¿Es realmente el ICETEX una opción para la educación de los menos favorecidos en el país? Que es y cómo funciona esta entidad financiera.

Darío Arenas. OCE- Universidad de Caldas. Manizales, 4 de Diciembre de 2009.

El ICETEX, institución tan mencionada y famosa por estos días debido al presupuesto aprobado por el congreso de la república para el año 2010, es motivo de debate y controversia. Pero hasta ahora solo se ha mostrado un lado de la moneda.
Luego de la aprobación de un presupuesto que deja con respirador artificial a las universidades públicas, el gobierno con argucias y falacias de todo tipo, ha intentado persuadir a algunos incautos de que a través del icetex se le dará a las universidades públicas un “aumento” de 70 mil millones de pesos. Presupuesto que será repartido por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta “Criterios de Equidad”, sin dejar entrever como va a ser repartido ni cuales van a ser los criterios de equidad a utilizar.
En los últimos 4 años el icetex ha tomado una inusitada relevancia y desde el gobierno, a través de los medios, se le han atribuido grandes beneficios, como por ejemplo que gracias al ICETEX se ha dado un aumento significativo de cobertura en la educación superior y se le ha endilgado el hecho de que gente de bajos recursos haya podido estudiar en universidades privadas, gracias a las comodidades de pago. El hecho de que más gente está ahora en la educación superior es innegable, tanto así que los indicadores de cobertura son los únicos que se han elevado en este gobierno, mientras que los de presupuesto se encuentran congelados desde el año 1993. Ahora, lo que habrá que analizar es en qué condiciones las personas de pocos recursos están estudiando. Es importante entonces entrar a determinar primero que todo que es el ICETEX, además como funciona y cuál es su objetivo, para después analizar si realmente responde a las reales necesidades de un país como el nuestro, atrasado y subdesarrollado precisamente por la falta de competitividad y de oportunidades en el campo académico y laboral o si es una herramienta más de subyugación en un sistema dominado por el capital.
El ICETEX a partir del año 2005 a través de la Ley 1002 de ese año, es una entidad financiera de carácter especial, es decir, debe gestionar sus propios recursos. Los dineros que presta el Icetex provienen, actualmente, de un préstamo que le hizo Banco Mundial y que se está pagando, y de los recaudos de los pagos que hacen quienes se han beneficiado de los créditos de la entidad. En pocas palabras, el ICETEX es un banco más en nuestro país, donde los clientes son estudiantes de bajos o medianos recursos que desean acceder a la educación superior y por ende se les trata como tal: prestamistas o clientes potenciales aplicando para un crédito educativo.
La representación legal del Icetex está a cargo de un presidente, quien es agente del Presidente de la República, y es de su libre nombramiento y remoción. Actualmente este cargo lo ostenta Marta Lucía Villegas Botero, ex-militante de Alas equipo Colombia, el que fuera antes de su desintegración, un partido de la coalición gubernamental, salpicado como tantos otros, por la parapolítica. Queda en entredicho así la autonomía de la entidad que se ha querido mostrar, ya que está supeditada a las decisiones del gobierno nacional, en cabeza del Doctor Uribe y dirigidas por medio del Ministerio de Educación Nacional.
La misión de la entidad según su página de internet es: “promover y financiar el acceso y la permanencia en la educación superior en Colombia y el exterior; a través del crédito educativo.”
Primero resulta paradójico que en Colombia, siendo este un estado social de derecho donde según el artículo 67 de la constitución la educación”… será gratuita en las instituciones del Estado…” y en donde “la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales…” se promueva de manera tan amplia la financiación de las carreras universitarias (sobre todo en universidades privadas) y se dé tan poco apoyo presupuestal a las universidades del estado.
Pero bueno, por otro lado según la visión del ICETEX, esta pareciera ser una entidad dirigida única y exclusivamente al apoyo del estudio en la población más vulnerable del país, desligada de algún otro interés, pero lo que no se dice en ninguna parte, la cara oculta de este tipo de entidades, es por ejemplo, que los intereses en los préstamos a largo plazo para los estudiantes van del 13,2 por ciento al 15,72 por ciento anual. Intereses por demás muy similares a los de un crédito con cualquier entidad financiera común. Entonces lo de la promoción de la educación ya empieza a sonar disonante con el accionar real de esta institución. Esto se suma a la necesidad por parte del solicitante de tener un deudor solidario que no sea mayor de 60 años, que pueda demostrar ingresos que garanticen la deuda (que puede llegar a ser muy alta en el caso de algunas carreras y/o universidades), que tenga un historial financiero, crediticio y fiscal favorable, que no esté reportado en ninguna central de riesgo y que finalmente obtenga un puntaje de calificación superior al mínimo establecido en el modelo de estudio adoptado por el ICETEX.
Pero para explicar de manera más grafica y palpable la realidad de los créditos a través de esta entidad miremos el siguiente análisis práctico de la situación:
Por medio de un estudio realizado por la revista semana, publicado en su edición del 10 de Noviembre del presente año, se realiza una simulación de un plan de pagos de un estudiante de estrato 1 que tiene sisben, que quisiera estudiar una carrera de 3 millones de pesos el semestre. A este estudiante el ICETEX le giraría cada semestre 2 millones 250 mil pesos, los otros 750 mil pesos los pagaría el estudiante. Esto le costaría al estudiante 7 millones 500 mil pesos a lo largo de 10 semestres que dura una carrera usualmente. Además el icetex impone una cuota de manera mensual llamada “cuota de cultura de pago”, que no es otra cosa sino una mensualidad arbitraria que genera gastos fijos en la familia y a través de la cual se cobra tácitamente otro interés por el préstamo. Esta cuota sería el primer año de 67 mil 500 pesos. Éste valor se incrementaría el 6 por ciento cada año por lo que el segundo año pagaría 71.550 pesos, el tercer año pagaría 75.843, el cuarto 80.393 y el ultimo 85.216 pesos. Entonces estaría pagando el primer año por concepto de “cuota de cultura de pago” 810 mil pesos, el segundo 858.600 pesos, el tercer año 910.416 pesos, el cuarto 964.716 pesos y el ultimo año 1 millón 22 mil pesos. En total por toda la carrera pagaría 4 millones 566 mil pesos por este concepto, que sumados a los 7 millones 500 mil pesos de las matriculas semestrales, sumarian 12 millones 66 mil pesos.
Al final de su carrera, el estudiante le quedaría debiendo al ICETEX 16 millones 911 mil pesos, para pagarlos en 120 cuotas de 307 mil 857 pesos, lo que significa que estaría pagándole intereses al ICETEX hasta 10 años después de haberse graduado. El pago de esta deuda final nos arroja la friolera de 36 millones 942 mil pesos, que sumados a los anteriores 12 millones 66 mil pesos pagados en las matriculas y en las cuotas mensuales, nos dan un gran total de 49 millones 8 mil 864 pesos. Es decir una carrera de 3 millones el semestre, que en su totalidad se saldaría con 30 millones de pesos de contado, gracias a las “facilidades y bondades” del ICETEX, termina costando 19 millones más, y eso que el crédito es dirigido a la población con menores posibilidades económicas. Esta es otra de las pirámides estatales, de esas que funcionan en sentido contrario. Diferente a DMG, aquí el que más pone es el ciudadano de a pie y el estado al final recoge con frutos la suma invertida inicialmente.
Con esta rentabilidad y altos intereses no es de sorprender entonces que la cartera colocada en el icetex en 2005 haya sido de 517 mil millones de pesos y el estimado para 2010 sea de 2.4 billones de pesos, según proyecciones registradas en su página web. Un negocio redondo con el cual alguien se estará beneficiando seguramente. ¿Quién? Con certeza no los estudiantes.
Pero ¿por qué se cobran intereses? Según Edith Cecilia Urrego, vicepresidenta de Crédito y Cobranza, se cobran intereses para pagar toda la infraestructura que requiere el manejo de estos préstamos y para pagarle a empresas que son contratadas para manejar las admisiones de los candidatos, los cobros de cartera y los archivos de los documentos de los beneficiarios. Entonces haciendo cuentas, el manejo del préstamo del estudiante que pusimos de ejemplo, el cobro del mismo, el manejo de su admisión y su archivo tienen un costo de más de 19 millones de pesos. Es este es el apoyo que desde el gobierno se le da a la educación superior de los menos favorecidos: generarle intereses que se miden en millones de pesos, por permitirles acceder a la educación superior que en ultimas debería ser totalmente gratuita.
Además desde el gobierno se generan presiones para que -según el mismo Ministerio de Educación- se comprometa a las universidades para que garanticen que el egresado endeudado termine la carrera, consiga empleo y pague el crédito.
La realidad laboral después de la universidad no es nada prometedora en nuestro medio y menos para aquellos que por necesidad terminaron siendo acreedores de un crédito con el ICETEX. Hasta el año pasado según fuentes del mismo ICETEX, por lo menos 60 mil créditos se encontraban con algún tipo de mora y ya sabemos porque. El ahora egresado, empieza su vida laboral ya con deudas que muchas veces no puede solventar, esta deuda de 10 años (o 120 cuotas) la debe pagar puntualmente, so pena de ser reportado en datacrédito generándole un reporte crediticio negativo, esto podría acarrearle no poder tener prestamos con otras entidades financieras, por ejemplo para iniciar un proyecto laboral independiente, además no podría contratar con el estado por estar impedido debido a la mora que ostentaría. ¿Es acaso esto abrirle las puertas y las oportunidades a los profesionales de nuestro país cuando se enfrentan al mundo laboral?
Para finalizar es importante apuntar que la gran mayoría de los créditos desembolsados por parte del ICETEX son destinados para educación en universidades privadas. De acuerdo a un estudio hecho por la Universidad Nacional, de los créditos adjudicados en el periodo 2003 a 2008, el 80.3% de los beneficiarios estaban en instituciones privadas y el 19.7% en instituciones públicas. Por esta razón el gobierno no puede sostener arrogante y cínicamente, como lo ha hecho, que al otorgar estos 70 mil millones de pesos del presupuesto nacional al ICETEX, las grandes ganadoras han sido las universidades públicas, porque ni siquiera se han definido los criterios para repartir el dinero y porque dada la naturaleza de esta entidad, como lo hemos visto, es de suponer que muy poco será lo que nuestras alma mater verán de él.
Nos enfrentamos a una nueva arremetida contra la educación pública en Colombia. Arremetida que solo con el decidido y valeroso accionar del movimiento estudiantil podrá ser soportada y superada. El presente es aciago, y el futuro es sombrío, pero hoy más que nunca, en pie de lucha resisten las 32 universidades públicas de Colombia, las 32 universidades de nuestro pueblo.

