CONTINÚA LUCHA CONTRA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Gran Coalición Democrática, Atlántico,
Barranquilla, julio 31 de 2008

El jueves 31 de julio el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó por mayoría, el proyecto de acuerdo que dispone la entrega por concesión al sector privado de cuatro establecimientos educativos que van a ser construidos con recursos de la Nación y que el distrito deberá seguir pagando a los concesionarios aproximadamente un millón de pesos por alumno al año. Los concejales del Polo Democrático Alternativo, Rafael Sánchez Anillo y Karim Donado Saayed, se retiraron del recinto por falta de garantías para el debate y por no haber permitido la mesa directiva del cabildo, la intervención de los dirigentes nacionales de Fecode, Luis Grubert Ibarra y Medardo Hernández Baldiris.
En esta polémica que se desató en los últimos días, los dirigentes de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA), la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEBA), FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores seccional Atlántico, el Polo Democrático Alternativo, la Gran Coalición Democrática y otras organizaciones populares rechazaron tajantemente este proyecto que privatiza los nuevos colegios a construir con dineros públicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía.
Según cifras contenidas en la exposición de motivos del acuerdo firmado por el alcalde Alex Char Caljub, el desangre de los recursos de las transferencias del distrito, que irían a parar al concesionario privado entre el año 2009 al 2021, serían mayores a los 73 mil millones de pesos.
Las organizaciones sindicales y políticas que nos oponemos a este esperpento neoliberal exigimos que se construyan todos los colegios que se requieran para cubrir la educación de la población estudiantil, pero que sean administrados por el distrito y no entregados en concesión a entes privados. No entendemos como el alcalde distrital viene desmontando algunas concesiones, lo que es positivo, pero por otro lado pretende entregar la educación pública en concesión.
La Gran Coalición Democrática y el Polo Democrático Alternativo se declaran en estado de alerta y convocamos a todas los sectores progresistas a movilizarnos civilizadamente para impedir que se consume este atentado contra la educación pública
Gran Coalición Democrática, Polo Democrático Alternativo, Centrales Obreras, CUT, UTRAL-CGT, CTC, ADEA, ADEBA, UNEB, Coordinadora Estudiantil Uniatlántico, Asociaciones de Pensionados, Casa Anfictiónica, ASOCOMUNALES

CORTE CONSTITUCIONAL SE 'URIBIZÓ': CARLOS GAVIRIA

El Heraldo, Barranquilla, 2 de agosto de 2008

Fuertes críticas a la Corte Constitucional por su gran afinidad con el presidente Álvaro Uribe, hizo ayer el máximo dirigente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, durante su visita a la capital del Atlántico.
Según sus afirmaciones, al alto tribunal están llegando magistrados que son amigos del Presidente, de quien dijo, "uribizó la Corte", para que luego esos uribistas nombren a los que han de sucederlos en sus cargos. Por eso cuestionó la propuesta de la cooptación en los altos tribunales, porque según sus palabras le produce buenos dividendos al mandatario.
En ese mismo orden de ideas, denunció que varios de los magistrados llegados a la Corte Constitucional "han tenido origen en la designación de la Presidencia. En este caso, citó a Nilson Pinilla, de quien dijo hacía parte de la Corte Suprema de Justicia, pero fue elegido en el ente guardián de la Constitución porque era el mayor enemigo de la Corte Constitucional, de sus jurisprudencias y de las tutelas contra sentencias. También habló sobre la presencia en ese organismo de algunos que fueron subalternos del presidente Uribe.
Contrario a su punto de vista sobre la Corte Constitucional es lo que piensa de la Corte Suprema de Justicia, de la que destacó su decisión de negarse al consenso en torno al proyecto de reforma a la justicia, y que sacara a relucir su independencia.
Sin embargo, le criticó que hubiera recibido al presidente Álvaro Uribe y al ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. "La Corte no tiene nada que negociar con el Gobierno; la Corte no puede negociar sus decisiones y tiene que mantener la independencia.
REFORMAS
El ex presidente de la Corte Constitucional también se refirió a los proyectos de reforma política y al sistema judicial, a los que calificó como inoportunos y oportunistas: "Esta no es la oportunidad para proponer ese tipo de reformas, especialmente cuando tocan a tribunales que vienen haciendo bien su tarea", anotó Gaviria. Al mismo tiempo dijo que es oportunista porque, en su opinión, con ella tratan de seducir a los jueces de la República en la medida en que se les ofrece quedarse más tiempo. Así, no durarían 8 años sino 12, y la edad de retiro no sería 65 años sino 70.
Afirmó Gaviria que "esos temas se pueden discutir, pero en un ambiente distinto; no es en este momento, cuando la Corte Suprema de Justicia viene haciendo su tarea como la tiene que hacer".
Al hablar sobre el enfrentamiento entre el presidente Uribe y las altas Cortes, señaló que no sabe hasta dónde va a llegar, porque el poder que ha tomado el primer mandatario puede ser usado para chantajear. De esa forma, piensa el presidente del Polo, "a la gente no le va a disgustar la decisión del Presidente sino las decisiones de la Corte que chocan con el Presidente".
En el comienzo de su charla, Carlos Gaviria Díaz hizo un llamado a los miembros de su colectividad a eliminar las diferencias, y a "buscar el enemigo" por fuera del grupo, sin descuidar que se trata de un partido de oposición.
Frente a la contienda de 2010, negó que vaya a ser candidato; sin embargo, se mostró confiado en que para esa fecha su colectividad estará fortalecida de tal forma que no necesitaría alianzas. Empero, no descartó que puedan unirse con grupos afines.
"No estoy en campaña y no voy a ser candidato en el 2010", aseveró. Su opinión en este sentido es que el Polo debe consolidarse como opción de poder.
Habló sobre Íngrid Betancourt, y dijo que no la ve como candidata presidencial, y que todo lo que se ha dicho hasta el momento es consecuencia del calor de los acontecimientos que se han venido presentando.
Consultado sobre el estado actual de las relaciones del Polo Democrático con el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, aseguró que es él quien se ha alejado voluntariamente del partido.
Explicó que los acercamientos del ex alcalde con el liberalismo y todos los pasos que ha dado son por su cuenta. Gaviria se lamentó de que no haya querido pasarle al teléfono cuando ha intentado hablar con él, y que no haya sido capaz de devolverle las llamadas. Esa es la razón por la que no lo ve cerca de la colectividad

