CONVOCATORIA AL ENCUENTRO MULTIESTAMENTARIO DE EMERGENCIA

Bogotá, Universidad Distrital Sede Macarena, Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre
PRESENTACIÓN:
Luego de múltiples valoraciones sobre la aguda crisis de la universidad pública colombiana, los universitarios asumimos con coherencia y dignidad, la preparación de un escenario de levantamiento que se configuró en cuatro días de movilizaciones en 18 universidades públicas y en más de 8 universidades privadas del país. Del 13 al 16 de Octubre, desde la Costa norte colombiana hasta el sur del país, las asambleas, marchas, pupitrazos, cadenas humanas, carnavales por la vida y diversas formas de resistencia, agitaron las banderas del movimiento estudiantil y universitario.
Sin vacilación alguna, las calles y los claustros ventilaron lo justo de la movilización de miles de jóvenes, que no pretende limitar la defensa de la educación superior pública a quienes hoy se encuentran en las universidades, sino que espera sumar a otros sectores sociales y populares.
El martes 20, en Bogotá se realizó la formidable, multitudinaria y exitosa Marcha, con la participación unitaria y combativa de universitarios de diversas instituciones de educación superior de Bogotá y otras regiones del país, en medio de la lluvia inclemente, hasta llegar a la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional en el momento en que la Cámara de Representantes daba el aval para la aprobación del Presupuesto nacional del año 2010.
Una movilización que llena de aliento y perspectiva la continuidad de la lucha de los universitarios colombianos por la defensa de la educación superior pública de excelencia académica, autónoma, democrática y pluralista.
La partida para las universidades estatales, como se ha informado exhaustivamente, es un una cifra muy distante de las necesidades reales de la educación superior pública, estimadas en cerca de $ 600.000.000 .000, incluso del 12.8% solicitado por los rectores del SUE, partidas que deben ser adicionadas al presupuesto global de las universidades públicas, de alrededor de 1.8 billones de pesos, del año 2009. El monto total para el año 2010, cercano a los 2 billones de pesos, para la educación superior pública, representa una suma exigua en el presupuesto total de la Nación ($148.293 billones para el año 2010), más aún si se compara con el presupuesto de seguridad y defensa ($20.9 billones de pesos) o con lo que invierten en educación superior pública otros países de América Latina de igual o menor desarrollo relativo.
De todas maneras, lo más negativo, es observar nuevamente la desaforada obstinación de la Ministra de Educación, contra la universidad estatal. Su conocido estilo "gerencial", que aplica verticalmente a los colegios, pretende ejercerlo contra las universidades haciendo caso omiso de su calidad y su importancia estratégica para el futuro del país, como lo hizo notar en la reunión internacional del CRES, en Cartagena/2008, en contravía de las tendencias mayoritarias de América Latina y el Caribe, que se manifestaron en defensa de le educación superior como un derecho inalienable. Sin ningún pudor, la Ministra pretende desviar el presupuesto de las universidades públicas, para subsidiar la educación privada, buscando canalizar los recursos públicos hacia los sectores privados a través del ICETEX (Subsidio a la Demanda), olvidando, de paso, que los aportes por la vía de Colciencias requieren contrapartidas que vulneran el presupuesto de las universidades publicas.
Con la desfachatez de siempre y fiel a su visión minimalista de la dimensión cultural de la educación superior, reitera su afán perverso de enfrentar a las universidades "grandes" con las "pequeñas " manipulando indicadores como instrumentos de premio y castigo para someter a las universidades a sus delirios de marchitamiento académico y asfixia presupuestal, como lo venimos denunciando de tiempo atrás, en particular desde el tristemente célebre Decreto 3545 de 2003, contra el cual nos movilizamos en todo el país, Decreto que finalmente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
En consecuencia, lo que sigue de inmediato es exigir un incremento real que se incorpore a la base presupuestal de las universidades, para aplicación del Artículo 86 de la ley 30 y se respete la Autonomía Universitaria para orientar los recursos que por ley le transfiere la nación, en beneficio de la excelencia académica de las universidades estatales. Una autonomía de carácter democrático que reside en la comunidad universitaria y en sus cuerpos colegiados internos.
Aparte de ello se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir al pago de su pasivo pensional. Con ello el Estado, persiste, en la política de desfinanciar paulatinamente todas y cada una de las necesidades de los universitarios.
Para desarrollar este objetivo es necesario exigir en todas las universidades pronunciamientos nacionales e internacionales en contra de la política de asfixia presupuestal a las universidades públicas, el rechazo contundente al alza de matrículas, al aumento de cobertura sin adición presupuestal y a los convenios de Concurrencia.
Para profundizar el análisis de la grave crisis financiera de las universidades públicas y trazar las tareas inmediatas de movilización a escala nacional, se acuerda Convocar el presente encuentro.
OBJETIVO:
Aprovechar la actual situación del movimiento universitario para coordinar y articular las acciones que se deben emprender en defensa de la educación superior pública.
ORDEN DEL DÍA:
Sábado 31 de Octubre de 2009
9:00 AM a 11:00 AM: Panel sobre la situación financiera de las universidades
11:00 AM a 1:00 PM: Informes por Universidad con los siguientes criterios: 1. Situación financiera de cada universidad 2. Balance de la movilización de octubre 3. Situación organizativa 4. Iniciativas
1:00 PM a 2:00 PM: ALMUERZO
2:00 PM a 6:00 PM: Plenaria. Propuestas y plan de trabajo.
Domingo 1 de Noviembre de 2009
9:00 AM a 1:00 PM Plenaria: Informes por estamentos, propuestas y plan de trabajo multiestamentario
¡TODOS LOS UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS CERRANDO FILAS EN DEFENSA DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA!
COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL
ACEU OCE FUN FEU IDENTIDAD ESTUDIANTIL FENALPROU ASPU SINTRAUNICOL