Conclusiones y Declaración Política del Encuentro Nacional de emergencia de Estudiantes Universitarios

Bogotá, 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2009
El encuentro nacional de emergencia conto con la participación activa de 27 universidades públicas y 4 privadas de país. Las deliberaciones y reflexiones se desarrollaron en función del siguiente orden del día:  Exposición de la crisis financiera de la educación pública superior, a cargo de los profesores universitarios:  Pedro Hernández.  Catalina Toro.  Informes por universidad:  Caracterización de la crisis universitaria  Organización  Perspectivas del movimiento estudiantil FRENTE A LOS ELEMENTOS DE DEBATE Y CONCLUSION DE LA CARACTERIZACION  Se resalta la necesidad de la labor pedagógica, de comunicación y elaboración política frente a la crisis de la universidad, en aras de elevar el nivel político del estudiantado colombiano y de fortalecer los niveles de movilización y organización del mismo.
 Se priorizara en el primer trimestre del 2010, el desarrollo de encuentros regionales y por universidad, que den cuenta de la problemática particular de cada estamento y se elaboren insumos alrededor de tres mesas de trabajo de carácter amplio con los siguientes componentes:
 El componente Financiero hacia la construcción de programa y pliego  Reforma universitaria / modelo pedagógico  Libertades democráticas: democracia, autonomía, crisis humanitaria. • Se desarrollaran tres campañas nacionales que visibilizaran la problemática nacional por la que atraviesan las universidades y el papel que viene jugando las políticas neoliberales y de seguridad democrática impulsadas por el gobierno de AUV. Estas dos campañas tendrán como fundamento la afectación de las políticas neoliberales, la política de seguridad democrática de AUV, confianza inversionista, el presupuesto para el pago de la deuda externa Vs presupuesto para la educación entre otros. El compromiso es hacer llegar un documento de presentación e imagen de la campaña nacional adjunto a las conclusiones y declaración final del encuentro.  Las campañas son:  Presupuesto para la guerra Vs presupuesto para la educación pública.  Reelección Vs privatización  Neoliberalismo y Seguridad Democrática Vs existencia de la educación pública (ENVIAR PROPUESTAS SOBRE SU DESARROLLO HASTA EL 4 DE DICIEMBRE)
DE LA ORGANIZACIÓN  Es prioritario impulsar los procesos de organización estudiantil al interior de la universidad dependiendo de sus particularidades, y retomar aquellos espacios de coordinación y/o articulación que impulsen la construcción unitaria tanto de los escenarios de movilización regional y nacional, como de encuentros regionales o locales conjuntamente con las universidades públicas y privadas.
 Se impulsara y fortalecerá las diferentes formas organizativas estudiantiles, como lo son: mesas de trabajo, comités de impulso, consejos estudiantiles, coordinadoras, entre otros; lo importante es que cada universidad en el marco de los encuentros regionales puedan darle forma y aportar en el la construcción de los mismos.
 Se construirá un Movimiento en Defensa de la Educación Pública a nivel Nacional, junto con el movimiento estudiantil secundarista que contará con la participación activa de los sectores sociales y populares y buscará su articulación en las diferentes luchas nacionales. Este Frente Común, deberá tener su escenario regional y/o departamental donde se recojan los sectores antes mencionados y con agendas de movilización en particular. (ENVIAR PROPUESTAS AL RESPECTO HASTA EL 4 DE DICIEMBRE)
 Se desarrollaran encuentros regionales que perfilen los aportes desde lo organizativo, de movilización y pliego nacional que se construirá en el encuentro nacional y foro nacional de los estudiantes universitarios.
 El Encuentro Nacional de los Estudiantes Universitarios, se desarrollará en la universidad del Atlántico en el mes de Abril de 2010. Este será el espacio donde se entreguen los insumos de las regiones para la construcción de programa y pliego nacionales que aporten a la preparación del paro nacional universitario. Sin perjuicio que se realice un Encuentro Nacional de Emergencia antes de Abril.
 Se construyó una mesa nacional interuniversitaria de comunicaciones que tiene como propósito elevar los niveles de comunicación entre las universidades, la creación de un block informativo, la creación de un órgano de comunicación estudiantil impreso nacional.
DE LA MOVILIZACION
 Es necesario que el estudiantado universitario colombiano salga a la calle e impida la concreción del modelo de la universidad para el trabajo y al servicio del mercado, impuesta por el gobierno nacional, a través de la mercantilización, la falta de democracia universitaria y la violación de los derechos humanos, donde el proceso de movilización nacional y regional debe ser constante en proyección hacia el mes de mayo que se enmarca en la jornada de movilización nacional.
 Cada universidad deberá proyectar sus propias jornadas de movilización desde lo regional que corresponderán a las dinámicas propias y el estado del movimiento en cada campus.
 Jornada nacional de movilización para este periodo es:
 Noviembre 4, Jornada nacional de protesta contra el pacto de concurrencias.  Noviembre 5, Movilización nacional en el marco de la reunión del SUE.  Noviembre 6, Jornada de movilización nacional e internacional contra Uribe, las bases militares y sus políticas neoliberales.
Lo demás estará recogido en la declaración final y el pliego nacional, menciono los elementos centrales de rechazo y exigibilidad que se mencionaron allí. 1. Pedir la renuncia de la ministra de educación 2. Rechazo a las bases militares gringas. 3. Rechazo a los TLCs 4. No al tercer periodo de AUV 5. Congelación de las matriculas. 6. Rechazo al pacto de concurrencias 7. Incremento del presupuesto para la educación superior. 8. Rechazo a la militarización de la universidad, y por la defensa de las libertades democráticas y la autonomía universitaria. 9. Exigir la aplicación de artículo 86 de la ley 30. 10. Por la unidad, organización y movilización del movimiento estudiantil colombiano.
EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, VAMOS POR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL COLOMBIANO
DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO ESTUDIANTIL DEL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DE 2009
La denominada Revolución Educativa, del gobierno de Uribe Vélez, ha sumido a la universidad pública colombiana en la peor situación de su historia. Los cálculos más conservadores indican que la deuda del Estado con la universidad alcanza los $600.000 millones, e incluso, el Contralor General de la República, afirmó que, las transferencias del Gobierno a las Universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones. Es un hecho que la crisis presupuestal tiende a aumentarse por proyectos como la concurrencia para el pago del pasivo pensional y la anunciada reforma al artículo 86 de la ley 30 de 1992.
Los aparentes incrementos aprobados por el Congreso de la República constituirán una herramienta del gobierno para condicionar y supeditar las transferencias económicas a cambio de reformas académicas, administrativas y financieras en las universidades que permita alcanzar las metas de cobertura que requiere la campaña de la tercera reelección. La causa de la crisis responde a una crisis de impacto estructural al conjunto del Sistema Universitario Estatal.
Paralelo al recorte presupuestal la educación se ha pauperizado en concordancia con el rol que juega Colombia en la globalización neoliberal, sistema de producción internacional que ha incrementado la pobreza, la miseria y la desigualdad a nivel mundial. Ya que nuestro país es adalid en la aplicación de esta política, como lo prueba los tratados de libre comercio que impulsa el gobierno, se han adelantado reformas de orden legal que tienden a modificar la función de la educación en Colombia. Esta es la razón por la cual se ha impuesto el examen de ECAES, las competencias académicas, administrativas y ciudadanas en los contenidos de los programas universitarios, la flexibilización curricular y la reducción de la duración de las carreras.
Toda la ofensiva que agencia Uribe Vélez contra la universidad pública se ha realizado vulnerado de manera sistemática y generalizada las libertades y los derechos democráticos de la población universitaria. Los derechos a la movilización, la protesta, a la huelga, a la asociación han sido ampliamente reprimidos, e incluso desde el gobierno, se ejerce una campaña de desprestigio contra la protesta universitaria que tiene como finalidad militarizar la vida universitaria. Típico comportamiento en los tiempos de la seguridad democrática.
Aun cuando la situación es crítica el panorama tiende a agravarse. El primer factor que influirá en ello es la eventual reelección del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya que este ha sido el principal causante de la quiebra económica de las universidades, de la degradación de la calidad de la educación, del desmonte del sistema de bienestar universitario, del recorte de las libertades y los derechos democráticos y del cercenamiento de la autonomía y la libertad de cátedra. En definitiva, ha sido un sumiso ejecutor de las órdenes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Un nuevo período de estas características, con Uribe Vélez o sin él, significaría la total privatización y liquidación de las universidades públicas en Colombia.
El entorno internacional que influye sobre nuestro país tampoco es un aliciente para la actual situación universitaria. El uso de la infraestructura militar y comercial colombiana, área y naval, por parte de los Estados Unidos constituye una prueba adicional de la entrega de la soberanía nacional que ha realizado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y constituye una afrenta al conjunto de países latinoamericanos que se han opuesto, de una u otra forma, a las determinaciones de Washington en el continente.
Poco a poco se corrobora, como ocurrió en las jornadas del mes de octubre, que la única alternativa que tenemos los universitarios para enfrentar esta política es la lucha de masas democrática. Para ello impulsemos un gran movimiento nacional que unifique a estudiantes, trabajadores, profesores y en general a todos los sectores democráticos y patrióticos en la defensa de la educación superior pública en Colombia. Sólo una gran unidad entorno a la protección y defensa de la universidad salvará la embestida uribista. Emprendamos un gran movimiento nacional en defensa de la educación superior pública.
VAMOS TODOS A DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA,

Posición de la Representación Estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional sobre el Plan Global de Desarrollo

