Los retos de la hora: ¿cuál es el proyecto uribista?

Editorial Revista Deslinde Nº 44,

Bogotá, Abril-Junio de 2009

En medio de la peor crisis económica mundial de las últimas décadas, Colombia se encuentra en una calamitosa encrucijada. Ya antes de que se desencadenara el cataclismo mundial el país se hallaba en recesión industrial, sus exportaciones estaban a la baja y aumentaron las importaciones y la dependencia de los alimentos importados como producto de la obstinación del gobierno en aplicar las políticas de apertura y privatización. En las últimas semanas se ha puesto fehacientemente de relieve la incapacidad gubernamental para afrontar esta crisis debido a su insistencia en mantener la dependencia de los mercados externos, en dejar el crecimiento nacional en manos de una inversión extranjera cada vez más escasa y condicionada y del sector privado monopolista y especulativo, al cual se le asigna el grueso de las inversiones requeridas para atenuarla y que sólo invertirá si se le aseguran jugosas ganancias que saldrán de los bolsillos de los colombianos.
La ausencia de medidas que promuevan el crecimiento productivo y el bienestar de la población ha sumido a nuestros compatriotas en una grave situación económica con un enorme aumento del desempleo, la informalidad, el hambre y en general de todas las expresiones de la pobreza.
Las políticas gubernamentales acentúan la crisis y acudir a medidas remediales para atenuar las expresiones más dramáticas de esta situación se imposibilita por el creciente déficit presupuestal y por la celosa defensa gubernamental de los intereses de los grandes conglomerados que –por ejemplo– en el sector financiero arrojaron el año pasado ganancias de más de 10 billones de pesos, mientras que el pueblo sufre por la falta de salud y trabajo.
La dependencia de la banca internacional y la obsecuencia con todas las políticas emanadas de Washington, ha sumido al país en la peor pérdida de soberanía y en la mayor dependencia económica de las últimas décadas. El servicio de la onerosa deuda pública y los gastos en seguridad y defensa absorben casi la mitad del Presupuesto y mantienen un recurrente déficit fiscal.
El gobierno ha acelerado la agenda de privatizaciones, el otorgamiento de multiplicadas garantías a los inversionistas extranjeros y el desestímulo a la producción nacional que, además de ser largamente abandonada, sufre el hecho de que en el agro la prioridad en la producción de biocombustibles fuertemente subsidiados y productos tropicales de exportación sacrifica todo esfuerzo de soberanía alimentaria basada en el fomento de la producción campesina. Se persigue la agricultura familiar pequeña y mediana, vedando la ganadería y avicultura campesinas, así como la elaboración de panela artesanal. Los escandalosos precios de los combustibles castigan a toda la población.
Los salarios reales caen, el poder de compra de la ciudadanía se ve fuertemente disminuido y se ignoran las justas reivindicaciones de los asalariados, mientras se mantienen las formas de contratación que burlan décadas de conquistas del movimiento sindical.
Se han otorgado concesiones de tipo colonial para la explotación del petróleo, del agua y demás recursos naturales y mineros; “zonas francas”, paraísos fiscales plenos de prerrogativas a la inversión extranjera; tratados de comercio, como el de Estados Unidos y Europa, que desechan la integración latinoamericana y subregional para favorecer los intereses privados de los consorcios trasnacionales. Todas estas políticas han entregado sin vergüenza la soberanía económica.
La crisis mundial está impactando e impactará gravemente sobre el país. Se ha desplomado la arquitectura financiera mundial y los países acuden a diversas medidas de protección de sus mercados, intervención del Estado y fomento de la producción y el consumo nacionales. Mientras tanto, el gobierno de Uribe insiste en continuar el rumbo económico que ha llevado al orbe entero a la crisis.
Al paso que a nivel mundial y especialmente latinoamericano crecen las tendencias progresistas que replantean el modelo económico basado en las teorías del libre comercio, la administración uribista se obstina en dar la espalda a los procesos de integración regional y subregional y en seguir fomentando ideas y políticas de “libre mercado” que solamente aseguran la riqueza a unos pocos.
Uribe también ha llevado al país a una grave crisis política. La concentración de poderes en el Ejecutivo, la arbitrariedad en las decisiones políticas y económicas, el manejo discrecional y clientelista del presupuesto nacional, la injerencia en la decisiones de otras ramas del poder público, el abuso de la utilización de los medios de comunicación en beneficio de la imagen presidencial, han configurado una dictadura de facto que además se empeña en prorrogarse indefinidamente.
Este marco ha servido para incubar aberraciones sin precedentes en la vida nacional, como la inescrupulosa vinculación de los partidos uribistas a la parapolítica y sus relaciones y complicidades con los autores de masacres, desapariciones, violaciones de los derechos humanos y asesinatos de sindicalistas. El más repugnante de todos estos crímenes es el homicidio de más de mil civiles, entre los que sobresalen los ocasionados por miembros de la fuerza pública contra poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, en una evidente demostración de la esencia de este Estado plutocrático y autoritario.
El cambio que exige Colombia requiere no reelegir a Uribe ni al uribismo y hacer un profundo viraje. Que reconstruya el desarrollo nacional y recupere la soberanía económica. El fortalecimiento del mercado interno, elevando el nivel de vida de la población y con una política económica autónoma que promueva el empleo, el desarrollo productivo y una equitativa distribución del ingreso; el afianzamiento de los lazos económicos con nuestros vecinos y con Latinoamérica, promoviendo una integración armónica y de beneficio recíproco; la intervención del Estado, con los instrumentos que sean necesarios, inclusive los atinentes al replanteamiento de los compromisos de la deuda pública, para controlar los efectos de la crisis mundial y asegurar la soberanía alimentaria, y –ante todo– la universalización íntegra de los derechos sociales y económicos, educación, salud y seguridad social, sin mediar trabas, cortapisas ni formulaciones engañosas.
El inconformismo cunde por doquier y las organizaciones sociales se movilizan por sus justas reivindicaciones y haciendo propuestas. La minga nacida en el Cauca, los esfuerzos de la Gran Coalición Democrática, las actividades de las centrales sindicales, las luchas de los usuarios de los servicios públicos, las movilizaciones campesinas y de ciudadanos en general, anuncian que se avecina una nueva época de luchas sociales.
Son buenas noticias para el país y el pueblo, a las cuales se añade el II Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo realizado en febrero. Mil quinientos delegados se enfrentaron al reto de definir una posición ante el gobierno y su rumbo económico y político. La mayoría de los delegados se inclinaron por una oposición de fondo que perfile al PDA como una alternativa, vinculada a la lucha social y con la suficiente amplitud para recoger todas las inconformidades. Se descartó el camino de priorizar las ambiciones personales y se prefirieron acuerdos programáticos de izquierda democrática con todos aquellos que quieran emprender un nuevo rumbo.