Conclusiones y Declaración Política del Encuentro Nacional de emergencia de Estudiantes Universitarios

Bogotá, 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2009
El encuentro nacional de emergencia conto con la participación activa de 27 universidades públicas y 4 privadas de país. Las deliberaciones y reflexiones se desarrollaron en función del siguiente orden del día:  Exposición de la crisis financiera de la educación pública superior, a cargo de los profesores universitarios:  Pedro Hernández.  Catalina Toro.  Informes por universidad:  Caracterización de la crisis universitaria  Organización  Perspectivas del movimiento estudiantil FRENTE A LOS ELEMENTOS DE DEBATE Y CONCLUSION DE LA CARACTERIZACION  Se resalta la necesidad de la labor pedagógica, de comunicación y elaboración política frente a la crisis de la universidad, en aras de elevar el nivel político del estudiantado colombiano y de fortalecer los niveles de movilización y organización del mismo.
 Se priorizara en el primer trimestre del 2010, el desarrollo de encuentros regionales y por universidad, que den cuenta de la problemática particular de cada estamento y se elaboren insumos alrededor de tres mesas de trabajo de carácter amplio con los siguientes componentes:
 El componente Financiero hacia la construcción de programa y pliego  Reforma universitaria / modelo pedagógico  Libertades democráticas: democracia, autonomía, crisis humanitaria. • Se desarrollaran tres campañas nacionales que visibilizaran la problemática nacional por la que atraviesan las universidades y el papel que viene jugando las políticas neoliberales y de seguridad democrática impulsadas por el gobierno de AUV. Estas dos campañas tendrán como fundamento la afectación de las políticas neoliberales, la política de seguridad democrática de AUV, confianza inversionista, el presupuesto para el pago de la deuda externa Vs presupuesto para la educación entre otros. El compromiso es hacer llegar un documento de presentación e imagen de la campaña nacional adjunto a las conclusiones y declaración final del encuentro.  Las campañas son:  Presupuesto para la guerra Vs presupuesto para la educación pública.  Reelección Vs privatización  Neoliberalismo y Seguridad Democrática Vs existencia de la educación pública (ENVIAR PROPUESTAS SOBRE SU DESARROLLO HASTA EL 4 DE DICIEMBRE)
DE LA ORGANIZACIÓN  Es prioritario impulsar los procesos de organización estudiantil al interior de la universidad dependiendo de sus particularidades, y retomar aquellos espacios de coordinación y/o articulación que impulsen la construcción unitaria tanto de los escenarios de movilización regional y nacional, como de encuentros regionales o locales conjuntamente con las universidades públicas y privadas.
 Se impulsara y fortalecerá las diferentes formas organizativas estudiantiles, como lo son: mesas de trabajo, comités de impulso, consejos estudiantiles, coordinadoras, entre otros; lo importante es que cada universidad en el marco de los encuentros regionales puedan darle forma y aportar en el la construcción de los mismos.
 Se construirá un Movimiento en Defensa de la Educación Pública a nivel Nacional, junto con el movimiento estudiantil secundarista que contará con la participación activa de los sectores sociales y populares y buscará su articulación en las diferentes luchas nacionales. Este Frente Común, deberá tener su escenario regional y/o departamental donde se recojan los sectores antes mencionados y con agendas de movilización en particular. (ENVIAR PROPUESTAS AL RESPECTO HASTA EL 4 DE DICIEMBRE)
 Se desarrollaran encuentros regionales que perfilen los aportes desde lo organizativo, de movilización y pliego nacional que se construirá en el encuentro nacional y foro nacional de los estudiantes universitarios.
 El Encuentro Nacional de los Estudiantes Universitarios, se desarrollará en la universidad del Atlántico en el mes de Abril de 2010. Este será el espacio donde se entreguen los insumos de las regiones para la construcción de programa y pliego nacionales que aporten a la preparación del paro nacional universitario. Sin perjuicio que se realice un Encuentro Nacional de Emergencia antes de Abril.
 Se construyó una mesa nacional interuniversitaria de comunicaciones que tiene como propósito elevar los niveles de comunicación entre las universidades, la creación de un block informativo, la creación de un órgano de comunicación estudiantil impreso nacional.
DE LA MOVILIZACION
 Es necesario que el estudiantado universitario colombiano salga a la calle e impida la concreción del modelo de la universidad para el trabajo y al servicio del mercado, impuesta por el gobierno nacional, a través de la mercantilización, la falta de democracia universitaria y la violación de los derechos humanos, donde el proceso de movilización nacional y regional debe ser constante en proyección hacia el mes de mayo que se enmarca en la jornada de movilización nacional.
 Cada universidad deberá proyectar sus propias jornadas de movilización desde lo regional que corresponderán a las dinámicas propias y el estado del movimiento en cada campus.
 Jornada nacional de movilización para este periodo es:
 Noviembre 4, Jornada nacional de protesta contra el pacto de concurrencias.  Noviembre 5, Movilización nacional en el marco de la reunión del SUE.  Noviembre 6, Jornada de movilización nacional e internacional contra Uribe, las bases militares y sus políticas neoliberales.
Lo demás estará recogido en la declaración final y el pliego nacional, menciono los elementos centrales de rechazo y exigibilidad que se mencionaron allí. 1. Pedir la renuncia de la ministra de educación 2. Rechazo a las bases militares gringas. 3. Rechazo a los TLCs 4. No al tercer periodo de AUV 5. Congelación de las matriculas. 6. Rechazo al pacto de concurrencias 7. Incremento del presupuesto para la educación superior. 8. Rechazo a la militarización de la universidad, y por la defensa de las libertades democráticas y la autonomía universitaria. 9. Exigir la aplicación de artículo 86 de la ley 30. 10. Por la unidad, organización y movilización del movimiento estudiantil colombiano.
EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, VAMOS POR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL COLOMBIANO
DECLARACIÓN POLÍTICA DEL ENCUENTRO ESTUDIANTIL DEL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DE 2009
La denominada Revolución Educativa, del gobierno de Uribe Vélez, ha sumido a la universidad pública colombiana en la peor situación de su historia. Los cálculos más conservadores indican que la deuda del Estado con la universidad alcanza los $600.000 millones, e incluso, el Contralor General de la República, afirmó que, las transferencias del Gobierno a las Universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones. Es un hecho que la crisis presupuestal tiende a aumentarse por proyectos como la concurrencia para el pago del pasivo pensional y la anunciada reforma al artículo 86 de la ley 30 de 1992.
Los aparentes incrementos aprobados por el Congreso de la República constituirán una herramienta del gobierno para condicionar y supeditar las transferencias económicas a cambio de reformas académicas, administrativas y financieras en las universidades que permita alcanzar las metas de cobertura que requiere la campaña de la tercera reelección. La causa de la crisis responde a una crisis de impacto estructural al conjunto del Sistema Universitario Estatal.
Paralelo al recorte presupuestal la educación se ha pauperizado en concordancia con el rol que juega Colombia en la globalización neoliberal, sistema de producción internacional que ha incrementado la pobreza, la miseria y la desigualdad a nivel mundial. Ya que nuestro país es adalid en la aplicación de esta política, como lo prueba los tratados de libre comercio que impulsa el gobierno, se han adelantado reformas de orden legal que tienden a modificar la función de la educación en Colombia. Esta es la razón por la cual se ha impuesto el examen de ECAES, las competencias académicas, administrativas y ciudadanas en los contenidos de los programas universitarios, la flexibilización curricular y la reducción de la duración de las carreras.
Toda la ofensiva que agencia Uribe Vélez contra la universidad pública se ha realizado vulnerado de manera sistemática y generalizada las libertades y los derechos democráticos de la población universitaria. Los derechos a la movilización, la protesta, a la huelga, a la asociación han sido ampliamente reprimidos, e incluso desde el gobierno, se ejerce una campaña de desprestigio contra la protesta universitaria que tiene como finalidad militarizar la vida universitaria. Típico comportamiento en los tiempos de la seguridad democrática.
Aun cuando la situación es crítica el panorama tiende a agravarse. El primer factor que influirá en ello es la eventual reelección del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ya que este ha sido el principal causante de la quiebra económica de las universidades, de la degradación de la calidad de la educación, del desmonte del sistema de bienestar universitario, del recorte de las libertades y los derechos democráticos y del cercenamiento de la autonomía y la libertad de cátedra. En definitiva, ha sido un sumiso ejecutor de las órdenes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Un nuevo período de estas características, con Uribe Vélez o sin él, significaría la total privatización y liquidación de las universidades públicas en Colombia.
El entorno internacional que influye sobre nuestro país tampoco es un aliciente para la actual situación universitaria. El uso de la infraestructura militar y comercial colombiana, área y naval, por parte de los Estados Unidos constituye una prueba adicional de la entrega de la soberanía nacional que ha realizado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y constituye una afrenta al conjunto de países latinoamericanos que se han opuesto, de una u otra forma, a las determinaciones de Washington en el continente.
Poco a poco se corrobora, como ocurrió en las jornadas del mes de octubre, que la única alternativa que tenemos los universitarios para enfrentar esta política es la lucha de masas democrática. Para ello impulsemos un gran movimiento nacional que unifique a estudiantes, trabajadores, profesores y en general a todos los sectores democráticos y patrióticos en la defensa de la educación superior pública en Colombia. Sólo una gran unidad entorno a la protección y defensa de la universidad salvará la embestida uribista. Emprendamos un gran movimiento nacional en defensa de la educación superior pública.
VAMOS TODOS A DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA,