Sergio David Fernández Granados. Representante Estudiantil Consejo Académico UN. Bogotá, 26 de Noviembre de 2009.
La siguiente es en suma la posición expresada por la representación estudiantil ante el Consejo Académico en la sesión del 13 de noviembre del presente año, respecto al documento de Plan Global de Desarrollo 2010 – 20120 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA, INVESTIGADORA, INNOVADORA Y A LA VANGUARDIA DEL PAÍS” documento que hace trámite para ser aprobado en el CSU.
La Representación Estudiantil ante el Consejo Académico se distancia de la postura asumida por el Rector Moisés Wasserman quien señaló, en primer lugar que las conclusiones de claustros y colegiaturas habían sido tenidas en cuenta para la construcción del Plan Global de Desarrollo (PGD), y en segundo lugar por pretender que de la colegiatura intersedes debería salir una propuesta de documento de PGD con el detalle técnico que solo puede surgir del acompañamiento y la construcción colectiva entre la comunidad universitaria y la administración. No se puede pedir un documento que exceda sustancialmente el carácter del espacio de claustros y colegiaturas, una exigencia de estas solo sería sensata si hubiese un acompañamiento efectivo por parte de la administración a las propuestas surgidas de parte de los estudiantes y los profesores y una construcción colectiva al interior de la universidad, idea que dicho sea de paso es recogida por el documento producto los claustros y colegiaturas.
La Representación Estudiantil observa con preocupación la desidia en el trato con respecto a las conclusiones producto de los claustros y las colegiaturas, en primer lugar el Plan global de desarrollo no aborda con suficiencia la discusión con respecto a la autonomía universitaria, la relación democracia – Gobierno universitario y la participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de la Universidad, aspectos que si bien no se deciden en un Plan Global de Desarrollo sino en un Estatuto General, no obstante pueden abordarse en la práctica con voluntad política de escuchar y asumir las discusiones y las decisiones colectivas de manera vinculante.
Quiero referirme sobre tres aspectos básicamente 1 En primer lugar expresaré la preocupación de la representación estudiantil respecto al enfoque del PGD.
2 En un segundo momento expresaré nuestras dudas respecto a los asuntos de bienestar y respecto a asuntos puntuales dentro del plan.
3 En tercer lugar me referiré a las conclusiones del encuentro intersedes basándome en los documentos que recogieron la posición de claustros y colegiaturas de cara al plan global de desarrollo.
Es claro que el PGD está orientado por un lado al crecimiento del posgrado, hecho que innegablemente ha conducido al desmejoramiento en la calidad del pregrado, en tanto el crecimiento del posgrado no ha significado un crecimiento de los ingresos y la capacidad instalada de la UN y por otro lado se orienta a aumentar los proyectos de investigación y extensión con un agravante que no puede pasarse por alto, me refiero al hecho de que la universidad no ha establecido aun una estrategia clara que defina las líneas de investigación que se van a privilegiar, no se ha definido una estrategia que defina el quehacer de la investigación y la extensión sobre la base de criterios que respeten y desarrollen la misión de la universidad y que propendan al desarrollo del conocimiento con compromiso científico y social, por tanto observamos con reparos sustanciales el eje de investigación-extensión que proyecta el Plan Global de Desarrollo, asimismo nos preocupa en suma la concepción de la labor de extensión de la universidad, que dicho sea de paso ha venido siendo financiada en gran medida por el Ministerio de Agricultura, la preocupación que nos asiste no es infundada, parte fundamentalmente de dos hechos visiblemente manifiestos, en primer lugar parte del llamado “análisis estratégico” que el Plan Global de Desarrollo hace de la situación externa e interna, análisis en que se sitúa la economía nacional en la periferia rezagada cuyo papel se desplaza al sector primario del aparato productivo, y en segundo lugar nuestra preocupación se sustenta en el hecho de que para la representación estudiantil es clara la intención del Gobierno Nacional por primarizar el aparato productivo colombiano, hecho que sin duda merma la investigación científica de avanzada y la liga a un modelo excluyente que privilegia la concentración de recursos –por ejemplo el llamado modelo malayo en el agro-. De manera que nuestra intención es mostrar la preocupación respecto a la ausencia de derroteros claros para la investigación y la extensión en la UN, ausencia de lineamientos y estrategias que en efecto son admitidas de manera expresa en el texto del Plan Global de Desarrollo.
Otro aspecto que observamos con preocupación es la precariedad de los programas de bienestar y la falta de claridad respecto a éste punto en el PGD, pues compartimos la preocupación de los representantes estudiantiles de bienestar en cuanto a que el bienestar universitario unificado del que habla el PGD, no es ni pretender ser concebido desde las órbitas universitaria ni unificada por cuanto se basa más bien en acuerdos concretos sobre temas puntuales lo que limita su carácter de unificado, pero además no se puede llamar universitario por cuanto es pensado de manera que se establecen líneas divisorias entre el bienestar para trabajadores estudiantes y profesores, concibiéndolos individualmente en su tratamiento y nivel de garantías efectivas de bienestar, creando abismos entre un estamento y el otro. Por último refiriéndome a las políticas de bienestar nos parece inaceptable que se asuman posiciones ambiguas frente al presupuesto de la Universidad, pues por un lado la administración reclama más recursos so pretexto de que la Ley 30 de 1992 no tuvo en cuenta aspectos como el aumento de la cobertura y el aumento de los puntos salariales para asignar los recursos de las Universidades públicas, pero por otro lado la administración se jacta de asignar para bienestar más recursos de los que la normatividad existente define –acuerdo 03 de del CESU, Ley 30 de 1992 y acuerdo 011 de 2003 Estatuto General- aun cuando en la práctica queda demostrado que son insuficientes para cubrir las necesidades de la comunidad universitaria, no es un secreto que las normas que asignan los recursos para bienestar tampoco tienen en cuenta los cambios sociales del componente estudiantil en la UN, el alto porcentaje de rezago y deserción y en general las dificultades de tipo socioeconómico y psicosocial de los estudiantes de la UN.
Asimismo consideramos y atendiendo a la solicitud que hace el señor rector de referirnos a los aspectos meramente “técnicos” sentimos que existe poca claridad respecto a algunos programas en lo referente a sus objetivos, desarrollo, metas e indicadores, por citar un ejemplo obsérvese el caso del programa 5.4 de comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos perteneciente a la línea 5 de Comunicación con la sociedad. Finalmente es claro para la Representación Estudiantil que el PGD no puede ser concebido como un documento meramente técnico como lo manifiesta el rector, pues es claro que todo documento de planeación de éste tipo es producto de la discusión política, y obedece a orientaciones políticas que se traducen en lo concreto en los programas y proyectos que se definen.
Por último la Representación Estudiantil procedió a exponer las conclusiones de los claustros y colegiaturas, que como se ha dicho en suma no fueron tenidas en Cuenta.
Finalmente no sobra decir que el concepto de la Representante Estudiantil ante el Consejo Académico por pregrado y por posgrado fue negativo con respecto al PGD y a la aprobación del programa SIMEGE.

¡Que viva la lucha estudiantil!

Julián Andrés Ríos Salazar.

Coordinador OCE Quindío. Armenia, noviembre de 2009
Los gobiernos colombianos, pero con mayor énfasis el de Uribe, han tenido como uno de sus objetivos apartar a la juventud universitaria del movimiento estudiantil y debilitar el carácter democrático de su organización. Pero no se atreven a pregonarlo abiertamente, porque saben que de hacerlo, la juventud universitaria los rechazaría. Por eso no se acercan a la juventud como miembros de un sector político, sino como personas de muy buena fe que simpatizan con los jóvenes. Intentan ganarse la confianza de la juventud aprovechándose de su credulidad. No dicen francamente que el movimiento estudiantil es malo, pero sí dicen: “Compañeros, ustedes todavía son jóvenes para que se ocupen de política y movimientos estudiantiles infiltrados por personas extrañas. Primero hay que aprender, adquirir conocimientos, y solo entonces podrán meterse conscientemente a un partido u otra organización. No permitan que nadie influya en sus decisiones. Conserven su individualidad e independencia. La política es para los que ya han salido de la universidad y la defensa de ella son cuentos de los 70”.
Hay que erradicar la falta de compromiso con la defensa de la universidad pública expresada en el apoliticismo. Es importante aclarar la posición que asumen algunos dentro del movimiento estudiantil al señalar que “no se puede hablar de política en la universidad”. Plantearlo es asumir una posición política que busca impedir que la universidad sea, como debe ser, el espacio intelectual más avanzado. En este centro de ciencia, donde se tiene que expresar la libertad de cátedra y confluir todas las escuelas de pensamiento, se impide el debate sobre los distintos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Se quiere imponer pretendiendo la uniformidad de pensamiento para tratar de convertirnos en borregos de los que detentan el poder. Tenemos que cambiar, empezando porque haya un ambiente democrático donde se expresen todas las tendencias del pensamiento.
Las revistas, periódicos y todas las expresiones organizativas deben propender a la defensa de la universidad pública, deben ser rueda y tornillo de un solo y gran mecanismo del movimiento estudiantil para orientar la vanguardia consciente de la comunidad universitaria. La labor literaria debe pasar a ser una parte integrante del trabajo organizado, coordinado y unificado del movimiento universitario. Estos escritos deben auscultar las orientaciones que rigen en la universidad, las cuales son inspiradas en una política cuya orientación es la liquidación del sector público. En el año 2008, el Ministerio de Hacienda comunicó que no emitiría los bonos correspondientes a las pensiones pagadas por la universidad en el año 2007 ni continuará emitiendo bonos en el futuro, ya que según los cálculos actuariales, el gobierno nacional ya ha cubierto la totalidad del pasivo pensional que le corresponde. Lo anterior significa que la universidad dejará de percibir por lo menos $3.000 millones anuales, con lo cual acumulará un déficit anual que la llevará rápidamente a su privatización total.
Tenemos que abordar a fondo los problemas concretos de nuestra población y en particular los de las universidades sin pensar que esto no nos incumbe. Hay que abordar todos estos problemas con un método científico que nos permita elaborar una política acertada, tanto en lo organizativo como en las acciones prácticas, de tal manera que podamos unir a todos los sectores afectados e interesados en la defensa de nuestra Alma Mater.
Debemos exigirle al Estado que otorgue a los colombianos una educación democrática y científica al servicio del pueblo y en pro del desarrollo de nuestra nación. Por ello defendemos una educación pública financiada adecuadamente por el Estado, requisito para que sea de alta calidad y para que a ella tengan acceso todos los niños y jóvenes de Colombia, sin importar su estrato social. La privatización de la educación es un atentado contra la democracia y la calidad académica y deja a millones por fuera del sistema educativo.
Tenemos por delante una tarea ardua y difícil, pero grande y fecunda: organizar una vasta, multiforme y variada organización estudiantil para defender la universidad pública y conformar los consejos estudiantiles con una ligazón estrecha e indisoluble con el movimiento estudiantil nacional.
¡Abajo el apoliticismo!