Sin plata suficiente para educación, lo demás es pura demagogia uribista

Erick Adrián Velasco. Representante Estudiantil Consejo Superior Universidad de Nariño. Pasto, 26 de Octubre de 2009.
En pleno debate nacional sobre la necesidad de incrementar el presupuesto para educación superior pública, y así prevenir el colapso financiero y académico de las principales universidades del país, es pertinente señalar, una vez más, cual ha sido la lógica que ha impulsado la privatización y el deterioro de la calidad en la enseñanza universitaria: más exigencias con menores recursos.
Según el Contralor General de la República, Julio César Turbay, “El dilema es claro: se desfinancian progresivamente las universidades públicas, pero al mismo tiempo se les exige cada vez más, y las ganancias en eficiencia tienen un límite”, lo anterior no debe extrañar, pues si existe algún motivo para que los estudiantes protestemos, como lo ocurrido en la Universidad Nacional, la semana pasada, es precisamente la aplicación de esa perversa ecuación.
En las mismas declaraciones, la Contraloría hace referencia a que las mayores exigencias se dan principalmente por el crecimiento desmedido de nuevos cupos universitarios, los cuales recaen en su mayoría bajo responsabilidad del Sistema Universitario Estatal -SUE-, es decir, sobre las -ya constreñidas- 32 instituciones públicas de nivel superior. De 549.546 cupos nuevos que se crearon entre el 2000 y el 2008, el 88 por ciento (484.020) es imputable al sector público y el restante 12 por ciento (65.526) al privado.1
La Universidad de Nariño, principal centro educativo del departamento, lejos de sortear los embates de este sistema educativo perverso y antinacional, el cual reparte migajas presupuestales a la vez que exige milagros sociales, sufre un deterioro significativo en la calidad educativa. Si revisamos algunos datos sobre oferta en pregrado, en los últimos quince años, esta se diversificó pasando de 10 programas académicos a ofertar 36, lo que en número de estudiantes ha significado pasar de 4000 cupos, en 1994, a más de 9700 en la actualidad.
En consecuencia, no sorprende que hayamos pasado de tener una planta docente en su mayoría Tiempo Completo-TC-, a una planta TC que no sobrepasa el 30% del total de docentes universitarios; no sorprende que de los más de 800 profesores, tan solo, 38 ostenten títulos de doctorado; no sorprende – ni sonroja- que estudiantes de las llamadas ciencias “duras” hagan sus prácticas en laboratorios obsoletos; no sorprende que la infraestructura de los edificios y la biblioteca esté mandada a recoger y que nos veamos a gatas para asignar algo tan elemental como un salón para clases; no sorprende - mucho menos inmuta-, que la relación computador, conectado a internet, por estudiante sea de 1 a 40, y eso en pleno despliegue de las llamadas tecnologías de la información.
En fin, no sorprende que estemos pensando que la universidad de Nariño, después de resumir estos hechos notorios, sea una de las mejores del país, y no sorprende por la sencilla razón de que la formación en nuestros planteles es tan mala que no nos percatamos –y claro menos le interesa a este gobierno- de formar al estudiante como un ser capaz de criticar el estado actual de las cosas, ni siquiera de formular preguntas tan elementales como ¿por qué existimos? Y ¿cuál es nuestra función en la sociedad?
La educación, que es la manera como se desarrolla el conocimiento, es fundamental para promover el avance de las fuerzas productivas de cualquier sociedad, profundizar la democracia, reconocer y salvaguardar los valores culturales de los pueblos y permitir el ascenso social de las capas empobrecidas; sin embargo, la educación para lograr estos propósitos debe ser impartida a los más altos niveles de calidad, es decir, en condiciones de excelencia, lo cual se logra, en el caso de la educación pública, solo con el concurso del Estado colombiano capaz de generar los recursos adecuados para brindarle este derecho a todos los colombianos.
Así planteado, es oportuno para la Universidad de Nariño abrir la discusión sobre las iniciativas de creación de nuevos programas, como el de Contaduría Pública, el cual hace su tránsito por el H. Consejo Superior, a fin de no caer, ingenuamente, en el juego mezquino y demagogo de la “mayor inclusión”. Es evidente que nuestra universidad se queda corta ante las enormes exigencias de los miles de bachilleres que año tras años frustran sus sueños de ingreso a la universidad, de ser profesionales y así alcanzar mejores niveles de vida, sin embargo, la política debe modificarse y nuestra exigencia, así los tecnócratas le llamen “dogmatismo estatal”, es que el Estado en cabeza del Presidente Uribe, responda adecuadamente para ver si en algún momento los anhelos de una Colombia decente se materializan.
1 Tomado de www.eltiempo.com
“TODOS EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA”