Posición de la Representación Estudiantil al Consejo Académico de la Universidad Nacional sobre el Plan Global de Desarrollo

Sergio David Fernández Granados. Representante Estudiantil Consejo Académico UN. Bogotá, 26 de Noviembre de 2009.
La siguiente es en suma la posición expresada por la representación estudiantil ante el Consejo Académico en la sesión del 13 de noviembre del presente año, respecto al documento de Plan Global de Desarrollo 2010 – 20120 “POR UNA UNIVERSIDAD DE EXCELENCIA, INVESTIGADORA, INNOVADORA Y A LA VANGUARDIA DEL PAÍS” documento que hace trámite para ser aprobado en el CSU.
La Representación Estudiantil ante el Consejo Académico se distancia de la postura asumida por el Rector Moisés Wasserman quien señaló, en primer lugar que las conclusiones de claustros y colegiaturas habían sido tenidas en cuenta para la construcción del Plan Global de Desarrollo (PGD), y en segundo lugar por pretender que de la colegiatura intersedes debería salir una propuesta de documento de PGD con el detalle técnico que solo puede surgir del acompañamiento y la construcción colectiva entre la comunidad universitaria y la administración. No se puede pedir un documento que exceda sustancialmente el carácter del espacio de claustros y colegiaturas, una exigencia de estas solo sería sensata si hubiese un acompañamiento efectivo por parte de la administración a las propuestas surgidas de parte de los estudiantes y los profesores y una construcción colectiva al interior de la universidad, idea que dicho sea de paso es recogida por el documento producto los claustros y colegiaturas.
La Representación Estudiantil observa con preocupación la desidia en el trato con respecto a las conclusiones producto de los claustros y las colegiaturas, en primer lugar el Plan global de desarrollo no aborda con suficiencia la discusión con respecto a la autonomía universitaria, la relación democracia – Gobierno universitario y la participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones que afectan el desarrollo de la Universidad, aspectos que si bien no se deciden en un Plan Global de Desarrollo sino en un Estatuto General, no obstante pueden abordarse en la práctica con voluntad política de escuchar y asumir las discusiones y las decisiones colectivas de manera vinculante.
Quiero referirme sobre tres aspectos básicamente 1 En primer lugar expresaré la preocupación de la representación estudiantil respecto al enfoque del PGD.
2 En un segundo momento expresaré nuestras dudas respecto a los asuntos de bienestar y respecto a asuntos puntuales dentro del plan.
3 En tercer lugar me referiré a las conclusiones del encuentro intersedes basándome en los documentos que recogieron la posición de claustros y colegiaturas de cara al plan global de desarrollo.
Es claro que el PGD está orientado por un lado al crecimiento del posgrado, hecho que innegablemente ha conducido al desmejoramiento en la calidad del pregrado, en tanto el crecimiento del posgrado no ha significado un crecimiento de los ingresos y la capacidad instalada de la UN y por otro lado se orienta a aumentar los proyectos de investigación y extensión con un agravante que no puede pasarse por alto, me refiero al hecho de que la universidad no ha establecido aun una estrategia clara que defina las líneas de investigación que se van a privilegiar, no se ha definido una estrategia que defina el quehacer de la investigación y la extensión sobre la base de criterios que respeten y desarrollen la misión de la universidad y que propendan al desarrollo del conocimiento con compromiso científico y social, por tanto observamos con reparos sustanciales el eje de investigación-extensión que proyecta el Plan Global de Desarrollo, asimismo nos preocupa en suma la concepción de la labor de extensión de la universidad, que dicho sea de paso ha venido siendo financiada en gran medida por el Ministerio de Agricultura, la preocupación que nos asiste no es infundada, parte fundamentalmente de dos hechos visiblemente manifiestos, en primer lugar parte del llamado “análisis estratégico” que el Plan Global de Desarrollo hace de la situación externa e interna, análisis en que se sitúa la economía nacional en la periferia rezagada cuyo papel se desplaza al sector primario del aparato productivo, y en segundo lugar nuestra preocupación se sustenta en el hecho de que para la representación estudiantil es clara la intención del Gobierno Nacional por primarizar el aparato productivo colombiano, hecho que sin duda merma la investigación científica de avanzada y la liga a un modelo excluyente que privilegia la concentración de recursos –por ejemplo el llamado modelo malayo en el agro-. De manera que nuestra intención es mostrar la preocupación respecto a la ausencia de derroteros claros para la investigación y la extensión en la UN, ausencia de lineamientos y estrategias que en efecto son admitidas de manera expresa en el texto del Plan Global de Desarrollo.
Otro aspecto que observamos con preocupación es la precariedad de los programas de bienestar y la falta de claridad respecto a éste punto en el PGD, pues compartimos la preocupación de los representantes estudiantiles de bienestar en cuanto a que el bienestar universitario unificado del que habla el PGD, no es ni pretender ser concebido desde las órbitas universitaria ni unificada por cuanto se basa más bien en acuerdos concretos sobre temas puntuales lo que limita su carácter de unificado, pero además no se puede llamar universitario por cuanto es pensado de manera que se establecen líneas divisorias entre el bienestar para trabajadores estudiantes y profesores, concibiéndolos individualmente en su tratamiento y nivel de garantías efectivas de bienestar, creando abismos entre un estamento y el otro. Por último refiriéndome a las políticas de bienestar nos parece inaceptable que se asuman posiciones ambiguas frente al presupuesto de la Universidad, pues por un lado la administración reclama más recursos so pretexto de que la Ley 30 de 1992 no tuvo en cuenta aspectos como el aumento de la cobertura y el aumento de los puntos salariales para asignar los recursos de las Universidades públicas, pero por otro lado la administración se jacta de asignar para bienestar más recursos de los que la normatividad existente define –acuerdo 03 de del CESU, Ley 30 de 1992 y acuerdo 011 de 2003 Estatuto General- aun cuando en la práctica queda demostrado que son insuficientes para cubrir las necesidades de la comunidad universitaria, no es un secreto que las normas que asignan los recursos para bienestar tampoco tienen en cuenta los cambios sociales del componente estudiantil en la UN, el alto porcentaje de rezago y deserción y en general las dificultades de tipo socioeconómico y psicosocial de los estudiantes de la UN.
