TLC y Educación, El caso de Costa Rica Parte II

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Universidad Nacional,

Bogotá, 18 y 19 De Abril de 2009

Presentación

La ofensiva privatizadora del gobierno se destaca en las distintas universidades del país, es más evidente el deterioro en todos los órdenes de la institución llamada a ser la conciencia crítica de la nación y la custodia por naturaleza de los derechos humanos. En este sentido lo que se encuentra en juego hoy es la esencia misma de la universidad su carácter crítico y transformador, donde se quiere imponer un modelo servil al mercado y regulado por éste. Por ello la discusión esencial debe ser sobre la implantación de este modelo como un retroceso y ataque a la universidad pública, a su calidad y pertinencia social. Es así como se vienen aplicando y concretando una seria de reformas estructurales que apuntan al desmonte de la autonomía universitaria, y las consecuencias nefastas que esto conlleva
Los caminos de la concurrencia y la ley de quiebras, son reafirmadas por el régimen como la salida más acertada a la crisis financiara que padecen las instituciones públicas de educación superior, esta situación se agudiza sistemáticamente en universidades como: la Universidad de Caldas, Universidad del Valle, UPTC, UTP, UPN, U Pamplona, por mencionar alguno de los casos más pregonados por la ministra de educación y sin olvidar el lamentable desenlace de la Universidad del Atlántico. Y ni que decir de las múltiples reformas académico-administrativas que se han venido implementando, que socaban la calidad academica, la democracia y la autonomía universitaria; su piloto sin duda a sido la Universidad Nacional de Colombia, donde la aplicación de la reforma este semestre ha traído graves problemas estructurales de calidad, y que se ha impuesto de forma desordenada y con consecuencias que están asumiendo estudiantes y docentes, donde la administración ha tenido un actitud negligente frente a esta situación. Pero además, este modelo de universidad viene acompañado de señalamientos y criminalización de los derechos civiles y políticos de los universitarios y el pueblo en general. En lo corrido del año las amenazas a los activistas universitarios se acerca al centenar, con tendencias a aumentar en las universidades donde existen mayores niveles de respuesta y rechazo a la política fijadas por el gobierno de Álvaro Uribe. En general hoy nos enfrentamos a una política que pretende consolidar un tipo de universidad, que no responde a los intereses del pueblo colombiano.
Esta situación exige una respuesta coordinada de los nunca rendidos, de las y los jóvenes universitarios que templan la dignidad del pueblo con el grito callejero que exige sus derechos, que somete el terror y disipa el miedo con una tormenta de libertad. Llamamos a todas y todos los universitarios a perturbar los silencios, al franco debate de los que nos une y a prescindir de lo que nos separa, con este espíritu de fraternidad y compromiso, bien venido sea el encuentro nacional de estudiantes universitarios.
Objetivo General
Establecer el grado de implementación de la política de educación superior del régimen de Álvaro Uribe en la universidad Colombiana e iniciar las discusiones organizativas de los estudiantes universitarios en la perspectiva de articular y unificar la movilización social. Todo ello con miras a desarrollar una propuesta conjunta que aporte en la construcción de un modelo alternativo universidad de cara a las transformaciones que requiere el país.
Objetivos Específicos
1. Generar un espacio de encuentro e intercambio del estudiantado universitario que permita hacer diagnósticos y propuestas conjuntas que le hable y proponga al país desde el papel de la universidad en la actualidad. 2. Analizar el estado actual y las implicaciones del modelo educativo para la educación superior en Colombia. 3. Reconocer las expresiones recientes de resistencia y lucha de los universitarios en el país con el propósito de establecer una agenda conjunta de movilización. 4. Discutir sobre las formas organizativas que demandan los estudiantes universitarios.
Preparación: En el marco del desarrollo metodológico del encuentro se requieren tener en cuenta los siguientes elementos: La preparación política y logística, en todas las universidades de forma unitaria entre todas las organizaciones y expresiones estudiantiles. Los informes por Universidad: en lo posible debe ser por escrito con un tiempo máximo para su exposición de 10 minutos. En cuanto a su contenido, debe incluirse tres bloques 1.Estado de las reformas: reformas académicas, calidad, presupuesto. 2.Democracia y autonomía universitaria: DDHH, autonomía y gobierno universitario 3. Situación del movimiento estudiantil: luchas, reivindicaciones, procesos organizativos y nivel de coordinación.
Orden del Día
Sábado 18 de Abril
9:00 a.m. -10:00 a.m. Panel: Implicaciones de la contrarreforma de la Universidad Nacional en la política de educación superior en Colombia. Profesores UN.
10:00 a.m.-1:00 p.m. Informes por Universidad
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. - 4:00 p.m. Informes por Universidad.
4:00 pm – 6:00 pm. Instalación de las Comisiones de trabajo 1. Caracterización de la situación universitaria 2. Organizativa 3. Agenda de Movilización 2009
Domingo 19 de Abril
9:00 a.m. - 11:00 a.m. Trabajo por comisiones.
11: 00 a.m. a 1:00 p.m Plenaria General - Conclusiones
1:00 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. a 4 pm. Plenaria General - Conclusiones
Lugar: Universidad Nacional De Colombia sede Bogotá
Convocan:
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES- ACEU FEDERACION UNIVERSITARIA NACIONAL COMISIONES-FUN COMISIONES MODEP ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES-OCE FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS- FEU COMUNA UNIVERSITARIA
Apoya: MULTIESTAMENTARIA NACIONAL FEDERACION NACIONAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ASOCIACION SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS

OPONGÁMONOS A LA DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA AGENCIADA POR URIBE VÉLEZ

Juan Carlos Martínez Botero,

Tunja, 1º de abril de 2009

Ponencia Escrita para el Foro “Crisis de la Universidad Pública Colombiana” Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.
Tunja 1º de abril de 2009

