas y a Uribe le toco contentarse con una foto que fue tomada durante un almuerzo en el cual terminó por casualidad junto al primer mandatario estadounidense.
En vísperas de la Cumbre el vicepresidente Biden se reunió con varios presidentes de la región y Uribe no clasificó en esta gira. Después de la Cumbre, el ministro de Comercio colombiano, ha anunciado que se reabren las negociaciones; fue y regreso de Estados Unidos y en sus declaraciones es evidente que no solamente no sabe cuales son las condiciones de esa potencia para reabrir el tema, sino que ni siquiera hay un temario y cronograma para retomarlas. El gobierno de Obama no ha pensado introducir ese tema en el Congreso y numerosos parlamentarios demócratas han señalado que si comienza a tramitarse la agenda comercial de Bush, Obama dividiría la mayoría congresional que le permite gobernar. Por otra parte el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Camará de Representantes en EEUU, Charles Rangel -uno de los defensores del TLC- señaló que “en términos de violencia y abuso contra trabajadores, no ha habido evidencias firmes para convencer al Congreso de que todo lo que había que hacer ha sido hecho”.
De nada sirve a la democracia el llamado que un diario como El Tiempo realizó en su editorial del domingo 2 de mayo, acusando a los opositores a los innumerables TLC, de hacer propaganda contra ellos en el exterior. Estos tratados forman parte de una arquitectura económica internacional que está siendo cuestionada en todas partes y sólo quienes pretenden ocultar las chuzadas y los “falsos positivos”, pueden opinar que estas son acusaciones sin fundamento y que lo que afecte los designios autoritarios del presidente Uribe perjudica a Colombia.
El gobierno colombiano se obstina y ahora está intentando negociar con la Unión Europea un TLC similar o peor. En búsqueda del vital apoyo político internacional que requiere para su reelección y también como una maniobra de distracción para los escándalos en el interior, ahora se ha concentrado en la política internacional, tratando de mejorar una imagen deteriorada por las evidencias de centenares de asesinatos de civiles por parte del Ejército y de un espionaje aterrador sobre numerosos dirigentes colombianos, inclusive altos magistrados de las cortes.
En un ambiente económico de crisis nacional e internacional, cuando caen las exportaciones colombianas, aumentan las importaciones y disminuyen los flujos de inversión extranjera, venderle la idea al país que la solución a todos los problemas está en la búsqueda de mercados externos y en dar todas las garantías a los inversionistas extranjeros, a lo único que va a conducir es a feriar lo que queda de bienes públicos a menos precios y dar nuevos golpes a la producción agrícola e industrial.
Uribe sigue nadando en contravía de las tendencias políticas y económicas de la región y del mundo y su apostolado por el libre comercio y la insistencia en una seguridad donde el fin justifica los medios, le ocasionará el repudio del pueblo colombiano y de la opinión democrática internacional.
Es necesario insistir en que la población colombiana y la comunidad internacional abran los ojos ante las amenazas que se ciernen sobre Colombia y se intensifique la protesta.

Agua: ¿derecho fundamental o mercancía?

