Bienvenidos futuros maestros de Colombia a la Universidad Pedagógica Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, Capitulo Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Agosto de 2009

La actual crisis de la educación publica requiere una organización gremial de los estudiantes que sea amplia, democrática y participativa y que se proponga como objetivo generar debate crítico sobre la importancia de una educación nacional, científica y al servicio del pueblo, una organización que se sume a la lucha de los sectores sociales en defensa de un país democrático y soberano. Por eso los invitamos a hacer parte del proceso de conformación del Consejo Estudiantil de la UPN como herramienta de autonomía y democracia para participar activamente en la toma de decisiones y en la defensa de la universidad pública.
Y EN LA UPN LAS AUTORIDADES NOS CONTINÚAN DEGRADANDO LA CALIDAD La Universidad Pedagógica Nacional se enfrenta a una crisis que pone en riesgo su existencia como universidad pública. La crisis es muy grave y se evidencia en: El déficit presupuestal y la inviabilidad de la construcción de la Sede Valmaría: El déficit presupuestal supera los $10.000 millones de pesos, debido a la ampliación desmedida de la cobertura y al recorte de las transferencias estatales, sumados a la mala administración del rector Óscar Ibarra, quien ha planteado la construcción de Valmaría como su proyecto fundamental. La construcción de Valmaría es inviable desde el punto de vista financiero y académico. La sede cuesta $550.000 millones de pesos, sin contar los gastos de funcionamiento. Igualmente, el Gobierno Nacional ha manifestado no hacerse cargo de la financiación del proyecto, requisito indispensable para garantizar la construcción y la calidad. De esta forma se descargará en los estudiantes y la comunidad universitaria los costos mediante el incremento de matrículas y la venta de servicios por parte de la Universidad, renglón que representa hoy el 48% del presupuesto. Ni siquiera se soluciona el problema con la venta de los predios de la universidad, incluido el IPN, pues la suma no alcanza a cubrir ni el 50% del costo del proyecto. Incremento sin presupuesto en la cobertura: La cobertura en los últimos cinco años se ha incrementado en un 60%, lo cual no fue equilibrado con el aumento del presupuesto del Estado. El desajuste se ve reflejado en las carencias de planta física, bibliotecas, docentes de tiempo completo, laboratorios, equipos audiovisuales, auditorios, computadores, restaurante. Imposición de reformas académicas regresivas: Bajo el apelativo de "Revolución educativa" se imponen medidas y reformas que restringen la autonomía universitaria con su constante intervención e inspección cuyo único fin es imponer contenidos y homogeneizar los saberes. Las reformas académicas recortan los contenidos de las carreras, desmejorando la calidad. Buscan amoldar el sistema educativo a un mercado laboral que no tiene ningún tipo de garantías para los profesionales, en especial los docentes. La intención de imponer el “trabajo autónomo” como el único método de aprendizaje les facilita a los TLC la desprofesionalización docente y la mano de obra barata, como lo requieren las multinacionales que se apropiarán de nuestro país. La falta de autonomía y democracia: Por su carácter antidemocrático y autoritario, esta administración se ha cerrado a todos los espacios de diálogo con la comunidad universitaria, negándose a dar cuentas de su gestión y tomando por costumbre en los últimos semestres el cierre arbitrario de la universidad, actuando por cuenta propia sin el consentimiento de docentes, estudiantes y trabajadores. En el primer semestre del 2009 impuso al representante estudiantil ante el Consejo Superior, quien no recoge las reivindicaciones del estudiantado, que en su mayoría voto en blanco. También ha aprobado un reglamento estudiantil policivo, el cual niega la posibilidad de cualquier tipo de discusión política e ignora las propuestas de los estudiantes, buscando así acallar las expresiones democráticas que batallan por una educación pública de calidad y por un país soberano y democrático. Esto no es ajeno a la situación del país. Asistimos a continuas violaciones de la soberanía nacional, desde la entrega de nuestros recursos hasta el alud de privatizaciones, y en las últimas semanas en el aberrante propósito del establecimiento de bases militares gringas en territorio colombiano. El acuerdo con Estados Unidos se está urdiendo a las escondidas en el marco de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia de la Corona española. Lo anterior solo muestra que estamos sujetos a otro Imperio, tan opresivo como lo fue en su época el español, pues de ninguna otra forma puede explicarse la implantación de fuerzas militares extranjeras en el país. Serán tropas que obedecerán al Pentágono y defenderán los intereses y la bandera de Estados Unidos por sobre los intereses de Colombia, en palabras más simples, los intereses del capital financiero y las trasnacionales sobre los de los colombianos.
La grave situación de la educación pública nos obliga como parte de quienes tenemos acceso a las universidades a pensarnos la educación superior mas allá de los supuestos mercantiles y utilitaristas. La práctica de la academia encierra muchas cosas más, y por ello debemos ser conscientes de la responsabilidad que como jóvenes, estudiantes, intelectuales y futuros docentes tenemos con la sociedad colombiana. Teniendo en cuenta lo expuesto, planteamos la necesidad de que en la coyuntura política y electoral que se aproxima, los sectores sociales tengamos una participación activa en busca de iniciar un proceso de transformación social que beneficie a la gran mayoría de colombianos que viven sumidos en la miseria. Por eso les extendemos la invitación a apoyar la propuesta de “Por un país decente, CARLOS GAVIRIA Presidente”. El maestro Gaviria es una persona consecuente con los principios de la izquierda democrática y recoge en su programa la reivindicación de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales del pueblo colombiano