Asimismo consideramos y atendiendo a la solicitud que hace el señor rector de referirnos a los aspectos meramente “técnicos” sentimos que existe poca claridad respecto a algunos programas en lo referente a sus objetivos, desarrollo, metas e indicadores, por citar un ejemplo obsérvese el caso del programa 5.4 de comunicación e interacción con la ciudadanía y los vecinos perteneciente a la línea 5 de Comunicación con la sociedad. Finalmente es claro para la Representación Estudiantil que el PGD no puede ser concebido como un documento meramente técnico como lo manifiesta el rector, pues es claro que todo documento de planeación de éste tipo es producto de la discusión política, y obedece a orientaciones políticas que se traducen en lo concreto en los programas y proyectos que se definen.
Por último la Representación Estudiantil procedió a exponer las conclusiones de los claustros y colegiaturas, que como se ha dicho en suma no fueron tenidas en Cuenta.
Finalmente no sobra decir que el concepto de la Representante Estudiantil ante el Consejo Académico por pregrado y por posgrado fue negativo con respecto al PGD y a la aprobación del programa SIMEGE.

¡Que viva la lucha estudiantil!

Julián Andrés Ríos Salazar.

Coordinador OCE Quindío. Armenia, noviembre de 2009
Los gobiernos colombianos, pero con mayor énfasis el de Uribe, han tenido como uno de sus objetivos apartar a la juventud universitaria del movimiento estudiantil y debilitar el carácter democrático de su organización. Pero no se atreven a pregonarlo abiertamente, porque saben que de hacerlo, la juventud universitaria los rechazaría. Por eso no se acercan a la juventud como miembros de un sector político, sino como personas de muy buena fe que simpatizan con los jóvenes. Intentan ganarse la confianza de la juventud aprovechándose de su credulidad. No dicen francamente que el movimiento estudiantil es malo, pero sí dicen: “Compañeros, ustedes todavía son jóvenes para que se ocupen de política y movimientos estudiantiles infiltrados por personas extrañas. Primero hay que aprender, adquirir conocimientos, y solo entonces podrán meterse conscientemente a un partido u otra organización. No permitan que nadie influya en sus decisiones. Conserven su individualidad e independencia. La política es para los que ya han salido de la universidad y la defensa de ella son cuentos de los 70”.
Hay que erradicar la falta de compromiso con la defensa de la universidad pública expresada en el apoliticismo. Es importante aclarar la posición que asumen algunos dentro del movimiento estudiantil al señalar que “no se puede hablar de política en la universidad”. Plantearlo es asumir una posición política que busca impedir que la universidad sea, como debe ser, el espacio intelectual más avanzado. En este centro de ciencia, donde se tiene que expresar la libertad de cátedra y confluir todas las escuelas de pensamiento, se impide el debate sobre los distintos problemas que aquejan a nuestra sociedad. Se quiere imponer pretendiendo la uniformidad de pensamiento para tratar de convertirnos en borregos de los que detentan el poder. Tenemos que cambiar, empezando porque haya un ambiente democrático donde se expresen todas las tendencias del pensamiento.
Las revistas, periódicos y todas las expresiones organizativas deben propender a la defensa de la universidad pública, deben ser rueda y tornillo de un solo y gran mecanismo del movimiento estudiantil para orientar la vanguardia consciente de la comunidad universitaria. La labor literaria debe pasar a ser una parte integrante del trabajo organizado, coordinado y unificado del movimiento universitario. Estos escritos deben auscultar las orientaciones que rigen en la universidad, las cuales son inspiradas en una política cuya orientación es la liquidación del sector público. En el año 2008, el Ministerio de Hacienda comunicó que no emitiría los bonos correspondientes a las pensiones pagadas por la universidad en el año 2007 ni continuará emitiendo bonos en el futuro, ya que según los cálculos actuariales, el gobierno nacional ya ha cubierto la totalidad del pasivo pensional que le corresponde. Lo anterior significa que la universidad dejará de percibir por lo menos $3.000 millones anuales, con lo cual acumulará un déficit anual que la llevará rápidamente a su privatización total.
Tenemos que abordar a fondo los problemas concretos de nuestra población y en particular los de las universidades sin pensar que esto no nos incumbe. Hay que abordar todos estos problemas con un método científico que nos permita elaborar una política acertada, tanto en lo organizativo como en las acciones prácticas, de tal manera que podamos unir a todos los sectores afectados e interesados en la defensa de nuestra Alma Mater.
Debemos exigirle al Estado que otorgue a los colombianos una educación democrática y científica al servicio del pueblo y en pro del desarrollo de nuestra nación. Por ello defendemos una educación pública financiada adecuadamente por el Estado, requisito para que sea de alta calidad y para que a ella tengan acceso todos los niños y jóvenes de Colombia, sin importar su estrato social. La privatización de la educación es un atentado contra la democracia y la calidad académica y deja a millones por fuera del sistema educativo.
Tenemos por delante una tarea ardua y difícil, pero grande y fecunda: organizar una vasta, multiforme y variada organización estudiantil para defender la universidad pública y conformar los consejos estudiantiles con una ligazón estrecha e indisoluble con el movimiento estudiantil nacional.
¡Abajo el apoliticismo!