Por: Alfredo Molano Bravo

Hace pco más de seis meses se presentaron ante la Registraduría los dos millones de firmas que acreditaban la revisión por parte del Congreso de la República del Referendo del Agua.La iniciativa busca que el acceso al agua sea declarado un derecho fundamental consagrado por la Constitución. Es decir, un derecho que garantice la conservación de la vida en general, la humana, la animal, la vegetal. Ello significa impedir que el agua sea considerada en adelante como una mercancía. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, presentó esta semana un diagnóstico escalofriante del estado crítico en que se halla el país en cuanto al cumplimiento del derecho humano al agua de 14 millones de personas que viven en riesgo de escasez; nueve millones no tienen acueducto; la mitad de los municipios del país no tienen agua las 24 horas; 13 millones no tienen alcantarillado, y la mayoría de las aguas que botan a los ríos son negras; los servicios de agua y alcantarillado andan por encima de la inflación; los ricos consumen tres veces más agua que los pobres. “Los campesinos, los indígenas, los raizales y los afrocolombianos tienen coberturas de acueducto y alcantarillado por debajo del promedio nacional”.Aquí, digo yo, donde la planeación de las estrategias bélicas es la preocupación principal del Gobierno, no existe —afirma el Defensor— ni “un inventario actualizado de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ni un plan de obras e inversiones para los próximos cinco años”; y los planes departamentales de agua, agrego, son sólo para los centros urbanos, bajo una política de mercantilización y de privatización del servicio. Recuerda, por último, que la Corte Constitucional protege el derecho humano al agua por conexidad con los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, el debido proceso y el medio ambiente”. ¿Qué significan estas cifras, más allá de que el Estado incumpla sus obligaciones? Que la demanda por agua crece y, por tanto, su necesidad abre un gran negocio para producirla y transportarla.El calentamiento global, la ganaderización y la palmarización del campo, la destrucción de páramos y selvas, el envenenamiento de ríos y cauces, la apropiación privada de acuíferos, la construcción de hidroeléctricas y autopistas, hacen cada día más escasa el agua y mejor el negocio de su privatización. Esta pelea fue la que se dio esta semana en la Cámara entre el representante Roy Barrera, convertido en un espadachín de imagen a sueldo por el Presidente, y el vocero nacional del referendo de agua, apoyado por 10 representantes a la Cámara que votaron favorablemente la propuesta original del referendo.El uribato en el Congreso sacó adelante lo que a Uribe —y de seguro a su familia y allegados— le sirve: que el agua no sea un derecho fundamental ni un bien público; que avance el proceso de privatizar la gestión del agua y los servicios de acueducto y alcantarillado, y se permita desde la Constitución que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad” sean apropiadas por los propietarios de la tierra —es decir, la destrucción de los humedales—; y sustraer las aguas de indígenas, comunidades negras y raizales de sus territorios ancestrales, para ser ofertadas en Bolsa.Faltan aún varios debates en la Cámara y en el Senado. El país no puede permanecer indiferente frente a las modificaciones que la aplanadora uribista ha hecho aprobar. Se trata de un asunto de vida o muerte para todos los ciudadanos.~~~Nota: El presidente Uribe tiene en su poder la llave de la manigua donde permanecen los 22 militares presos por la guerrilla. Quien tiene la llave de una cárcel se llama carcelero.

Los retos de la hora: ¿cuál es el proyecto uribista?