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Directivo de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE
Dar una mirada a la crisis que atraviesa la universidad colombiana necesariamente tiene que partir del contexto en que ella se da. Asistimos a un duro proceso de globalización económica, marcado por una oleada de unilateralismo y recolonización imperialista reconocida incluso por autorizados voceros de esta corriente, como el ex-secretario de Estado durante el gobierno de Nixon, Henry Kissinger, quien afirmara: “Lo que se denomina globalización, no es más que otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. El sustento teórico de dicha política es el llamado Consenso de Washington que se convertiría en la carta de navegación que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impondrían como receta a los países subdesarrollados.
El escritor canadiense Jacques Gélinas, en su libro intitulado El monstruo de la globalización, describe como “la sede de la megamáquina de la globalización se encuentra cada vez más afianzada en Estados Unidos” (Gélinas, 2006). Este interesante estudio destaca como las herramientas utilizadas para llevar a cabo su proyecto hegemónico son: el dólar –instituido como moneda mundial en la Conferencia de Bretton Woods–; el Banco Central de Estados Unidos y su influencia en todos los mercados; el FMI y el Banco Mundial; el reinado de las empresas estadounidenses en el ciberespacio; las transnacionales norteamericanas, que en su conjunto dominan el sistema productivo mundial en las principales áreas: (finanzas, recursos energéticos, productos farmacéuticos y nuevas tecnologías de la información ); el presupuesto militar de EEUU, el cual para el período 2004-2005 ascendía a US $500 mil millones y el dominio de la OTAN, lo cual le ha servido para colocar a Europa bajo su tutela e intervenir en cualquier parte del mundo por encima de la ONU.
Bajo esta órbita, Colombia, ubicada en el llamado ‘patio trasero’ de EEUU, adoptó desde los inicios de la década del noventa una reforma constitucional que irradió al aparato educativo nacional. Esta tiene su base en el artículo 67 de la Constitución del 91 y para el caso de la educación superior tomó forma a través de la Ley 30 de 1992. Los referentes normativos citados, definieron la educación como un servicio público responsabilidad no sólo del Estado sino –además– de la sociedad y la familia, acogiendo los preceptos neoliberales de convertir en mercancía lo que antes se consideraba derecho cuya responsabilidad recaía básicamente sobre el Estado. Ello obligó a las familias a destinar un importante porcentaje de su presupuesto para sufragar el costo de la llamada ‘canasta educativa’, abriéndose paso así la privatización de la educación.
Partiendo de la concepción plasmada en la Constitución de 1991, el Departamento de Planeación Nacional de entonces elaboró el documento conocido como “Plan de Apertura Educativa, PAE”, en el cual el gobierno de César Gaviria señaló los criterios que debían servir para revisar el conjunto de la política educativa, destacando entre otros la baja cobertura en los distintos niveles, la calidad deficiente y la ineficiencia de las instituciones educativas. La solución, entonces, fue atender los problemas anteriores en medio de la escasez de recursos estatales, con lo que centraron sus esfuerzos en la atención de aquellos sectores que según ellos generan una “mayor rentabilidad social”: la educación básica y media. Política que se mantiene a pesar del recorte a las transferencias, que han sufrido las regiones, para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, a través de los dos actos legislativos respectivos uno en la administración Pastrana, y el otro recientemente aprobado por las mayorías uribistas en el Congreso de la República.
El argumento para desarrollar esta política es que lo más equitativo es actuar en la base de la pirámide social, posicionando la focalización o ‘sisbenización’ de los recursos. Frente a la educación superior, sostienen la tesis de que una de las características de las personas que acceden a ella es su alta inserción en el mercado laboral, lo que les permite ocupar los cargos mejor remunerados, convirtiéndose en unos privilegiados en quienes el Estado no tiene porque gastarse un solo peso. La consigna que se desprendió de semejantes postulados fue trasladar la responsabilidad de la educación superior a la familia, al punto que el PAE trazó como meta el que al año 2000 el 66% de los ingresos de las universidades debía estar compuesto básicamente de recursos propios, es decir, matriculas, venta de servicios y crédito educativo.
Podríamos decir que existen tres frentes en los cuales los distintos gobiernos de la era del neoliberalismo, y en particular el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, han actuado para profundizar la crisis universitaria, adecuando el aparato educativo a la actual política de subdesarrollo, y desprendiéndose de manera permanente de la obligación de sostener el sistema educativo de educación superior pública. Tales son: La degradación de la calidad académica, la desfinanciación y la restricción de las libertades democráticas. Intentemos entonces una aproximación a cada una de ellas.
La Degradación de la Calidad Académica
El contenido de la educación que se imparte en el país viene siendo adecuado para ponerlo al servicio del capital financiero, especialmente el norteamericano. Las reformas académicas y curriculares deben entenderse en este contexto. El modelo económico impulsado por las agencias internacionales de crédito, es decir el de la globalización, trae como consecuencia la localización de los procesos de producción. Puede demostrarse que los promotores de esta política tienen como objetivo concentrar en los países desarrollados “la producción que exige conocimiento de punta y alta tecnología, en tanto le dejan a sus satélites, cuando mucho, concluir esos procesos mediante maquilas, las cuales son por definición de baja tecnología e intensivas en mano de obra calificada”. De esta manera se presenta una división internacional del trabajo que deja las labores más complejas y bien pagas en los países desarrollados, mientras impone un modelo de bajos salarios y anquilosamiento científico y tecnológico en los países subdesarrollados. De ahí provienen postulados como el expresado por el ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, Marco Palacios, quien se atrevió a plantear que: “Quizás estemos enseñando demasiado, entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado”.
Algunos analistas refuerzan esta idea arguyendo que es necesario comprender que la transformación, acaecida a los sistemas educativos nacionales en el contexto de la globalización neoliberal, se da en el marco de una división del trabajo internacional universitario donde se “ha reservado la producción del conocimiento de punta a los centros de investigación más poderosos del mundo, para dejar en manos de las universidades ubicadas en los márgenes, la adaptación de tales conocimientos a sus realidades locales y específicas, y la formación de los cuadros medios que reclama el fordismo precarizado en el que se apoyan las empresas de clase mundial” (Ibarra, 2006: 36).
Es entonces la actual contrarreforma educativa, lejos de lo que pregonan sus promotores, la concreción de un modelo que apunta a resolver las necesidades del mercado de mano de obra barata y con algún nivel de calificación, con el agravante de que el actual modelo económico esta basado en la especialización del país en la producción de materias primas, productos tropicales, venta de bienes y servicios y la instalación de procesos productivos intensivos en mano de obra, pero escasos en el uso de tecnologías y conocimientos científicos, con lo que una universidad científica que imparta lo más elevado del conocimiento se vuelve impertinente, haciéndose necesario, desde el discurso oficial, la transformación de la universidad colombiana en un instrumento, del enclenque sector empresarial y las filiales de las corporaciones multinacionales que funcionan en el país, para suplir necesidades laborales.
Si bien nadie se opone a que la universidad pública tenga en cuenta los requerimientos del mundo del trabajo, lo que es cuestionable es que se le destine a esta única función y se establezca como su fin primordial, mientras se avanza en sustraerle el contenido científico y en quitarle su papel privilegiado en la creación, producción y transmisión de conocimientos, que contribuyan a resolver el problema del subdesarrollo nacional. Es en este aspecto donde se centra la discusión. Las diferentes reformas internas y externas al sector universitario del último tiempo han estado encaminadas a convertir las universidades en centros de entrenamiento laboral, papel importante, que cumplen otras instituciones como el SENA, pero que no es el que le corresponde en una nación que no ha alcanzado los niveles de desarrollo propios de los países del primer mundo.
Tiene que ver la actual contrarreforma educativa con la apuesta de país de los actuales gobernantes, el (I) modelo educativo ha respondido en general al (II) modelo de desarrollo, es decir, el primero es consecuencia del segundo. Como la propuesta oficial es mantener el país en el subdesarrollo, con propuestas y políticas como los tratados de libre comercio, TLCs, es evidente que la intención con el aparato educativo es que responda a este modelo, por ello las propuestas y medidas de reducción de las carreras, reducción de los contenidos, reducción del número de horas por asignatura, institucionalización de la formación por competencias y de los créditos académicos. La regla que se desprende es que a un país pobre le corresponde una educación pobre, para un país subdesarrollado una educación subdesarrollada, tal es la propuesta del uribismo para la educación pública.