Carta de los estudiantes universitarios al Congreso de la República

Bogotá, octubre 20 de 2009
Señores Congreso de la Republica Ciudad
Honorables Senadores y Representantes:
La política de la Revolución Educativa, impulsada desde 2002, ha ocasionado la peor crisis de la Universidad pública en la historia de Colombia. En materia financiera se han recortado paulatinamente sus recursos, forzando a la autofinanciación de cada uno de los establecimientos educativos mediante el incremento de las matrículas, la venta de servicios, obligando a concurrir con su presupuesto al pago del pasivo pensional e incrementando la cobertura sin recursos suficientes para solventarla. Prueba de ello son: el déficit financiero que alcanza la suma de $500.000 millones de pesos y el informe del Contralor General de la República, quien afirmó que, las transferencias del Gobierno a las Universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones.
A esto se suman los recientes pronunciamientos de los 32 rectores que integran el Sistema de Universidades Estatales, SUE. Según ellos, es necesario un aumento mínimo en la base presupuestal del 16.3%, que implica, de una parte la inflación proyectada para el 2010 que es del 4%, y en compensación a la ausencia de financiación estructural que padece la universidad pública, un incremento del 12.3% que corresponde al 3.3% del ajuste del IPC del año 2008 y 9% del incremento a la base presupuestal. El estudiantado respalda esta petición. Es inconveniente para los intereses de la universidad que esos recursos sean manejados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN o por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.
Se requiere de inmediato una solución estructural a la crisis presupuestal de la educación superior pública, lo cual requiere un estudio concienzudo sobre su situación real. Consideramos que el Estado es el único responsable de la plena financiación de las Universidades Públicas. Sólo de esa manera se garantiza una educación de alta calidad y de excelencia académica, conforme a las necesidades de progreso y bienestar de la población colombiana, que garantice el acceso de los sectores más pobres y excluidos, y cuyos proyectos de investigación se destinen a solucionar los profundos problemas sociales del país.
Al recorte de presupuesto se suma la degradación de la calidad académica de la universidad pública. Esto obedece al proceso de adecuación del país a los requerimientos de la globalización económica, que ha traído como consecuencia la reducción de la duración de las carreras, la flexibilización curricular, la sobre carga laboral para profesores y trabajadores, la formación e investigación al servicio del mercado y la configuración de los programas en competencias académicas, ciudadanas y laborales. De esta manera se han negado dos pilares de la educación pública: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Para implementar esta política educativa, se han recortado de manera sistemática y generalizada los derechos y las libertades democráticas. Ante las legítimas exigencias de los estudiantes en defensa de la universidad pública los derechos a la movilización, a la protesta, a la asociación han sido fuertemente reprimidos. Creemos que la universidad colombiana debe ser un ejemplo en el respeto, en la protección y en el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos.
Finalizamos reiterando en la necesidad de incrementar la base presupuestal en un 16.3% el presupuesto de las Universidades Públicas. Esto sólo sería un paso para iniciar el proceso de lograr una educación superior pública plenamente financiada por el Estado. Esperamos que su compromiso en la defensa de los intereses del país se materialice en esta iniciativa.
Cordialmente,
Estudiantes Universidades Públicas Colombianas,
Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, FENARES.
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU.
Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.
Federación de Estudiantes Universitarios, FEU.
Federación Universitaria Nacional, FUN-Comisiones.
Comuna Universitaria.
Minga Universitaria.

“NUEVA” LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: MÁS DE LO MISMO O PEOR

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 30 de julio de 2009.

