LA PRIVATIZACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

OCE Guajira,

Riohacha, junio de 2009

Desde los años noventas, cuando se implanto el modelo neoliberal en Colombia, la universidad pública colombiana, al igual que el resto del sector de servicios del Estado colombiano, ha sido reformada y sometidas a un proceso de desfinanciación progresiva.
Esas reformas, como consta en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones "Estado Comunitario Desarrollo Para Todos" 2006-2010 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, niegan la financiación estatal y fomentan la asignación del presupuesto nacional condicionado a indicadores de gestión, se elimina la autonomía académica al establecer la estandarización de los programas. Afecta la decisión autónoma académica para establecer nuevos programas al reglamentar que se debe garantizar su autofinanciación y tener el visto bueno del Ministerio de Educación privilegiando lo económico sobre lo académico. Se flexibiliza la financiación de la Universidad Pública condenándola a un estado de incertidumbre en los aportes que el gobierno debe otorgarle por ley.
Como consecuencia de lo anterior, la estabilidad financiera de la Universidad de la Guajira, hoy se encuentra en un serio proceso de deterioro, ya que, los aportes de la Nación han registrado una drástica reducción al pasar del 72.3% en 1998 al 31.48% en el 2009, es decir, una reducción de mas de 40 puntos en 11 años, en tanto que, los ingresos propios pasaron del 7% en 1995 a 29.9% en 2009, y para ello, los derechos académicos y complementarios, que antes del 2007 eran el 10% del valor de las matriculas se incrementaron al 20% de las mismas, es decir, un aumento de un 100%.Igual sucedió con el valor de las inscripciones que ha aumentado en un 66% y las constancias y certificaciones que han tenido aumentos del orden del 260%.
Para gozar de un alto nivel científico y académico, es imprescindible contar con profesores que en un 80% sean de tiempo completo, bien remunerados y con condiciones laborales que permitan su dedicación al estudio, a la investigación y a la docencia. Pero, las cifras dicen que de 508 docentes que prestaban servicios en el 2008, solo el 16.8% figuraban vinculados a la planta de personal, en tanto, que los restantes tenían vinculación temporal, entre ocasionales y catedráticos y con un bajo registro en su nivel de formación, pues, sólo el 0.23% tenían doctorado y el 12.62% Maestría. En esas condiciones hablar de calidad en la universidad no deja ser una falacia.
La Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), pone a discusión del estudiantado guajiro: la conformación de una organización gremial, con un programa de lucha que recoja las banderas de la financiación estatal, adecuada y oportuna, que implique, el aumento del profesorado de tiempo completo, la adecuación y dotación, la inversión, la investigación y la ampliación de la cobertura e infraestructura; con una dirección colegiada democrática, elegida popularmente y un verdadero programa de bienestar estudiantil, con unos métodos de lucha democráticos y de masas, para la solución de las contradicciones políticas.

Carta abierta de la representación estudiantil al Consejo Superior: al rector de la Universidad de Caldas y a la mayoría del CSU

Juan Carlos Martínez Botero, Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Manizales, junio 11 de 2009

Doctor Ricardo Gómez Giraldo Señores Consejo Superior Universidad de Caldas

Asunto: Imposición de multa a la Universidad de Caldas, por desconocer los derechos de asociación y negociación sindical.