La “revolución educativa”, programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para el sector educativo, viene planteando como uno de sus componentes principales la orientación de la educación superior hacia la educación técnica y tecnológica, aspecto altamente relacionado con la discusión que se plantea y que se constituye en un hecho, que confirma lo aplicado que es el actual gobierno en atender las recetas del Banco Mundial. Tanto que el programa de “universidades tecnológicas” es un lineamiento, de este organismo multilateral de crédito, dirigido al debilitamiento y extinción de la universidad pública. Para el investigador John Saxe-Fernández[1] (2006) este es “Un mecanismo utilizado para capacitar personal en labores técnicas inmediatamente requeridas por las empresas, es decir, egresados de visión acrítica y angosta sin formación en la tradición humanista, la historia y los fundamentos del conocimiento científico general, que debe de tener cualquier profesional de las artes, las ciencias naturales o sociales” con lo que se desnaturaliza la universidad de su función primordial de investigar y promover el conocimiento, que coadyuve a resolver los grandes problemas de la sociedad y la nación, y se le pone a girar en la orbita reducida del mundo empresarial y del mercado.
Para los propósitos señalados el gobierno nacional dispuso la creación del observatorio laboral para la educación superior, organismo encargado de hacer el seguimiento a los egresados de las universidades colombianas en cuanto a su inserción en el mercado laboral. Los informes de dicho ente, según la política oficial, deben ser la referencia inmediata para la apertura de cupos y la definición de los pregrados que oferten las instituciones de educación superior en el futuro, con ello se busca profundizar la tan cacareada pertinencia que se convirtió en norma para la existencia de cualquier programa académico, mediante el decreto 2566 de 2003, en la administración Uribe.
Que el objetivo, de la actual política gubernamental, es condicionar la existencia de la universidad en Colombia para los requerimientos del mercado no debe dejar lugar a dudas, así lo confirman los aspectos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo[2], PND 2006-2010, en cuyo texto se plantea, que en el caso de la educación superior: “para mejorar la pertinencia y la calidad se fortalecerán los mecanismos de información sobre el comportamiento y requerimientos del mercado laboral y se continuará con la evaluación de programas académicos, para que en el año 2010 el 100% de ellos cuente con las condiciones mínimas de calidad verificadas”. Es importante destacar que la pretendida calidad y el concepto de pertinencia que hace parte de los discursos oficiales están delimitados claramente por el decreto 2566 de 2003, que regula los requisitos para la existencia de programas académicos, en cuyo articulado se plantea, como condición sine qua non, para la apertura de cualquier programa académico su “pertinencia en el marco de un contexto globalizado” y las “oportunidades potenciales de desempeño y tendencias del ejercicio profesional o del campo de acción específico”[3].
El amoldamiento del sistema educativo, en una lógica mercantilista, gira alrededor de la entronización de la formación por competencias, concepto que, desde la perspectiva más usada, está ligado al mundo de la reingeniería empresarial en el sentido de promover destrezas que generen rentabilidad y competitividad. Así desarrolla la apuesta gubernamental el tema: “En lo que se refiere a la educación, los esfuerzos estarán orientados al fortalecimiento y la articulación de todos los niveles: desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la formación para el trabajo. Para ello se fomentará y apropiará el enfoque de formación por competencias. El mejoramiento de la calidad y competitividad en el sistema educativo es fundamental en este contexto y por eso se buscará que para el año 2010 el Ministerio de Educación haya revisado y actualizado todos los estándares en competencias básicas, adelantando procesos eficientes para la apropiación de aquellos formulados en las 78 entidades territoriales certificadas. En el nivel superior, se iniciará la implementación de los estándares de competencias, los cuales se evaluarán a través de los ECAES.” (PND, 2006-2010)
La Desfinanciación de la Universidad Pública
La financiación de la universidad pública es uno de los aspectos más sentidos que demuestra el interés del gobierno de fomentar procesos de privatización. Como forma de transferir, por parte de la nación, los recursos con los cuales se financian las universidades públicas, en la Ley 30 de 1992 se consignó un esquema que partió de una suma fija, que mantiene los valores en pesos constantes sumándole cada año el Índice de Precios al Consumidor. Este escenario, si bien respetó unos dineros para la financiación de las instituciones de educación superior, no contempló el aumento en la cobertura, la renovación y ampliación de las plantas docentes, la dotación de bibliotecas y laboratorios, las nuevas obras de infraestructura, los proyectos de inversión de las universidades, y los reconocimientos salariales adicionales, que da el decreto 1279 a los docentes por su productividad académica. El senador Jorge Enrique Robledo, resaltaba parte del problema de la siguiente forma: “Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales”. En la UPTC, como lo registraba el diario el tiempo el año pasado, la universidad pasó de 8.000 estudiantes en 1992 a 24.000 en el año 2008, con unas transferencias que no crecen al mismo ritmo que las necesidades, lo que termina produciendo un déficit, como el que persiste actualmente en esta universidad, de 14 mil millones de pesos.
Tal situación ha metido a las administraciones de las universidades en una carrera loca por la consecución de recursos propios, particularmente en casi todas las universidades públicas colombianas se discute actualmente revisar las tablas de matrículas para descargar en los bolsillos de los estudiantes y de sus padres de familia, el déficit que ha generado la desfinanciación gubernamental. Otro aspecto que evidencia el grado avanzado de privatización de las universidades públicas, y su afán por buscar nuevas fuentes de financiación es el de los postgrados. El profesor Guillermo Maya, apuntaba como el “espíritu de empresa ha llevado a que la UN, en lo académico, sea una institución dicotómica. Pública en los pregrados y privada en los postgrados. Mientras para ingresar a los pregrados se necesita ser talentoso, en los postgrados se necesita ser de estrato 5-6, para poder pagar 3 o más millones por semestre.” Anotaba de igual forma que: “Menos del 10% de los estudiantes de la UN están en los postgrados sobre un total de 48.000 estudiantes.”
Para acabar de oscurecer el panorama el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha intentado a través de los Planes de Desarrollo agudizar aún más la crisis financiera. En su primer gobierno a través de retener el 12% de los recursos asignados a las universidades por el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y repartirlos con base en los neoliberales indicadores de gestión, y en su segundo gobierno con el fallido artículo 27 el cual otorgaba poderes absolutos al presidente de la república para que vía decreto desmontara la financiación estatal mediante la reglamentación de “los ajustes a los criterios de asignación de recursos a las universidades públicas”, y mediante el artículo 38 el cual traslada las obligaciones pensionales a las universidades del orden nacional.
Vale mencionar que la resistencia del movimiento universitario y las acciones legales interpuestas llevaron a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la medida consignada en el primer gobierno (Sentencia C-926 de 2005), y a que se mutilara, en la discusión en el Congreso, el artículo que otorgaba facultades al presidente para ajustar los criterios de financiación de las universidades públicas y se determinará a través de la sentencia C-507 de 2008, que no se pueden comprometer los recursos misionales de las universidades en el pago de los pasivos pensionales, tal es el sentido del proyecto de Ley que cursa actualmente en el Congreso de la República. En suma podríamos decir que la resistencia democrática de los universitarios de Colombia ha frustrado temporalmente estos dos atentados contra la existencia de la universidad pública. No obstante aún persiste la amenaza uribista por lo que la discusión que adelanta el Congreso es sin duda una nueva confrontación entre las fuerzas que defendemos un proyecto estatal y soberano de universidad pública y entre quienes pretender asfixiar financieramente las mas importantes universidades del país[4].