Varios titulares de prensa se han ocupado de la “nueva” Ley de Ciencia y Tecnología. De un nombre tan pomposo se podría concluir que el país se apresta a entrar en una nueva senda y que por fin se aspirará a que Colombia se mueva en las fronteras del conocimiento. Lástima que ello no sea cierto. La publicitada Ley no tiene nada nuevo, si de lo que se trata es de hacer del atraso científico y tecnológico un asunto del pasado.
Que Colciencias pase de ser un instituto adscrito a Planeación Nacional a un departamento administrativo le da más nombre a quien ejerza como su director y le entrega el derecho a asistir con voz y voto a unas cuantas reuniones del alto gobierno, pero de allí no se concluye que las cosas vayan a cambiar. Si no se estuviera manipulando y tratando de conseguir unos votos con ella, no valdría la pena, como sucedió durante el trámite en el Congreso, ni rechazarla.
Con la Ley se crea el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se nutrirá de los mismos recursos con los que hoy cuenta el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre los promocionados 100 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Regalías de que habla el artículo 26, cabe aclarar que ya hoy los departamentos y municipios pueden hacer uso de parte de tales recursos para la promoción del conocimiento. Si ese no es su destino, es porque las carencias económicas y sociales de los entes territoriales son tantas, que entre sus prioridades pesan más el aumento y mantenimiento del cubrimiento de los servicios sociales básicos que el de la ciencia. Además, este artículo establece que se le dará cumplimiento a la segunda parte del artículo 361 de la Constitución, según el cual, los dineros del Fondo “se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.”
A la Ley le atribuyen sus promotores, sin demostrarlo, que será la palanca para que los recursos destinados al desarrollo científico lleguen al 1,6 por ciento del PIB en el 2016. ¿De qué sombrero sale la cifra? Desde el 2003 la inversión en investigación y desarrollo se mantiene invariable (0,18% del PIB). Manipular la información es un ataque a la inteligencia de la población informada. Es una verdad de a puño que este gobierno no ha cejado un instante en el estrangulamiento de la universidad pública. La calidad, por ejemplo, de toda la educación básica y superior se está yendo a pique y las transferencias por estudiante, en términos nominales y reales, son cada vez menores.
Se dice que con la Ley cambiará el modelo productivo. Es otro de los cantos de sirena de quienes han convertido a Colombia en un inmenso sanandresito. No es creíble hablar de desarrollo tecnológico y científico en el “libre comercio”, modelo que concentra aún más el conocimiento en las potencias, que arruina el aparato productivo nacional, que deja expósita la economía a los apetitos de los tiburones del capital financiero, que hace de los servicios sociales negocios de los especuladores, que mercantiliza la educación, etc. Colombia, salvo excepciones que vienen de los esfuerzos propios de la comunidad académica, es un país que no alcanza ni siquiera el rótulo de ‘copiador’ en el concierto mundial. La especialización en la producción de bienes agrícolas tropicales y de unas cuantas materias primas mineras y en la maquila industrial son hechos devenidos de las concepciones económicas con las que se dirige el país, y con las cuales, óigase bien, ¡jamás! se saldrá del atraso. La Ley refuerza este tipo de concepciones al basarse en la filosofía de que la educación debe ser como el aparato productivo: Para una economía mediocre, una educación inexistente o mediocre.
El gobierno tramita además tres leyes que atentan contra la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades públicas. Con la del Ecaes, al orientar el contenido de los pénsum de las carreras universitarias y fortalecer la llamada formación por competencias, viola la autonomía universitaria, principio constitucional fundamental para la vida de las instituciones de educación superior. La del Icfes traslada al Ministerio de Educación 39 mil millones de las instituciones que ellas emplean para invertir en programas de fomento, propuesta que el Sistema Universitario Estatal (32 universidades públicas) rechaza. Con la ley que obliga a cinco universidades del orden nacional a concurrir en el pago de su pasivo pensional, se reencaucha la propuesta del artículo 38 del Plan de Desarrollo, declarado inconstitucional y que suscitó un abierto rechazo de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, esta pondrá de los ingresos propios 39 mil millones de pesos (uno por ciento del pasivo), medida que causará aumentos en las matrículas. Valga recordar que entre las causas que llevaron a la quiebra a la Universidad del Atlántico estuvo obligarla a responder por parte de su deuda pensional, responsabilidad exclusiva del ejecutivo.
La problemática de la educación superior, por el eco que tiene, a veces erróneamente se le circunscribe solo a la esfera pública, pero a la privada también concierne. En la combinación de una política tendiente a reducir la calidad en la educación con la debilidad económica del país salen perdedoras las privadas, a donde ingresan casi la mitad de quienes entran a la educación superior. Las alzas en las matrículas y los leoninos créditos ofrecidos por la banca y el Icetex se vienen convirtiendo en una traba para ingresar y continuar en la universidad. Los estudiantes que cursan en estas instituciones no están exentos de los males propios de la educación, además, lo que para ellos es el presente, para quienes están en las públicas, por cuenta de la privatización, es un futuro cercano.
De una lectura juiciosa de la Ley, la Comunidad Académica concluirá que ella es una de esas tantas leyes que se tramitan cada año en el Congreso de Colombia y que solo se justifican porque las mayorías uribistas en sus haberes tienen tantos actos atentatorios contra el progreso nacional de todo cuño, que buscan resarcirse con cosas inanes, que ante la opinión suenan bien y sirven para hacer ese tipo de política que se basa en el ardid, pero que no modifica en un ápice al mal rumbo por el que va el país.
La Ley de Ciencia y Tecnología es otro acto de esos con lo que algunos uribistas pretenden conseguirse unos votos, presentando como gran cosa lo que es poco o nada. Una norma que profundiza el inicuo régimen colombiano puede recibir cualquier adjetivo menos el de progresista. En distintas instituciones y aulas se podrán promocionar las supuestas bondades de una legislación que carece de ellas. Quienes lean con cuidado la Ley encontrarán que en ella lo que hay es más de lo mismo o peor.
Para escuchar la intervención del senador Robledo en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: Para desarrollar a Colombia se necesita una educación de altísima calidad
Para escuchar la intervención del doctor Carlos Gaviria Díaz en audiencia pública sobre calidad en la educación, realizada el 21 de agosto de 2008, haga clic en el siguiente link: "Soy un defensor a ultranza de la autonomía univeristaria": Carlos Gaviria Díaz

Bienvenidos futuros maestros de Colombia a la Universidad Pedagógica Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Capitulo Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Agosto de 2009