Editorial Revista Deslinde Nº 44,

Bogotá, Abril-Junio de 2009

En medio de la peor crisis económica mundial de las últimas décadas, Colombia se encuentra en una calamitosa encrucijada. Ya antes de que se desencadenara el cataclismo mundial el país se hallaba en recesión industrial, sus exportaciones estaban a la baja y aumentaron las importaciones y la dependencia de los alimentos importados como producto de la obstinación del gobierno en aplicar las políticas de apertura y privatización. En las últimas semanas se ha puesto fehacientemente de relieve la incapacidad gubernamental para afrontar esta crisis debido a su insistencia en mantener la dependencia de los mercados externos, en dejar el crecimiento nacional en manos de una inversión extranjera cada vez más escasa y condicionada y del sector privado monopolista y especulativo, al cual se le asigna el grueso de las inversiones requeridas para atenuarla y que sólo invertirá si se le aseguran jugosas ganancias que saldrán de los bolsillos de los colombianos.
La ausencia de medidas que promuevan el crecimiento productivo y el bienestar de la población ha sumido a nuestros compatriotas en una grave situación económica con un enorme aumento del desempleo, la informalidad, el hambre y en general de todas las expresiones de la pobreza.
Las políticas gubernamentales acentúan la crisis y acudir a medidas remediales para atenuar las expresiones más dramáticas de esta situación se imposibilita por el creciente déficit presupuestal y por la celosa defensa gubernamental de los intereses de los grandes conglomerados que –por ejemplo– en el sector financiero arrojaron el año pasado ganancias de más de 10 billones de pesos, mientras que el pueblo sufre por la falta de salud y trabajo.
La dependencia de la banca internacional y la obsecuencia con todas las políticas emanadas de Washington, ha sumido al país en la peor pérdida de soberanía y en la mayor dependencia económica de las últimas décadas. El servicio de la onerosa deuda pública y los gastos en seguridad y defensa absorben casi la mitad del Presupuesto y mantienen un recurrente déficit fiscal.
El gobierno ha acelerado la agenda de privatizaciones, el otorgamiento de multiplicadas garantías a los inversionistas extranjeros y el desestímulo a la producción nacional que, además de ser largamente abandonada, sufre el hecho de que en el agro la prioridad en la producción de biocombustibles fuertemente subsidiados y productos tropicales de exportación sacrifica todo esfuerzo de soberanía alimentaria basada en el fomento de la producción campesina. Se persigue la agricultura familiar pequeña y mediana, vedando la ganadería y avicultura campesinas, así como la elaboración de panela artesanal. Los escandalosos precios de los combustibles castigan a toda la población.
Los salarios reales caen, el poder de compra de la ciudadanía se ve fuertemente disminuido y se ignoran las justas reivindicaciones de los asalariados, mientras se mantienen las formas de contratación que burlan décadas de conquistas del movimiento sindical.
Se han otorgado concesiones de tipo colonial para la explotación del petróleo, del agua y demás recursos naturales y mineros; “zonas francas”, paraísos fiscales plenos de prerrogativas a la inversión extranjera; tratados de comercio, como el de Estados Unidos y Europa, que desechan la integración latinoamericana y subregional para favorecer los intereses privados de los consorcios trasnacionales. Todas estas políticas han entregado sin vergüenza la soberanía económica.
La crisis mundial está impactando e impactará gravemente sobre el país. Se ha desplomado la arquitectura financiera mundial y los países acuden a diversas medidas de protección de sus mercados, intervención del Estado y fomento de la producción y el consumo nacionales. Mientras tanto, el gobierno de Uribe insiste en continuar el rumbo económico que ha llevado al orbe entero a la crisis.
Al paso que a nivel mundial y especialmente latinoamericano crecen las tendencias progresistas que replantean el modelo económico basado en las teorías del libre comercio, la administración uribista se obstina en dar la espalda a los procesos de integración regional y subregional y en seguir fomentando ideas y políticas de “libre mercado” que solamente aseguran la riqueza a unos pocos.
Uribe también ha llevado al país a una grave crisis política. La concentración de poderes en el Ejecutivo, la arbitrariedad en las decisiones políticas y económicas, el manejo discrecional y clientelista del presupuesto nacional, la injerencia en la decisiones de otras ramas del poder público, el abuso de la utilización de los medios de comunicación en beneficio de la imagen presidencial, han configurado una dictadura de facto que además se empeña en prorrogarse indefinidamente.
Este marco ha servido para incubar aberraciones sin precedentes en la vida nacional, como la inescrupulosa vinculación de los partidos uribistas a la parapolítica y sus relaciones y complicidades con los autores de masacres, desapariciones, violaciones de los derechos humanos y asesinatos de sindicalistas. El más repugnante de todos estos crímenes es el homicidio de más de mil civiles, entre los que sobresalen los ocasionados por miembros de la fuerza pública contra poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, en una evidente demostración de la esencia de este Estado plutocrático y autoritario.
El cambio que exige Colombia requiere no reelegir a Uribe ni al uribismo y hacer un profundo viraje. Que reconstruya el desarrollo nacional y recupere la soberanía económica. El fortalecimiento del mercado interno, elevando el nivel de vida de la población y con una política económica autónoma que promueva el empleo, el desarrollo productivo y una equitativa distribución del ingreso; el afianzamiento de los lazos económicos con nuestros vecinos y con Latinoamérica, promoviendo una integración armónica y de beneficio recíproco; la intervención del Estado, con los instrumentos que sean necesarios, inclusive los atinentes al replanteamiento de los compromisos de la deuda pública, para controlar los efectos de la crisis mundial y asegurar la soberanía alimentaria, y –ante todo– la universalización íntegra de los derechos sociales y económicos, educación, salud y seguridad social, sin mediar trabas, cortapisas ni formulaciones engañosas.
El inconformismo cunde por doquier y las organizaciones sociales se movilizan por sus justas reivindicaciones y haciendo propuestas. La minga nacida en el Cauca, los esfuerzos de la Gran Coalición Democrática, las actividades de las centrales sindicales, las luchas de los usuarios de los servicios públicos, las movilizaciones campesinas y de ciudadanos en general, anuncian que se avecina una nueva época de luchas sociales.
Son buenas noticias para el país y el pueblo, a las cuales se añade el II Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo realizado en febrero. Mil quinientos delegados se enfrentaron al reto de definir una posición ante el gobierno y su rumbo económico y político. La mayoría de los delegados se inclinaron por una oposición de fondo que perfile al PDA como una alternativa, vinculada a la lucha social y con la suficiente amplitud para recoger todas las inconformidades. Se descartó el camino de priorizar las ambiciones personales y se prefirieron acuerdos programáticos de izquierda democrática con todos aquellos que quieran emprender un nuevo rumbo.

¿REELEGIR A LOS HIJOS DEL PRESIDENTE?