CONVOCATORIA AL ENCUENTRO MULTIESTAMENTARIO DE EMERGENCIA

Bogotá, Universidad Distrital Sede Macarena, Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre
PRESENTACIÓN:
Luego de múltiples valoraciones sobre la aguda crisis de la universidad pública colombiana, los universitarios asumimos con coherencia y dignidad, la preparación de un escenario de levantamiento que se configuró en cuatro días de movilizaciones en 18 universidades públicas y en más de 8 universidades privadas del país. Del 13 al 16 de Octubre, desde la Costa norte colombiana hasta el sur del país, las asambleas, marchas, pupitrazos, cadenas humanas, carnavales por la vida y diversas formas de resistencia, agitaron las banderas del movimiento estudiantil y universitario.
Sin vacilación alguna, las calles y los claustros ventilaron lo justo de la movilización de miles de jóvenes, que no pretende limitar la defensa de la educación superior pública a quienes hoy se encuentran en las universidades, sino que espera sumar a otros sectores sociales y populares.
El martes 20, en Bogotá se realizó la formidable, multitudinaria y exitosa Marcha, con la participación unitaria y combativa de universitarios de diversas instituciones de educación superior de Bogotá y otras regiones del país, en medio de la lluvia inclemente, hasta llegar a la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional en el momento en que la Cámara de Representantes daba el aval para la aprobación del Presupuesto nacional del año 2010.
Una movilización que llena de aliento y perspectiva la continuidad de la lucha de los universitarios colombianos por la defensa de la educación superior pública de excelencia académica, autónoma, democrática y pluralista.
La partida para las universidades estatales, como se ha informado exhaustivamente, es un una cifra muy distante de las necesidades reales de la educación superior pública, estimadas en cerca de $ 600.000.000 .000, incluso del 12.8% solicitado por los rectores del SUE, partidas que deben ser adicionadas al presupuesto global de las universidades públicas, de alrededor de 1.8 billones de pesos, del año 2009. El monto total para el año 2010, cercano a los 2 billones de pesos, para la educación superior pública, representa una suma exigua en el presupuesto total de la Nación ($148.293 billones para el año 2010), más aún si se compara con el presupuesto de seguridad y defensa ($20.9 billones de pesos) o con lo que invierten en educación superior pública otros países de América Latina de igual o menor desarrollo relativo.
De todas maneras, lo más negativo, es observar nuevamente la desaforada obstinación de la Ministra de Educación, contra la universidad estatal. Su conocido estilo "gerencial", que aplica verticalmente a los colegios, pretende ejercerlo contra las universidades haciendo caso omiso de su calidad y su importancia estratégica para el futuro del país, como lo hizo notar en la reunión internacional del CRES, en Cartagena/2008, en contravía de las tendencias mayoritarias de América Latina y el Caribe, que se manifestaron en defensa de le educación superior como un derecho inalienable. Sin ningún pudor, la Ministra pretende desviar el presupuesto de las universidades públicas, para subsidiar la educación privada, buscando canalizar los recursos públicos hacia los sectores privados a través del ICETEX (Subsidio a la Demanda), olvidando, de paso, que los aportes por la vía de Colciencias requieren contrapartidas que vulneran el presupuesto de las universidades publicas.
Con la desfachatez de siempre y fiel a su visión minimalista de la dimensión cultural de la educación superior, reitera su afán perverso de enfrentar a las universidades "grandes" con las "pequeñas " manipulando indicadores como instrumentos de premio y castigo para someter a las universidades a sus delirios de marchitamiento académico y asfixia presupuestal, como lo venimos denunciando de tiempo atrás, en particular desde el tristemente célebre Decreto 3545 de 2003, contra el cual nos movilizamos en todo el país, Decreto que finalmente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
En consecuencia, lo que sigue de inmediato es exigir un incremento real que se incorpore a la base presupuestal de las universidades, para aplicación del Artículo 86 de la ley 30 y se respete la Autonomía Universitaria para orientar los recursos que por ley le transfiere la nación, en beneficio de la excelencia académica de las universidades estatales. Una autonomía de carácter democrático que reside en la comunidad universitaria y en sus cuerpos colegiados internos.
Aparte de ello se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir al pago de su pasivo pensional. Con ello el Estado, persiste, en la política de desfinanciar paulatinamente todas y cada una de las necesidades de los universitarios.
Para desarrollar este objetivo es necesario exigir en todas las universidades pronunciamientos nacionales e internacionales en contra de la política de asfixia presupuestal a las universidades públicas, el rechazo contundente al alza de matrículas, al aumento de cobertura sin adición presupuestal y a los convenios de Concurrencia.
Para profundizar el análisis de la grave crisis financiera de las universidades públicas y trazar las tareas inmediatas de movilización a escala nacional, se acuerda Convocar el presente encuentro.
OBJETIVO:
Aprovechar la actual situación del movimiento universitario para coordinar y articular las acciones que se deben emprender en defensa de la educación superior pública.
ORDEN DEL DÍA:
Sábado 31 de Octubre de 2009
9:00 AM a 11:00 AM: Panel sobre la situación financiera de las universidades
11:00 AM a 1:00 PM: Informes por Universidad con los siguientes criterios: 1. Situación financiera de cada universidad 2. Balance de la movilización de octubre 3. Situación organizativa 4. Iniciativas
1:00 PM a 2:00 PM: ALMUERZO
2:00 PM a 6:00 PM: Plenaria. Propuestas y plan de trabajo.
Domingo 1 de Noviembre de 2009
9:00 AM a 1:00 PM Plenaria: Informes por estamentos, propuestas y plan de trabajo multiestamentario
¡TODOS LOS UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS CERRANDO FILAS EN DEFENSA DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA!
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
ACEU OCE FUN FEU IDENTIDAD ESTUDIANTIL FENALPROU ASPU SINTRAUNICOL