La actual crisis de la educación publica requiere una organización gremial de los estudiantes que sea amplia, democrática y participativa y que se proponga como objetivo generar debate crítico sobre la importancia de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo, una organización que se sume a la lucha de los sectores sociales en defensa de un país democrático y soberano. Por eso los invitamos a hacer parte del proceso de conformación del Consejo Estudiantil de la UPN como herramienta de autonomía y democracia para participar activamente en la toma de decisiones y en la defensa de la universidad pública.
Y EN LA UPN LAS AUTORIDADES NOS CONTINÚAN DEGRADANDO LA CALIDAD La Universidad Pedagógica Nacional se enfrenta a una crisis que pone en riesgo su existencia como universidad pública. La crisis es muy grave y se evidencia en: El déficit presupuestal y la inviabilidad de la construcción de la Sede Valmaría: El déficit presupuestal supera los $10.000 millones de pesos, debido a la ampliación desmedida de la cobertura y al recorte de las transferencias estatales, sumados a la mala administración del rector Óscar Ibarra, quien ha planteado la construcción de Valmaría como su proyecto fundamental. La construcción de Valmaría es inviable desde el punto de vista financiero y académico. La sede cuesta $550.000 millones de pesos, sin contar los gastos de funcionamiento. Igualmente, el Gobierno Nacional ha manifestado no hacerse cargo de la financiación del proyecto, requisito indispensable para garantizar la construcción y la calidad. De esta forma se descargará en los estudiantes y la comunidad universitaria los costos mediante el incremento de matrículas y la venta de servicios por parte de la Universidad, renglón que representa hoy el 48% del presupuesto. Ni siquiera se soluciona el problema con la venta de los predios de la universidad, incluido el IPN, pues la suma no alcanza a cubrir ni el 50% del costo del proyecto. Incremento sin presupuesto en la cobertura: La cobertura en los últimos cinco años se ha incrementado en un 60%, lo cual no fue equilibrado con el aumento del presupuesto del Estado. El desajuste se ve reflejado en las carencias de planta física, bibliotecas, docentes de tiempo completo, laboratorios, equipos audiovisuales, auditorios, computadores, restaurante. Imposición de reformas académicas regresivas: Bajo el apelativo de "Revolución educativa" se imponen medidas y reformas que restringen la autonomía universitaria con su constante intervención e inspección cuyo único fin es imponer contenidos y homogeneizar los saberes. Las reformas académicas recortan los contenidos de las carreras, desmejorando la calidad. Buscan amoldar el sistema educativo a un mercado laboral que no tiene ningún tipo de garantías para los profesionales, en especial los docentes. La intención de imponer el “trabajo autónomo” como el único método de aprendizaje les facilita a los TLC la desprofesionalización docente y la mano de obra barata, como lo requieren las multinacionales que se apropiarán de nuestro país. La falta de autonomía y democracia: Por su carácter antidemocrático y autoritario, esta administración se ha cerrado a todos los espacios de diálogo con la comunidad universitaria, negándose a dar cuentas de su gestión y tomando por costumbre en los últimos semestres el cierre arbitrario de la universidad, actuando por cuenta propia sin el consentimiento de docentes, estudiantes y trabajadores. En el primer semestre del 2009 impuso al representante estudiantil ante el Consejo Superior, quien no recoge las reivindicaciones del estudiantado, que en su mayoría voto en blanco. También ha aprobado un reglamento estudiantil policivo, el cual niega la posibilidad de cualquier tipo de discusión política e ignora las propuestas de los estudiantes, buscando así acallar las expresiones democráticas que batallan por una educación pública de calidad y por un país soberano y democrático. Esto no es ajeno a la situación del país. Asistimos a continuas violaciones de la soberanía nacional, desde la entrega de nuestros recursos hasta el alud de privatizaciones, y en las últimas semanas en el aberrante propósito del establecimiento de bases militares gringas en territorio colombiano. El acuerdo con Estados Unidos se está urdiendo a las escondidas en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia de la Corona española. Lo anterior solo muestra que estamos sujetos a otro Imperio, tan opresivo como lo fue en su época el español, pues de ninguna otra forma puede explicarse la implantación de fuerzas militares extranjeras en el país. Serán tropas que obedecerán al Pentágono y defenderán los intereses y la bandera de Estados Unidos por sobre los intereses de Colombia, en palabras más simples, los intereses del capital financiero y las trasnacionales sobre los de los colombianos.
La grave situación de la educación pública nos obliga como parte de quienes tenemos acceso a las universidades a pensarnos la educación superior mas allá de los supuestos mercantiles y utilitaristas. La práctica de la academia encierra muchas cosas más, y por ello debemos ser conscientes de la responsabilidad que como jóvenes, estudiantes, intelectuales y futuros docentes tenemos con la sociedad colombiana. Teniendo en cuenta lo expuesto, planteamos la necesidad de que en la coyuntura política y electoral que se aproxima, los sectores sociales tengamos una participación activa en busca de iniciar un proceso de transformación social que beneficie a la gran mayoría de colombianos que viven sumidos en la miseria. Por eso les extendemos la invitación a apoyar la propuesta de “Por un país decente, CARLOS GAVIRIA Presidente”. El maestro Gaviria es una persona consecuente con los principios de la izquierda democrática y recoge en su programa la reivindicación de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales del pueblo colombiano

Con la expulsión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende silenciar las denuncias contra la degradación académica de l

Pronunciamiento de la OCE RISARALDA.

Pereira, Julio de 2009.