Con la expulsión de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pretende silenciar las denuncias contra la degradación académica de l

Pronunciamiento de la OCE RISARALDA.

Pereira, Julio de 2009.

En la reciente decisión de las directivas de la Universidad Tecnológica de Pereira, hay evidentes intereses políticos.
Tras conocer el fallo, es bueno precisar que desde el mismo comienzo de este asunto se violó el derecho al debido proceso, con la manera arbitraria como fueron escogidos, a “dedo” entre una amplia multitud, los estudiantes vinculados a la investigación. Igual sucedió en el transcurso del pleito, el cual presenta múltiples vicios jurídicos como omitir la presencia de los sindicados en las diligencias en las que recibieron las declaraciones de los testigos, negando el derecho de los estudiantes acusados a contrainterrogar a quienes testificaban en su contra.
Algo similar ocurre con las declaraciones de funcionarios de la Universidad donde se observan contradicciones a la hora de cotejar sus versiones, dejando un manto de duda sobre la veracidad de ellas, lo cual debe resolverse en favor del acusado, teniendo en cuenta el principio de presunción de inocencia. En contraste, se omiten testimonios de empleados del servicio de seguridad de la universidad, quienes afirman haber visto a algunos de los estudiantes implicados procurando impedir que se cometieran desordenes. No es de menor importancia que la firma del fallo se diera sin la presencia del rector Luis Enrique Arango (principal impulsor del proceso), siendo proferido por el funcionario encargado de la rectoría, una semana antes de la fecha del mismo.
De tal manera que por los asuntos aquí expuestos y otros de mayor gravedad hallados en los expedientes de los procesos, está claro que el material probatorio no da para llegar a la conclusión que tomaron las directivas. El veredicto no se ciñe a las normas del derecho, por lo que se confirma una vez más lo que hace rato es un secreto a voces: la decisión de expulsar los estudiantes posee evidentes intereses políticos que pretenden dar escarmiento a quienes, a través de las vías democráticas, han denunciado la alcahueta política de privatización de la educación pública implementada por el rector de la UTP.
Es bien sabido que los estudiantes Fernando Viáfara Banguera y Pedro Fernando Cruz son miembros de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, misma que siempre, en todo momento y lugar, guardando consecuencia con sus principios programáticos, ha expresado su oposición al uso de artefactos explosivos, manifestaciones violentas o la intimidación a la integridad de las personas. Por ende rechazamos enfáticamente la expulsión de los compañeros.
Por último, instamos a la comunidad en general a rechazar la manera absolutista como el rector de la UTP viene cercenando los espacios democráticos en la institución, acudiendo para ello a formulas normativas que ajustan y manipulan a su amaño. No es gratuito que sectores que han optado por respaldar las luchas estudiantiles mediante mecanismos civiles y democráticos, hayan sido condenados por acciones que rechazan. Lo que busca la dirección universitaria es disponer de un chivo expiatorio que sirva para opacar la cada vez más inocultable política uribista que conlleva la degradación de la educación superior en Colombia.