LA APROBACIÓN DEL TLC CONFIRMA QUE A LA CORTE CONSTITUCIONAL SE LA TOMARON LOS CORTESANOS, DICE EL SENADOR ROBLEDO

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo,

Bogotá 25 de julio de 2008

El senador Jorge Enrique Robledo rechazó con indignación que la Corte Constitucional aprobara la totalidad del TLC con Estados Unidos, fallo que solo contó con el voto negativo del magistrado Jaime Araújo. “Esta decisión, que se contradice de manera flagrante con numerosos artículos de la Constitución, confirma que a la Corte Constitucional se la tomaron cortesanos al servicio del gobierno de Álvaro Uribe y de intereses distintos a los de los colombianos”.
En sus primeras declaraciones sobre el caso, el senador del Polo Democrático Alternativo resaltó que el magistrado Jaime Araújo consideró que el Tratado viola más de cien artículos de la Constitución, entre ellos, los que se refieren a la seguridad alimentaria, al derecho a la salud y al ambiente sano. También recordó que la Procuraduría había solicitado declarar inexequibles los capítulos de telecomunicaciones y propiedad intelectual.
Para el senador Robledo “constituye un desastre que la legalidad esté en manos de una Corte Constitucional incapaz de salvaguardar la soberanía, el territorio, la producción y el trabajo nacional y que no se atreve a reconocer que el TLC viola los principios de igualdad, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional en que deben fundamentarse las relaciones internacionales del país”.
Si el TLC entra en vigencia, concluyó Robledo, Estados Unidos recolonizará a Colombia y se fortalecerán la desnacionalización del país y la concentración de la riqueza en manos de las trasnacionales, de una parte, y de la otra, aumentarán el desempleo, la pobreza y la miseria entre los colombianos.

MÁS DE LO MISMO QUE ENVENENA LA ECONOMÍA

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 24 de julio de 2008.

No fue por un capricho que Álvaro Uribe le dedicó su discurso del 20 de julio a la situación económica. Esta es la principal preocupación de los cacaos y los cacaítos, los dirigentes gremiales y los principales analistas, sean académicos o tecnócratas neoliberales, y de quienes tomamos la política en serio, estemos del lado de la oposición o del gobierno. ¿Por qué este inusitado consenso? Porque todos vemos que están en rojo la casi totalidad de las luces del tablero que indica cómo va la economía.
Sigue la revaluación destruyendo el aparato productivo, el agro no levanta la cabeza y caen la producción industrial, las ventas del comercio y el consumo de energía eléctrica, suben la inflación y la tasa de interés, disminuyen las utilidades de las empresas y crece la cartera morosa en los bancos. Colombia sufre por el peor desempleo del continente y este tiende a aumentar a la par con la pobreza y la miseria, en tanto que se consolida la tendencia deficitaria de la balanza de la cuenta corriente, indicador especialmente alarmante porque demuestra que el país no logra generar los dólares que requieren las importaciones y la deuda externa propias del modelo neoliberal. Peor, bien difícil; pero también estamos cerca de coincidir en que las cosas se deteriorarán aún más, incluso hasta recordarnos el fatídico 1999.
¿Cómo explicarse que la economía vaya tan mal, y en el semestre en que el gobierno ha proclamado sus mayores victorias militares? ¿Sería que, se preguntarán los más inocentes, el presidente Uribe empezó el desmonte de la seguridad democrática, olvidando que de ella provenía el crecimiento económico? ¿Se trata de una pesadilla? El asunto es más simple: los hechos, la práctica, la vida social, ratifican que el alza de la economía de los años anteriores no tuvo como causa fundamental, determinante, las medidas del gobierno y la seguridad democrática, como dijo el uribismo, sino otras razones, entre ellas un auge económico mundial que puso a crecer a todos los países, sin excepción, a tasas especialmente altas para sus historiales.
Y las cosas en Colombia deberán agravarse por dos razones principales. La primera, porque desde hace meses empezó una gravísima crisis en Estados Unidos, la misma que ya golpeó con fuerza a Europa y Japón y empieza a sentirse duro en el resto del mundo, hasta tal punto que se anuncia que será larga y profunda. Un par de datos sobre su impacto: tres millones de familias norteamericanas perderán sus viviendas entre 2007 y 2008 y si el sistema financiero estadounidense no ha colapsado, ha sido sólo por las descomunales operaciones de rescate pagadas con la plata de los contribuyentes.
La segunda razón tiene que ver con las malas políticas internas que causan los problemas que ya se padecen, más los tercos anuncios de Uribe en el sentido de que no las modificará. No obstante haberse demostrado su fracaso para enfrentar la situación, este insiste en resumir su panacea en una frase: “Confianza inversionista, confianza inversionista, confianza inversionista”, la cual significa mantener las gabelas extremas para las trasnacionales, el desdén para el empresariado no monopolista y el mayor desempleo y pobreza para el pueblo. Lo que viene también confirmará que la plutocracia significa que en los tiempos buenos ganan muy pocos y en los malos perdemos todos los demás.
La ocasión es propicia para comentar otro hecho cuidadosamente ocultado por el aparato de propaganda de la Casa de Nariño. De acuerdo con un estudio del Centro de Estrategia y Competitividad (CEC) de la Universidad de los Andes, a partir de cifras del Global Competitive Index del Foro Económico Mundial de Davos sobre la percepción de los grandes inversionistas del mundo, “en el costo empresarial derivado del terrorismo, en 2007 Colombia se ubicó en el puesto 129 entre 131 países, una pérdida de seis puestos frente al 2006; en los costos derivados del crimen y la violencia el retroceso fue de 11 puestos (quedó de 112); en el crimen organizado la caída fue de 15 puestos (llegó al 126)” (Cambio, Jun.20.08).
¿Cómo explicar que los mismos magnates que por doquier hacen tanto uribismo en público, en privado opinen así sobre los resultados de la política que supuestamente los atrae al país? ¿Por qué aumentan sus inversiones en Colombia? Porque, como también lo dice el CEC, en sus costos incluyen los gastos en seguridad y a toda la inversión le sacan tasas de ganancias superlativas, por las exageradas gabelas que les concede el gobierno y que, decimos otros, están en la base del atraso y la pobreza nacional.