CONVOCATORIA AL ENCUENTRO MULTIESTAMENTARIO DE EMERGENCIA

Bogotá, Universidad Distrital Sede Macarena, Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre
PRESENTACIÓN:
Luego de múltiples valoraciones sobre la aguda crisis de la universidad pública colombiana, los universitarios asumimos con coherencia y dignidad, la preparación de un escenario de levantamiento que se configuró en cuatro días de movilizaciones en 18 universidades públicas y en más de 8 universidades privadas del país. Del 13 al 16 de Octubre, desde la Costa norte colombiana hasta el sur del país, las asambleas, marchas, pupitrazos, cadenas humanas, carnavales por la vida y diversas formas de resistencia, agitaron las banderas del movimiento estudiantil y universitario.
Sin vacilación alguna, las calles y los claustros ventilaron lo justo de la movilización de miles de jóvenes, que no pretende limitar la defensa de la educación superior pública a quienes hoy se encuentran en las universidades, sino que espera sumar a otros sectores sociales y populares.
El martes 20, en Bogotá se realizó la formidable, multitudinaria y exitosa Marcha, con la participación unitaria y combativa de universitarios de diversas instituciones de educación superior de Bogotá y otras regiones del país, en medio de la lluvia inclemente, hasta llegar a la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional en el momento en que la Cámara de Representantes daba el aval para la aprobación del Presupuesto nacional del año 2010.
Una movilización que llena de aliento y perspectiva la continuidad de la lucha de los universitarios colombianos por la defensa de la educación superior pública de excelencia académica, autónoma, democrática y pluralista.
La partida para las universidades estatales, como se ha informado exhaustivamente, es un una cifra muy distante de las necesidades reales de la educación superior pública, estimadas en cerca de $ 600.000.000 .000, incluso del 12.8% solicitado por los rectores del SUE, partidas que deben ser adicionadas al presupuesto global de las universidades públicas, de alrededor de 1.8 billones de pesos, del año 2009. El monto total para el año 2010, cercano a los 2 billones de pesos, para la educación superior pública, representa una suma exigua en el presupuesto total de la Nación ($148.293 billones para el año 2010), más aún si se compara con el presupuesto de seguridad y defensa ($20.9 billones de pesos) o con lo que invierten en educación superior pública otros países de América Latina de igual o menor desarrollo relativo.
De todas maneras, lo más negativo, es observar nuevamente la desaforada obstinación de la Ministra de Educación, contra la universidad estatal. Su conocido estilo "gerencial", que aplica verticalmente a los colegios, pretende ejercerlo contra las universidades haciendo caso omiso de su calidad y su importancia estratégica para el futuro del país, como lo hizo notar en la reunión internacional del CRES, en Cartagena/2008, en contravía de las tendencias mayoritarias de América Latina y el Caribe, que se manifestaron en defensa de le educación superior como un derecho inalienable. Sin ningún pudor, la Ministra pretende desviar el presupuesto de las universidades públicas, para subsidiar la educación privada, buscando canalizar los recursos públicos hacia los sectores privados a través del ICETEX (Subsidio a la Demanda), olvidando, de paso, que los aportes por la vía de Colciencias requieren contrapartidas que vulneran el presupuesto de las universidades publicas.
Con la desfachatez de siempre y fiel a su visión minimalista de la dimensión cultural de la educación superior, reitera su afán perverso de enfrentar a las universidades "grandes" con las "pequeñas " manipulando indicadores como instrumentos de premio y castigo para someter a las universidades a sus delirios de marchitamiento académico y asfixia presupuestal, como lo venimos denunciando de tiempo atrás, en particular desde el tristemente célebre Decreto 3545 de 2003, contra el cual nos movilizamos en todo el país, Decreto que finalmente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
En consecuencia, lo que sigue de inmediato es exigir un incremento real que se incorpore a la base presupuestal de las universidades, para aplicación del Artículo 86 de la ley 30 y se respete la Autonomía Universitaria para orientar los recursos que por ley le transfiere la nación, en beneficio de la excelencia académica de las universidades estatales. Una autonomía de carácter democrático que reside en la comunidad universitaria y en sus cuerpos colegiados internos.
Aparte de ello se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir al pago de su pasivo pensional. Con ello el Estado, persiste, en la política de desfinanciar paulatinamente todas y cada una de las necesidades de los universitarios.
Para desarrollar este objetivo es necesario exigir en todas las universidades pronunciamientos nacionales e internacionales en contra de la política de asfixia presupuestal a las universidades públicas, el rechazo contundente al alza de matrículas, al aumento de cobertura sin adición presupuestal y a los convenios de Concurrencia.
Para profundizar el análisis de la grave crisis financiera de las universidades públicas y trazar las tareas inmediatas de movilización a escala nacional, se acuerda Convocar el presente encuentro.
OBJETIVO:
Aprovechar la actual situación del movimiento universitario para coordinar y articular las acciones que se deben emprender en defensa de la educación superior pública.
ORDEN DEL DÍA:
Sábado 31 de Octubre de 2009
9:00 AM a 11:00 AM: Panel sobre la situación financiera de las universidades
11:00 AM a 1:00 PM: Informes por Universidad con los siguientes criterios: 1. Situación financiera de cada universidad 2. Balance de la movilización de octubre 3. Situación organizativa 4. Iniciativas
1:00 PM a 2:00 PM: ALMUERZO
2:00 PM a 6:00 PM: Plenaria. Propuestas y plan de trabajo.
Domingo 1 de Noviembre de 2009
9:00 AM a 1:00 PM Plenaria: Informes por estamentos, propuestas y plan de trabajo multiestamentario
¡TODOS LOS UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS CERRANDO FILAS EN DEFENSA DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA!
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
ACEU OCE FUN FEU IDENTIDAD ESTUDIANTIL FENALPROU ASPU SINTRAUNICOL

Sin plata suficiente para educación, lo demás es pura demagogia uribista

Erick Adrián Velasco. Representante Estudiantil Consejo Superior Universidad de Nariño. Pasto, 26 de Octubre de 2009.
En pleno debate nacional sobre la necesidad de incrementar el presupuesto para educación superior pública, y así prevenir el colapso financiero y académico de las principales universidades del país, es pertinente señalar, una vez más, cual ha sido la lógica que ha impulsado la privatización y el deterioro de la calidad en la enseñanza universitaria: más exigencias con menores recursos.
Según el Contralor General de la República, Julio César Turbay, “El dilema es claro: se desfinancian progresivamente las universidades públicas, pero al mismo tiempo se les exige cada vez más, y las ganancias en eficiencia tienen un límite”, lo anterior no debe extrañar, pues si existe algún motivo para que los estudiantes protestemos, como lo ocurrido en la Universidad Nacional, la semana pasada, es precisamente la aplicación de esa perversa ecuación.
En las mismas declaraciones, la Contraloría hace referencia a que las mayores exigencias se dan principalmente por el crecimiento desmedido de nuevos cupos universitarios, los cuales recaen en su mayoría bajo responsabilidad del Sistema Universitario Estatal -SUE-, es decir, sobre las -ya constreñidas- 32 instituciones públicas de nivel superior. De 549.546 cupos nuevos que se crearon entre el 2000 y el 2008, el 88 por ciento (484.020) es imputable al sector público y el restante 12 por ciento (65.526) al privado.1
La Universidad de Nariño, principal centro educativo del departamento, lejos de sortear los embates de este sistema educativo perverso y antinacional, el cual reparte migajas presupuestales a la vez que exige milagros sociales, sufre un deterioro significativo en la calidad educativa. Si revisamos algunos datos sobre oferta en pregrado, en los últimos quince años, esta se diversificó pasando de 10 programas académicos a ofertar 36, lo que en número de estudiantes ha significado pasar de 4000 cupos, en 1994, a más de 9700 en la actualidad.
En consecuencia, no sorprende que hayamos pasado de tener una planta docente en su mayoría Tiempo Completo-TC-, a una planta TC que no sobrepasa el 30% del total de docentes universitarios; no sorprende que de los más de 800 profesores, tan solo, 38 ostenten títulos de doctorado; no sorprende – ni sonroja- que estudiantes de las llamadas ciencias “duras” hagan sus prácticas en laboratorios obsoletos; no sorprende que la infraestructura de los edificios y la biblioteca esté mandada a recoger y que nos veamos a gatas para asignar algo tan elemental como un salón para clases; no sorprende - mucho menos inmuta-, que la relación computador, conectado a internet, por estudiante sea de 1 a 40, y eso en pleno despliegue de las llamadas tecnologías de la información.
En fin, no sorprende que estemos pensando que la universidad de Nariño, después de resumir estos hechos notorios, sea una de las mejores del país, y no sorprende por la sencilla razón de que la formación en nuestros planteles es tan mala que no nos percatamos –y claro menos le interesa a este gobierno- de formar al estudiante como un ser capaz de criticar el estado actual de las cosas, ni siquiera de formular preguntas tan elementales como ¿por qué existimos? Y ¿cuál es nuestra función en la sociedad?
La educación, que es la manera como se desarrolla el conocimiento, es fundamental para promover el avance de las fuerzas productivas de cualquier sociedad, profundizar la democracia, reconocer y salvaguardar los valores culturales de los pueblos y permitir el ascenso social de las capas empobrecidas; sin embargo, la educación para lograr estos propósitos debe ser impartida a los más altos niveles de calidad, es decir, en condiciones de excelencia, lo cual se logra, en el caso de la educación pública, solo con el concurso del Estado colombiano capaz de generar los recursos adecuados para brindarle este derecho a todos los colombianos.
Así planteado, es oportuno para la Universidad de Nariño abrir la discusión sobre las iniciativas de creación de nuevos programas, como el de Contaduría Pública, el cual hace su tránsito por el H. Consejo Superior, a fin de no caer, ingenuamente, en el juego mezquino y demagogo de la “mayor inclusión”. Es evidente que nuestra universidad se queda corta ante las enormes exigencias de los miles de bachilleres que año tras años frustran sus sueños de ingreso a la universidad, de ser profesionales y así alcanzar mejores niveles de vida, sin embargo, la política debe modificarse y nuestra exigencia, así los tecnócratas le llamen “dogmatismo estatal”, es que el Estado en cabeza del Presidente Uribe, responda adecuadamente para ver si en algún momento los anhelos de una Colombia decente se materializan.
1 Tomado de www.eltiempo.com
“TODOS EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA”

Carta de los estudiantes universitarios al Congreso de la República

Bogotá, octubre 20 de 2009
Señores Congreso de la Republica Ciudad
Honorables Senadores y Representantes:
La política de la Revolución Educativa, impulsada desde 2002, ha ocasionado la peor crisis de la Universidad pública en la historia de Colombia. En materia financiera se han recortado paulatinamente sus recursos, forzando a la autofinanciación de cada uno de los establecimientos educativos mediante el incremento de las matrículas, la venta de servicios, obligando a concurrir con su presupuesto al pago del pasivo pensional e incrementando la cobertura sin recursos suficientes para solventarla. Prueba de ello son: el déficit financiero que alcanza la suma de $500.000 millones de pesos y el informe del Contralor General de la República, quien afirmó que, las transferencias del Gobierno a las Universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones.
A esto se suman los recientes pronunciamientos de los 32 rectores que integran el Sistema de Universidades Estatales, SUE. Según ellos, es necesario un aumento mínimo en la base presupuestal del 16.3%, que implica, de una parte la inflación proyectada para el 2010 que es del 4%, y en compensación a la ausencia de financiación estructural que padece la universidad pública, un incremento del 12.3% que corresponde al 3.3% del ajuste del IPC del año 2008 y 9% del incremento a la base presupuestal. El estudiantado respalda esta petición. Es inconveniente para los intereses de la universidad que esos recursos sean manejados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN o por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.
Se requiere de inmediato una solución estructural a la crisis presupuestal de la educación superior pública, lo cual requiere un estudio concienzudo sobre su situación real. Consideramos que el Estado es el único responsable de la plena financiación de las Universidades Públicas. Sólo de esa manera se garantiza una educación de alta calidad y de excelencia académica, conforme a las necesidades de progreso y bienestar de la población colombiana, que garantice el acceso de los sectores más pobres y excluidos, y cuyos proyectos de investigación se destinen a solucionar los profundos problemas sociales del país.
Al recorte de presupuesto se suma la degradación de la calidad académica de la universidad pública. Esto obedece al proceso de adecuación del país a los requerimientos de la globalización económica, que ha traído como consecuencia la reducción de la duración de las carreras, la flexibilización curricular, la sobre carga laboral para profesores y trabajadores, la formación e investigación al servicio del mercado y la configuración de los programas en competencias académicas, ciudadanas y laborales. De esta manera se han negado dos pilares de la educación pública: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Para implementar esta política educativa, se han recortado de manera sistemática y generalizada los derechos y las libertades democráticas. Ante las legítimas exigencias de los estudiantes en defensa de la universidad pública los derechos a la movilización, a la protesta, a la asociación han sido fuertemente reprimidos. Creemos que la universidad colombiana debe ser un ejemplo en el respeto, en la protección y en el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos.
Finalizamos reiterando en la necesidad de incrementar la base presupuestal en un 16.3% el presupuesto de las Universidades Públicas. Esto sólo sería un paso para iniciar el proceso de lograr una educación superior pública plenamente financiada por el Estado. Esperamos que su compromiso en la defensa de los intereses del país se materialice en esta iniciativa.
Cordialmente,
Estudiantes Universidades Públicas Colombianas,
Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, FENARES.
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU.
Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.
Federación de Estudiantes Universitarios, FEU.
Federación Universitaria Nacional, FUN-Comisiones.
Comuna Universitaria.
Minga Universitaria.

“NUEVA” LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: MÁS DE LO MISMO O PEOR

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 30 de julio de 2009.