Compañeros y Compañeras Estudiantes Bienvenidos a la Universidad Nacional

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE Unal.

Bogotá, 29 de Julio de 2009

La Universidad Nacional es la universidad más importante del país, con más de 100 años de historia y trayectoria, había sido concebida como el instrumento de educación necesario, que ayudaría a la nación en sus primeros procesos de industrialización y de impulso a la producción nacional. Lastimosamente, las medidas adoptadas por el Gobierno de Uribe Vélez tienden a adecuarla a los requerimientos del mercado, y en consecuencia, se ha reducido ostensiblemente su calidad. Esta situación impone una responsabilidad en los nuevos estudiantes de la universidad, quienes tendrán que comprender las determinaciones implementadas, para derogarlas por medio de la lucha de masas democrática, organizando los Consejos Estudiantiles y empleándolos para transformar el actual modelo de universidad. En los acuerdos 033 de 2007 y 008 de 2008, se modifican los criterios para estructurar los programas académicos y el estatuto estudiantil. Con estos acuerdos se implementan los créditos académicos, con el propósito de recortar la duración de las carreras y se han sustraído del pregrado materias de profundización creando así un vacío que solo lo cubrirá el postgrado, bastante más costoso que el pregrado. Por si fuera poco ahora se somete a los estudiantes a un examen que supuestamente evalúa la calidad de la educación, este es el concitado “ECAES” cuyo objetivo es medir las competencias laborales, académicas y ciudadanas que deben tener los profesionales que están preparando las universidades, por tanto, si la universidad quiere tener buenos resultados en estos exámenes, debe ajustar sus currículos a las competencias señaladas en el Ministerio de Educación Nacional. Tal es el fondo de los Acuerdos 033 y 008, que bien podría resumirse en la siguiente frase del senador Jorge Robledo: "a un aparato productivo de pacotilla, una educación de pacotilla¨. Como el proyecto uribista renuncia a un país con el pleno desarrollo de su mercado interno, la educación se adecua a una nación que vive en la pobreza y en la miseria.
A este panorama hay que sumarle las medidas que adopta la universidad para saldar el déficit presupuestal producto del recorte que realiza el Gobierno Nacional.La universidad ha incrementado los recursos propios para cubrir los gastos con el aumento de las matrículas de pregrado, el pago de trámites ordinarios (constancias, certificados, etc.) y ha destinado la producción científica a favor de poderosos financiadores. Además el gobierno intenta responsabilizar a la Universidad del pasivo pensional, que según datos del CID, supera los 4 billones de pesos. A ello se suma que los docentes ocasionales llegaron en 2006 a un porcentaje histórico para la institución, el cual sigue su ritmo ascendente: 19,2% y producto del aumento de la cobertura, sin aumentar los recursos que el Estado debe girarle a las universidades públicas, la infraestructura física ya no es suficiente.
La universidad no es ajena a la vida nacional. A sólo un año de conmemorar el Bicentenario de la Independencia, nos encontramos con la instalación de 5 nuevas bases militares de los Estados Unidos en nuestro territorio, con el beneplácito de Uribe Vélez, expresión fehaciente de la dominación e injerencia de dicha potencia en nuestro país, convirtiendo a Colombia en punta de lanza de sus pretensiones hegemónicas en la región y el mundo.
Todo este panorama implica que el país debe unirse para no reelegir al uribismo sin Uribe. Se hace necesario que los colombianos recuperemos la dignidad perdida y eso sólo se hará sobre la base de reconstruir una sociedad democrática y soberana, por tanto en el escenario nacional, resulta absolutamente acertada la propuesta liderada por el Dr. Carlos Gaviria Díaz, precandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, quien ha señalado la necesidad de luchar por un país decente.