Además de los atentados a través de los planes de desarrollo el gobierno de Uribe, ha ido acomodando el ordenamiento jurídico con el propósito de convertir en empresas las instituciones de educación superior (IES), fue así como en la Ley 922[5] de 2004, se incluyó a las universidades como sujeto de aplicación de la ley de reestructuración empresarial, más conocida como ley de quiebras, instrumento legal que ha sido utilizado para liquidar importantes activos del Estado como los hospitales públicos. La inclusión de las IES en esta ley, profundiza el proceso de privatización y las somete a acuerdos de reestructuración donde las funciones de promotor y nominador las ejerce el Ministerio de Hacienda, vulnerando la Autonomía Universitaria y prohibiendo todas las operaciones que impliquen nuevo gasto, como la “celebración de cualquier tipo de contrato, el otorgamiento de beneficios o estímulos económicos a directivos, docentes o estudiantes que constituyan nuevo gasto de funcionamiento o inversión”.[6]
La situación más critica, derivada de esta política liquidacionista, la refleja la Universidad del Atlántico donde se presentó: Un aumento de matrículas del 330% a los estudiantes, pasando de unas que oscilaban entre 50 mil y un millón de pesos, a unas que se encuentran entre 300 mil y dos millones de pesos; el despido de 140 trabajadores y empleados; la disminución del 10% del profesorado de planta y del 75 % de docentes por contrato; aumento de la asignación docente de 16 horas-clase-semana a 20 y 25; eliminación de los programas que no sean autosostenibles; disminución del número de asignaturas por carrera y horas por curso; venta de bienes que hacen parte del patrimonio de la universidad, y el desmonte de la unidad de salud; liquidación del Instituto Pestalozzi y el despido de sus 83 docentes. A ello se suma el cobro por la utilización de laboratorios y el doble pago exigido a los estudiantes de Ciencias Jurídicas, donde se estudia por años.
Este proceso de desfinanciación progresiva de la educación superior pública ha estado acompañado, además, de la imposición del crédito educativo a todos aquellos que deseen cursar estudios de educación superior. Siendo una de las formas que ha tomado la política del gobierno nacional para desprenderse de la obligación de financiar la educación superior y trasladarle la responsabilidad a las familias colombianas. Acorde con esto, durante el actual gobierno, el Icetex fue transformado en una entidad financiera por medio de la Ley 1002 de 2005. La necesidad de los estudiantes de acceder a niveles de educación superior ha sido aprovechada por los bancos: “que mediante los créditos financieros endeuda a los estudiantes para que paguen las onerosas matrículas. El Estado tiene una alta responsabilidad en esta política pues el ICETEX, con empréstitos del Banco Mundial, es el principal ejecutor de esta medida. Ya son cerca de 17.000 familias morosas del sistema de ICETEX, cifra que se puede aumentar si se suman los créditos contraídos con los demás bancos.”
La situación financiera de la universidad pública se ha visto afectada en particular durante los periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según datos del mismo Ministerio de Educación, el gasto público en educación superior se redujo de 1% del producto interno bruto en 2002 a 0,92% en el año 2009. Aproximadamente 3,5 billones de pesos destina el Estado para la atención de las inmensas necesidades de la educación superior pública. Numerosas universidades padecen los efectos de la crisis financiera, entre ellas: La Universidad de Pamplona que registró el año pasado un déficit presupuestal de 42 mil millones de pesos; la UPTC con un déficit que para el 2009 se calcula en 18.000 millones de pesos; la Universidad del Magdalena con un déficit de 8 mil millones de pesos en el año 2008, entre otras.
No puede entenderse el desarrollo nacional sin el fomento y el fortalecimiento de la educación superior y la financiación de un sistema nacional de ciencia y tecnología, pero como recientemente se señaló en el Congreso de la República, por parte del senador Robledo, ante la discusión de la Ley de Ciencia y Tecnología: “La situación de Colombia en este sentido es absolutamente lamentable. Mientras que Estados Unidos aportó para gastos en ciencia y tecnología 120 mil millones de dólares, el gobierno colombiano apenas 69 millones de dólares.”[7] Lo que demuestra el desinterés del gobierno nacional por la ciencia y la tecnología, ya que como se explicó en este mismo debate, se puede demostrar matemáticamente que: “la inversión de Estados Unidos en ciencia es 1.739 veces mayor que la de Colombia, pero el Producto Interno Bruto muestra una diferencia de 115 veces entre los dos países, luego se demuestra matemáticamente, por una diferencia de más de mil veces, que a quienes gobiernan a Colombia el problema de la ciencia y la tecnología los tiene más o menos sin cuidado.”[8] Dicha política, de anquilosamiento, subdesarrollo y atraso, corre paralela a la desfinanciación progresiva de los centros de investigación por excelencia, como lo son las universidades públicas.
La Restricción de las Libertades Democráticas
La imposición de elementos retardatarios, como la desfinanciación, la reforma académica a la Universidad Nacional, la imposición de los contenidos académicos y la vulneración constante de la autonomía universitaria, ha estado acompañada del uso de la fuerza para reprimir a quienes nos resistimos a aceptar un modelo de universidad mediocre, decadente y privatizada. Es evidente la catadura fascista del gobierno de la “seguridad democrática”.
El señalamiento al movimiento estudiantil y las órdenes presidenciales para allanar los claustros universitarios se ha convertido en una constante para reprimir las voces que se alzan contra el modelo educativo actual. La máxima del uribismo para la educación superior es que a mayor privatización mayor represión. De un Consejo Comunitario salió la orden presidencial para que en junio de 2007, las tanquetas y los efectivos de la policía nacional, con el permiso, en muchos casos, de las directivas, pisotearan los claustros de las principales universidades de Colombia, con el único propósito de intentar desmovilizar a los miles de estudiantes que nos encontrábamos en las instalaciones del Alma Mater, debatiendo y defendiendo la viabilidad financiera de la Universidad Pública. Se ha convertido en problema de orden público las manifestaciones de carácter democrático que adelantamos los universitarios para oponernos a que se acabe la universidad pública.
Asimismo, como otro de los aspectos para profundizar las reformas neoliberales en las instituciones de educación superior, el gobierno ha hecho uso de sus mayorías en los Consejos Superiores para imponer los rectores y demás directivas de las Universidades, golpeando de manera permanente la democracia al interior de los claustros y desatendiendo los reclamos de quienes buscamos que dichas decisiones consulten la voluntad de la comunidad universitaria. Hoy más que nunca cobran vigencia los postulados del Manifiesto Estudiantil de Córdoba en Argentina, cuando atendiendo las necesidades de las universidades modernas se sostuvo por parte del estudiantado la siguiente sentencia: “Reclamamos un gobierno democrático y sostenemos que el demos universitario, la soberanía, el derecho de darse el propio gobierno radica principalmente en los estudiantes. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos”.
Identificados estos elementos y ante la aspiración neoliberal de asestarle un golpe definitivo a las más importantes universidades públicas del país, no queda alternativa distinta que la de levantar un movimiento de carácter patriótico, que una a la mayor cantidad de colombianos, lógicamente incluidos estudiantes, profesores y demás estamentos universitarios, en el propósito de salvaguardar la universidad pública como una universidad al servicio del desarrollo nacional, donde se imparta lo más elevado del conocimiento y donde se garantice el acceso democrático a los diferentes sectores de la sociedad. Para este escenario de lucha de democrática se vuelve indispensable el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles como herramientas insustituibles en la lucha por la defensa de nuestras universidades. Creemos que la Plataforma Política de la Multiestamentaria Nacional recoge los aspectos más importantes que debe reivindicar hoy el movimiento universitario nacional.
Muchas Gracias
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[1] Profesor investigador Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad de Costa Rica
[2]El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 fue aprobado por las mayorías uribistas mediante la Ley 1151 de 2007, específicamente dos artículos, el 6º que señala los propósitos de la educación superior y el 38 que obligó a las universidades a concurrir en el pago de los pasivos pensionales, contienen los lineamientos esenciales de la política de Uribe para la Universidad Pública .
[3] Artículo 3º del decreto 2566 de 2003
[4] Son cerca de 3 billones de pesos de pasivo en la Universidad Nacional de Colombia, y otros tantos de cientos de miles de millones en otras universidades públicas, sumas que de no ser asumidas por el gobierno nacional, conducirían a nuestras universidades a la quiebra, liquidación y posterior privatización de la educación superior pública.
[5] El artículo 2º de esta ley estableció que las universidades, por intermedio del rector y previa autorización del Consejo Superior, pueden celebrar acuerdos de reestructuración en los términos del Titulo V de la Ley 550 de 1999.
[6] El Decreto 535 de marzo 1 de 2005, reglamentó parcialmente la Ley 922 y definió las prohibiciones en mención.
[7] Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre el proyecto de ley de ciencia y tecnología, plenaria de Senado, 15 de diciembre de 2008. Disponible en http://www.polodemocratico.net/Sobr...
[8] Ibidem