Sin plata suficiente para educación, lo demás es pura demagogia uribista

Erick Adrián Velasco. Representante Estudiantil Consejo Superior Universidad de Nariño. Pasto, 26 de Octubre de 2009.
En pleno debate nacional sobre la necesidad de incrementar el presupuesto para educación superior pública, y así prevenir el colapso financiero y académico de las principales universidades del país, es pertinente señalar, una vez más, cual ha sido la lógica que ha impulsado la privatización y el deterioro de la calidad en la enseñanza universitaria: más exigencias con menores recursos.
Según el Contralor General de la República, Julio César Turbay, “El dilema es claro: se desfinancian progresivamente las universidades públicas, pero al mismo tiempo se les exige cada vez más, y las ganancias en eficiencia tienen un límite”, lo anterior no debe extrañar, pues si existe algún motivo para que los estudiantes protestemos, como lo ocurrido en la Universidad Nacional, la semana pasada, es precisamente la aplicación de esa perversa ecuación.
En las mismas declaraciones, la Contraloría hace referencia a que las mayores exigencias se dan principalmente por el crecimiento desmedido de nuevos cupos universitarios, los cuales recaen en su mayoría bajo responsabilidad del Sistema Universitario Estatal -SUE-, es decir, sobre las -ya constreñidas- 32 instituciones públicas de nivel superior. De 549.546 cupos nuevos que se crearon entre el 2000 y el 2008, el 88 por ciento (484.020) es imputable al sector público y el restante 12 por ciento (65.526) al privado.1
La Universidad de Nariño, principal centro educativo del departamento, lejos de sortear los embates de este sistema educativo perverso y antinacional, el cual reparte migajas presupuestales a la vez que exige milagros sociales, sufre un deterioro significativo en la calidad educativa. Si revisamos algunos datos sobre oferta en pregrado, en los últimos quince años, esta se diversificó pasando de 10 programas académicos a ofertar 36, lo que en número de estudiantes ha significado pasar de 4000 cupos, en 1994, a más de 9700 en la actualidad.
En consecuencia, no sorprende que hayamos pasado de tener una planta docente en su mayoría Tiempo Completo-TC-, a una planta TC que no sobrepasa el 30% del total de docentes universitarios; no sorprende que de los más de 800 profesores, tan solo, 38 ostenten títulos de doctorado; no sorprende – ni sonroja- que estudiantes de las llamadas ciencias “duras” hagan sus prácticas en laboratorios obsoletos; no sorprende que la infraestructura de los edificios y la biblioteca esté mandada a recoger y que nos veamos a gatas para asignar algo tan elemental como un salón para clases; no sorprende - mucho menos inmuta-, que la relación computador, conectado a internet, por estudiante sea de 1 a 40, y eso en pleno despliegue de las llamadas tecnologías de la información.
En fin, no sorprende que estemos pensando que la universidad de Nariño, después de resumir estos hechos notorios, sea una de las mejores del país, y no sorprende por la sencilla razón de que la formación en nuestros planteles es tan mala que no nos percatamos –y claro menos le interesa a este gobierno- de formar al estudiante como un ser capaz de criticar el estado actual de las cosas, ni siquiera de formular preguntas tan elementales como ¿por qué existimos? Y ¿cuál es nuestra función en la sociedad?
La educación, que es la manera como se desarrolla el conocimiento, es fundamental para promover el avance de las fuerzas productivas de cualquier sociedad, profundizar la democracia, reconocer y salvaguardar los valores culturales de los pueblos y permitir el ascenso social de las capas empobrecidas; sin embargo, la educación para lograr estos propósitos debe ser impartida a los más altos niveles de calidad, es decir, en condiciones de excelencia, lo cual se logra, en el caso de la educación pública, solo con el concurso del Estado colombiano capaz de generar los recursos adecuados para brindarle este derecho a todos los colombianos.
Así planteado, es oportuno para la Universidad de Nariño abrir la discusión sobre las iniciativas de creación de nuevos programas, como el de Contaduría Pública, el cual hace su tránsito por el H. Consejo Superior, a fin de no caer, ingenuamente, en el juego mezquino y demagogo de la “mayor inclusión”. Es evidente que nuestra universidad se queda corta ante las enormes exigencias de los miles de bachilleres que año tras años frustran sus sueños de ingreso a la universidad, de ser profesionales y así alcanzar mejores niveles de vida, sin embargo, la política debe modificarse y nuestra exigencia, así los tecnócratas le llamen “dogmatismo estatal”, es que el Estado en cabeza del Presidente Uribe, responda adecuadamente para ver si en algún momento los anhelos de una Colombia decente se materializan.
1 Tomado de www.eltiempo.com
“TODOS EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA”