El 28 de mayo de 2009 mediante Resolución 165, suscrita por la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de la Protección Social, le fue impuesta una multa a la Universidad de Caldas, de 100 salarios mínimos mensuales, es decir, Cuarenta y Nueve Millones Seiscientos Noventa Mil pesos ($49.690.000), ante la negativa de las directivas del Alma Mater de sentarse a negociar un pliego de peticiones presentado desde el 29 de agosto de 2008 por la organización sindical, ASOFUNDE, que reúne a empleados y trabajadores oficiales de esta institución.
La imposición de la millonaria multa sumada a la petición hecha, por el Ministerio de la Protección Social, de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue al Rector de la Universidad, por un presunto acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, como lo describe el artículo 200 del código penal, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido y que sugiere una profunda reflexión al interior de la Universidad, sobre el respeto a principios fundamentales y básicos para la existencia de la democracia.
Como es sabido por ustedes, la Representación Estudiantil al Consejo Superior, votó de manera negativa los acuerdos, 07, 08, 09 de marzo 9 de 2008 y 18 del 9 de septiembre del mismo año, que dieron lugar a la “reestructuración” que implicó el despido de los celadores, trabajadores oficiales y la reclasificación de algunos como empleados públicos desconociéndoles sus derechos convencionales. En diversas oportunidades hemos hecho un llamado a respetar los derechos de los trabajadores y a detener la persecución sindical sintetizada en la obsesión de desaparecer las organizaciones sindicales de los trabajadores y en promover la tercerización (léase privatización) de los servicios que dichos ciudadanos le prestan a la universidad. No podemos cohonestar entonces, ni estar de acuerdo, con las decisiones administrativas que se están tomando al interior de la Universidad, que afectan derechos fundamentales de personas y que cuentan con el respaldo de la mayoría del Consejo Superior.
Como lo ha establecido la Corte Constitucional el derecho de asociación sindical: “Debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política.”
A pesar de esta visión recogida en los pronunciamientos del más importante tribunal constitucional, me atrevo a afirmar que las decisiones administrativas al interior de la Universidad que desconocen derechos fundamentales y se niegan a aplicar la Ley, en vez de promover la democracia y los más altruistas valores para el avance social, contribuyen a la consolidación del modelo autoritario y de restricción de libertades democráticas que impera hoy en la sociedad colombiana. No son demócratas, ni merecen regir los destinos de un instituto de ciencia, como la Universidad de Caldas, quiénes se niegan a reconocer los más elementales derechos que nuestra carta política le concede a los trabajadores.
Ante el evidente incumplimiento de presupuestos democráticos, entre los cuales se encuentra también la decisión de la mayoría del Consejo Superior (En sesión del 24 abril, Acta No. 05 de 2009) de excluir a la comunidad universitaria de la elección del rector, a lo cual se opuso también esta Representación Estudiantil, no queda más que hacer un llamado a que se cumplan los mínimos para que no siga haciendo carrera al interior de los claustros universitarios el desconocimiento de derechos fundamentales reconocidos por mandatos superiores.
De igual manera solicito, basado en el artículo 8º de la Ley 678 de 2001, que ante el daño patrimonial que se causa a la Universidad con esta sanción, sean los funcionarios responsables los que finalmente terminen respondiendo por ello, tal como lo manda el artículo 90 de la Constitución Política y lo desarrolla la Ley antes mencionada. Como lo afirma el Ministerio de la Protección Social: “resulta innegable el hecho de que la abstención por parte de la Universidad de Caldas de dar inicio a etapa de negociaciones sobre el pliego de condiciones que previamente había extendido el sindicato ASOFUNDE a esta entidad, redundó en un atentado grave hacia los bienes jurídicos fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva”. (Resolución 165 de mayo 28 de 2009, página 12).
Según las autoridades administrativas del trabajo existen los presupuestos fácticos que enmarcan esta conducta, de los funcionarios responsables al interior de la Universidad, como una falta grave por: “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”(Ley 678 de 2001, artículo 6º, numeral 1), por lo que se hace necesario que el Representante Legal de la institución proceda a presentar la denominada acción de repetición, en aras de salvaguardar los escasos recursos públicos que hoy le gira el gobierno nacional a la Universidad de Caldas.
Atentamente,
Juan Carlos Martínez Botero Representante Estudiantil al Consejo Superior Universidad de Caldas

QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UIS

Oficina de Prensa,

Senador Jorge Enrique Robledo, 18 de junio de 2009

“La cancelación del semestre en la Universidad Industrial de Santander es una decisión profundamente antidemocrática que desconoce los más elementales derechos los estudiantes”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo.
La medida, adoptada arbitrariamente por el Consejo Académico de la Universidad, reprime las justas protestas del estudiantado contra las irregularidades que se han presentado en la Institución.
La decisión tiene el oscuro propósito de ocultar las gravísimas acusaciones de las que ha sido objeto el rector Jaime Alberto Camacho, escándalo que incluso ha llevado al gobernador de Santander, Horacio Serpa, a exigir su separación del cargo. Por estos hechos los estudiantes legítimamente exigen la renuncia del directivo.
“El derecho a la huelga y a la protesta está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y debe ser respetado por las directivas de la universidad”, concluyó el Senador del Polo Democrático Alternativo.
Robledo expresó su solidaridad a los estudiantes del la UIS y reiteró su preocupación por el recorte de garantías de quienes se oponen a las políticas del actual gobierno.

EL PROTECCIONISMO Y EL LIBRE CAMBIO EN LA HISTORIA DE COLOMBIA

Por: ALBERTO LUNA

Barranquilla, Junio 19 de 2009

Gran parte del siglo 19, estuvo marcado en Colombia por la lucha entre el proteccionismo y el libre cambio, controversias públicas, impresión de innumerables documentos sobre la materia, división de los partidos políticos y hasta la causa de guerras civiles, fueron algunos de los hechos en que se tradujo esta pugna. En el siglo pasado, a partir de la década de los años 80, se avivó esta batalla, ya desde otro marco histórico, cuando desde hacía más de una centuria, el alto desarrollo del capitalismo, originó los grandes monopolios transnacionales y con ello, el imperialismo. Estados Unidos aprovechando la derrota y desaparición de su principal enemigo de la época, la Unión Soviética, y ante el peligro de la pérdida de sus mercados, por la aparición de nuevas potencias económicas, lanzó una ofensiva por mantener su dominio mundial, imponiendo un nuevo modelo económico, el neo liberal, a través de nuevas estrategias, llamadas globalización de la economía o apertura económica.
Por eso, es de suma importancia, para el análisis histórico, la lectura del fragmento de una carta escrita desde Nueva York, por el General Francisco de Paula Santander (quien fue Vicepresidente de la Gran Colombia y después de su disolución, Presidente de la Nueva Granada, en el período 1832-1836), dirigida a su amigo y copartidario Vicente Azuero, el 19 de enero de 1832, donde defiende el proteccionismo, como el modelo adecuado para el desarrollo económico de la nación.
"La ley de aduanas es vital en el estado de penuria en que quedó el país. Por Dios, abandonen las teorías del comercio libre, quiero decir, de que todos los productos y manufacturas extranjeras deben ser introducidas sin restricciones, ni recargos de derechos. La práctica de todas las naciones maestras en comercio está en oposición a tales teorías. Aquí mismo se ventila hoy está gran cuestión. La mayor parte de los Estados de la Unión convienen, y con ellos hombres muy respetables como Webster, Clay, etc., 'que los artefactos y productos extranjeros que se puedan producir y fabricar en el país deben ser recargados de derechos para proteger los intereses nacionales', y a esto llaman National System. Entre mil razones alegan, la principal es una experiencia de cincuenta años, que ha sido ventajosa al país. Otros Estados sostienen lo contrario, libertad de comercio; pero es una minoría... Protejan, pues, nuestras miserables fábricas y artes, no excluyendo absolutamente, sino poniendo restricciones a los estatutos y productos extranjeros que nosotros también producimos, o podemos a poca costa producir".

Manifestaciones contra el TLC con la Unión Europea

Barranquilla, Junio 18 de 2009

El próximo viernes 19 de junio, a las 9:00 am, se convoca a una manifestación en oposición al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, frente a la sede donde se están realizando las negociaciones. La cita es en el frente a la sucursal del Banco BBVA situado en la calle 43 con carrera 45 esquina.