EL NUEVO ESTATUTO ESTUDIANTIL PROFUNDIZA EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, 9 de Julio de 2008

1. Contexto internacional de la educación superior

El Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008, “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones académicas”, comprueba que también en el principal claustro del país la educación se mercantilizó, porque pasó de ser un derecho a convertirse en un negocio.
En él han irrumpido nuevos agentes, principalmente las trasnacionales de la educación superior y las universidades corporativas, que han afianzado su poder en aquellos países que han suscrito tratados de libre comercio. Estas firmas han venido desplazando a las instituciones tradicionales. Actúan como auténticas empresas, mediante ventajas tributarias y reformas legales efectuadas por los Estados, que les permiten prestar su servicio bajo la denominación jurídica del ánimo de lucro, acumulando ganancias año tras año, incrementando su patrimonio e invirtiendo en diferentes actividades.
El nuevo estatuto modifica las relaciones de los estudiantes con la universidad adecuándola a las necesidades del mercado. Prueba de ello, el sistema de créditos. También optó por dicha modalidad la Universidad del Valle de México, una institución privada de educación superior que conforma la red del Laureate Internacional Universities, una de las transnacionales más grandes del mundo: “A la fecha son 17 los países que pertenecen a la Red y 27 Universidades e Institutos de Educación Superior, y más de 240 mil alumnos.”
Al consultar el estatuto estudiantil que rige las relaciones entre la universidad y los aspirantes a licenciatura de dicha universidad, el plan de estudios se integra de la siguiente forma en su área profesional: “Principios de la persona 6 créditos, Desarrollo comunitario 4 créditos, Formación profesional, cultura y arte 4 créditos, Desarrollo emprendedor 6 créditos.” El sistema de créditos establecido por el Acuerdo 008 de 2008 propicia la autofinanciación, homologa los contenidos curriculares y hace de la educación un negocio.
Se permitirá ahora la evaluación de tipo virtual. Este método parece no suscitar mayor polémica, ya que se presenta en las clases demasiado numerosas, como las de la cátedra Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo, es otro paso en el sentido de hacer de la educación una mercancía, porque el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC indica que una de las formas de suministro de servicios es la de tipo virtual. Tanto las multinacionales como las universidades corporativas ofrecen paquetes de tipo virtual, bajo las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, aplicadas en la enseñanza del inglés y en la formación para el trabajo propio de la globalización. Logran así sustituir la educación presencial estatal, con todos los aspectos que esto implica: campus universitario, profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva, personal administrativo.

2. Relación con la llamada Revolución Educativa

La Constitución de 1991 prescribe que “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación” , lo que invita al Estado a eludir la responsabilidad que tiene de suministrarla de manera gratuita, obligatoria y universal. Con esta y otras disposiciones se abrió el camino a la privatización de la universidad pública mediante un proceso consistente en ir disminuyéndole el presupuesto oficial para obligarla a incrementar los recursos propios. Como un primer paso, el gobierno se tomó los cuerpos colegiados que dirigen las universidades. El nuevo estatuto estudiantil profundiza la arremetida, en este caso contra los estudiantes, el estamento más numeroso de la universidad.La llamada Revolución Educativa impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se refleja en el nuevo estatuto estudiantil de la Universidad Nacional. Como presidente del Consejo Superior Universitario funge el viceministro de Educación Superior, Gabriel Burgos, quien ha suscrito el Acuerdo 033 de 2007, que fija los lineamientos básicos de los programas curriculares de la Universidad Nacional y el Acuerdo 008 de 2008, que reforma el estatuto estudiantil en sus disposiciones académicas. Burgos firmará las reformas ulteriores hasta que se cambie el actual modelo de gobierno universitario. La filosofía uribista está expuesta con claridad meridiana en el Documento Visión Colombia 2019, texto elaborado para el bicentenario de la Independencia. Allí se expresa: “La visión 2019 concibe una economía cimentada en la producción, difusión y uso del conocimiento como base de la productividad y la competitividad internacional, lo que impone retos adicionales al sistema educativo, que debe formar egresados en la cantidad y con la calidad suficiente para responder a las necesidades de una economía en crecimiento. Estos desarrollos hacen necesario, (… ) la preparación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal calificado que demandará el sector productivo como resultado de la dinamización de los sectores de la economía conectados con mercados externos.” Esto se traduce en que la educación superior y la universidad pública deben formar estudiantes para el mercado y contribuir a resolver los problemas de mano de obra de los sectores de la producción ligados con el sector externo de la economía, en especial, multinacionales y monopolios que exportan e importan materias primas y productos tropicales y que explotan los recursos naturales de nuestro territorio como el carbón, el petróleo, el oro y el gas. De esta manera, la universidad pública renuncia a enseñar los altos contenidos científicos, condiciona los currículos de las distintas carreras a las necesidades de los sectores monopólicos controlados por el capital financiero y se declara impotente para efectuar cualquier innovación en el campo del conocimiento científico. En dos palabras, una educación pobre para un país pobre y, para colmo, al servicio de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos.
Se refleja una clara concordancia entre lo aprobado en el Acuerdo 033 del 26 de noviembre de 2007 y el Acuerdo 008 de 2008. En dicho acuerdo, el Consejo Superior implanta el sistema de créditos académicos y define que el contenido de los currículos debe elaborarse con base en las “competencias generales” y en las “habilidades y destrezas”, términos con los que se hace alusión a un tipo de educación basada en la enseñanza de las herramientas para el aprendizaje, no en los altos contenidos científicos de las diversas áreas del conocimiento. El Acuerdo introduce la figura de las áreas curriculares y permite a los estudiantes optar por una doble titulación. Indica además, en las consideraciones del proyecto de acuerdo por el cual se reforman las disposiciones de bienestar, cultura universitaria y resolución de conflictos “que en el Acuerdo 033 de 2007 el Consejo Superior Universitario aprobó los lineamientos para alcanzar una reforma académica en la Universidad Nacional de Colombia.” Esta es otra prueba de la estrecha relación que guarda la denominada reforma académica con el nuevo estatuto, reforma similar a la planteada en su momento por Marco Palacios con el Acuerdo 037 de 2005, que reducía la duración de las carreras, establecía las áreas comunes e instauraba las competencias como el elemento indispensable para conformar los programas de las carreras.