Carta de los estudiantes universitarios al Congreso de la República

Bogotá, octubre 20 de 2009
Señores Congreso de la Republica Ciudad
Honorables Senadores y Representantes:
La política de la Revolución Educativa, impulsada desde 2002, ha ocasionado la peor crisis de la Universidad pública en la historia de Colombia. En materia financiera se han recortado paulatinamente sus recursos, forzando a la autofinanciación de cada uno de los establecimientos educativos mediante el incremento de las matrículas, la venta de servicios, obligando a concurrir con su presupuesto al pago del pasivo pensional e incrementando la cobertura sin recursos suficientes para solventarla. Prueba de ello son: el déficit financiero que alcanza la suma de $500.000 millones de pesos y el informe del Contralor General de la República, quien afirmó que, las transferencias del Gobierno a las Universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones.
A esto se suman los recientes pronunciamientos de los 32 rectores que integran el Sistema de Universidades Estatales, SUE. Según ellos, es necesario un aumento mínimo en la base presupuestal del 16.3%, que implica, de una parte la inflación proyectada para el 2010 que es del 4%, y en compensación a la ausencia de financiación estructural que padece la universidad pública, un incremento del 12.3% que corresponde al 3.3% del ajuste del IPC del año 2008 y 9% del incremento a la base presupuestal. El estudiantado respalda esta petición. Es inconveniente para los intereses de la universidad que esos recursos sean manejados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN o por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.
Se requiere de inmediato una solución estructural a la crisis presupuestal de la educación superior pública, lo cual requiere un estudio concienzudo sobre su situación real. Consideramos que el Estado es el único responsable de la plena financiación de las Universidades Públicas. Sólo de esa manera se garantiza una educación de alta calidad y de excelencia académica, conforme a las necesidades de progreso y bienestar de la población colombiana, que garantice el acceso de los sectores más pobres y excluidos, y cuyos proyectos de investigación se destinen a solucionar los profundos problemas sociales del país.
Al recorte de presupuesto se suma la degradación de la calidad académica de la universidad pública. Esto obedece al proceso de adecuación del país a los requerimientos de la globalización económica, que ha traído como consecuencia la reducción de la duración de las carreras, la flexibilización curricular, la sobre carga laboral para profesores y trabajadores, la formación e investigación al servicio del mercado y la configuración de los programas en competencias académicas, ciudadanas y laborales. De esta manera se han negado dos pilares de la educación pública: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Para implementar esta política educativa, se han recortado de manera sistemática y generalizada los derechos y las libertades democráticas. Ante las legítimas exigencias de los estudiantes en defensa de la universidad pública los derechos a la movilización, a la protesta, a la asociación han sido fuertemente reprimidos. Creemos que la universidad colombiana debe ser un ejemplo en el respeto, en la protección y en el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos.
Finalizamos reiterando en la necesidad de incrementar la base presupuestal en un 16.3% el presupuesto de las Universidades Públicas. Esto sólo sería un paso para iniciar el proceso de lograr una educación superior pública plenamente financiada por el Estado. Esperamos que su compromiso en la defensa de los intereses del país se materialice en esta iniciativa.
Cordialmente,
Estudiantes Universidades Públicas Colombianas,
Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, FENARES.
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU.
Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.
Federación de Estudiantes Universitarios, FEU.
Federación Universitaria Nacional, FUN-Comisiones.
Comuna Universitaria.
Minga Universitaria.

“NUEVA” LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: MÁS DE LO MISMO O PEOR

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 30 de julio de 2009.

Varios titulares de prensa se han ocupado de la “nueva” Ley de Ciencia y Tecnología. De un nombre tan pomposo se podría concluir que el país se apresta a entrar en una nueva senda y que por fin se aspirará a que Colombia se mueva en las fronteras del conocimiento. Lástima que ello no sea cierto. La publicitada Ley no tiene nada nuevo, si de lo que se trata es de hacer del atraso científico y tecnológico un asunto del pasado.
Que Colciencias pase de ser un instituto adscrito a Planeación Nacional a un departamento administrativo le da más nombre a quien ejerza como su director y le entrega el derecho a asistir con voz y voto a unas cuantas reuniones del alto gobierno, pero de allí no se concluye que las cosas vayan a cambiar. Si no se estuviera manipulando y tratando de conseguir unos votos con ella, no valdría la pena, como sucedió durante el trámite en el Congreso, ni rechazarla.
Con la Ley se crea el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se nutrirá de los mismos recursos con los que hoy cuenta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre los promocionados 100 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías de que habla el artículo 26, cabe aclarar que ya hoy los departamentos y municipios pueden hacer uso de parte de tales recursos para la promoción del conocimiento. Si ese no es su destino, es porque las carencias económicas y sociales de los entes territoriales son tantas, que entre sus prioridades pesan más el aumento y mantenimiento del cubrimiento de los servicios sociales básicos que el de la ciencia. Además, este artículo establece que se le dará cumplimiento a la segunda parte del artículo 361 de la Constitución, según el cual, los dineros del Fondo “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”
A la Ley le atribuyen sus promotores, sin demostrarlo, que será la palanca para que los recursos destinados al desarrollo científico lleguen al 1,6 por ciento del PIB en el 2016. ¿De qué sombrero sale la cifra? Desde el 2003 la inversión en investigación y desarrollo se mantiene invariable (0,18% del PIB). Manipular la información es un ataque a la inteligencia de la población informada. Es una verdad de a puño que este gobierno no ha cejado un instante en el estrangulamiento de la universidad pública. La calidad, por ejemplo, de toda la educación básica y superior se está yendo a pique y las transferencias por estudiante, en términos nominales y reales, son cada vez menores.
Se dice que con la Ley cambiará el modelo productivo. Es otro de los cantos de sirena de quienes han convertido a Colombia en un inmenso sanandresito. No es creíble hablar de desarrollo tecnológico y científico en el “libre comercio”, modelo que concentra aún más el conocimiento en las potencias, que arruina el aparato productivo nacional, que deja expósita la economía a los apetitos de los tiburones del capital financiero, que hace de los servicios sociales negocios de los especuladores, que mercantiliza la educación, etc. Colombia, salvo excepciones que vienen de los esfuerzos propios de la comunidad académica, es un país que no alcanza ni siquiera el rótulo de ‘copiador’ en el concierto mundial. La especialización en la producción de bienes agrícolas tropicales y de unas cuantas materias primas mineras y en la maquila industrial son hechos devenidos de las concepciones económicas con las que se dirige el país, y con las cuales, óigase bien, ¡jamás! se saldrá del atraso. La Ley refuerza este tipo de concepciones al basarse en la filosofía de que la educación debe ser como el aparato productivo: Para una economía mediocre, una educación inexistente o mediocre.
El gobierno tramita además tres leyes que atentan contra la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Con la del Ecaes, al orientar el contenido de los pénsum de las carreras universitarias y fortalecer la llamada formación por competencias, viola la autonomía universitaria, principio constitucional fundamental para la vida de las instituciones de educación superior. La del Icfes traslada al Ministerio de Educación 39 mil millones de las instituciones que ellas emplean para invertir en programas de fomento, propuesta que el Sistema Universitario Estatal (32 universidades públicas) rechaza. Con la ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir en el pago de su pasivo pensional, se reencaucha la propuesta del artículo 38 del Plan de Desarrollo, declarado inconstitucional y que suscitó un abierto rechazo de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, esta pondrá de los ingresos propios 39 mil millones de pesos (uno por ciento del pasivo), medida que causará aumentos en las matrículas. Valga recordar que entre las causas que llevaron a la quiebra a la Universidad del Atlántico estuvo obligarla a responder por parte de su deuda pensional, responsabilidad exclusiva del ejecutivo.
La problemática de la educación superior, por el eco que tiene, a veces erróneamente se le circunscribe solo a la esfera pública, pero a la privada también concierne. En la combinación de una política tendiente a reducir la calidad en la educación con la debilidad económica del país salen perdedoras las privadas, a donde ingresan casi la mitad de quienes entran a la educación superior. Las alzas en las matrículas y los leoninos créditos ofrecidos por la banca y el Icetex se vienen convirtiendo en una traba para ingresar y continuar en la universidad. Los estudiantes que cursan en estas instituciones no están exentos de los males propios de la educación, además, lo que para ellos es el presente, para quienes están en las públicas, por cuenta de la privatización, es un futuro cercano.
De una lectura juiciosa de la Ley, la Comunidad Académica concluirá que ella es una de esas tantas leyes que se tramitan cada año en el Congreso de Colombia y que solo se justifican porque las mayorías uribistas en sus haberes tienen tantos actos atentatorios contra el progreso nacional de todo cuño, que buscan resarcirse con cosas inanes, que ante la opinión suenan bien y sirven para hacer ese tipo de política que se basa en el ardid, pero que no modifica en un ápice al mal rumbo por el que va el país.
La Ley de Ciencia y Tecnología es otro acto de esos con lo que algunos uribistas pretenden conseguirse unos votos, presentando como gran cosa lo que es poco o nada. Una norma que profundiza el inicuo régimen colombiano puede recibir cualquier adjetivo menos el de progresista. En distintas instituciones y aulas se podrán promocionar las supuestas bondades de una legislación que carece de ellas. Quienes lean con cuidado la Ley encontrarán que en ella lo que hay es más de lo mismo o peor.
Para escuchar la intervención del senador Robledo en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: Para desarrollar a Colombia se necesita una educación de altísima calidad
Para escuchar la intervención del doctor Carlos Gaviria Díaz en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: "Soy un defensor a ultranza de la autonomía univeristaria": Carlos Gaviria Díaz