Varios titulares de prensa se han ocupado de la “nueva” Ley de Ciencia y Tecnología. De un nombre tan pomposo se podría concluir que el país se apresta a entrar en una nueva senda y que por fin se aspirará a que Colombia se mueva en las fronteras del conocimiento. Lástima que ello no sea cierto. La publicitada Ley no tiene nada nuevo, si de lo que se trata es de hacer del atraso científico y tecnológico un asunto del pasado.
Que Colciencias pase de ser un instituto adscrito a Planeación Nacional a un departamento administrativo le da más nombre a quien ejerza como su director y le entrega el derecho a asistir con voz y voto a unas cuantas reuniones del alto gobierno, pero de allí no se concluye que las cosas vayan a cambiar. Si no se estuviera manipulando y tratando de conseguir unos votos con ella, no valdría la pena, como sucedió durante el trámite en el Congreso, ni rechazarla.
Con la Ley se crea el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se nutrirá de los mismos recursos con los que hoy cuenta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre los promocionados 100 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías de que habla el artículo 26, cabe aclarar que ya hoy los departamentos y municipios pueden hacer uso de parte de tales recursos para la promoción del conocimiento. Si ese no es su destino, es porque las carencias económicas y sociales de los entes territoriales son tantas, que entre sus prioridades pesan más el aumento y mantenimiento del cubrimiento de los servicios sociales básicos que el de la ciencia. Además, este artículo establece que se le dará cumplimiento a la segunda parte del artículo 361 de la Constitución, según el cual, los dineros del Fondo “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”
A la Ley le atribuyen sus promotores, sin demostrarlo, que será la palanca para que los recursos destinados al desarrollo científico lleguen al 1,6 por ciento del PIB en el 2016. ¿De qué sombrero sale la cifra? Desde el 2003 la inversión en investigación y desarrollo se mantiene invariable (0,18% del PIB). Manipular la información es un ataque a la inteligencia de la población informada. Es una verdad de a puño que este gobierno no ha cejado un instante en el estrangulamiento de la universidad pública. La calidad, por ejemplo, de toda la educación básica y superior se está yendo a pique y las transferencias por estudiante, en términos nominales y reales, son cada vez menores.
Se dice que con la Ley cambiará el modelo productivo. Es otro de los cantos de sirena de quienes han convertido a Colombia en un inmenso sanandresito. No es creíble hablar de desarrollo tecnológico y científico en el “libre comercio”, modelo que concentra aún más el conocimiento en las potencias, que arruina el aparato productivo nacional, que deja expósita la economía a los apetitos de los tiburones del capital financiero, que hace de los servicios sociales negocios de los especuladores, que mercantiliza la educación, etc. Colombia, salvo excepciones que vienen de los esfuerzos propios de la comunidad académica, es un país que no alcanza ni siquiera el rótulo de ‘copiador’ en el concierto mundial. La especialización en la producción de bienes agrícolas tropicales y de unas cuantas materias primas mineras y en la maquila industrial son hechos devenidos de las concepciones económicas con las que se dirige el país, y con las cuales, óigase bien, ¡jamás! se saldrá del atraso. La Ley refuerza este tipo de concepciones al basarse en la filosofía de que la educación debe ser como el aparato productivo: Para una economía mediocre, una educación inexistente o mediocre.
El gobierno tramita además tres leyes que atentan contra la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Con la del Ecaes, al orientar el contenido de los pénsum de las carreras universitarias y fortalecer la llamada formación por competencias, viola la autonomía universitaria, principio constitucional fundamental para la vida de las instituciones de educación superior. La del Icfes traslada al Ministerio de Educación 39 mil millones de las instituciones que ellas emplean para invertir en programas de fomento, propuesta que el Sistema Universitario Estatal (32 universidades públicas) rechaza. Con la ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir en el pago de su pasivo pensional, se reencaucha la propuesta del artículo 38 del Plan de Desarrollo, declarado inconstitucional y que suscitó un abierto rechazo de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, esta pondrá de los ingresos propios 39 mil millones de pesos (uno por ciento del pasivo), medida que causará aumentos en las matrículas. Valga recordar que entre las causas que llevaron a la quiebra a la Universidad del Atlántico estuvo obligarla a responder por parte de su deuda pensional, responsabilidad exclusiva del ejecutivo.
La problemática de la educación superior, por el eco que tiene, a veces erróneamente se le circunscribe solo a la esfera pública, pero a la privada también concierne. En la combinación de una política tendiente a reducir la calidad en la educación con la debilidad económica del país salen perdedoras las privadas, a donde ingresan casi la mitad de quienes entran a la educación superior. Las alzas en las matrículas y los leoninos créditos ofrecidos por la banca y el Icetex se vienen convirtiendo en una traba para ingresar y continuar en la universidad. Los estudiantes que cursan en estas instituciones no están exentos de los males propios de la educación, además, lo que para ellos es el presente, para quienes están en las públicas, por cuenta de la privatización, es un futuro cercano.
De una lectura juiciosa de la Ley, la Comunidad Académica concluirá que ella es una de esas tantas leyes que se tramitan cada año en el Congreso de Colombia y que solo se justifican porque las mayorías uribistas en sus haberes tienen tantos actos atentatorios contra el progreso nacional de todo cuño, que buscan resarcirse con cosas inanes, que ante la opinión suenan bien y sirven para hacer ese tipo de política que se basa en el ardid, pero que no modifica en un ápice al mal rumbo por el que va el país.
La Ley de Ciencia y Tecnología es otro acto de esos con lo que algunos uribistas pretenden conseguirse unos votos, presentando como gran cosa lo que es poco o nada. Una norma que profundiza el inicuo régimen colombiano puede recibir cualquier adjetivo menos el de progresista. En distintas instituciones y aulas se podrán promocionar las supuestas bondades de una legislación que carece de ellas. Quienes lean con cuidado la Ley encontrarán que en ella lo que hay es más de lo mismo o peor.
Para escuchar la intervención del senador Robledo en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: Para desarrollar a Colombia se necesita una educación de altísima calidad
Para escuchar la intervención del doctor Carlos Gaviria Díaz en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: "Soy un defensor a ultranza de la autonomía univeristaria": Carlos Gaviria Díaz

Bienvenidos futuros maestros de Colombia a la Universidad Pedagógica Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Capitulo Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Agosto de 2009

La actual crisis de la educación publica requiere una organización gremial de los estudiantes que sea amplia, democrática y participativa y que se proponga como objetivo generar debate crítico sobre la importancia de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo, una organización que se sume a la lucha de los sectores sociales en defensa de un país democrático y soberano. Por eso los invitamos a hacer parte del proceso de conformación del Consejo Estudiantil de la UPN como herramienta de autonomía y democracia para participar activamente en la toma de decisiones y en la defensa de la universidad pública.
Y EN LA UPN LAS AUTORIDADES NOS CONTINÚAN DEGRADANDO LA CALIDAD La Universidad Pedagógica Nacional se enfrenta a una crisis que pone en riesgo su existencia como universidad pública. La crisis es muy grave y se evidencia en: El déficit presupuestal y la inviabilidad de la construcción de la Sede Valmaría: El déficit presupuestal supera los $10.000 millones de pesos, debido a la ampliación desmedida de la cobertura y al recorte de las transferencias estatales, sumados a la mala administración del rector Óscar Ibarra, quien ha planteado la construcción de Valmaría como su proyecto fundamental. La construcción de Valmaría es inviable desde el punto de vista financiero y académico. La sede cuesta $550.000 millones de pesos, sin contar los gastos de funcionamiento. Igualmente, el Gobierno Nacional ha manifestado no hacerse cargo de la financiación del proyecto, requisito indispensable para garantizar la construcción y la calidad. De esta forma se descargará en los estudiantes y la comunidad universitaria los costos mediante el incremento de matrículas y la venta de servicios por parte de la Universidad, renglón que representa hoy el 48% del presupuesto. Ni siquiera se soluciona el problema con la venta de los predios de la universidad, incluido el IPN, pues la suma no alcanza a cubrir ni el 50% del costo del proyecto. Incremento sin presupuesto en la cobertura: La cobertura en los últimos cinco años se ha incrementado en un 60%, lo cual no fue equilibrado con el aumento del presupuesto del Estado. El desajuste se ve reflejado en las carencias de planta física, bibliotecas, docentes de tiempo completo, laboratorios, equipos audiovisuales, auditorios, computadores, restaurante. Imposición de reformas académicas regresivas: Bajo el apelativo de "Revolución educativa" se imponen medidas y reformas que restringen la autonomía universitaria con su constante intervención e inspección cuyo único fin es imponer contenidos y homogeneizar los saberes. Las reformas académicas recortan los contenidos de las carreras, desmejorando la calidad. Buscan amoldar el sistema educativo a un mercado laboral que no tiene ningún tipo de garantías para los profesionales, en especial los docentes. La intención de imponer el “trabajo autónomo” como el único método de aprendizaje les facilita a los TLC la desprofesionalización docente y la mano de obra barata, como lo requieren las multinacionales que se apropiarán de nuestro país. La falta de autonomía y democracia: Por su carácter antidemocrático y autoritario, esta administración se ha cerrado a todos los espacios de diálogo con la comunidad universitaria, negándose a dar cuentas de su gestión y tomando por costumbre en los últimos semestres el cierre arbitrario de la universidad, actuando por cuenta propia sin el consentimiento de docentes, estudiantes y trabajadores. En el primer semestre del 2009 impuso al representante estudiantil ante el Consejo Superior, quien no recoge las reivindicaciones del estudiantado, que en su mayoría voto en blanco. También ha aprobado un reglamento estudiantil policivo, el cual niega la posibilidad de cualquier tipo de discusión política e ignora las propuestas de los estudiantes, buscando así acallar las expresiones democráticas que batallan por una educación pública de calidad y por un país soberano y democrático. Esto no es ajeno a la situación del país. Asistimos a continuas violaciones de la soberanía nacional, desde la entrega de nuestros recursos hasta el alud de privatizaciones, y en las últimas semanas en el aberrante propósito del establecimiento de bases militares gringas en territorio colombiano. El acuerdo con Estados Unidos se está urdiendo a las escondidas en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia de la Corona española. Lo anterior solo muestra que estamos sujetos a otro Imperio, tan opresivo como lo fue en su época el español, pues de ninguna otra forma puede explicarse la implantación de fuerzas militares extranjeras en el país. Serán tropas que obedecerán al Pentágono y defenderán los intereses y la bandera de Estados Unidos por sobre los intereses de Colombia, en palabras más simples, los intereses del capital financiero y las trasnacionales sobre los de los colombianos.
La grave situación de la educación pública nos obliga como parte de quienes tenemos acceso a las universidades a pensarnos la educación superior mas allá de los supuestos mercantiles y utilitaristas. La práctica de la academia encierra muchas cosas más, y por ello debemos ser conscientes de la responsabilidad que como jóvenes, estudiantes, intelectuales y futuros docentes tenemos con la sociedad colombiana. Teniendo en cuenta lo expuesto, planteamos la necesidad de que en la coyuntura política y electoral que se aproxima, los sectores sociales tengamos una participación activa en busca de iniciar un proceso de transformación social que beneficie a la gran mayoría de colombianos que viven sumidos en la miseria. Por eso les extendemos la invitación a apoyar la propuesta de “Por un país decente, CARLOS GAVIRIA Presidente”. El maestro Gaviria es una persona consecuente con los principios de la izquierda democrática y recoge en su programa la reivindicación de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales del pueblo colombiano

Con la expulsión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende silenciar las denuncias contra la degradación académica de l

Pronunciamiento de la OCE RISARALDA.

Pereira, Julio de 2009.