3. Ausencia de democracia y de autonomía universitaria

Con el Acuerdo 011 del 2005, el gobierno ha logrado conformar en el Consejo Superior de la Universidad Nacional una mayoría que aprueba todas las reformas que desea acometer. Al menos cinco miembros con voz y voto son elegidos directa o indirectamente por el presidente de la República, más el rector, quien previamente ha sido ungido con la bendición oficial para dirigir los destinos de la Universidad conforme a sus intereses. Esto explica el fondo de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez el pasado 21 de mayo: “Las decisiones se toman autónomamente en los consejos superiores, especialmente en la Universidad Nacional”. Defiende este organismo porque lo controla plenamente.
Bastante ilustrativo resulta que en ninguna parte del nuevo estatuto, tanto el aprobado como el que falta por aprobar, existe un solo capítulo, artículo o inciso que haga mención a la autonomía universitaria. Este es un principio histórico de la democracia burguesa, según el cual, son los estudiantes y profesores los que delimitan los contenidos de los programas académicos. La autonomía pone la administración al servicio de la academia y no la academia al servicio de la administración. E implica que el gobierno de la universidad debe estar constituido por los principales estamentos que la componen: los estudiantes y los profesores. En este escenario, el gobierno sólo tiene dos obligaciones frente a la universidad: dotarla de suficiente presupuesto y brindarle todas las garantías, derechos y libertades para que desarrolle su actividad.
El nuevo estatuto hace nugatoria la democracia en la Universidad Nacional. El Acuerdo 008 y el borrador elaborado para sustituir lo relativo a la parte disciplinaria revisten de facultades a los cuerpos directivos para regular aspectos pendientes de normatividad ante la vigencia de un nuevo reglamento estudiantil. Ahonda así la naturaleza antidemocrática del gobierno de la universidad poniéndole la impronta autoritaria, sello del uribismo. También queda facultado el Consejo Académico para regular lo relativo a la doble titulación, a los grados, al aplazamiento de la matrícula y a los traslados. El Consejo Superior Universitario está autorizado para disponer todo lo referente a las admisiones especiales de la universidad. Y la Dirección Nacional de Admisiones, a las de los antiguos alumnos.
El proyecto referente a bienestar, cultura universitaria y resolución de conflictos profundiza el recorte de las libertades y derechos democráticos. Introduce toda una serie de enunciados relativos a la “tolerancia” y a la “responsabilidad en el manejo de los bienes mobiliarios e inmobiliarios de la universidad”, para descargar a renglón seguido un régimen sancionatorio absolutamente represivo, cuyo único propósito es contener las protestas estudiantiles.
La reforma se ha impuesto vulnerando los derechos y libertades de la comunidad universitaria. Los cuerpos directivos desatendieron la solicitud que proponía aplazarla y desconoció que tanto por el Comité de Representantes Estudiantiles como el Comité de Representantes Profesorales rechazaron el nuevo estatuto estudiantil. En forma mendaz, no obstante, el Acuerdo 008 de 2008 afirma en las consideraciones “que se dio cumplimiento al trámite estatutario” de consultar a los estamentos, calificó de “falta de técnica” la consulta efectuada por casi 12.000 estudiantes y consideró “ilegítimas” la comisión nacional de negociación y las comisiones de negociación por sedes, tanto en su conformación como en las propuestas planteadas para saldar la crisis. Las protestas estudiantiles fueron ampliamente reprimidas. Y para completar el cuadro, el presidente de la República sentenció: “La orden que se le impartió ayer a la Policía es que judicialicen, cuanto antes, a esos bandidos que están haciendo daño en la Universidad Nacional.” Afirmación propia de un funcionario que sólo conoce el Estado de Derecho para violentarlo.