Bienvenidos futuros maestros de Colombia a la Universidad Pedagógica Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Capitulo Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Agosto de 2009

La actual crisis de la educación publica requiere una organización gremial de los estudiantes que sea amplia, democrática y participativa y que se proponga como objetivo generar debate crítico sobre la importancia de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo, una organización que se sume a la lucha de los sectores sociales en defensa de un país democrático y soberano. Por eso los invitamos a hacer parte del proceso de conformación del Consejo Estudiantil de la UPN como herramienta de autonomía y democracia para participar activamente en la toma de decisiones y en la defensa de la universidad pública.
Y EN LA UPN LAS AUTORIDADES NOS CONTINÚAN DEGRADANDO LA CALIDAD La Universidad Pedagógica Nacional se enfrenta a una crisis que pone en riesgo su existencia como universidad pública. La crisis es muy grave y se evidencia en: El déficit presupuestal y la inviabilidad de la construcción de la Sede Valmaría: El déficit presupuestal supera los $10.000 millones de pesos, debido a la ampliación desmedida de la cobertura y al recorte de las transferencias estatales, sumados a la mala administración del rector Óscar Ibarra, quien ha planteado la construcción de Valmaría como su proyecto fundamental. La construcción de Valmaría es inviable desde el punto de vista financiero y académico. La sede cuesta $550.000 millones de pesos, sin contar los gastos de funcionamiento. Igualmente, el Gobierno Nacional ha manifestado no hacerse cargo de la financiación del proyecto, requisito indispensable para garantizar la construcción y la calidad. De esta forma se descargará en los estudiantes y la comunidad universitaria los costos mediante el incremento de matrículas y la venta de servicios por parte de la Universidad, renglón que representa hoy el 48% del presupuesto. Ni siquiera se soluciona el problema con la venta de los predios de la universidad, incluido el IPN, pues la suma no alcanza a cubrir ni el 50% del costo del proyecto. Incremento sin presupuesto en la cobertura: La cobertura en los últimos cinco años se ha incrementado en un 60%, lo cual no fue equilibrado con el aumento del presupuesto del Estado. El desajuste se ve reflejado en las carencias de planta física, bibliotecas, docentes de tiempo completo, laboratorios, equipos audiovisuales, auditorios, computadores, restaurante. Imposición de reformas académicas regresivas: Bajo el apelativo de "Revolución educativa" se imponen medidas y reformas que restringen la autonomía universitaria con su constante intervención e inspección cuyo único fin es imponer contenidos y homogeneizar los saberes. Las reformas académicas recortan los contenidos de las carreras, desmejorando la calidad. Buscan amoldar el sistema educativo a un mercado laboral que no tiene ningún tipo de garantías para los profesionales, en especial los docentes. La intención de imponer el “trabajo autónomo” como el único método de aprendizaje les facilita a los TLC la desprofesionalización docente y la mano de obra barata, como lo requieren las multinacionales que se apropiarán de nuestro país. La falta de autonomía y democracia: Por su carácter antidemocrático y autoritario, esta administración se ha cerrado a todos los espacios de diálogo con la comunidad universitaria, negándose a dar cuentas de su gestión y tomando por costumbre en los últimos semestres el cierre arbitrario de la universidad, actuando por cuenta propia sin el consentimiento de docentes, estudiantes y trabajadores. En el primer semestre del 2009 impuso al representante estudiantil ante el Consejo Superior, quien no recoge las reivindicaciones del estudiantado, que en su mayoría voto en blanco. También ha aprobado un reglamento estudiantil policivo, el cual niega la posibilidad de cualquier tipo de discusión política e ignora las propuestas de los estudiantes, buscando así acallar las expresiones democráticas que batallan por una educación pública de calidad y por un país soberano y democrático. Esto no es ajeno a la situación del país. Asistimos a continuas violaciones de la soberanía nacional, desde la entrega de nuestros recursos hasta el alud de privatizaciones, y en las últimas semanas en el aberrante propósito del establecimiento de bases militares gringas en territorio colombiano. El acuerdo con Estados Unidos se está urdiendo a las escondidas en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia de la Corona española. Lo anterior solo muestra que estamos sujetos a otro Imperio, tan opresivo como lo fue en su época el español, pues de ninguna otra forma puede explicarse la implantación de fuerzas militares extranjeras en el país. Serán tropas que obedecerán al Pentágono y defenderán los intereses y la bandera de Estados Unidos por sobre los intereses de Colombia, en palabras más simples, los intereses del capital financiero y las trasnacionales sobre los de los colombianos.
La grave situación de la educación pública nos obliga como parte de quienes tenemos acceso a las universidades a pensarnos la educación superior mas allá de los supuestos mercantiles y utilitaristas. La práctica de la academia encierra muchas cosas más, y por ello debemos ser conscientes de la responsabilidad que como jóvenes, estudiantes, intelectuales y futuros docentes tenemos con la sociedad colombiana. Teniendo en cuenta lo expuesto, planteamos la necesidad de que en la coyuntura política y electoral que se aproxima, los sectores sociales tengamos una participación activa en busca de iniciar un proceso de transformación social que beneficie a la gran mayoría de colombianos que viven sumidos en la miseria. Por eso les extendemos la invitación a apoyar la propuesta de “Por un país decente, CARLOS GAVIRIA Presidente”. El maestro Gaviria es una persona consecuente con los principios de la izquierda democrática y recoge en su programa la reivindicación de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales del pueblo colombiano

Con la expulsión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende silenciar las denuncias contra la degradación académica de l

Pronunciamiento de la OCE RISARALDA.