Invita: La Gran Coalición Democrática, Cut y Polo Democrático Alternativo.

El debate del TLC: La verdadera hecatombe

Helena Villamizar García-Herreros,

El Nuevo Siglo, Bogotá, junio 14 de 2009
El senador Jorge Enrique Robledo acaba de publicar el libro: “La verdadera Hecatombe. El debate del TLC permanece”. Si bien la aprobación de este Tratado por el momento se encuentra paralizada en Estados Unidos, existe un gran peligro en la proyectada firma de un Acuerdo con la Unión Europea a fines de 2009, el cual promete ser aún peor que el TLC con EU. Este libro, ameno y al mismo tiempo riguroso por sus conceptos teóricos y por la muy amplia documentación aportada, debería ser lectura obligada para todos los colombianos que deseen conocer el verdadero contenido de lo negociado. El autor desnuda la real dimensión de esta entrega de los intereses de Colombia basándose en los textos y en las reformas a este Tratado. Su lectura además devela como la grotesca caricaturización que ha hecho el gobierno y sus aliados a los opositores del TLC no corresponden a la realidad. Como aclara Robledo, las exportaciones y las relaciones con el exterior son necesarias y pueden ser constructivas, pero sobre bases de soberanía, dignidad y reciprocidad, de manera que el desarrollo contemple el avance del sistema productivo en función del fortalecimiento del mercado interno y de la superación de la miseria y la pobreza para todos y no sólo de una exclusiva minoría.
Este libro analiza paso a paso los profundos daños infligidos a Colombia en tantos y tan trascendentales campos de la vida nacional: la producción, el manejo y regulación de la economía, a financiación del desarrollo, la educación y la cultura, las telecomunicaciones, el medio ambiente, etc.
Lo negociado en agricultura fue una verdadera “masacre agropecuaria”, Se ignoraron las cuantiosas ayudas a la agricultura en EU, y en el más surrealista de los mundos se otorgó a ese país trato especial y diferenciado al aceptar que todo lo que concedamos a terceros países mediante tratados se otorgará automáticamente a su agricultura, pero esta regla no es recíproca para nuestra agricultura. En síntesis, en este sector, dice Robledo, Estados Unidos “renuncia a sembrar los productos tropicales que el clima le impide cosechar, mientras que Colombia se condena a no producir los bienes no tropicales que la naturaleza le permite sembrar”; es decir, abandona cualquier atisbo de seguridad alimentaria, uno de los fundamentos de la soberanía nacional. Se especializa en “productos postre”, cuyo mercado ni siquiera está garantizado en EU, pues tiene que competir con el resto del mundo.
En la industria, los resultados fueron igualmente lamentables. Basta señalar que el TLC en la práctica sepulta la Comunidad Andina, al pulverizar el arancel externo común. Un estudio realizado por el BID señala los grandes riesgos de pérdidas de comercio intrandino y de las correspondientes exportaciones de Colombia a esos destinos, las cuales son en su inmensa mayoría bienes manufacturados de mayor valor agregado que el de las materias primas y petróleo con destino a Estados Unidos; estas últimas revelan una especialización del atraso productivo que el TLC fortalece.