Impunidad Asesinato del estudiante Johnny Silva a justicia internacional

El 22 de septiembre de 2005, Johnny Silva Aranguren, un estudiante de la Universidad del Valle hijo de un humilde carpintero caleño, fue asesinado de un disparo en la nuca durante una manifestación. Su único delito era ser estudiante y no poder correr lo mismo que sus compañeros para resguardarse de las balas que, desde la formación policial del Esmad, eran disparadas contra la multitud: había nacido con un defecto congénito en las piernas y, a sus 21 años, no podía haber participado en enfrentamiento alguno con los uniformados y, mucho menos, correr para salvar su vida.
Entraba la noche y, aprovechando un sospechoso corte de luz, los agentes del Esmad ingresaron al campus disparando y lanzando sus tanquetas contra los manifestantes que desde las dos de la tarde bloqueaban la avenida Pasoancho de la capital valluna, en una jornada de protesta contra el TLC. Johnny Silva recibió el disparo que le causó la muerte desde una distancia de 23,7m, según determinó el informe de Medicina Legal. Murió pocos minutos después, cuando otros estudiantes y profesores intentaban trasladarlo en una ambulancia a un hospital.
En septiembre del año pasado, el fiscal 41 de derechos humanos determinó la responsabilidad del Esmad en el asesinato del joven, demostrando que nunca se hizo requisa a los agentes para verificar que no portaran armas letales y que efectivamente estaban dentro de la universidad al momento de disparar contra Silva Aranguren, contrario a lo declarado por el entonces comandante de la Policía de Cali, el general (r) Jesús Antonio Gómez Méndez. El informe señalaba claramente la responsabilidad del Esmad, aunque no individualizaba al responsable del disparo, dado que nunca se realizaron pruebas forenses a los agentes involucrados.
Sin embargo, Carlos Adolfo Millán, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali y encargado de este caso, ante los recursos presentados por la Policía, decidió desestimar toda la argumentación de su colega de derechos humanos y argumentó que no era posible establecer la responsabilidad de los policías en el crimen, señalando que la bala asesina “no fue disparada (sic) por armas de fuego tipo revólver de dotación oficial de la Policía”. De esta mena, el fiscal Millán no sólo asume una posición contraria a la de su antecesor, sino que desestima las conclusiones de balística y del informe forense. Con esto, trata de sostener un supuesto montaje contra los uniformados en el que “participaron varias personas del interior y del exterior de la universidad”, dado que, supuestamente, “el Esmad se encontraba en posición de desventaja frente a los manifestantes”.
Frente a esto, Wilman Silva, el humilde carpintero que esperaba que su hijo pudiera graduarse becado de la Universidad del Valle, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que asuma el caso de Johnny, porque sabe que “la justicia colombiana no va a actuar”.