4. El trasfondo económico

Las disposiciones recientemente aprobadas están en concordancia con las necesidades de autofinanciación que le ha impuesto el gobierno a la universidad pública. El presupuesto ha disminuido conforme aumenta la cantidad de estudiantes. Según Jorge Enrique Robledo “Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales.” La cobertura aumenta sin haber suficiente presupuesto, lo que afecta de manera palmaria la calidad de la educación.
En la Universidad Nacional se ha presentado un incremento desmedido de los recursos propios a efectos de suplir el desajuste presupuestal. Aurelio Suárez explicó en detalle la tendencia de este fenómeno: “Para 2008, el 43% del presupuesto, que es de 955.000 millones, se cubrirá con recursos propios “por concepto de la venta de bienes, servicios académicos y de la extensión universitaria”. Con ello cubrirá el 90% de la inversión, el Estado sólo responde por el 80% de los gastos de funcionamiento y el 95% de las pensiones. Con esa distribución, cualquier progreso dependerá de la universidad misma; el gobierno central se excluyó. En el año 2000, por cada peso que el Estado entregaba, la Universidad colocaba 30 centavos, en 2007 ya pone 82. Entre 2000 y 2007, las transferencias del Presupuesto Nacional crecieron, en pesos reales, el 17%, los recursos generados por la Universidad lo hicieron en más del 300%.”
A esa tendencia es importante sumarle la nueva deuda creada por el artículo 38 del Plan de Desarrollo 2006-2010 para las universidades del orden nacional mediante la concurrencia para el pago del pasivo pensiona. Según Juan Carlos Martínez, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, en la Ley 1169 de 2007, que aprobó el presupuesto nacional de la República, el valor del pasivo asciende a cerca del 20% de total de los recursos transferidos por el Estado al patrimonio de la Universidad Nacional. De los cerca de 500.000 millones que destina el Estado, cerca de 100.000 millones estarían comprometidos con este rubro.
Por estos motivos es que ni del nuevo ni del antiguo reglamento estudiantil tampoco irradia el principio de gratuidad. En el acápite referido a la matrícula del Acuerdo 008 se establece como requisito para ser estudiante “pagar los costos establecidos por la universidad” . Con ello garantiza la norma los recursos propios que ingresan al patrimonio de la universidad como consecuencia del pago de las matrículas. La misma característica es la expuesta en lo referente a las distinciones y estímulos académicos, porque la exención de pago hace parte del capítulo. Debería ser extraño a una universidad pública contemplar como estímulo la exención de pago, puesto que si la educación es gratuita o la matrícula muy baja, tal premio no constituiría ningún tipo de reconocimiento al esfuerzo personal realizado.
En aras de incrementar los recursos propios se establece el sistema de créditos. Se opta ahora por cobrar, ya no por matrículas, sino por los créditos consumidos por el estudiante dentro del proceso educativo. Se puede llegar al absurdo de que el estudiante sólo estudie las materias que su capacidad de pago le permita y no aquellas que su nivel cognoscitivo le imponga aprender. Si bien dicha iniciativa no se encuentra enunciada expresamente en el nuevo estatuto, el sistema de créditos entraña de por sí este riesgo, inquietud que tampoco ha sido respondida por la administración de la universidad.

5. El sistema de créditos académicos

Los créditos académicos son una herramienta empleada para medir el tiempo que requiere el desarrollo de cada asignatura. Existen en el mundo diversos mecanismos que cumplen con ese fin, pero en la Universidad Nacional se ha optado por este. Desde una perspectiva conceptual, el sistema parece no despertar mayor polémica. El asunto se complica cuando se estudian a profundidad las distintas normas. El mecanismo viene definido por el Decreto 2566 de 2003, proferido por el presidente Álvaro Uribe y por la ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez. Como se ve, fue producto de otra imposición gubernamental y no de decisiones democráticas.
El decreto prescribe las “condiciones mínimas de calidad” que deben tener los programas académicos de educación superior. Afirma: “Justificación del programa.- La justificación del programa deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) La pertinencia del programa en el marco de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el país y en la región donde se va a desarrollar el programa.” Es el mismo criterio expuesto en el Documento Visión Colombia 2019. Los contenidos de la educación superior quedan circunscritos únicamente a aquellos que benefician al sector externo de la economía, privilegiado cada vez más por los múltiples acuerdos de libre comercio, y en particular por el TLC suscrito entre EU y Colombia.
Los créditos apuntan a homogenizar los contenidos de la educación superior –las competencias académicas, laborales y ciudadanas, a fin de unificar el pensamiento en aras de una formación para el mercado. El Plan de Desarrollo 2006-2010 enuncia: “En el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES.” El examen de ECAES será el instrumento para certificar la adecuada modificación de los currículos a favor de la economía del atraso. El origen de esta política se encuentra en los documentos del Banco Mundial, la Unesco y el BID, organismos que le trazan el rumbo a la educación superior en función del mercado, de las multinacionales y de la mano de obra barata que estas requieren.
¿Cuánto será el total de créditos que tendrá un estudiante en la Universidad Nacional? La respuesta guarda relación directa con lo dispuesto por la Reforma Académica. Para carreras cuya duración sea de 16 semanas, la mayoría, pueden ser cerca de ciento treinta (130) créditos, más el cupo adicional que establece el estatuto estudiantil, que “será la mitad del mínimo que contempla el plan de estudios al que fue admitido y hasta un máximo de ochenta (80) créditos”. A estos es necesario sumarle doce (12) créditos, relativos al idioma extranjero que sea necesario en el respectivo plan de estudios. Esto daría un total de doscientos veintidós (222) créditos, siempre y cuando el estudiante no requiera cursos nivelatorios según el examen de admisión. En esa cantidad de créditos ¿será posible ver los contenidos básicos de las distintas carreras? ¿No será acaso necesario reducirles la duración para alcanzar a introducir los contenidos dentro de los créditos permitidos? Ninguno de estos interrogantes ha sido despejado por la administración o el gobierno.
La característica adicional del nuevo sistema de créditos es que se adopta bajo la denominación del “cupo de créditos”. Con este ingrediente se limita la permanencia académica de los estudiantes, que al acabarse el cupo, pierden la calidad de tales. Los doscientos veintidós (222) créditos componen el cupo de créditos e irradian la casi totalidad del nuevo estatuto en sus disposiciones académicas: Rige el proceso de inscripción de las asignaturas y lo relativo a la cancelación de las mismas. Están en la programación académica de la universidad y se encuentran presentes en homologaciones, convalidaciones, equivalencias, traslados, rendimiento académico, pérdida de la calidad de estudiante, doble titulación y grado. El nuevo método obliga a intentar por todos los medios preservar su cupo de créditos a fin de mantener la matrícula en la universidad y a crear una jerarquía de materias cuya importancia estará definida por una mayor o menor cantidad de créditos, de tal manera que habrá materias de primer y segundo grado y profesores de primera o segunda categoría.
Un aspecto que embrolla todavía más el sistema es que las materias cursadas y las que faltan por cursar no se encuentran convertidas a créditos. No existe un proyecto concreto en las distintas facultades o programas que explique la manera como quedarán organizadas las carreras. La comunidad académica padece hoy una gran incertidumbre sobre lo que ha cursado en la universidad y lo que aún le resta. La tarea le ha sido encomendada por lo pronto a las facultades según lo dispone el Acuerdo 033, pero resulta irresponsable que se obligue a toda la universidad a cambiar su devenir académico sin que exista certeza sobre el proyecto que regirá en el futuro.
El sistema, aducen sus apologistas, facilitará la movilidad internacional de los estudiantes. Pero si tal era el objetivo, no se necesitaba adoptar el sistema de créditos, pues el Comité Asesor de Carrera resolvía lo referente a homologaciones, equivalencias y convalidaciones. Los estudiantes iban de un lugar a otro sin inconveniente siempre que hubiera un convenio entre las universidades para hacer dicho intercambio, acción que tampoco requiere del sistema de créditos.
La doble titulación es otra argucia de la administración al momento de difundir los beneficios del nuevo estatuto. Lo primero es precisar que bajo el actual régimen se permite la doble titulación, aunque a quienes busquen un segundo título se les cobra la matrícula más cara de la universidad. El nuevo estatuto permite al parecer que los estudiantes hagan dos carreras, pero los requisitos impuestos cierran prácticamente todas las puertas. No se estipula en ninguna parte que no se cobrará el puntaje máximo. Además, la segunda carrera deberá cursarse con el remanente del cupo de crédito de la primera, salvo que el estudiante tenga un PAPA superior o igual a 4,3, bastante difícil. Tampoco se permitirán reservas adicionales de cupo. Ya que en los postgrados las matrículas se vienen asemejando a las de una universidad privada, en esta instancia no se permitirá la doble titulación.
Por lo demás en este asunto es evidente la necesidad de reducir la duración de las carreras, eliminando la especificidad de cada una de ellas. Para que una buena parte del estudiantado pueda optar por la doble titulación será necesario que una cantidad determinada de materias sean afines o comunes entre varias carreras, de tal manera que los créditos restantes del cupo alcancen al momento de aspirar a la segunda carrera. Esta es la razón de ser de las denominadas “áreas curriculares” enunciadas en el 033, porque agrupando programas curriculares en un “área común del conocimiento”, una materia aprobada podrá ser útil para dos o más carreras. Si se reduce la planta docente, si hay más hacinamiento en las aulas, si se deteriora la calidad académica, si se reduce en la Universidad Nacional el costo por estudiante, si se elimina paulatinamente la especificidad de las carreras, todo sea por el nuevo país que el Mesías está legando a las nuevas generaciones.