BID: 50 AÑOS FINANCIANDO DESIGUALDAD EN EL CONTINENTE

GEC - Grupos Estudiantiles Confederados,

Marzo 27 de 2009

El 20 de abril de 2009 Adolf Hitler cumpliría 120 años, hecho que seguramente no desencadenará celebraciones masivas, pues ninguna sociedad democrática osaría rendir homenaje a uno de los dictadores más crueles de la historia.
Una reacción semejante se esperaría de los sectores democráticos frente al infortunado cumpleaños de cualquier organismo multilateral de crédito, porque en gran medida estos han sido los causantes de la situación de desempleo, pobreza y hambre que se vive en los países del tercer mundo y que se expresa actualmente en la crisis económica que esta agobiando al planeta, comparada por algunos analistas internacionales con el gran crack del 29. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, condicionan el otorgamiento de préstamos a la aplicación del neoliberalismo, propiciando el libre flujo de capitales, la privatización de las empresas estatales y el saqueo de los recursos naturales, entre otras medidas que imponen el “LIBRE COMERCIO”. Esta vulneración a la soberanía nacional favorece a las multinacionales de los países accionistas del BID, y principalmente a ESTADOS UNIDOS, que tiene un poder de voto de 34% en las decisiones que adopta el banco. Como consecuencia de ello, más de 26 millones de colombianos sobreviven con menos de 2 dólares diarios.
La GEC, Grupos Estudiantiles Confederados, denuncia que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, uno de los más autoritarios de nuestra historia, que ha entregado la soberanía nacional al capital financiero, celebrará los 50 años del BID en la Asamblea de Gobernadores que se llevará a cabo en Medellín, entre el 27 y el 31 de marzo.
Es vergonzoso que nuestro país sea la sede de este evento, en el cual sólo podrá definirse la profundización del NEOLIBERALISMO, lo cual favorecerá a los monopolios y a las trasnacionales e incrementará la exclusión y la pobreza de los pueblos latinoamericanos. Esto es como si, por ejemplo, a un enfermo de diabetes le recetaran una tonelada diaria de azúcar.
Por todo lo anterior expresemos nuestra inconformidad con tan lamentable conmemoración y propendemos por la construcción de una nación libre y soberana.
CONTRA LA PRESENCIA E INJERENCIA DEL BID: ¡ORGANIZACIÓN Y RESISTENCIA CIVIL!
www.gecbogota.org - gecbogota@gmail.com

50 AÑOS ES DEMASIADO TIEMPO

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de marzo de 2009
Si se considera que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no solo presta plata, sino que, como sus semejantes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condiciona sus recursos a que los países “favorecidos” actúen según sus indicaciones, un balance de sus cinco décadas exige juzgar la economía colombiana en ese lapso, cuando solo se presentó una diferencia importante entre lo que deseaba Washington y lo que se decidió en Bogotá durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
Así, el conjunto de la gestión del BID no tiene cómo defenderse aun si se acepta, pero solo en gracia de discusión, lo adecuado de los proyectos y que se financiaron con créditos de auténtico fomento al progreso de los países “beneficiados”. Carece de defensa, porque el nivel de vida de Colombia avergüenza a las gentes civilizadas y porque la atrofia de la economía nacional solo puede verse como inevitable si se ignoran las mejores experiencias de otras latitudes. ¡Y es en términos del desarrollo del capitalismo como se plantea el debate!
Las instituciones extranjeras que han orientado a Colombia evaden explicar por qué un país con más de un millón de kilómetros cuadrados de enormes riquezas naturales y 42 millones de habitantes trabajadores, inteligentes y creativos languidece en el atraso y la pobreza. ¿Por qué el capitalismo de Estados Unidos, Europa y Japón funciona con desempleos de un dígito y pobrezas del orden del 10%, en tanto aquí los cesantes y los empleados en la informalidad pasan del 60% y la pobreza tortura a un porcentaje similar? ¿Por qué las economías de allá se basan en la producción de bienes de alta complejidad científica y tecnológica, mientras que la de aquí importa lo complejo y sobrevive de exportar materias primas agrarias y mineras, recordándonos a la Colonia española? ¿No requiere el progreso de Colombia configurar un vigoroso mercado interno y que sus trabajadores, con todos los derechos laborales, les agreguen valor a las materias primas nacionales e importadas?
Además, ¿cómo justificar que se importen ocho millones de toneladas de bienes del agro, cuando hay nueve millones de hectáreas con vocación agrícola y gentes de sobra para trabajarlas? ¿Constituye un triunfo para Colombia que, con la apertura, sus principales fuentes de acumulación de capital pasaran a manos foráneas? ¿No es el colmo del despilfarro formar a millones de colombianos para luego expulsarlos a que contribuyan con el progreso de otros países? La peor crisis de la historia del país, entre el siglo XX y el XXI, ¿no la causaron las políticas del Consenso de Washington? ¿No da grima oír que el país está “blindado” o “preparado” frente el tsunami económico que precipitó el estallido de la burbuja especulativa de Wall Street, burbuja con la que se aplazó el veredicto sobre el rotundo fracaso de la globalización neoliberal? ¿Es serio afirmar que las políticas de “libre comercio” modificarán positivamente la economía nacional, hasta hacerla similar a las que, sin razón, se dice que imita?
Y la tendencia del país ha sido y es a empeorar, como lo prueba que el producto per cápita de Estados Unidos fuera 5 veces mayor que el de Colombia en 1900, 11 veces superior en 1960 y 15 veces más alto en 2007.