En materia de propiedad intelectual el descalabro para Colombia no tuvo límites. “Si hubiera que escoger un solo aspecto para demostrar lo indeseable del TLC, serviría más que de sobra el capítulo del campo de los medicamentos”, dice Robledo. Según estudio de la OMS-OPS, el aumento de los precios de medicamentos puede llegar a US$ 940 millones anuales, lo que significa enfermedad y muerte para millones de colombianos, los más pobres, y mayores costos para la salud pública. El atentado en propiedad intelectual abarca igualmente la biodiversidad, las industrias química, agroquímica, electrónica, las telecomunicaciones, la genética, la de nuevos materiales, en fin el desarrollo de todas las industrias será afectado por las prohibiciones a la competencia, bajo todo un manto legal, que no pudieron imponernos en la OMC pero que dócilmente fue aceptado por el gobierno en contra de los colombianos.
Lo concedido a la inversión extranjera tiene particular gravedad para el futuro de Colombia y sus posibilidades de progreso. No sólo se prohíbe imponer condiciones a los inversionistas extranjeros como por ejemplo, generación de empleo o de exportaciones, sino que la cláusula de “expropiación e indemnización” y la figura de expropiación indirecta atentan contra las posibilidades de legislar y reglamentar la economía y todos los terrenos de la vida nacional, pues si éstas afectan las ganancias de dichos inversionistas, ellos podrán reclamar indemnización del Estado colombiano. Tamaño atropello a la soberanía, cuyas cláusulas, advierte el autor, no cabe duda serán utilizadas, como ilustran las experiencias de México y Canadá en el Nafta, quienes tuvieron que pagar indemnizaciones a transnacionales por intentar medidas de protección del medio ambiente, y como revela la amenaza de AFIDRO, gremio de las transnacionales farmacéuticas extranjeras, ante una borrador de reglamentación sobre controles a los precios de los medicamentos en Colombia.
Ni siquiera para prevenir y enfrentar las crisis el TLC le dejó instrumentos a Colombia; ni para protegerse de los capitales especulativos cuya dimensión es colosal, ni para aplicar remedios o medidas cautelares, pues este tratado prohíbe los controles a los capitales supuestamente a más de un año, pero si se leen los anexos, ni siquiera los permite en este breve plazo. Tampoco el TLC contiene la cláusula de Salvaguardia de Balanza de Pagos con la que Colombia se protege en otros tratados ante dificultades externas, permitiéndole ahorrar divisas y utilizarlas en usos prioritarios. Solo le queda el camino del ajuste mediante reducción del consumo nacional para disminuir las importaciones, a través de medidas recesivas y reducción de los salarios. ¡Increíbles concesiones frente a los descalabros financieros y las imperfecciones de estos mercados que hoy resultan inequívocas para el mundo entero, pero que igualmente eran suficientemente conocidas desde hace muchos años por la academia y las numerosas experiencias de crisis!
Estos y muchos otros temas de enorme trascendencia para los colombianos son analizados por Robledo en su valioso e importante libro cuya lectura recomiendo especialmente.
Y como no pueden desmentir estas y muchas otras sólidas verdades del senador Robledo con argumentos, han optado por el camino de la infame calumnia.