En la reciente decisión de las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay evidentes intereses políticos.
Tras conocer el fallo, es bueno precisar que desde el mismo comienzo de este asunto se violó el derecho al debido proceso, con la manera arbitraria como fueron escogidos, a “dedo” entre una amplia multitud, los estudiantes vinculados a la investigación. Igual sucedió en el transcurso del pleito, el cual presenta múltiples vicios jurídicos como omitir la presencia de los sindicados en las diligencias en las que recibieron las declaraciones de los testigos, negando el derecho de los estudiantes acusados a contrainterrogar a quienes testificaban en su contra.
Algo similar ocurre con las declaraciones de funcionarios de la Universidad donde se observan contradicciones a la hora de cotejar sus versiones, dejando un manto de duda sobre la veracidad de ellas, lo cual debe resolverse en favor del acusado, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. En contraste, se omiten testimonios de empleados del servicio de seguridad de la universidad, quienes afirman haber visto a algunos de los estudiantes implicados procurando impedir que se cometieran desordenes. No es de menor importancia que la firma del fallo se diera sin la presencia del rector Luis Enrique Arango (principal impulsor del proceso), siendo proferido por el funcionario encargado de la rectoría, una semana antes de la fecha del mismo.
De tal manera que por los asuntos aquí expuestos y otros de mayor gravedad hallados en los expedientes de los procesos, está claro que el material probatorio no da para llegar a la conclusión que tomaron las directivas. El veredicto no se ciñe a las normas del derecho, por lo que se confirma una vez más lo que hace rato es un secreto a voces: la decisión de expulsar los estudiantes posee evidentes intereses políticos que pretenden dar escarmiento a quienes, a través de las vías democráticas, han denunciado la alcahueta política de privatización de la educación pública implementada por el rector de la UTP.
Es bien sabido que los estudiantes Fernando Viáfara Banguera y Pedro Fernando Cruz son miembros de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, misma que siempre, en todo momento y lugar, guardando consecuencia con sus principios programáticos, ha expresado su oposición al uso de artefactos explosivos, manifestaciones violentas o la intimidación a la integridad de las personas. Por ende rechazamos enfáticamente la expulsión de los compañeros.
Por último, instamos a la comunidad en general a rechazar la manera absolutista como el rector de la UTP viene cercenando los espacios democráticos en la institución, acudiendo para ello a formulas normativas que ajustan y manipulan a su amaño. No es gratuito que sectores que han optado por respaldar las luchas estudiantiles mediante mecanismos civiles y democráticos, hayan sido condenados por acciones que rechazan. Lo que busca la dirección universitaria es disponer de un chivo expiatorio que sirva para opacar la cada vez más inocultable política uribista que conlleva la degradación de la educación superior en Colombia.

Compañeros y Compañeras Estudiantes Bienvenidos a la Universidad Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Unal.

Bogotá, 29 de Julio de 2009

La Universidad Nacional es la universidad más importante del país, con más de 100 años de historia y trayectoria, había sido concebida como el instrumento de educación necesario, que ayudaría a la nación en sus primeros procesos de industrialización y de impulso a la producción nacional. Lastimosamente, las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez tienden a adecuarla a los requerimientos del mercado, y en consecuencia, se ha reducido ostensiblemente su calidad. Esta situación impone una responsabilidad en los nuevos estudiantes de la universidad, quienes tendrán que comprender las determinaciones implementadas, para derogarlas por medio de la lucha de masas democrática, organizando los Consejos Estudiantiles y empleándolos para transformar el actual modelo de universidad. En los acuerdos 033 de 2007 y 008 de 2008, se modifican los criterios para estructurar los programas académicos y el estatuto estudiantil. Con estos acuerdos se implementan los créditos académicos, con el propósito de recortar la duración de las carreras y se han sustraído del pregrado materias de profundización creando así un vacío que solo lo cubrirá el postgrado, bastante más costoso que el pregrado. Por si fuera poco ahora se somete a los estudiantes a un examen que supuestamente evalúa la calidad de la educación, este es el concitado “ECAES” cuyo objetivo es medir las competencias laborales, académicas y ciudadanas que deben tener los profesionales que están preparando las universidades, por tanto, si la universidad quiere tener buenos resultados en estos exámenes, debe ajustar sus currículos a las competencias señaladas en el Ministerio de Educación Nacional. Tal es el fondo de los Acuerdos 033 y 008, que bien podría resumirse en la siguiente frase del senador Jorge Robledo: "a un aparato productivo de pacotilla, una educación de pacotilla¨. Como el proyecto uribista renuncia a un país con el pleno desarrollo de su mercado interno, la educación se adecua a una nación que vive en la pobreza y en la miseria.
A este panorama hay que sumarle las medidas que adopta la universidad para saldar el déficit presupuestal producto del recorte que realiza el Gobierno Nacional.La universidad ha incrementado los recursos propios para cubrir los gastos con el aumento de las matrículas de pregrado, el pago de trámites ordinarios (constancias, certificados, etc.) y ha destinado la producción científica a favor de poderosos financiadores. Además el gobierno intenta responsabilizar a la Universidad del pasivo pensional, que según datos del CID, supera los 4 billones de pesos. A ello se suma que los docentes ocasionales llegaron en 2006 a un porcentaje histórico para la institución, el cual sigue su ritmo ascendente: 19,2% y producto del aumento de la cobertura, sin aumentar los recursos que el Estado debe girarle a las universidades públicas, la infraestructura física ya no es suficiente.
La universidad no es ajena a la vida nacional. A sólo un año de conmemorar el Bicentenario de la Independencia, nos encontramos con la instalación de 5 nuevas bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, con el beneplácito de Uribe Vélez, expresión fehaciente de la dominación e injerencia de dicha potencia en nuestro país, convirtiendo a Colombia en punta de lanza de sus pretensiones hegemónicas en la región y el mundo.
Todo este panorama implica que el país debe unirse para no reelegir al uribismo sin Uribe. Se hace necesario que los colombianos recuperemos la dignidad perdida y eso sólo se hará sobre la base de reconstruir una sociedad democrática y soberana, por tanto en el escenario nacional, resulta absolutamente acertada la propuesta liderada por el Dr. Carlos Gaviria Díaz, precandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, quien ha señalado la necesidad de luchar por un país decente.