LLAMADO AL PUEBLO

Pueblo mío!
Si por lo menos escucharas mi voz
El retumbar de mi corazón
Al ritmo del canto de la muerte
Heraldo cruel de los barbaros

Es que tú no sientes el llanto de la tierra
Es que tú no escuchas la burlesca risa de los que asaltan tu dignidad
Es que tú no observas las maldecidas obras de miseria

¡Tu si sientes!
Es innegable que los haces
El hambre no es metafísica
La pobreza se ha perpetuado

¡Tu si escuchas!
Palabra por palabra
Discurso a discurso
Retorica de esclavitud disfrazada de libertad
Retorica de libertad con un estigma inmerecido y falaz

¡No hay duda alguna tu si ves!
La guerra es una imagen proliferada

¿Que es lo que pasa?
¿Es tanta tu ingenuidad o tanta tu cobardía?
Has puesto en manos de un hombre una cultura beldad
Has dejado que la trasforme en hostil

Recuerda que él es de corazón inerte
Pronuncia palabras imbuidas de falsedad
Saturadas de ambición imperialista
Respuesta al orgullo de ser lacayo
de quienes dicen liberar a los pueblos
con sevicia y tortura

Engaña, engaña, engaña
Traiciona, traiciona a la patria

Pienso tanto en como salvaguardarte
Encuentro espíritus libres en esta lucha incansable
Llegas tú y nos rechazas
Haces señalamientos en nuestra contra
Porque los protervos te indican anular nuestra bondad

Te has sumido en un conformismo
Aceptaste la complicidad en crimines pavorosos
Balas, Fusiles, Televisores son parte instrumental
que ha convertido tus actos, omisiones, palabras y silencio
En tu propia condena

Convicción de lucha
Convicción de victoria
Convicción de libertad
Convicción de Justicia
Convéncete pueblo, es momento de tu ovación

Arranca a tus hijos de un futuro sin libros
Arranca a tus hombres del vaticinio de esclavitud
Es hora de dormir deleitándonos con el eco de la lluvia
Maldecida por quienes lograron quitarte el techado
Es hora del descanso de nuestros muertos
Aquellos que dejaron la labor en nuestras manos.

Pueblo, ven junto a mí,
Ven junto a nosotros,
Acabemos con los que desean hacerlo contigo
Su destino hoy es insoslayableSu destino es ser vencidos

En Conmemoración Al Mes De La Mujer*

El 8 de marzo se ha constituido como la fecha en la cual se celebra el día internacional de la mujer, su origen es un asunto controversial y discutido. La teoría mayormente aceptada es la que expresa que la conmemoración se realiza en honor a la huelga de 129 costureras de una fabrica en new york en el año de 1857 que perdieron su vida al ser incineradas por los propietarios de la misma. Sin embargo esta teoría ha sido denominada como un mito que nace de dos hechos veraces ocurridos en la misma ciudad de new york: la huelga del 22 de noviembre de 1909 a 15 de febrero de 1910 y la del 29 de marzo de 1911, en ambas fallecen centenares de mujeres que valientemente participan en una lucha por sus reivindicaciones laborales. Así, este tema se encuentra consignado en libros y es tratado por un sinnúmero de historiadores que remontan sus inicios en distintas fechas; algunos aseguran que esta conmemoración nace de los distintos congresos socialistas de mujeres por lo cual inicialmente se conmemoraba el día internacional de la mujer socialista.

Actualmente se celebra el día internacional de la mujer como una fecha que auspicia el consumismo y deshumaniza, desvalora y desconoce el papel de la mujer en la historia de la humanidad, corresponde a todos hacerle frente a este improperio, a la vulgarización de una fecha especial que debe resaltar y recordar la justa lucha de las mujeres por las reivindicaciones sociales que ha alcanzado y debe consolidarse como una invitación a seguir en una batalla que no ha llegado a si final. La organización colombiana de estudiantes comprometida con esto, conmemora este día invitando a cada uno de los presentes a continuar o a sumarse a una loable labor ya lo dijera el fundador del materialismo histórico, hombre que aterriza a hombres y mujeres a la realidad e invita a construir ya no a partir del idealismo sino de aquello que vivimos, “la opresión del hombre por el hombre se inició con la opresión de la mujer por el hombre” corresponde entonces que mujeres y hombre rompamos con la opresión de genero y que además erradiquemos la explotación por parte de aquellos barbaros que sin consideración alguna han arremetido contra cada uno de nosotros y de nuestros antepasados sometiéndonos y subyugándonos apropiándose de los bienes y riquezas que nos corresponden.

Este día tiene gran trascendencia porque rememora la lucha que ha librado y que aun libra la mujer, lucha que se formo en un contexto histórico en donde no solo contribuyen líneas de pensamiento como las de wilhem reich, simone de beauvoir, de herbert marcuse ,samora machel y todas aquellas dignas y pertinentes de rescatar; sino que se forma al presentarse nuevas visiones de la familia y de la mujer que hacen su aparición en el surgimiento del movimiento obrero por la necesidad de liberación de la mujer proletaria. Así los logros conseguidos por la mujer no son solo atribuibles a intelectuales sino a activistas, lideres revolucionarios, mujeres y hombres que rompen con un patriarcado y sus políticas de dominación.


Mujeres el sufragio universal, los derechos sexuales y reproductivos, las reivindicaciones labórales que han hecho menos gravosa la condición de los trabajadores, la participación política de la mujer, el acceso a la educación pública, la posibilidad de no estar subordinadas ni depender económica de los hombres peligra en el mejor de los casos porque todo esto esta siendo bloqueado.