6. Promedio Aritmético Ponderado Acumulado

Las reformas que se efectúan en las distintas universidades siempre deben tender a mejorar la calidad de la universidad. Además de lo expuesto con relación a la privatización y a la adecuación de la universidad al mercado, en el Acuerdo 008 se incluye el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado, un mecanismo que tiene en cuenta “las calificaciones definitivas de todas las asignaturas cursadas. Esto es, cuando una asignatura se cursa más de una vez se tendrán en cuenta las calificaciones definitivas obtenidas cada vez.”
Sus consecuencias no son menos nocivas. A todos los estudiantes de la Universidad Nacional que hayan perdido tan sólo una materia se les bajará su promedio académico. Con el PAPA, como coloquialmente se conoce, los estudiantes siguen en una lógica semejante a la impuesta por el cupo de créditos, buscando que las materias que mayor cantidad de créditos valgan sean las que ameritan una atención mayor. Además, el estudiantado estará inmerso en la necesidad de mantener un promedio académico ponderado acumulado superior a tres punto cero (3.0), porque de lo contrario pierde la calidad de estudiante. Cada uno hará un cálculo en cada semestre no en relación con las materias que deba aprobar, sino solo con las que le aumentan el PAPA. El mecanismo tampoco garantiza una mayor calidad, porque dichos cálculos, al no estar fundados en una percepción científica del conocimiento, terminan promoviendo la mediocridad.
El PAPA también afecta los reingresos. El Acuerdo 101 de 1977 permitía reingresar a la universidad cuando el alumno había sufrido alguna calamidad doméstica o padecía cualquier problema personal que lo obligara a interrumpir los estudios. El nuevo estatuto permite el reingreso una sola vez y sólo a quienes presenten un promedio aritmético ponderado acumulado superior o igual a 2.7, lo que desconoce la realidad socioeconómica de una buena parte del estudiantado y olvida que los asuntos personales de los estudiantes eventualmente pueden afectar el desempeño académico, al punto de forzar la pérdida del período académico.

7. Conclusiones

El nuevo estatuto estudiantil refleja el criterio neoliberal prevaleciente hoy en Colombia y en el mundo, que hace de la educación superior una mercancía. Se adoptan unos programas que obedecen a las necesidades de las multinacionales y de las universidades corporativas, el nuevo derrotero que les traza el imperialismo a los países signatarios de tratados de libre comercio.
El estatuto impone una estructura profundamente antidemocrática de gobierno universitario, que excluye a los principales estamentos de la universidad y deja los cuerpos colegiados como un mero apéndice del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuya Revolución Educativa consiste en aumentar la cobertura sin incrementar proporcionalmente los recursos provenientes del Estado y en recortar de sistemáticamente las libertades y derechos democráticos.
Es imperativo agrupar mayor fuerza en la resistencia civil contra la reforma universitaria. Para ello debemos propiciar un amplio proceso pedagógico sobre las nefastas implicaciones del nuevo estatuto estudiantil de la Universidad Nacional y un estudio a fondo de las reformas en cierne, buscando atraer a la mayor cantidad de sectores de los distintos estamentos a fin de frenar la ofensiva contra la universidad pública. El movimiento universitario debe hacer oír su voz en defensa de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo.