Impunidad Asesinato del estudiante Johnny Silva a justicia internacional

El 22 de septiembre de 2005, Johnny Silva Aranguren, un estudiante de la Universidad del Valle hijo de un humilde carpintero caleño, fue asesinado de un disparo en la nuca durante una manifestación. Su único delito era ser estudiante y no poder correr lo mismo que sus compañeros para resguardarse de las balas que, desde la formación policial del Esmad, eran disparadas contra la multitud: había nacido con un defecto congénito en las piernas y, a sus 21 años, no podía haber participado en enfrentamiento alguno con los uniformados y, mucho menos, correr para salvar su vida.
Entraba la noche y, aprovechando un sospechoso corte de luz, los agentes del Esmad ingresaron al campus disparando y lanzando sus tanquetas contra los manifestantes que desde las dos de la tarde bloqueaban la avenida Pasoancho de la capital valluna, en una jornada de protesta contra el TLC. Johnny Silva recibió el disparo que le causó la muerte desde una distancia de 23,7m, según determinó el informe de Medicina Legal. Murió pocos minutos después, cuando otros estudiantes y profesores intentaban trasladarlo en una ambulancia a un hospital.
En septiembre del año pasado, el fiscal 41 de derechos humanos determinó la responsabilidad del Esmad en el asesinato del joven, demostrando que nunca se hizo requisa a los agentes para verificar que no portaran armas letales y que efectivamente estaban dentro de la universidad al momento de disparar contra Silva Aranguren, contrario a lo declarado por el entonces comandante de la Policía de Cali, el general (r) Jesús Antonio Gómez Méndez. El informe señalaba claramente la responsabilidad del Esmad, aunque no individualizaba al responsable del disparo, dado que nunca se realizaron pruebas forenses a los agentes involucrados.
Sin embargo, Carlos Adolfo Millán, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali y encargado de este caso, ante los recursos presentados por la Policía, decidió desestimar toda la argumentación de su colega de derechos humanos y argumentó que no era posible establecer la responsabilidad de los policías en el crimen, señalando que la bala asesina “no fue disparada (sic) por armas de fuego tipo revólver de dotación oficial de la Policía”. De esta mena, el fiscal Millán no sólo asume una posición contraria a la de su antecesor, sino que desestima las conclusiones de balística y del informe forense. Con esto, trata de sostener un supuesto montaje contra los uniformados en el que “participaron varias personas del interior y del exterior de la universidad”, dado que, supuestamente, “el Esmad se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes”.
Frente a esto, Wilman Silva, el humilde carpintero que esperaba que su hijo pudiera graduarse becado de la Universidad del Valle, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asuma el caso de Johnny, porque sabe que “la justicia colombiana no va a actuar”.

LA PRIVATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

OCE Guajira,

Riohacha, junio de 2009

Desde los años noventas, cuando se implanto el modelo neoliberal en Colombia, la universidad pública colombiana, al igual que el resto del sector de servicios del Estado colombiano, ha sido reformada y sometidas a un proceso de desfinanciación progresiva.
Esas reformas, como consta en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones "Estado Comunitario Desarrollo Para Todos" 2006-2010 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, niegan la financiación estatal y fomentan la asignación del presupuesto nacional condicionado a indicadores de gestión, se elimina la autonomía académica al establecer la estandarización de los programas. Afecta la decisión autónoma académica para establecer nuevos programas al reglamentar que se debe garantizar su autofinanciación y tener el visto bueno del Ministerio de Educación privilegiando lo económico sobre lo académico. Se flexibiliza la financiación de la Universidad Pública condenándola a un estado de incertidumbre en los aportes que el gobierno debe otorgarle por ley.
Como consecuencia de lo anterior, la estabilidad financiera de la Universidad de la Guajira, hoy se encuentra en un serio proceso de deterioro, ya que, los aportes de la Nación han registrado una drástica reducción al pasar del 72.3% en 1998 al 31.48% en el 2009, es decir, una reducción de mas de 40 puntos en 11 años, en tanto que, los ingresos propios pasaron del 7% en 1995 a 29.9% en 2009, y para ello, los derechos académicos y complementarios, que antes del 2007 eran el 10% del valor de las matriculas se incrementaron al 20% de las mismas, es decir, un aumento de un 100%.Igual sucedió con el valor de las inscripciones que ha aumentado en un 66% y las constancias y certificaciones que han tenido aumentos del orden del 260%.
Para gozar de un alto nivel científico y académico, es imprescindible contar con profesores que en un 80% sean de tiempo completo, bien remunerados y con condiciones laborales que permitan su dedicación al estudio, a la investigación y a la docencia. Pero, las cifras dicen que de 508 docentes que prestaban servicios en el 2008, solo el 16.8% figuraban vinculados a la planta de personal, en tanto, que los restantes tenían vinculación temporal, entre ocasionales y catedráticos y con un bajo registro en su nivel de formación, pues, sólo el 0.23% tenían doctorado y el 12.62% Maestría. En esas condiciones hablar de calidad en la universidad no deja ser una falacia.
La Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), pone a discusión del estudiantado guajiro: la conformación de una organización gremial, con un programa de lucha que recoja las banderas de la financiación estatal, adecuada y oportuna, que implique, el aumento del profesorado de tiempo completo, la adecuación y dotación, la inversión, la investigación y la ampliación de la cobertura e infraestructura; con una dirección colegiada democrática, elegida popularmente y un verdadero programa de bienestar estudiantil, con unos métodos de lucha democráticos y de masas, para la solución de las contradicciones políticas.