LA PRIVATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

OCE Guajira,

Riohacha, junio de 2009

Desde los años noventas, cuando se implanto el modelo neoliberal en Colombia, la universidad pública colombiana, al igual que el resto del sector de servicios del Estado colombiano, ha sido reformada y sometidas a un proceso de desfinanciación progresiva.
Esas reformas, como consta en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones "Estado Comunitario Desarrollo Para Todos" 2006-2010 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, niegan la financiación estatal y fomentan la asignación del presupuesto nacional condicionado a indicadores de gestión, se elimina la autonomía académica al establecer la estandarización de los programas. Afecta la decisión autónoma académica para establecer nuevos programas al reglamentar que se debe garantizar su autofinanciación y tener el visto bueno del Ministerio de Educación privilegiando lo económico sobre lo académico. Se flexibiliza la financiación de la Universidad Pública condenándola a un estado de incertidumbre en los aportes que el gobierno debe otorgarle por ley.
Como consecuencia de lo anterior, la estabilidad financiera de la Universidad de la Guajira, hoy se encuentra en un serio proceso de deterioro, ya que, los aportes de la Nación han registrado una drástica reducción al pasar del 72.3% en 1998 al 31.48% en el 2009, es decir, una reducción de mas de 40 puntos en 11 años, en tanto que, los ingresos propios pasaron del 7% en 1995 a 29.9% en 2009, y para ello, los derechos académicos y complementarios, que antes del 2007 eran el 10% del valor de las matriculas se incrementaron al 20% de las mismas, es decir, un aumento de un 100%.Igual sucedió con el valor de las inscripciones que ha aumentado en un 66% y las constancias y certificaciones que han tenido aumentos del orden del 260%.
Para gozar de un alto nivel científico y académico, es imprescindible contar con profesores que en un 80% sean de tiempo completo, bien remunerados y con condiciones laborales que permitan su dedicación al estudio, a la investigación y a la docencia. Pero, las cifras dicen que de 508 docentes que prestaban servicios en el 2008, solo el 16.8% figuraban vinculados a la planta de personal, en tanto, que los restantes tenían vinculación temporal, entre ocasionales y catedráticos y con un bajo registro en su nivel de formación, pues, sólo el 0.23% tenían doctorado y el 12.62% Maestría. En esas condiciones hablar de calidad en la universidad no deja ser una falacia.
La Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), pone a discusión del estudiantado guajiro: la conformación de una organización gremial, con un programa de lucha que recoja las banderas de la financiación estatal, adecuada y oportuna, que implique, el aumento del profesorado de tiempo completo, la adecuación y dotación, la inversión, la investigación y la ampliación de la cobertura e infraestructura; con una dirección colegiada democrática, elegida popularmente y un verdadero programa de bienestar estudiantil, con unos métodos de lucha democráticos y de masas, para la solución de las contradicciones políticas.

Carta abierta de la representación estudiantil al Consejo Superior: al rector de la Universidad de Caldas y a la mayoría del CSU

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Manizales, junio 11 de 2009

Doctor Ricardo Gómez Giraldo Señores Consejo Superior Universidad de Caldas

Asunto: Imposición de multa a la Universidad de Caldas, por desconocer los derechos de asociación y negociación sindical.

El 28 de mayo de 2009 mediante Resolución 165, suscrita por la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de la Protección Social, le fue impuesta una multa a la Universidad de Caldas, de 100 salarios mínimos mensuales, es decir, Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil pesos ($49.690.000), ante la negativa de las directivas del Alma Mater de sentarse a negociar un pliego de peticiones presentado desde el 29 de agosto de 2008 por la organización sindical, ASOFUNDE, que reúne a empleados y trabajadores oficiales de esta institución.
