Carta abierta de la representación estudiantil al Consejo Superior: al rector de la Universidad de Caldas y a la mayoría del CSU

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Manizales, junio 11 de 2009

Doctor Ricardo Gómez Giraldo Señores Consejo Superior Universidad de Caldas

Asunto: Imposición de multa a la Universidad de Caldas, por desconocer los derechos de asociación y negociación sindical.

El 28 de mayo de 2009 mediante Resolución 165, suscrita por la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de la Protección Social, le fue impuesta una multa a la Universidad de Caldas, de 100 salarios mínimos mensuales, es decir, Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil pesos ($49.690.000), ante la negativa de las directivas del Alma Mater de sentarse a negociar un pliego de peticiones presentado desde el 29 de agosto de 2008 por la organización sindical, ASOFUNDE, que reúne a empleados y trabajadores oficiales de esta institución.
La imposición de la millonaria multa sumada a la petición hecha, por el Ministerio de la Protección Social, de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue al Rector de la Universidad, por un presunto acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, como lo describe el artículo 200 del código penal, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido y que sugiere una profunda reflexión al interior de la Universidad, sobre el respeto a principios fundamentales y básicos para la existencia de la democracia.
Como es sabido por ustedes, la Representación Estudiantil al Consejo Superior, votó de manera negativa los acuerdos, 07, 08, 09 de marzo 9 de 2008 y 18 del 9 de septiembre del mismo año, que dieron lugar a la “reestructuración” que implicó el despido de los celadores, trabajadores oficiales y la reclasificación de algunos como empleados públicos desconociéndoles sus derechos convencionales. En diversas oportunidades hemos hecho un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y a detener la persecución sindical sintetizada en la obsesión de desaparecer las organizaciones sindicales de los trabajadores y en promover la tercerización (léase privatización) de los servicios que dichos ciudadanos le prestan a la universidad. No podemos cohonestar entonces, ni estar de acuerdo, con las decisiones administrativas que se están tomando al interior de la Universidad, que afectan derechos fundamentales de personas y que cuentan con el respaldo de la mayoría del Consejo Superior.
Como lo ha establecido la Corte Constitucional el derecho de asociación sindical: “Debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política.”
A pesar de esta visión recogida en los pronunciamientos del más importante tribunal constitucional, me atrevo a afirmar que las decisiones administrativas al interior de la Universidad que desconocen derechos fundamentales y se niegan a aplicar la Ley, en vez de promover la democracia y los más altruistas valores para el avance social, contribuyen a la consolidación del modelo autoritario y de restricción de libertades democráticas que impera hoy en la sociedad colombiana. No son demócratas, ni merecen regir los destinos de un instituto de ciencia, como la Universidad de Caldas, quiénes se niegan a reconocer los más elementales derechos que nuestra carta política le concede a los trabajadores.
Ante el evidente incumplimiento de presupuestos democráticos, entre los cuales se encuentra también la decisión de la mayoría del Consejo Superior (En sesión del 24 abril, Acta No. 05 de 2009) de excluir a la comunidad universitaria de la elección del rector, a lo cual se opuso también esta Representación Estudiantil, no queda más que hacer un llamado a que se cumplan los mínimos para que no siga haciendo carrera al interior de los claustros universitarios el desconocimiento de derechos fundamentales reconocidos por mandatos superiores.
De igual manera solicito, basado en el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que ante el daño patrimonial que se causa a la Universidad con esta sanción, sean los funcionarios responsables los que finalmente terminen respondiendo por ello, tal como lo manda el artículo 90 de la Constitución Política y lo desarrolla la Ley antes mencionada. Como lo afirma el Ministerio de la Protección Social: “resulta innegable el hecho de que la abstención por parte de la Universidad de Caldas de dar inicio a etapa de negociaciones sobre el pliego de condiciones que previamente había extendido el sindicato ASOFUNDE a esta entidad, redundó en un atentado grave hacia los bienes jurídicos fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva”. (Resolución 165 de mayo 28 de 2009, página 12).
Según las autoridades administrativas del trabajo existen los presupuestos fácticos que enmarcan esta conducta, de los funcionarios responsables al interior de la Universidad, como una falta grave por: “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”(Ley 678 de 2001, artículo 6º, numeral 1), por lo que se hace necesario que el Representante Legal de la institución proceda a presentar la denominada acción de repetición, en aras de salvaguardar los escasos recursos públicos que hoy le gira el gobierno nacional a la Universidad de Caldas.
Atentamente,
Juan Carlos Martínez Botero Representante Estudiantil al Consejo Superior Universidad de Caldas