En la reciente decisión de las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay evidentes intereses políticos.
Tras conocer el fallo, es bueno precisar que desde el mismo comienzo de este asunto se violó el derecho al debido proceso, con la manera arbitraria como fueron escogidos, a “dedo” entre una amplia multitud, los estudiantes vinculados a la investigación. Igual sucedió en el transcurso del pleito, el cual presenta múltiples vicios jurídicos como omitir la presencia de los sindicados en las diligencias en las que recibieron las declaraciones de los testigos, negando el derecho de los estudiantes acusados a contrainterrogar a quienes testificaban en su contra.
Algo similar ocurre con las declaraciones de funcionarios de la Universidad donde se observan contradicciones a la hora de cotejar sus versiones, dejando un manto de duda sobre la veracidad de ellas, lo cual debe resolverse en favor del acusado, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. En contraste, se omiten testimonios de empleados del servicio de seguridad de la universidad, quienes afirman haber visto a algunos de los estudiantes implicados procurando impedir que se cometieran desordenes. No es de menor importancia que la firma del fallo se diera sin la presencia del rector Luis Enrique Arango (principal impulsor del proceso), siendo proferido por el funcionario encargado de la rectoría, una semana antes de la fecha del mismo.
De tal manera que por los asuntos aquí expuestos y otros de mayor gravedad hallados en los expedientes de los procesos, está claro que el material probatorio no da para llegar a la conclusión que tomaron las directivas. El veredicto no se ciñe a las normas del derecho, por lo que se confirma una vez más lo que hace rato es un secreto a voces: la decisión de expulsar los estudiantes posee evidentes intereses políticos que pretenden dar escarmiento a quienes, a través de las vías democráticas, han denunciado la alcahueta política de privatización de la educación pública implementada por el rector de la UTP.
Es bien sabido que los estudiantes Fernando Viáfara Banguera y Pedro Fernando Cruz son miembros de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, misma que siempre, en todo momento y lugar, guardando consecuencia con sus principios programáticos, ha expresado su oposición al uso de artefactos explosivos, manifestaciones violentas o la intimidación a la integridad de las personas. Por ende rechazamos enfáticamente la expulsión de los compañeros.
Por último, instamos a la comunidad en general a rechazar la manera absolutista como el rector de la UTP viene cercenando los espacios democráticos en la institución, acudiendo para ello a formulas normativas que ajustan y manipulan a su amaño. No es gratuito que sectores que han optado por respaldar las luchas estudiantiles mediante mecanismos civiles y democráticos, hayan sido condenados por acciones que rechazan. Lo que busca la dirección universitaria es disponer de un chivo expiatorio que sirva para opacar la cada vez más inocultable política uribista que conlleva la degradación de la educación superior en Colombia.

Compañeros y Compañeras Estudiantes Bienvenidos a la Universidad Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Unal.

Bogotá, 29 de Julio de 2009

La Universidad Nacional es la universidad más importante del país, con más de 100 años de historia y trayectoria, había sido concebida como el instrumento de educación necesario, que ayudaría a la nación en sus primeros procesos de industrialización y de impulso a la producción nacional. Lastimosamente, las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez tienden a adecuarla a los requerimientos del mercado, y en consecuencia, se ha reducido ostensiblemente su calidad. Esta situación impone una responsabilidad en los nuevos estudiantes de la universidad, quienes tendrán que comprender las determinaciones implementadas, para derogarlas por medio de la lucha de masas democrática, organizando los Consejos Estudiantiles y empleándolos para transformar el actual modelo de universidad. En los acuerdos 033 de 2007 y 008 de 2008, se modifican los criterios para estructurar los programas académicos y el estatuto estudiantil. Con estos acuerdos se implementan los créditos académicos, con el propósito de recortar la duración de las carreras y se han sustraído del pregrado materias de profundización creando así un vacío que solo lo cubrirá el postgrado, bastante más costoso que el pregrado. Por si fuera poco ahora se somete a los estudiantes a un examen que supuestamente evalúa la calidad de la educación, este es el concitado “ECAES” cuyo objetivo es medir las competencias laborales, académicas y ciudadanas que deben tener los profesionales que están preparando las universidades, por tanto, si la universidad quiere tener buenos resultados en estos exámenes, debe ajustar sus currículos a las competencias señaladas en el Ministerio de Educación Nacional. Tal es el fondo de los Acuerdos 033 y 008, que bien podría resumirse en la siguiente frase del senador Jorge Robledo: "a un aparato productivo de pacotilla, una educación de pacotilla¨. Como el proyecto uribista renuncia a un país con el pleno desarrollo de su mercado interno, la educación se adecua a una nación que vive en la pobreza y en la miseria.
A este panorama hay que sumarle las medidas que adopta la universidad para saldar el déficit presupuestal producto del recorte que realiza el Gobierno Nacional.La universidad ha incrementado los recursos propios para cubrir los gastos con el aumento de las matrículas de pregrado, el pago de trámites ordinarios (constancias, certificados, etc.) y ha destinado la producción científica a favor de poderosos financiadores. Además el gobierno intenta responsabilizar a la Universidad del pasivo pensional, que según datos del CID, supera los 4 billones de pesos. A ello se suma que los docentes ocasionales llegaron en 2006 a un porcentaje histórico para la institución, el cual sigue su ritmo ascendente: 19,2% y producto del aumento de la cobertura, sin aumentar los recursos que el Estado debe girarle a las universidades públicas, la infraestructura física ya no es suficiente.
La universidad no es ajena a la vida nacional. A sólo un año de conmemorar el Bicentenario de la Independencia, nos encontramos con la instalación de 5 nuevas bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, con el beneplácito de Uribe Vélez, expresión fehaciente de la dominación e injerencia de dicha potencia en nuestro país, convirtiendo a Colombia en punta de lanza de sus pretensiones hegemónicas en la región y el mundo.
Todo este panorama implica que el país debe unirse para no reelegir al uribismo sin Uribe. Se hace necesario que los colombianos recuperemos la dignidad perdida y eso sólo se hará sobre la base de reconstruir una sociedad democrática y soberana, por tanto en el escenario nacional, resulta absolutamente acertada la propuesta liderada por el Dr. Carlos Gaviria Díaz, precandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, quien ha señalado la necesidad de luchar por un país decente.

Impunidad Asesinato del estudiante Johnny Silva a justicia internacional

El 22 de septiembre de 2005, Johnny Silva Aranguren, un estudiante de la Universidad del Valle hijo de un humilde carpintero caleño, fue asesinado de un disparo en la nuca durante una manifestación. Su único delito era ser estudiante y no poder correr lo mismo que sus compañeros para resguardarse de las balas que, desde la formación policial del Esmad, eran disparadas contra la multitud: había nacido con un defecto congénito en las piernas y, a sus 21 años, no podía haber participado en enfrentamiento alguno con los uniformados y, mucho menos, correr para salvar su vida.
Entraba la noche y, aprovechando un sospechoso corte de luz, los agentes del Esmad ingresaron al campus disparando y lanzando sus tanquetas contra los manifestantes que desde las dos de la tarde bloqueaban la avenida Pasoancho de la capital valluna, en una jornada de protesta contra el TLC. Johnny Silva recibió el disparo que le causó la muerte desde una distancia de 23,7m, según determinó el informe de Medicina Legal. Murió pocos minutos después, cuando otros estudiantes y profesores intentaban trasladarlo en una ambulancia a un hospital.
En septiembre del año pasado, el fiscal 41 de derechos humanos determinó la responsabilidad del Esmad en el asesinato del joven, demostrando que nunca se hizo requisa a los agentes para verificar que no portaran armas letales y que efectivamente estaban dentro de la universidad al momento de disparar contra Silva Aranguren, contrario a lo declarado por el entonces comandante de la Policía de Cali, el general (r) Jesús Antonio Gómez Méndez. El informe señalaba claramente la responsabilidad del Esmad, aunque no individualizaba al responsable del disparo, dado que nunca se realizaron pruebas forenses a los agentes involucrados.
Sin embargo, Carlos Adolfo Millán, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali y encargado de este caso, ante los recursos presentados por la Policía, decidió desestimar toda la argumentación de su colega de derechos humanos y argumentó que no era posible establecer la responsabilidad de los policías en el crimen, señalando que la bala asesina “no fue disparada (sic) por armas de fuego tipo revólver de dotación oficial de la Policía”. De esta mena, el fiscal Millán no sólo asume una posición contraria a la de su antecesor, sino que desestima las conclusiones de balística y del informe forense. Con esto, trata de sostener un supuesto montaje contra los uniformados en el que “participaron varias personas del interior y del exterior de la universidad”, dado que, supuestamente, “el Esmad se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes”.
Frente a esto, Wilman Silva, el humilde carpintero que esperaba que su hijo pudiera graduarse becado de la Universidad del Valle, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asuma el caso de Johnny, porque sabe que “la justicia colombiana no va a actuar”.

LA PRIVATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

OCE Guajira,

Riohacha, junio de 2009

Desde los años noventas, cuando se implanto el modelo neoliberal en Colombia, la universidad pública colombiana, al igual que el resto del sector de servicios del Estado colombiano, ha sido reformada y sometidas a un proceso de desfinanciación progresiva.
Esas reformas, como consta en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones "Estado Comunitario Desarrollo Para Todos" 2006-2010 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, niegan la financiación estatal y fomentan la asignación del presupuesto nacional condicionado a indicadores de gestión, se elimina la autonomía académica al establecer la estandarización de los programas. Afecta la decisión autónoma académica para establecer nuevos programas al reglamentar que se debe garantizar su autofinanciación y tener el visto bueno del Ministerio de Educación privilegiando lo económico sobre lo académico. Se flexibiliza la financiación de la Universidad Pública condenándola a un estado de incertidumbre en los aportes que el gobierno debe otorgarle por ley.
Como consecuencia de lo anterior, la estabilidad financiera de la Universidad de la Guajira, hoy se encuentra en un serio proceso de deterioro, ya que, los aportes de la Nación han registrado una drástica reducción al pasar del 72.3% en 1998 al 31.48% en el 2009, es decir, una reducción de mas de 40 puntos en 11 años, en tanto que, los ingresos propios pasaron del 7% en 1995 a 29.9% en 2009, y para ello, los derechos académicos y complementarios, que antes del 2007 eran el 10% del valor de las matriculas se incrementaron al 20% de las mismas, es decir, un aumento de un 100%.Igual sucedió con el valor de las inscripciones que ha aumentado en un 66% y las constancias y certificaciones que han tenido aumentos del orden del 260%.
Para gozar de un alto nivel científico y académico, es imprescindible contar con profesores que en un 80% sean de tiempo completo, bien remunerados y con condiciones laborales que permitan su dedicación al estudio, a la investigación y a la docencia. Pero, las cifras dicen que de 508 docentes que prestaban servicios en el 2008, solo el 16.8% figuraban vinculados a la planta de personal, en tanto, que los restantes tenían vinculación temporal, entre ocasionales y catedráticos y con un bajo registro en su nivel de formación, pues, sólo el 0.23% tenían doctorado y el 12.62% Maestría. En esas condiciones hablar de calidad en la universidad no deja ser una falacia.
La Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), pone a discusión del estudiantado guajiro: la conformación de una organización gremial, con un programa de lucha que recoja las banderas de la financiación estatal, adecuada y oportuna, que implique, el aumento del profesorado de tiempo completo, la adecuación y dotación, la inversión, la investigación y la ampliación de la cobertura e infraestructura; con una dirección colegiada democrática, elegida popularmente y un verdadero programa de bienestar estudiantil, con unos métodos de lucha democráticos y de masas, para la solución de las contradicciones políticas.