Carta abierta de la representación estudiantil al Consejo Superior: al rector de la Universidad de Caldas y a la mayoría del CSU

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Manizales, junio 11 de 2009

Doctor Ricardo Gómez Giraldo Señores Consejo Superior Universidad de Caldas

Asunto: Imposición de multa a la Universidad de Caldas, por desconocer los derechos de asociación y negociación sindical.

El 28 de mayo de 2009 mediante Resolución 165, suscrita por la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de la Protección Social, le fue impuesta una multa a la Universidad de Caldas, de 100 salarios mínimos mensuales, es decir, Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil pesos ($49.690.000), ante la negativa de las directivas del Alma Mater de sentarse a negociar un pliego de peticiones presentado desde el 29 de agosto de 2008 por la organización sindical, ASOFUNDE, que reúne a empleados y trabajadores oficiales de esta institución.
La imposición de la millonaria multa sumada a la petición hecha, por el Ministerio de la Protección Social, de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue al Rector de la Universidad, por un presunto acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, como lo describe el artículo 200 del código penal, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido y que sugiere una profunda reflexión al interior de la Universidad, sobre el respeto a principios fundamentales y básicos para la existencia de la democracia.
Como es sabido por ustedes, la Representación Estudiantil al Consejo Superior, votó de manera negativa los acuerdos, 07, 08, 09 de marzo 9 de 2008 y 18 del 9 de septiembre del mismo año, que dieron lugar a la “reestructuración” que implicó el despido de los celadores, trabajadores oficiales y la reclasificación de algunos como empleados públicos desconociéndoles sus derechos convencionales. En diversas oportunidades hemos hecho un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y a detener la persecución sindical sintetizada en la obsesión de desaparecer las organizaciones sindicales de los trabajadores y en promover la tercerización (léase privatización) de los servicios que dichos ciudadanos le prestan a la universidad. No podemos cohonestar entonces, ni estar de acuerdo, con las decisiones administrativas que se están tomando al interior de la Universidad, que afectan derechos fundamentales de personas y que cuentan con el respaldo de la mayoría del Consejo Superior.
Como lo ha establecido la Corte Constitucional el derecho de asociación sindical: “Debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política.”
A pesar de esta visión recogida en los pronunciamientos del más importante tribunal constitucional, me atrevo a afirmar que las decisiones administrativas al interior de la Universidad que desconocen derechos fundamentales y se niegan a aplicar la Ley, en vez de promover la democracia y los más altruistas valores para el avance social, contribuyen a la consolidación del modelo autoritario y de restricción de libertades democráticas que impera hoy en la sociedad colombiana. No son demócratas, ni merecen regir los destinos de un instituto de ciencia, como la Universidad de Caldas, quiénes se niegan a reconocer los más elementales derechos que nuestra carta política le concede a los trabajadores.
Ante el evidente incumplimiento de presupuestos democráticos, entre los cuales se encuentra también la decisión de la mayoría del Consejo Superior (En sesión del 24 abril, Acta No. 05 de 2009) de excluir a la comunidad universitaria de la elección del rector, a lo cual se opuso también esta Representación Estudiantil, no queda más que hacer un llamado a que se cumplan los mínimos para que no siga haciendo carrera al interior de los claustros universitarios el desconocimiento de derechos fundamentales reconocidos por mandatos superiores.
De igual manera solicito, basado en el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que ante el daño patrimonial que se causa a la Universidad con esta sanción, sean los funcionarios responsables los que finalmente terminen respondiendo por ello, tal como lo manda el artículo 90 de la Constitución Política y lo desarrolla la Ley antes mencionada. Como lo afirma el Ministerio de la Protección Social: “resulta innegable el hecho de que la abstención por parte de la Universidad de Caldas de dar inicio a etapa de negociaciones sobre el pliego de condiciones que previamente había extendido el sindicato ASOFUNDE a esta entidad, redundó en un atentado grave hacia los bienes jurídicos fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva”. (Resolución 165 de mayo 28 de 2009, página 12).
Según las autoridades administrativas del trabajo existen los presupuestos fácticos que enmarcan esta conducta, de los funcionarios responsables al interior de la Universidad, como una falta grave por: “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”(Ley 678 de 2001, artículo 6º, numeral 1), por lo que se hace necesario que el Representante Legal de la institución proceda a presentar la denominada acción de repetición, en aras de salvaguardar los escasos recursos públicos que hoy le gira el gobierno nacional a la Universidad de Caldas.
Atentamente,
Juan Carlos Martínez Botero Representante Estudiantil al Consejo Superior Universidad de Caldas