La imposición de la millonaria multa sumada a la petición hecha, por el Ministerio de la Protección Social, de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue al Rector de la Universidad, por un presunto acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, como lo describe el artículo 200 del código penal, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido y que sugiere una profunda reflexión al interior de la Universidad, sobre el respeto a principios fundamentales y básicos para la existencia de la democracia.
Como es sabido por ustedes, la Representación Estudiantil al Consejo Superior, votó de manera negativa los acuerdos, 07, 08, 09 de marzo 9 de 2008 y 18 del 9 de septiembre del mismo año, que dieron lugar a la “reestructuración” que implicó el despido de los celadores, trabajadores oficiales y la reclasificación de algunos como empleados públicos desconociéndoles sus derechos convencionales. En diversas oportunidades hemos hecho un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y a detener la persecución sindical sintetizada en la obsesión de desaparecer las organizaciones sindicales de los trabajadores y en promover la tercerización (léase privatización) de los servicios que dichos ciudadanos le prestan a la universidad. No podemos cohonestar entonces, ni estar de acuerdo, con las decisiones administrativas que se están tomando al interior de la Universidad, que afectan derechos fundamentales de personas y que cuentan con el respaldo de la mayoría del Consejo Superior.
Como lo ha establecido la Corte Constitucional el derecho de asociación sindical: “Debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política.”
A pesar de esta visión recogida en los pronunciamientos del más importante tribunal constitucional, me atrevo a afirmar que las decisiones administrativas al interior de la Universidad que desconocen derechos fundamentales y se niegan a aplicar la Ley, en vez de promover la democracia y los más altruistas valores para el avance social, contribuyen a la consolidación del modelo autoritario y de restricción de libertades democráticas que impera hoy en la sociedad colombiana. No son demócratas, ni merecen regir los destinos de un instituto de ciencia, como la Universidad de Caldas, quiénes se niegan a reconocer los más elementales derechos que nuestra carta política le concede a los trabajadores.
Ante el evidente incumplimiento de presupuestos democráticos, entre los cuales se encuentra también la decisión de la mayoría del Consejo Superior (En sesión del 24 abril, Acta No. 05 de 2009) de excluir a la comunidad universitaria de la elección del rector, a lo cual se opuso también esta Representación Estudiantil, no queda más que hacer un llamado a que se cumplan los mínimos para que no siga haciendo carrera al interior de los claustros universitarios el desconocimiento de derechos fundamentales reconocidos por mandatos superiores.
De igual manera solicito, basado en el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que ante el daño patrimonial que se causa a la Universidad con esta sanción, sean los funcionarios responsables los que finalmente terminen respondiendo por ello, tal como lo manda el artículo 90 de la Constitución Política y lo desarrolla la Ley antes mencionada. Como lo afirma el Ministerio de la Protección Social: “resulta innegable el hecho de que la abstención por parte de la Universidad de Caldas de dar inicio a etapa de negociaciones sobre el pliego de condiciones que previamente había extendido el sindicato ASOFUNDE a esta entidad, redundó en un atentado grave hacia los bienes jurídicos fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva”. (Resolución 165 de mayo 28 de 2009, página 12).
Según las autoridades administrativas del trabajo existen los presupuestos fácticos que enmarcan esta conducta, de los funcionarios responsables al interior de la Universidad, como una falta grave por: “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”(Ley 678 de 2001, artículo 6º, numeral 1), por lo que se hace necesario que el Representante Legal de la institución proceda a presentar la denominada acción de repetición, en aras de salvaguardar los escasos recursos públicos que hoy le gira el gobierno nacional a la Universidad de Caldas.
Atentamente,
Juan Carlos Martínez Botero Representante Estudiantil al Consejo Superior Universidad de Caldas

QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UIS

Oficina de Prensa,

Senador Jorge Enrique Robledo, 18 de junio de 2009

“La cancelación del semestre en la Universidad Industrial de Santander es una decisión profundamente antidemocrática que desconoce los más elementales derechos los estudiantes”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo.
La medida, adoptada arbitrariamente por el Consejo Académico de la Universidad, reprime las justas protestas del estudiantado contra las irregularidades que se han presentado en la Institución.
La decisión tiene el oscuro propósito de ocultar las gravísimas acusaciones de las que ha sido objeto el rector Jaime Alberto Camacho, escándalo que incluso ha llevado al gobernador de Santander, Horacio Serpa, a exigir su separación del cargo. Por estos hechos los estudiantes legítimamente exigen la renuncia del directivo.
“El derecho a la huelga y a la protesta está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y debe ser respetado por las directivas de la universidad”, concluyó el Senador del Polo Democrático Alternativo.
Robledo expresó su solidaridad a los estudiantes del la UIS y reiteró su preocupación por el recorte de garantías de quienes se oponen a las políticas del actual gobierno.

EL PROTECCIONISMO Y EL LIBRE CAMBIO EN LA HISTORIA DE COLOMBIA

Por: ALBERTO LUNA

Barranquilla, Junio 19 de 2009

Gran parte del siglo 19, estuvo marcado en Colombia por la lucha entre el proteccionismo y el libre cambio, controversias públicas, impresión de innumerables documentos sobre la materia, división de los partidos políticos y hasta la causa de guerras civiles, fueron algunos de los hechos en que se tradujo esta pugna. En el siglo pasado, a partir de la década de los años 80, se avivó esta batalla, ya desde otro marco histórico, cuando desde hacía más de una centuria, el alto desarrollo del capitalismo, originó los grandes monopolios transnacionales y con ello, el imperialismo. Estados Unidos aprovechando la derrota y desaparición de su principal enemigo de la época, la Unión Soviética, y ante el peligro de la pérdida de sus mercados, por la aparición de nuevas potencias económicas, lanzó una ofensiva por mantener su dominio mundial, imponiendo un nuevo modelo económico, el neo liberal, a través de nuevas estrategias, llamadas globalización de la economía o apertura económica.
Por eso, es de suma importancia, para el análisis histórico, la lectura del fragmento de una carta escrita desde Nueva York, por el General Francisco de Paula Santander (quien fue Vicepresidente de la Gran Colombia y después de su disolución, Presidente de la Nueva Granada, en el período 1832-1836), dirigida a su amigo y copartidario Vicente Azuero, el 19 de enero de 1832, donde defiende el proteccionismo, como el modelo adecuado para el desarrollo económico de la nación.
"La ley de aduanas es vital en el estado de penuria en que quedó el país. Por Dios, abandonen las teorías del comercio libre, quiero decir, de que todos los productos y manufacturas extranjeras deben ser introducidas sin restricciones, ni recargos de derechos. La práctica de todas las naciones maestras en comercio está en oposición a tales teorías. Aquí mismo se ventila hoy está gran cuestión. La mayor parte de los Estados de la Unión convienen, y con ellos hombres muy respetables como Webster, Clay, etc., 'que los artefactos y productos extranjeros que se puedan producir y fabricar en el país deben ser recargados de derechos para proteger los intereses nacionales', y a esto llaman National System. Entre mil razones alegan, la principal es una experiencia de cincuenta años, que ha sido ventajosa al país. Otros Estados sostienen lo contrario, libertad de comercio; pero es una minoría... Protejan, pues, nuestras miserables fábricas y artes, no excluyendo absolutamente, sino poniendo restricciones a los estatutos y productos extranjeros que nosotros también producimos, o podemos a poca costa producir".

Manifestaciones contra el TLC con la Unión Europea

Barranquilla, Junio 18 de 2009

El próximo viernes 19 de junio, a las 9:00 am, se convoca a una manifestación en oposición al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, frente a la sede donde se están realizando las negociaciones. La cita es en el frente a la sucursal del Banco BBVA situado en la calle 43 con carrera 45 esquina.

Invita: La Gran Coalición Democrática, Cut y Polo Democrático Alternativo.