Carta abierta de la representación estudiantil al Consejo Superior: al rector de la Universidad de Caldas y a la mayoría del CSU

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Manizales, junio 11 de 2009

Doctor Ricardo Gómez Giraldo Señores Consejo Superior Universidad de Caldas

Asunto: Imposición de multa a la Universidad de Caldas, por desconocer los derechos de asociación y negociación sindical.

El 28 de mayo de 2009 mediante Resolución 165, suscrita por la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de la Protección Social, le fue impuesta una multa a la Universidad de Caldas, de 100 salarios mínimos mensuales, es decir, Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil pesos ($49.690.000), ante la negativa de las directivas del Alma Mater de sentarse a negociar un pliego de peticiones presentado desde el 29 de agosto de 2008 por la organización sindical, ASOFUNDE, que reúne a empleados y trabajadores oficiales de esta institución.
La imposición de la millonaria multa sumada a la petición hecha, por el Ministerio de la Protección Social, de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue al Rector de la Universidad, por un presunto acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, como lo describe el artículo 200 del código penal, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido y que sugiere una profunda reflexión al interior de la Universidad, sobre el respeto a principios fundamentales y básicos para la existencia de la democracia.
Como es sabido por ustedes, la Representación Estudiantil al Consejo Superior, votó de manera negativa los acuerdos, 07, 08, 09 de marzo 9 de 2008 y 18 del 9 de septiembre del mismo año, que dieron lugar a la “reestructuración” que implicó el despido de los celadores, trabajadores oficiales y la reclasificación de algunos como empleados públicos desconociéndoles sus derechos convencionales. En diversas oportunidades hemos hecho un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y a detener la persecución sindical sintetizada en la obsesión de desaparecer las organizaciones sindicales de los trabajadores y en promover la tercerización (léase privatización) de los servicios que dichos ciudadanos le prestan a la universidad. No podemos cohonestar entonces, ni estar de acuerdo, con las decisiones administrativas que se están tomando al interior de la Universidad, que afectan derechos fundamentales de personas y que cuentan con el respaldo de la mayoría del Consejo Superior.
Como lo ha establecido la Corte Constitucional el derecho de asociación sindical: “Debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política.”
A pesar de esta visión recogida en los pronunciamientos del más importante tribunal constitucional, me atrevo a afirmar que las decisiones administrativas al interior de la Universidad que desconocen derechos fundamentales y se niegan a aplicar la Ley, en vez de promover la democracia y los más altruistas valores para el avance social, contribuyen a la consolidación del modelo autoritario y de restricción de libertades democráticas que impera hoy en la sociedad colombiana. No son demócratas, ni merecen regir los destinos de un instituto de ciencia, como la Universidad de Caldas, quiénes se niegan a reconocer los más elementales derechos que nuestra carta política le concede a los trabajadores.
Ante el evidente incumplimiento de presupuestos democráticos, entre los cuales se encuentra también la decisión de la mayoría del Consejo Superior (En sesión del 24 abril, Acta No. 05 de 2009) de excluir a la comunidad universitaria de la elección del rector, a lo cual se opuso también esta Representación Estudiantil, no queda más que hacer un llamado a que se cumplan los mínimos para que no siga haciendo carrera al interior de los claustros universitarios el desconocimiento de derechos fundamentales reconocidos por mandatos superiores.
De igual manera solicito, basado en el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que ante el daño patrimonial que se causa a la Universidad con esta sanción, sean los funcionarios responsables los que finalmente terminen respondiendo por ello, tal como lo manda el artículo 90 de la Constitución Política y lo desarrolla la Ley antes mencionada. Como lo afirma el Ministerio de la Protección Social: “resulta innegable el hecho de que la abstención por parte de la Universidad de Caldas de dar inicio a etapa de negociaciones sobre el pliego de condiciones que previamente había extendido el sindicato ASOFUNDE a esta entidad, redundó en un atentado grave hacia los bienes jurídicos fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva”. (Resolución 165 de mayo 28 de 2009, página 12).
Según las autoridades administrativas del trabajo existen los presupuestos fácticos que enmarcan esta conducta, de los funcionarios responsables al interior de la Universidad, como una falta grave por: “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”(Ley 678 de 2001, artículo 6º, numeral 1), por lo que se hace necesario que el Representante Legal de la institución proceda a presentar la denominada acción de repetición, en aras de salvaguardar los escasos recursos públicos que hoy le gira el gobierno nacional a la Universidad de Caldas.
Atentamente,
Juan Carlos Martínez Botero Representante Estudiantil al Consejo Superior Universidad de Caldas

QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UIS

Oficina de Prensa,

Senador Jorge Enrique Robledo, 18 de junio de 2009

“La cancelación del semestre en la Universidad Industrial de Santander es una decisión profundamente antidemocrática que desconoce los más elementales derechos los estudiantes”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo.
La medida, adoptada arbitrariamente por el Consejo Académico de la Universidad, reprime las justas protestas del estudiantado contra las irregularidades que se han presentado en la Institución.
La decisión tiene el oscuro propósito de ocultar las gravísimas acusaciones de las que ha sido objeto el rector Jaime Alberto Camacho, escándalo que incluso ha llevado al gobernador de Santander, Horacio Serpa, a exigir su separación del cargo. Por estos hechos los estudiantes legítimamente exigen la renuncia del directivo.
“El derecho a la huelga y a la protesta está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y debe ser respetado por las directivas de la universidad”, concluyó el Senador del Polo Democrático Alternativo.
Robledo expresó su solidaridad a los estudiantes del la UIS y reiteró su preocupación por el recorte de garantías de quienes se oponen a las políticas del actual gobierno.

EL PROTECCIONISMO Y EL LIBRE CAMBIO EN LA HISTORIA DE COLOMBIA

Por: ALBERTO LUNA

Barranquilla, Junio 19 de 2009

Gran parte del siglo 19, estuvo marcado en Colombia por la lucha entre el proteccionismo y el libre cambio, controversias públicas, impresión de innumerables documentos sobre la materia, división de los partidos políticos y hasta la causa de guerras civiles, fueron algunos de los hechos en que se tradujo esta pugna. En el siglo pasado, a partir de la década de los años 80, se avivó esta batalla, ya desde otro marco histórico, cuando desde hacía más de una centuria, el alto desarrollo del capitalismo, originó los grandes monopolios transnacionales y con ello, el imperialismo. Estados Unidos aprovechando la derrota y desaparición de su principal enemigo de la época, la Unión Soviética, y ante el peligro de la pérdida de sus mercados, por la aparición de nuevas potencias económicas, lanzó una ofensiva por mantener su dominio mundial, imponiendo un nuevo modelo económico, el neo liberal, a través de nuevas estrategias, llamadas globalización de la economía o apertura económica.
Por eso, es de suma importancia, para el análisis histórico, la lectura del fragmento de una carta escrita desde Nueva York, por el General Francisco de Paula Santander (quien fue Vicepresidente de la Gran Colombia y después de su disolución, Presidente de la Nueva Granada, en el período 1832-1836), dirigida a su amigo y copartidario Vicente Azuero, el 19 de enero de 1832, donde defiende el proteccionismo, como el modelo adecuado para el desarrollo económico de la nación.
"La ley de aduanas es vital en el estado de penuria en que quedó el país. Por Dios, abandonen las teorías del comercio libre, quiero decir, de que todos los productos y manufacturas extranjeras deben ser introducidas sin restricciones, ni recargos de derechos. La práctica de todas las naciones maestras en comercio está en oposición a tales teorías. Aquí mismo se ventila hoy está gran cuestión. La mayor parte de los Estados de la Unión convienen, y con ellos hombres muy respetables como Webster, Clay, etc., 'que los artefactos y productos extranjeros que se puedan producir y fabricar en el país deben ser recargados de derechos para proteger los intereses nacionales', y a esto llaman National System. Entre mil razones alegan, la principal es una experiencia de cincuenta años, que ha sido ventajosa al país. Otros Estados sostienen lo contrario, libertad de comercio; pero es una minoría... Protejan, pues, nuestras miserables fábricas y artes, no excluyendo absolutamente, sino poniendo restricciones a los estatutos y productos extranjeros que nosotros también producimos, o podemos a poca costa producir".

Manifestaciones contra el TLC con la Unión Europea

Barranquilla, Junio 18 de 2009

El próximo viernes 19 de junio, a las 9:00 am, se convoca a una manifestación en oposición al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, frente a la sede donde se están realizando las negociaciones. La cita es en el frente a la sucursal del Banco BBVA situado en la calle 43 con carrera 45 esquina.

Invita: La Gran Coalición Democrática, Cut y Polo Democrático Alternativo.