Pereira, Julio de 2009.

En la reciente decisión de las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay evidentes intereses políticos.
Tras conocer el fallo, es bueno precisar que desde el mismo comienzo de este asunto se violó el derecho al debido proceso, con la manera arbitraria como fueron escogidos, a “dedo” entre una amplia multitud, los estudiantes vinculados a la investigación. Igual sucedió en el transcurso del pleito, el cual presenta múltiples vicios jurídicos como omitir la presencia de los sindicados en las diligencias en las que recibieron las declaraciones de los testigos, negando el derecho de los estudiantes acusados a contrainterrogar a quienes testificaban en su contra.
Algo similar ocurre con las declaraciones de funcionarios de la Universidad donde se observan contradicciones a la hora de cotejar sus versiones, dejando un manto de duda sobre la veracidad de ellas, lo cual debe resolverse en favor del acusado, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. En contraste, se omiten testimonios de empleados del servicio de seguridad de la universidad, quienes afirman haber visto a algunos de los estudiantes implicados procurando impedir que se cometieran desordenes. No es de menor importancia que la firma del fallo se diera sin la presencia del rector Luis Enrique Arango (principal impulsor del proceso), siendo proferido por el funcionario encargado de la rectoría, una semana antes de la fecha del mismo.
De tal manera que por los asuntos aquí expuestos y otros de mayor gravedad hallados en los expedientes de los procesos, está claro que el material probatorio no da para llegar a la conclusión que tomaron las directivas. El veredicto no se ciñe a las normas del derecho, por lo que se confirma una vez más lo que hace rato es un secreto a voces: la decisión de expulsar los estudiantes posee evidentes intereses políticos que pretenden dar escarmiento a quienes, a través de las vías democráticas, han denunciado la alcahueta política de privatización de la educación pública implementada por el rector de la UTP.
Es bien sabido que los estudiantes Fernando Viáfara Banguera y Pedro Fernando Cruz son miembros de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, misma que siempre, en todo momento y lugar, guardando consecuencia con sus principios programáticos, ha expresado su oposición al uso de artefactos explosivos, manifestaciones violentas o la intimidación a la integridad de las personas. Por ende rechazamos enfáticamente la expulsión de los compañeros.
Por último, instamos a la comunidad en general a rechazar la manera absolutista como el rector de la UTP viene cercenando los espacios democráticos en la institución, acudiendo para ello a formulas normativas que ajustan y manipulan a su amaño. No es gratuito que sectores que han optado por respaldar las luchas estudiantiles mediante mecanismos civiles y democráticos, hayan sido condenados por acciones que rechazan. Lo que busca la dirección universitaria es disponer de un chivo expiatorio que sirva para opacar la cada vez más inocultable política uribista que conlleva la degradación de la educación superior en Colombia.

Compañeros y Compañeras Estudiantes Bienvenidos a la Universidad Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Unal.

Bogotá, 29 de Julio de 2009

La Universidad Nacional es la universidad más importante del país, con más de 100 años de historia y trayectoria, había sido concebida como el instrumento de educación necesario, que ayudaría a la nación en sus primeros procesos de industrialización y de impulso a la producción nacional. Lastimosamente, las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez tienden a adecuarla a los requerimientos del mercado, y en consecuencia, se ha reducido ostensiblemente su calidad. Esta situación impone una responsabilidad en los nuevos estudiantes de la universidad, quienes tendrán que comprender las determinaciones implementadas, para derogarlas por medio de la lucha de masas democrática, organizando los Consejos Estudiantiles y empleándolos para transformar el actual modelo de universidad. En los acuerdos 033 de 2007 y 008 de 2008, se modifican los criterios para estructurar los programas académicos y el estatuto estudiantil. Con estos acuerdos se implementan los créditos académicos, con el propósito de recortar la duración de las carreras y se han sustraído del pregrado materias de profundización creando así un vacío que solo lo cubrirá el postgrado, bastante más costoso que el pregrado. Por si fuera poco ahora se somete a los estudiantes a un examen que supuestamente evalúa la calidad de la educación, este es el concitado “ECAES” cuyo objetivo es medir las competencias laborales, académicas y ciudadanas que deben tener los profesionales que están preparando las universidades, por tanto, si la universidad quiere tener buenos resultados en estos exámenes, debe ajustar sus currículos a las competencias señaladas en el Ministerio de Educación Nacional. Tal es el fondo de los Acuerdos 033 y 008, que bien podría resumirse en la siguiente frase del senador Jorge Robledo: "a un aparato productivo de pacotilla, una educación de pacotilla¨. Como el proyecto uribista renuncia a un país con el pleno desarrollo de su mercado interno, la educación se adecua a una nación que vive en la pobreza y en la miseria.
A este panorama hay que sumarle las medidas que adopta la universidad para saldar el déficit presupuestal producto del recorte que realiza el Gobierno Nacional.La universidad ha incrementado los recursos propios para cubrir los gastos con el aumento de las matrículas de pregrado, el pago de trámites ordinarios (constancias, certificados, etc.) y ha destinado la producción científica a favor de poderosos financiadores. Además el gobierno intenta responsabilizar a la Universidad del pasivo pensional, que según datos del CID, supera los 4 billones de pesos. A ello se suma que los docentes ocasionales llegaron en 2006 a un porcentaje histórico para la institución, el cual sigue su ritmo ascendente: 19,2% y producto del aumento de la cobertura, sin aumentar los recursos que el Estado debe girarle a las universidades públicas, la infraestructura física ya no es suficiente.
La universidad no es ajena a la vida nacional. A sólo un año de conmemorar el Bicentenario de la Independencia, nos encontramos con la instalación de 5 nuevas bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, con el beneplácito de Uribe Vélez, expresión fehaciente de la dominación e injerencia de dicha potencia en nuestro país, convirtiendo a Colombia en punta de lanza de sus pretensiones hegemónicas en la región y el mundo.
Todo este panorama implica que el país debe unirse para no reelegir al uribismo sin Uribe. Se hace necesario que los colombianos recuperemos la dignidad perdida y eso sólo se hará sobre la base de reconstruir una sociedad democrática y soberana, por tanto en el escenario nacional, resulta absolutamente acertada la propuesta liderada por el Dr. Carlos Gaviria Díaz, precandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, quien ha señalado la necesidad de luchar por un país decente.