El neoliberalismo se muestra como garante de derechos pero es una insensatez creer en tan descarada mentira, este no respeta ni etnias, ni genero, ni niños, ni ancianos sus políticas agudizan la desigualdad de genero y la desigualdad social en general. Los gobiernos que aplican estas políticas, aplican modelos patriarcales y no me es con nuestra retorica que pretendemos convencer la evidencia esta ante nuestros ojos cuando nos encontramos enfrentados a problemáticas como la pobreza, la privatización de la salud y la educación, el desempleo, la proliferación de la delincuencia urbana, el desmejoramiento de las condiciones laborales del sector obrero, el desplazamiento, la deslegitimación de el gobierno y el congreso nacional, la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad. Mientras no se de la transformación social y política que necesita este país ni mujeres ni hombres podemos hablar de emancipación.
Los hombres están llamados al respeto por la participación de la mujer alguien que se ufane de justo de consecuente con lo que necesita el país y el mundo jamás debe realizar actos, ni defender ideas y pensamientos que contengan elementos de opresión y dominación.

Nosotras mujeres debemos hacerle frente con coraje a las políticas neoliberales que pretenden a través de la globalización que abre paso a un proceso de visibilización malintencionado de los sectores llamados “minorías” en busca de un debilitamiento de la lucha de un sector unido que con sus fuerzas constituyen un obstáculo para el sistema económico propuesto (o impuesto). Tenemos que luchar por la equidad de genero pero sin olvidar los otros elementos que son presupuesto necesario para conseguirla a plenitud.

En este momento debemos optar por la consecusion de una nueva democracia; promover las movilizaciones sociales por la educacion y la salud publica, la soberania nacional y todas las causas nobles y consecuentes del pueblo. Estamos llamados a la unidad y a mantener una posicion clara y de opocision frente a todo lo que vaya en contravia del bienestar del pueblo.

* Ponencia de la compañera: Jessica Bossio, presentada en el acto en conmemoración al dia Internacional de la Mujer organizado por la OCE-Atlántico en la sede del Polo Democrático Alternativo el 8 de marzo.

APERTURA, PLAN COLOMBIA Y TLC

Norman Alarcón Rodas,

Barranquilla, marzo 24 de 2009

Hace diez años el gobierno de Andrés Pastrana aceptó el Plan Colombia con Estados Unidos y firmó el Acuerdo Extensivo con el Fondo Monetario Internacional cuando el país se había precipitado a la peor crisis económica del siglo pasado, como producto de una década de aplicación de la apertura económica iniciada en el gobierno Barco, continuada a fondo por las administraciones de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington.
La historia económica de esa época muestra que el aparato productivo del país sufrió lesiones enormes al quedar inerme frente a la competencia de los países industrializados y compañías trasnacionales que entraron a saco en nuestro mercado interno, la deuda externa más que se duplicó, el déficit comercial se disparó, el desempleo rondó el 20 por ciento y las necesidades de la población se multiplicaron sin opciones de mejoría.
El 18 de septiembre de 1999 Andrés Pastrana viajó a Estados Unidos a acordar con Bill Clinton, presidente en ese entonces de Estados Unidos, el Plan Colombia por un valor de 7.500 millones de dólares, para luego, en diciembre del mismo año, incorporarlo al Acuerdo Extensivo con el F.M.I. El Plan Colombia contemplaba políticas en el plano económico, para fortalecer la capacidad del estado para recaudar impuestos, la expansión del comercio internacional y los acuerdos de libre comercio para atraer inversión extranjera; una estrategia fiscal y financiera para adoptar medidas severas de austeridad y ajuste; políticas de paz, justicia, antinarcóticos, desarrollo alternativo, entre otras. Sobre el sector agropecuario, se reconocían los graves impactos que habían tenido las políticas aperturistas y que Colombia se debía aplicar a cultivar productos tropicales de tardío rendimiento porque en producción de cereales no era competitivo.
Ya es conocido que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en diciembre el año 2006, que no es más que la profundización de las políticas aperturistas para hacerlas irreversibles, las cuales han llevado a nuestro país a la grave crisis económica y social que padecemos y que coincide con la debacle financiera internacional producto de la globalización neoliberal. El hilo conductor de todas estas políticas es la influencia determinante del gobierno norteamericano y de los organismos financieros internacionales sobre el destino de nuestro país, por lo que, para enderezar el rumbo es necesario un replanteamiento a fondo que rescate el manejo de nuestros asuntos internos y los ponga en consonancia con los intereses nacionales que defienda la soberanía, la producción agraria e industrial y los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las amplias mayorías nacionales.

GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA

GRAN JORNADA NACIONAL DE LUCHA
24 de marzo de 2009

FECODE conmemora 50 años de lucha por la Democracia, la Educación Pública y los Derechos del Magisterio.

CONTRA:

- Reelección presidencial de A.U.V.
- Los TLC con EE.UU. Y Unión Europea
- Los crímenes de Estados y/o falsos positivos
- Traslado de base de Manta (Ecuador) a Colombia
- Deuda externa

JORNADA NACIONAL DE LUCHA POR:

- La crisis la paguen los ricos
- Solución a los problemas del campo, jóvenes, los indígenas, campesinos y sectores populares
- Aprobación referendo del agua, estatuto del trabajo, ley de víctimas
- Respeto a los derechos: Humanos, organización sindical y social de movilización y oposición.
- Solución política al conflicto armado y social interno del país
- Defensa de la educación publica estatal

INVITAN

GRAN COALICIÓN DEMOCRÁTICA
Polo Democrático Alternativo
Poder Ciudadano
Centrales Sindicales – CPC
Organizaciones de estudiantes, Mujeres, Jóvenes
Organizaciones Indígenas, Campesinas Viviendistas, Desplazados, Educadores
Fecode

¿El Estado 51?

Revista Semana
Sábado 21 Marzo 2009
http://www.semana.com/noticias-nacion/estado-51/121991.aspx

No se trata de satanizar la ayuda de Estados Unidos, pero tampoco de que haya intromisión en los asuntos internos POLÍTICA INTERNACIONAL. Pocas veces en la historia de Colombia, Estados Unidos había metido tanto sus narices en las políticas internas. Y lo increíble: con el visto bueno del Estado.
Desde cuando Colombia aceptó los 25 millones de dólares de Estados Unidos para "eliminar todas las desavenencias producidas por los acontecimientos políticos ocurridos en Panamá en 1903" como parte del tratado Urrutia-Thompson de 1914, el gobierno de Washington D. C. se ganó un puesto de honor en la mesa de la política colombiana. Un lugar que no ha abandonado, como se demostró la semana pasada. El domingo el gobierno tuvo que recular luego de que el vicepresidente Francisco Santos propuso darle santa sepultura al Plan Colombia. El alto funcionario se quejaba de que los pocos dólares que recibía de ayuda no justificaban el maltrato que se le daba al país en ciertos círculos de Washington. Pero fue rápidamente desautorizado por el canciller Jaime Bermúdez: "Hay que continuar con el Plan Colombia. Este Plan se necesita para poder consolidar los resultados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".
Días antes, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, había anunciado el traslado de los equipos y las aeronaves norteamericanos de la base de Manta (Ecuador) a territorio colombiano. El miércoles Colombia amaneció con la noticia de que el senador Patrick Leahy había congelado 72 millones de dólares de ayuda militar, debido a su preocupación por los "falsos positivos". El jueves se informó que Estados Unidos solicitará en extradición a David Murcia, de DMG. Esa andanada informativa, lejos de ser excepcional, refleja el grado de injerencia que hoy tienen las tres ramas del poder de Estados Unidos en Colombia, posiblemente la mayor en toda la historia de las relaciones entre los dos países.