El debate del TLC: La verdadera hecatombe

Helena Villamizar García-Herreros,

El Nuevo Siglo, Bogotá, junio 14 de 2009
El senador Jorge Enrique Robledo acaba de publicar el libro: “La verdadera Hecatombe. El debate del TLC permanece”. Si bien la aprobación de este Tratado por el momento se encuentra paralizada en Estados Unidos, existe un gran peligro en la proyectada firma de un Acuerdo con la Unión Europea a fines de 2009, el cual promete ser aún peor que el TLC con EU. Este libro, ameno y al mismo tiempo riguroso por sus conceptos teóricos y por la muy amplia documentación aportada, debería ser lectura obligada para todos los colombianos que deseen conocer el verdadero contenido de lo negociado. El autor desnuda la real dimensión de esta entrega de los intereses de Colombia basándose en los textos y en las reformas a este Tratado. Su lectura además devela como la grotesca caricaturización que ha hecho el gobierno y sus aliados a los opositores del TLC no corresponden a la realidad. Como aclara Robledo, las exportaciones y las relaciones con el exterior son necesarias y pueden ser constructivas, pero sobre bases de soberanía, dignidad y reciprocidad, de manera que el desarrollo contemple el avance del sistema productivo en función del fortalecimiento del mercado interno y de la superación de la miseria y la pobreza para todos y no sólo de una exclusiva minoría.
Este libro analiza paso a paso los profundos daños infligidos a Colombia en tantos y tan trascendentales campos de la vida nacional: la producción, el manejo y regulación de la economía, a financiación del desarrollo, la educación y la cultura, las telecomunicaciones, el medio ambiente, etc.
Lo negociado en agricultura fue una verdadera “masacre agropecuaria”, Se ignoraron las cuantiosas ayudas a la agricultura en EU, y en el más surrealista de los mundos se otorgó a ese país trato especial y diferenciado al aceptar que todo lo que concedamos a terceros países mediante tratados se otorgará automáticamente a su agricultura, pero esta regla no es recíproca para nuestra agricultura. En síntesis, en este sector, dice Robledo, Estados Unidos “renuncia a sembrar los productos tropicales que el clima le impide cosechar, mientras que Colombia se condena a no producir los bienes no tropicales que la naturaleza le permite sembrar”; es decir, abandona cualquier atisbo de seguridad alimentaria, uno de los fundamentos de la soberanía nacional. Se especializa en “productos postre”, cuyo mercado ni siquiera está garantizado en EU, pues tiene que competir con el resto del mundo.
En la industria, los resultados fueron igualmente lamentables. Basta señalar que el TLC en la práctica sepulta la Comunidad Andina, al pulverizar el arancel externo común. Un estudio realizado por el BID señala los grandes riesgos de pérdidas de comercio intrandino y de las correspondientes exportaciones de Colombia a esos destinos, las cuales son en su inmensa mayoría bienes manufacturados de mayor valor agregado que el de las materias primas y petróleo con destino a Estados Unidos; estas últimas revelan una especialización del atraso productivo que el TLC fortalece.
En materia de propiedad intelectual el descalabro para Colombia no tuvo límites. “Si hubiera que escoger un solo aspecto para demostrar lo indeseable del TLC, serviría más que de sobra el capítulo del campo de los medicamentos”, dice Robledo. Según estudio de la OMS-OPS, el aumento de los precios de medicamentos puede llegar a US$ 940 millones anuales, lo que significa enfermedad y muerte para millones de colombianos, los más pobres, y mayores costos para la salud pública. El atentado en propiedad intelectual abarca igualmente la biodiversidad, las industrias química, agroquímica, electrónica, las telecomunicaciones, la genética, la de nuevos materiales, en fin el desarrollo de todas las industrias será afectado por las prohibiciones a la competencia, bajo todo un manto legal, que no pudieron imponernos en la OMC pero que dócilmente fue aceptado por el gobierno en contra de los colombianos.
Lo concedido a la inversión extranjera tiene particular gravedad para el futuro de Colombia y sus posibilidades de progreso. No sólo se prohíbe imponer condiciones a los inversionistas extranjeros como por ejemplo, generación de empleo o de exportaciones, sino que la cláusula de “expropiación e indemnización” y la figura de expropiación indirecta atentan contra las posibilidades de legislar y reglamentar la economía y todos los terrenos de la vida nacional, pues si éstas afectan las ganancias de dichos inversionistas, ellos podrán reclamar indemnización del Estado colombiano. Tamaño atropello a la soberanía, cuyas cláusulas, advierte el autor, no cabe duda serán utilizadas, como ilustran las experiencias de México y Canadá en el Nafta, quienes tuvieron que pagar indemnizaciones a transnacionales por intentar medidas de protección del medio ambiente, y como revela la amenaza de AFIDRO, gremio de las transnacionales farmacéuticas extranjeras, ante una borrador de reglamentación sobre controles a los precios de los medicamentos en Colombia.
Ni siquiera para prevenir y enfrentar las crisis el TLC le dejó instrumentos a Colombia; ni para protegerse de los capitales especulativos cuya dimensión es colosal, ni para aplicar remedios o medidas cautelares, pues este tratado prohíbe los controles a los capitales supuestamente a más de un año, pero si se leen los anexos, ni siquiera los permite en este breve plazo. Tampoco el TLC contiene la cláusula de Salvaguardia de Balanza de Pagos con la que Colombia se protege en otros tratados ante dificultades externas, permitiéndole ahorrar divisas y utilizarlas en usos prioritarios. Solo le queda el camino del ajuste mediante reducción del consumo nacional para disminuir las importaciones, a través de medidas recesivas y reducción de los salarios. ¡Increíbles concesiones frente a los descalabros financieros y las imperfecciones de estos mercados que hoy resultan inequívocas para el mundo entero, pero que igualmente eran suficientemente conocidas desde hace muchos años por la academia y las numerosas experiencias de crisis!
Estos y muchos otros temas de enorme trascendencia para los colombianos son analizados por Robledo en su valioso e importante libro cuya lectura recomiendo especialmente.
Y como no pueden desmentir estas y muchas otras sólidas verdades del senador Robledo con argumentos, han optado por el camino de la infame calumnia.

A propósito de la viabilidad del sistema Megabus

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.

Pereira, junio de 2009.

Luego de la audiencia pública sobre el transporte masivo en la ciudad de Pereira, la preocupación de las Contralorías General, Departamental y Municipales de Pereira y Dosquebradas, por la viabilidad del Megabus, ratificó lo que habían advertido varios habitantes y agremiaciones de la ciudad antes que este se implementara: “la inviabilidad del mega proyecto”. Quedó así demostrado una vez más que a febrero de 2009 apenas movilizó 117.000 pasajeros, cifra muy lejana a la meta de cubrir el 45% de la demanda del transporte público proyectada a este periodo del año.
Según el informe de los contralores, las metas no se han cumplido debido a que el área metropolitana de centro de Occidente no ha culminado el reordenamiento total de rutas y se ha incrementado el transporte colectivo informal y de rutas piratas, con el riesgo de desfinanciación del mismo por la competencia entre una y otra modalidad.
Lo anterior es preocupante si se tiene en cuenta que las medidas del área metropolitana siempre han conducido a favorecer al Megabus sin importarle el perjuicio causado a los usuarios del transporte público y las distintas empresas de busetas que agremian una cantidad significativa de trabajadores y pequeños propietarios. Fue así como las firmas que operan el transporte masivo incrementaron el valor del pasaje a 1.300 pesos sin haber cumplido los compromisos pactados para construir el intercambiador de Dosquebradas y el mantenimiento de las vías por donde circula su parque automotor.
No obstante, el DANE (junio de 2009) reveló que en el primer trimestre del año el número de pasajeros reportado por las empresas transportadoras descendió 2,8%, en las ocho áreas metropolitanas y quince ciudades principales del país, mientras el Megabus pasó de transportar en 2008 el 23,30% a 25,1% en 2009. Estos datos indican que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el área metropolitana para acapararle mayores usuarios al Megabus, lo único que ha logrado es que más personas deban optar por el transporte colectivo informal, la moto, caminar o simplemente salir menos.
Omite el informe de las Contralorías que el motivo de la inviabilidad del sistema para no alcanzar las proyecciones en el número de pasajeros tenga relación con el modelo económico implementado en la región, mismo que tiene al mundo en crisis. Así es en Risaralda donde los comentarios de “bonanza cafetera” contrastan con la inexistencia del grano; donde las halagos “de ciudad comercial” distan de la realidad de las familias de pequeños comerciantes, como los del sector de Cuba desplazados por la construcción del intercambiador; donde al grueso de centros comerciales se contrapone la reducción en las remesas y todo esto, junto con otros elementos de la crisis, lleva a que Pereira alcance cifras de desempleo del 19,7% disminuyendo la capacidad adquisitiva de la población, asuntos que, sumados a los cálculos infundados para instaurar el transporte masivo, terminan por exponer una vez más la inviabilidad del Megabus.
Ya en el caso de la Universidad Tecnológica, no es un secreto a voces que más del 50% de la población estudiantil se acueste y levante pensando –antes que lo académico– en cómo resolver su problema económico para asistir a la institución. Llama la atención que por estos días ondeara una pancarta de dudoso auspicio en las afueras de la Facultad de Medicina reclamando al señor alcalde una ruta alimentadora hacia la UTP; cuando lo que pide el estudiantado es que el Megabus cumpla con las tarifas especiales que prometió en sus inicios para estudiantes y ancianos, al tiempo que se exige al área metropolitana que no quite la rutas tradicionales a la Universidad, como intentó hacerlo el año anterior, decisión que tuvo que echar atrás gracias a la movilización masiva y civil adelantada por un amplio sector de la comunidad de Dosquebradas. Todos estos quebrantos son evidencia crónica de una inviabilidad anunciada. Y es así los dirigentes departamentales pretenden solucionarla haciendo recaer los padecimientos sobre los usuarios y no en sus creadores o gestores.

A PROPÓSITO DEL DIA DEL ESTUDIANTE: ¡ES NECESARIA LA ORGANIZACIÓN GREMIAL!

Organización Colombiana de Estudiantes OCE.

Cali, junio 8 de 2009

El 8 de junio de 1929, durante una manifestación estudiantil en Bogotá, fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo, hecho que marcó esta fecha como el Día del Estudiante. 25 años después –1954–, durante una marcha de conmemoración, es asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez, provocando que al día siguiente, 9 de junio, invadiera las calles de Bogotá una gran movilización pacifica de estudiantes de secundaria y universidades. Al aproximarse la marcha al palacio presidencial, fue nuevamente reprimida por el ejército, que abrió fuego contra la multitud segando la vida de once estudiantes más. Desde entonces, el Día del estudiante se convirtió en dos, que traen a la memoria algunas de las acciones más brutales de la fuerza pública en medio de la antidemocracia colombiana.
La conmemoración de este día ha pasado en la historia por diferentes momentos, y en más de 50 años el movimiento estudiantil ha tenido auges importantes. A principios de los años setentas se da el más grande e importante movimiento estudiantil, principalmente universitario, por la autonomía y la democracia, posible gracias a la organización y la coordinación nacional del estudiantado. Hubo asimismo movilizaciones destacadas en los ochentas. Los últimos movimientos de trascendencia nacional fueron la resistencia contra los recortes a las transferencias (dinero con el que se financian la educación, la salud y el saneamiento), el primero en 2001 y el más reciente en 2007; y los movimientos secundaristas que libraron grandes batallas en defensa de la educación pública. Es precisamente en 2007, por la situación y el carácter organizado del movimiento, cuando se produce en Cali la última movilización destacada en el Día del Estudiante, que contó con más de cinco mil marchantes.
Hoy se hace necesario aunar esfuerzos en la organización y movilización contra las políticas neoliberales del régimen uribista que con su “Revolución educativa” ha llevado a la educación básica y media a un estado indignante de pobreza: hacinamiento, plantas físicas obsoletas, carencia de dotación básica (laboratorios, libros, salas de sistemas), falta de bienestar estudiantil y restaurantes escolares además de matrículas costosas, resultando un modelo educativo perfecto para la “confianza inversionista”: estudiantes con pocos conocimientos y mano de obra barata, primer atractivo para las multinacionales. No por nada las decisiones importantes sobre educación se toman basadas en los dictámenes de organismos imperiales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo evidencia el reciente decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional, que en su artículo 1º contempla la obligatoriedad en las pruebas internacionales y las pruebas del ICFES y establece la uniformidad curricular, por cuanto adecua el currículo a las imposiciones de estas pruebas, imprimiendo en la educación la política del “libre comercio”, ya que son estos organismos internacionales los que fijan sus parámetros, pasando por encima de la soberanía nacional y la autonomía escolar.
Y en la educación superior, la arremetida no es muy diferente. Tanto el incumplimiento del gobierno de sus responsabilidades económicas con la universidad pública, como la exigencia de ampliar la cobertura sin aumentar los recursos, e incluso reduciéndolos, han llevado a algunas instituciones a crisis financieras agudas, obligándolas a la penosa necesidad de autofinanciarse con aumento de matrículas, prestación de servicios, privatización de áreas, principalmente, además de la pretensión de adecuar los currículos de las carreras a las pruebas de ECAES, con sus ya conocidos estándares antinacionales.
El panorama nos exige la organización gremial del estudiantado: la creación de los consejos estudiantiles elegidos democráticamente, herramienta efectiva de representación estudiantil y dirigente de sus luchas, además de la unidad y la movilización de carácter nacional. Solo así estaremos prestos a librar nuestra patriótica batalla por una educación pública financiada adecuadamente por el Estado, democrática y al servicio de los intereses del pueblo y la nación colombiana. Este será el mejor homenaje a los mártires del movimiento estudiantil colombiano.