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I. Educación Superior en Colombia, Documento de Trabajo Planeta Paz, ACEU, Comuna Universitaria, Fun Comisiones Modep, OCE. La Universidad en el Siglo XXI (tres fragmentos). Leopoldo Munera Ruiz. Pág. 7II. http://www.uvmnet.edu/liu/III. Estatuto Estudiantil de la Universidad del Valle de Méjico para las licenciaturas.IV. Constitución Política de 1991. Art. 67V. Documento Visión Colombia 2019.VI. Propuesta para el Consejo Superior Universitario del 15 de abril de 2008con ajustes planteados por la comunidad universitaria entre diciembre 18 de 2007 y abril 04 de 2008. “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional en sus Disposiciones de Bienestar, Cultura Universitaria y Resolución de Conflictos”VII. Acuerdo 011 de 2005. Artículo 13 ARTÍCULO 13. Consejo Superior Universitario. Naturaleza e integración. El Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de dirección y gobierno de la Universidad. Está integrado en la forma establecida en el artículo 11 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993:1. El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro, quien lo presidirá.2. Dos miembros designados por el Presidente de la República, uno de ellos egresado de la Universidad Nacional de Colombia;3. Un ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia, que haya ejercido el cargo en propiedad, elegido por los ex Rectores;4. Un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, de terna presentada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;5. Un miembro del Consejo Académico, designado por éste;6. Un profesor de la Universidad, que tenga al menos la categoría de asociado, elegido por el profesorado;7. Un estudiante de pregrado o de posgrado, elegido por los estudiantes;8. El Rector de la Universidad, quien será el Vicepresidente del Consejo, con voz pero sin voto.VIII. Declaración del Presidente Alvaro Uribe Vélez el 21 de mayo de 2008.IX. Ibidem.X. Periódico La Patria de Manizales, 4 de junio de 2008.XI. Universidad Nacional, no es cosa de bandidos. Aurelio Suárez Montoya. Períodico La Tarde, Pereira. 27 de mayo de 2008.XII. Acuerdo 008 de 2008. Art. 13XIII. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Art. 6 .XIV. Educación Superior en Colombia, Documento de Trabajo Planeta Paz, ACEU, Comuna Universitaria, Fun Comisiones Modep, OCE. Algunas consideraciones sobre competencias en educación. Marta Orozco y Emira Garcés.XV. Acuerdo 033 del 26 de noviembre de 2007. Art. 7 Prescribe el cálculo de créditos académicos “en atención a la flexibilidad y la especificidad del programa curricular.”XVI. Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008. Art. 11XVII. Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008. Art. 42

Lanzamiento del periódico POLO

Viendo la necesidad de tener un medio alternativo para informar y opinar, distinto a los medios tradicionales, ayer 4 de Julio el Polo Democrático Alternativo, lanzo el nuevo periódico POLO de circulación quincenal y nacional.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Polo Democrático Alternativo

Carlos Gaviria Dìaz,
Presidente Polo Democràtico Alternativo,

Bogotá, julio 2 de 2008

El Polo Democrático Alternativo manifiesta:

1. La puesta en libertad de Íngrid Betancur, de tres ciudadanos norteamericanos y de 11 miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban secuestrados por la guerrilla de las FARC, es un acontecimiento que todo Colombia y la Comunidad Internacional, tienen que celebrar con inmensa alegría.

2. Un suceso de tanta trascendencia tiene que llevar a las FARC y a los demás grupos insurgentes que aún quedan en el país, a reflexionar sobre la esterilidad de la lucha armada y la necesidad de abandonar ese camino tortuoso que les ha llevado a cometer crímenes –como el secuestro- universalmente repudiables, y a pensar que sólo la lucha democrática puede conducir a la construcción de una sociedad más justa.

3. El éxito de este operativo no puede llevar a la conclusión ligera de que el rescate militar es el método eficaz y seguro para liberar a los secuestrados, sin riesgo para su vida e integridad, y de que debe desecharse la posibilidad de un acuerdo humanitario como paliativo a las consecuencias del conflicto armado mientras éste subsista.

4. Los países de la Comunidad Internacional que han jugado un papel tan importante en la coadyuvancia de un proceso de paz, para Colombia, no pueden ahora cejar en su empeño de que un inmenso grupo de ciudadanos, innominados unos y conocidos otros, pero sin la relevancia de los liberados, queden abandonados a su propia suerte.

5. Al manifestar su inmensa complacencia por el suceso que acaba de darse, el Polo Democrático Alternativo reitera que sus enérgicas críticas al Gobierno por su injerencia en órbitas de otros poderes y el desdibujamiento del Estado social de derecho, mantienen toda su validez.

Carlos Gaviria Dìaz
Presidente
Polo Democràtico Alternativo

Polo anuncia denuncia a Uribe por indigno

Polo Democrático Alternativo presentará la denuncia ante la Comisión de Acusaciones a raíz de la crisis generada por la Yidis-política.

DECLARACIÓN DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Polo Democrático Alternativo

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, Bogotá, julio 1 de 2008

1. Como beneficiario directo del cohecho cometido en el trámite de la reforma constitucional que permitió su reelección, el Presidente de la República está incurso en causal de INDIGNIDAD.