La influencia estadounidense no es nueva, pero pocas veces ha afectado tanto el diario devenir de los colombianos como se está viviendo hoy en día. Si el pilar de cualquier Estado es la justicia, ésta en Colombia se escribe en inglés. El sistema penal acusatorio, que se instrumentó en los últimos años, no sólo está inspirado en el norteamericano, sino que fue promovido y financiado por Washington. Los fiscales colombianos son instruidos por sus pares estadounidenses.

Allí no se limita su participación. Según le confirmaron a SEMANA fuentes de la Fiscalía, los funcionarios norteamericanos tienen un papel protagónico en varios frentes críticos como el uso de polígrafos para determinar la idoneidad de fiscales colombianos. En los casos que le interesan a Estados Unidos -narcotráfico, derechos humanos- intervienen directamente agentes del FBI o del Departamento de Justicia.

La justicia penal militar se está transformando a imagen y semejanza de la que se aplica en el Pentágono mediante la capacitación de jueces y fiscales colombianos.

La extradición, otrora una herramienta excepcional para combatir a los grandes capos de la droga (cartel de Medellín y Cali), es hoy utilizada de manera indiscriminada. Ya van más de 800 extraditados desde 2002, de los cuales sólo un pequeño porcentaje calificaría bajo el rubro de demasiado poderosos o peligrosos para ser juzgados en Colombia: la raison d'etre con la cual se justificó su instrumentación en el país.

También son frecuentes los viajes del fiscal general, Mario Iguarán, o de otros funcionarios de la rama judicial a Washington, no sólo para reunirse con sus pares en el Departamento de Justicia - algo lógico-, sino para presentar descargos y explicaciones a congresistas y sus asesores.

La rendición de cuentas a los congresistas gringos no es fortuita: las instituciones colombianas, entre ellas la Fiscalía, reciben anualmente más de 500 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. La recepción de esa plata es lo que les da carta blanca a los políticos norteamericanos para entrometerse en los asuntos colombianos. Y lo hacen con gusto: no sólo en justicia, sino en asuntos de derechos humanos, seguridad nacional, política social y hasta en cómo se debe regir las relaciones laborales en Colombia.

Gracias a la llamada enmienda Leahy, aprobada en 1997 durante el gobierno de Samper, se puede negar el envío de ayuda a unidades militares de las cuales se sospecha de violaciones de derechos humanos. La norma es tan vaga y sujeta a interpretaciones que cualquier miembro de la fuerza pública es vulnerable de ser sindicado de ser un malhechor. El problema radica en que Leahy, por ser el presidente del Comité de Apropiaciones, puede él solo frenar el desembolso de recursos, como ocurrió la semana pasada con los 72 millones de dólares del Plan Colombia. Es más, normalmente quien decide es su asesor Tim Reiser, encargado de hacerles seguimiento a los temas colombianos. Así, las fuerzas militares pueden llegar a estar al vaivén de un staffer de Congreso, quien reside en Washington.

Leahy no es único legislador que ejerce esa facultad de vigilancia o de influencia. El congresista Gregory Meeks convenció al gobierno de Uribe de que si les ponía atención a los afrocolombianos, el black caucus (agrupación que reúne a 41 representantes negros) apoyaría el TLC. Eso explicó el nombramiento de la Ministra de Cultura y un viceministro de Protección en junio de 2007, según le confirmaron a SEMANA fuentes de ambos gobiernos. No es gratuito, además, que haya una partida de 15 millones de dólares del Plan Colombia que debe ser invertida en las comunidades afrocolombianas del Pacífico.

En la delicada esfera de la seguridad nacional, la participación norteamericana, aunque discreta, se manifiesta en la presencia de militares y contratistas de ese país en lugares estratégicos: las bases de Tres Esquinas, Apiay, Tolemaida, Arauca y Buenaventura. Muchos equipos donados no pueden ser movidos o utilizados sin la autorización previa de Estados Unidos. De trasladarse las aeronaves y equipos estadounidense de Manta a Colombia, ¿se les permitirá esa misma autonomía?

Es tanta la integración colombo-estadounidense en asuntos de defensa, que el gobierno colombiano utiliza muchas veces el mismo sistema de compras del Pentágono (se logran economías de escala, según le explicó a SEMANA un ex funcionario de seguridad).

El llamado 'Plan de Consolidación' en las áreas antes controladas por la guerrilla tiene un fuerte componente norteamericano. Muchos de los recursos provienen de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Esta impronta les permite a los funcionarios estadounidenses tener voz y voto sobre cómo y dónde se gasta la plata.

Esta norteamericanización de Colombia precede al gobierno de Uribe. La guerra contra el narcotráfico y las Farc llevó a los gobiernos a acercarse más a Washington; pero la actual administración ha ido más lejos que sus antecesores. El gobierno colombiano firmó un acuerdo que otorga inmunidad a personal oficial estadounidense implicado en crímenes de lesa humanidad para que no sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI), sino por jueces de su país.

Pero tal vez la mayor señal de que Colombia cada vez se parece más a un apéndice de Estados Unidos es la actuación de los llamados opositores. El senador liberal Juan Fernando Cristo, por ejemplo, acaba de regresar de un periplo a Washington D. C. donde explicó y pidió apoyo para la ley de víctimas. Piedad Córdoba quiere entregarle las llaves del acuerdo humanitario al congresista demócrata Jim McGovern. Los sindicatos colombianos se aliaron con sus similares norteamericanos contra el TLC porque éste les quitaría empleos a los trabajadores estadounidenses. Y gracias a la presión de los sindicatos gringos, se cambió la ley de huelga en Colombia.

Son múltiples las áreas donde la ayuda económica de los Estados Unidos significa una influencia de ese país en los asuntos internos que son estratégicos para Colombia. Frente a esta situación, no se trata de satanizar la cooperación de Washington, que sin duda ha sido beneficiosa para Colombia en aspectos tan importantes como los derechos humanos, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero tampoco es conveniente que muchas decisiones de seguridad nacional y de política interna tengan que ser autorizadas por funcionarios estadounidenses, como muchas veces ocurre, y que constituye una intromisión en los asuntos internos de un país que lesiona la soberanía nacional.