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 30 de abril de 2009.

En documentado y valeroso análisis, Daniel Coronell denunció el gran negocio inmobiliario de Tomás y Jerónimo, los hijos del presidente Álvaro Uribe (ver http://www.senadorrobledo.org/?q=node/588). En el municipio de Mosquera, cerca de Bogotá, le compraron 32 hectáreas a Bavaria Sab Miller y en un par de años esos terrenos se valorizaron unas cien veces, con utilidades del diez mil por ciento, según lo indica una transacción en la que parte del lote aumentó su precio de cerca de 34 millones de pesos a 3.092 millones de pesos. ¿El secreto de tan gran negocio? Decisiones oficiales tomadas entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2008. Las primeras, de Álvaro Rozo, alcalde de Mosquera, y otra del Consejo Asesor de Zonas Francas, integrado por altos empleados del papá de los jóvenes, los ministros de Hacienda y Comercio, la ministra Consejera de la Presidencia de la República y los directores de Planeación Nacional y la Administración de Impuestos.
Mediante decreto de agosto de 2007, ocho meses después de adquirido el predio, el alcalde de Mosquera aprobó que el terreno pasara de ser “de expansión industrial” a “industrial”, cambio decisivo aunque se empeñen en negarlo los hijos del Presidente, porque mientras en el “de expansión” solo pueden desarrollarse actividades de uso agrícola o forestal, en el “industrial” pueden erigirse grandes construcciones, lo que significa que, en la práctica, el lote pasó de rural a urbano. Además, en abril de 2007, el alcalde, también por decreto, subió el índice de ocupación del lote, es decir, aumentó el porcentaje del área que puede construirse sobre el terreno, del 50 al 75 por ciento.
Los precios del suelo dependen, en primer término, de la cantidad de dinero que pueda invertirse en ellos, puesto que del tamaño de la inversión también depende la masa de la ganancia. Esto es lo que explica la gran valorización de la tierra cuando pasa de rural a urbana o cuando el Estado le da trato de excepción. Y también valorizan las inversiones en sus cercanías.
En marzo de 2008, siete meses después del segundo decreto que los benefició, los hermanos Uribe le vendieron una parte del predio a Inversiones ALC, de propiedad de los tres hijos y dos hermanos del hoy exalcalde Rozo, quien fue el fundador de la empresa. Como si fuera poco, Coronell prueba que los hermanos Uribe compraron por hectáreas a 24.600 pesos el metro cuadrado y le vendieron a la familia del alcalde de Mosquera a 19.000 pesos el metro cuadrado, con una pérdida del 22%. Pero 48 horas después vendieron dos lotes, a lado y lado del de los Rozo, a 53.300 pesos el metro cuadrado, con una utilidad del 116%.
Tomás Uribe dijo que su relación con el alcalde era “protocolaria”. Pero las pruebas dicen otra cosa. Se conocen fotografías suyas en la proclamación de la candidatura de Rozo al Senado, echando un discurso en otro acto ataviado con una chaqueta con el escudo de la alcaldía de Mosquera y otra más con el alcalde, el gobernador de Cundinamarca y el ministro de Transporte en una reunión sobre el mejoramiento de la vía que separa los terrenos de los familiares del alcalde y los del Presidente.
El tercer momento en la gran valorización de la tierra de la que son socios los hermanos Uribe Moreno ocurre cuando los cinco altos funcionarios mencionados atrás aprueban que ese predio se convierta en la Zona Franca de Occidente, declaratoria que significa que el Estado les otorgará no pocos privilegios a quienes inviertan en ella, entre ellos, disminuirles el impuesto de renta del 33 al 15%. Al mencionar otra ventaja de las zonas francas, Álvaro Uribe dijo: “Apreciados usuarios de esta Zona Franca (de Bogotá): todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40%. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8”. Y es sabido que estas gabelas, al estar atadas a la tierra, también valorizan los predios donde existe dicha prerrogativa, así como las valorizará el tren de cercanías, porque la carrilera colinda con la Zona Franca de Occidente.
Que los altos funcionarios subalternos de Álvaro Uribe que autorizaron la Zona Franca de Occidente expliquen si sabían o no que su decisión enriquecía a los hijos de su jefe. Porque si lo ignoraban, fue porque no cumplieron con la obligación legal de estudiar los títulos del predio y si sí lo sabían, han debido declararse impedidos, de acuerdo con leyes que los obligan. Y que el presidente de la República también dé la explicación que le debe al país.