2. El P.D.A. solicita al Procurador General de la Nación la SUSPENSIÓN PROVISIONAL inmediata del Ministro de Protección Social, Diego Palacio, el Embajador en Italia, Sabas Pretel de la Vega y de Alberto Velásquez, Secretario General de la Presidencia, por cuanto con sus actuaciones públicas interfieren en la investigación de los hechos que les comprometen.

3. Las declaraciones emitidas por tales funcionarios, con ocasión de la sentencia condenatoria de Yidis Medina, ameritan una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, por cuanto con las mismas se infringen deberes y prohibiciones consagrados en el Estatuto Disciplinario.

4. El P.D.A. convoca, junto a otras organizaciones sociales y políticas, a una jornada de protesta contra la inmoralidad del gobierno y en respaldo a la independencia de la justicia, que se realizará el próximo 3 de julio a las 4:00 p.m. en la Plaza de Bolívar.

5. El referendo propuesto por el Presidente Álvaro Uribe es una maniobra para desviar la atención de la opinión pública sobre el delito de cohecho declarado en sentencia judicial y sobre la grave crisis de la parapolítica. El mecanismo plebiscitario propuesto por el Presidente es propio de las dictaduras y se propone realmente relegitimar un acto viciado que no puede sanearse por votación popular, lesionando seriamente la autonomía e independencia del poder judicial.

Unidad en defensa de la Corte Suprema de Justicia y contra la impunidad y la dictadura populista

Declaración Senador Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 30 de junio de 2008

Como empezó a prepararlo desde hace días, el Presidente Álvaro Uribe respondió con la consabida cortina de humo a la decisión, cuidadosamente sustentada, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de condenar a la Representante a la Cámara Yidis Medina por cohecho propio, delito que está legalmente probado cometió cuando vendió su voto a cambio de aprobar la ley que le dio el pase a la reelección presidencial en beneficio del actual jefe de Estado.
Las desvergonzadas agresiones de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia posteriores al fallo, las cuales carecen de antecedentes en la historia del país, tienen el obvio propósito de engañar a los colombianos y presionar a fiscales y jueces para que absuelvan a los altos funcionarios del gobierno acusados de comprarle el voto a Yidis Medina, a quienes, como el embajador Sabas Pretel y el ministro Diego Palacios, ya los investiga la Fiscalía y les elevó pliego de cargos la Procuraduría General de la Nación. Repite así Álvaro Uribe la táctica de intentar desacreditar y amedrentar a la Corte Suprema de Justicia, como ha ocurrido desde el día en que ésta asumió con valor civil el establecimiento de la verdad judicial sobre la parapolítica, caso en el que el 85 por ciento de los más de sesenta parlamentarios implicados son uribistas.
Con toda la razón la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de señalar que “el delito no puede generar ningún tipo de legitimación constitucional o legal”, le dio traslado a su fallo contra Yidis Medina a la Corte Constitucional “para los fines que estime convenientes”, en relación con la ley que autorizó la reelección presidencial inmediata en Colombia. Paradójicamente, es notorio que Álvaro Uribe, con su descarado rompimiento del orden institucional que juró cumplir, confirmó lo que ya se estableció según la Constitución y las leyes: la ilegitimidad de su reelección porque tuvo origen en una ley aprobada mediante un crimen, del que solo faltan por saberse las condenas a los miembros de su gobierno que también incurrieron en cohecho.
Se está, además, ante la gravísima decisión de Álvaro Uribe de romper la separación de los poderes que ordena la Constitución como mínima garantía democrática, con lo que da otro paso hacia la tiranía, camino que inició cuando decidió reelegirse y quebrantar el sistema constitucional de controles entre las ramas del poder público. Sin importar qué digan las encuestas con las que el uribismo quiere justificar hasta el peor desafuero, la dictadura consiste en poner bajo las órdenes de una sola persona a la totalidad del Estado, tal y como cada vez más ocurre en Colombia. Hora de recordar que Hitler y Mussolini justificaron los horrores que perpetraron aduciendo un gran respaldo de alemanes e italianos.
En la lógica de su concepción autoritaria, Álvaro Uribe también decidió oponerle a la condena a Yidis Medina la realización de un referendo que ordene “repetir” y legitimar las elecciones presidenciales de 2006. Ante tamaño despropósito —porque ninguna cantidad de votos puede cambiar un fallo de la justicia o convertir en honesto lo corrupto ni las elecciones pueden repetirse, y porque constituye una irresponsabilidad inaudita provocar una grave crisis institucional y malbaratar sumas enormes para hacer un referendo y una nueva elección a fin de que Uribe gobierne hasta el 2010, como hoy está establecido—, estamos ante dos posibilidades: o existen otros objetivos que la cúpula uribista oculta, como cambiar la Constitución para imponer una nueva reelección, mediante truculencias en especial dañinas por lo desproporcionadas, o se trata de un error de cálculo que al final puede imponerle a Álvaro Uribe rectificar, derrotado por la resistencia ciudadana y las exigencias de los poderes de los que en últimas depende su suerte y que ya han expresado rechazo a este nuevo disparate suyo.
Es indudable que esta nueva astucia de Álvaro Uribe y la camarilla que lo rodea, termine como termine, le hace un grave daño al país por la inestabilidad que genera y la imagen que proyecta de Colombia, y más cuando los vientos de una crisis económica nacional e internacional tienden a aumentar. Frente a este otro desvarío de quien es capaz de sentirse El Mesías, surge una pregunta: ¿qué límite no quebrantará cuando su descrédito lo acose más?
Como bien lo propuso Carlos Gaviria, Presidente del Polo Democrático Alternativo, “Es el momento de que todos los sectores (sociales y políticos) demócratas del país, salgamos a defender lo poco que queda de nuestra democracia, rodeemos a nuestras Cortes y gritemos con toda la fuerza de nuestra voz que Uribe no puede seguir gobernando al país para preservar su impunidad e imponer una dictadura populista”.