El debate del TLC: La verdadera hecatombe

Helena Villamizar García-Herreros,

El Nuevo Siglo, Bogotá, junio 14 de 2009
El senador Jorge Enrique Robledo acaba de publicar el libro: “La verdadera Hecatombe. El debate del TLC permanece”. Si bien la aprobación de este Tratado por el momento se encuentra paralizada en Estados Unidos, existe un gran peligro en la proyectada firma de un Acuerdo con la Unión Europea a fines de 2009, el cual promete ser aún peor que el TLC con EU. Este libro, ameno y al mismo tiempo riguroso por sus conceptos teóricos y por la muy amplia documentación aportada, debería ser lectura obligada para todos los colombianos que deseen conocer el verdadero contenido de lo negociado. El autor desnuda la real dimensión de esta entrega de los intereses de Colombia basándose en los textos y en las reformas a este Tratado. Su lectura además devela como la grotesca caricaturización que ha hecho el gobierno y sus aliados a los opositores del TLC no corresponden a la realidad. Como aclara Robledo, las exportaciones y las relaciones con el exterior son necesarias y pueden ser constructivas, pero sobre bases de soberanía, dignidad y reciprocidad, de manera que el desarrollo contemple el avance del sistema productivo en función del fortalecimiento del mercado interno y de la superación de la miseria y la pobreza para todos y no sólo de una exclusiva minoría.
Este libro analiza paso a paso los profundos daños infligidos a Colombia en tantos y tan trascendentales campos de la vida nacional: la producción, el manejo y regulación de la economía, a financiación del desarrollo, la educación y la cultura, las telecomunicaciones, el medio ambiente, etc.
Lo negociado en agricultura fue una verdadera “masacre agropecuaria”, Se ignoraron las cuantiosas ayudas a la agricultura en EU, y en el más surrealista de los mundos se otorgó a ese país trato especial y diferenciado al aceptar que todo lo que concedamos a terceros países mediante tratados se otorgará automáticamente a su agricultura, pero esta regla no es recíproca para nuestra agricultura. En síntesis, en este sector, dice Robledo, Estados Unidos “renuncia a sembrar los productos tropicales que el clima le impide cosechar, mientras que Colombia se condena a no producir los bienes no tropicales que la naturaleza le permite sembrar”; es decir, abandona cualquier atisbo de seguridad alimentaria, uno de los fundamentos de la soberanía nacional. Se especializa en “productos postre”, cuyo mercado ni siquiera está garantizado en EU, pues tiene que competir con el resto del mundo.
En la industria, los resultados fueron igualmente lamentables. Basta señalar que el TLC en la práctica sepulta la Comunidad Andina, al pulverizar el arancel externo común. Un estudio realizado por el BID señala los grandes riesgos de pérdidas de comercio intrandino y de las correspondientes exportaciones de Colombia a esos destinos, las cuales son en su inmensa mayoría bienes manufacturados de mayor valor agregado que el de las materias primas y petróleo con destino a Estados Unidos; estas últimas revelan una especialización del atraso productivo que el TLC fortalece.
En materia de propiedad intelectual el descalabro para Colombia no tuvo límites. “Si hubiera que escoger un solo aspecto para demostrar lo indeseable del TLC, serviría más que de sobra el capítulo del campo de los medicamentos”, dice Robledo. Según estudio de la OMS-OPS, el aumento de los precios de medicamentos puede llegar a US$ 940 millones anuales, lo que significa enfermedad y muerte para millones de colombianos, los más pobres, y mayores costos para la salud pública. El atentado en propiedad intelectual abarca igualmente la biodiversidad, las industrias química, agroquímica, electrónica, las telecomunicaciones, la genética, la de nuevos materiales, en fin el desarrollo de todas las industrias será afectado por las prohibiciones a la competencia, bajo todo un manto legal, que no pudieron imponernos en la OMC pero que dócilmente fue aceptado por el gobierno en contra de los colombianos.
Lo concedido a la inversión extranjera tiene particular gravedad para el futuro de Colombia y sus posibilidades de progreso. No sólo se prohíbe imponer condiciones a los inversionistas extranjeros como por ejemplo, generación de empleo o de exportaciones, sino que la cláusula de “expropiación e indemnización” y la figura de expropiación indirecta atentan contra las posibilidades de legislar y reglamentar la economía y todos los terrenos de la vida nacional, pues si éstas afectan las ganancias de dichos inversionistas, ellos podrán reclamar indemnización del Estado colombiano. Tamaño atropello a la soberanía, cuyas cláusulas, advierte el autor, no cabe duda serán utilizadas, como ilustran las experiencias de México y Canadá en el Nafta, quienes tuvieron que pagar indemnizaciones a transnacionales por intentar medidas de protección del medio ambiente, y como revela la amenaza de AFIDRO, gremio de las transnacionales farmacéuticas extranjeras, ante una borrador de reglamentación sobre controles a los precios de los medicamentos en Colombia.
Ni siquiera para prevenir y enfrentar las crisis el TLC le dejó instrumentos a Colombia; ni para protegerse de los capitales especulativos cuya dimensión es colosal, ni para aplicar remedios o medidas cautelares, pues este tratado prohíbe los controles a los capitales supuestamente a más de un año, pero si se leen los anexos, ni siquiera los permite en este breve plazo. Tampoco el TLC contiene la cláusula de Salvaguardia de Balanza de Pagos con la que Colombia se protege en otros tratados ante dificultades externas, permitiéndole ahorrar divisas y utilizarlas en usos prioritarios. Solo le queda el camino del ajuste mediante reducción del consumo nacional para disminuir las importaciones, a través de medidas recesivas y reducción de los salarios. ¡Increíbles concesiones frente a los descalabros financieros y las imperfecciones de estos mercados que hoy resultan inequívocas para el mundo entero, pero que igualmente eran suficientemente conocidas desde hace muchos años por la academia y las numerosas experiencias de crisis!
Estos y muchos otros temas de enorme trascendencia para los colombianos son analizados por Robledo en su valioso e importante libro cuya lectura recomiendo especialmente.
Y como no pueden desmentir estas y muchas otras sólidas verdades del senador Robledo con argumentos, han optado por el camino de la infame calumnia.