A propósito de la viabilidad del sistema Megabus

Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.

Pereira, junio de 2009.

Luego de la audiencia pública sobre el transporte masivo en la ciudad de Pereira, la preocupación de las Contralorías General, Departamental y Municipales de Pereira y Dosquebradas, por la viabilidad del Megabus, ratificó lo que habían advertido varios habitantes y agremiaciones de la ciudad antes que este se implementara: “la inviabilidad del mega proyecto”. Quedó así demostrado una vez más que a febrero de 2009 apenas movilizó 117.000 pasajeros, cifra muy lejana a la meta de cubrir el 45% de la demanda del transporte público proyectada a este periodo del año.
Según el informe de los contralores, las metas no se han cumplido debido a que el área metropolitana de centro de Occidente no ha culminado el reordenamiento total de rutas y se ha incrementado el transporte colectivo informal y de rutas piratas, con el riesgo de desfinanciación del mismo por la competencia entre una y otra modalidad.
Lo anterior es preocupante si se tiene en cuenta que las medidas del área metropolitana siempre han conducido a favorecer al Megabus sin importarle el perjuicio causado a los usuarios del transporte público y las distintas empresas de busetas que agremian una cantidad significativa de trabajadores y pequeños propietarios. Fue así como las firmas que operan el transporte masivo incrementaron el valor del pasaje a 1.300 pesos sin haber cumplido los compromisos pactados para construir el intercambiador de Dosquebradas y el mantenimiento de las vías por donde circula su parque automotor.
No obstante, el DANE (junio de 2009) reveló que en el primer trimestre del año el número de pasajeros reportado por las empresas transportadoras descendió 2,8%, en las ocho áreas metropolitanas y quince ciudades principales del país, mientras el Megabus pasó de transportar en 2008 el 23,30% a 25,1% en 2009. Estos datos indican que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el área metropolitana para acapararle mayores usuarios al Megabus, lo único que ha logrado es que más personas deban optar por el transporte colectivo informal, la moto, caminar o simplemente salir menos.
Omite el informe de las Contralorías que el motivo de la inviabilidad del sistema para no alcanzar las proyecciones en el número de pasajeros tenga relación con el modelo económico implementado en la región, mismo que tiene al mundo en crisis. Así es en Risaralda donde los comentarios de “bonanza cafetera” contrastan con la inexistencia del grano; donde las halagos “de ciudad comercial” distan de la realidad de las familias de pequeños comerciantes, como los del sector de Cuba desplazados por la construcción del intercambiador; donde al grueso de centros comerciales se contrapone la reducción en las remesas y todo esto, junto con otros elementos de la crisis, lleva a que Pereira alcance cifras de desempleo del 19,7% disminuyendo la capacidad adquisitiva de la población, asuntos que, sumados a los cálculos infundados para instaurar el transporte masivo, terminan por exponer una vez más la inviabilidad del Megabus.
Ya en el caso de la Universidad Tecnológica, no es un secreto a voces que más del 50% de la población estudiantil se acueste y levante pensando –antes que lo académico– en cómo resolver su problema económico para asistir a la institución. Llama la atención que por estos días ondeara una pancarta de dudoso auspicio en las afueras de la Facultad de Medicina reclamando al señor alcalde una ruta alimentadora hacia la UTP; cuando lo que pide el estudiantado es que el Megabus cumpla con las tarifas especiales que prometió en sus inicios para estudiantes y ancianos, al tiempo que se exige al área metropolitana que no quite la rutas tradicionales a la Universidad, como intentó hacerlo el año anterior, decisión que tuvo que echar atrás gracias a la movilización masiva y civil adelantada por un amplio sector de la comunidad de Dosquebradas. Todos estos quebrantos son evidencia crónica de una inviabilidad anunciada. Y es así los dirigentes departamentales pretenden solucionarla haciendo recaer los padecimientos sobre los usuarios y no en sus creadores o gestores.

A PROPÓSITO DEL DIA DEL ESTUDIANTE: ¡ES NECESARIA LA ORGANIZACIÓN GREMIAL!

Organización Colombiana de Estudiantes OCE.

Cali, junio 8 de 2009

El 8 de junio de 1929, durante una manifestación estudiantil en Bogotá, fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo, hecho que marcó esta fecha como el Día del Estudiante. 25 años después –1954–, durante una marcha de conmemoración, es asesinado el estudiante Uriel Gutiérrez, provocando que al día siguiente, 9 de junio, invadiera las calles de Bogotá una gran movilización pacifica de estudiantes de secundaria y universidades. Al aproximarse la marcha al palacio presidencial, fue nuevamente reprimida por el ejército, que abrió fuego contra la multitud segando la vida de once estudiantes más. Desde entonces, el Día del estudiante se convirtió en dos, que traen a la memoria algunas de las acciones más brutales de la fuerza pública en medio de la antidemocracia colombiana.
La conmemoración de este día ha pasado en la historia por diferentes momentos, y en más de 50 años el movimiento estudiantil ha tenido auges importantes. A principios de los años setentas se da el más grande e importante movimiento estudiantil, principalmente universitario, por la autonomía y la democracia, posible gracias a la organización y la coordinación nacional del estudiantado. Hubo asimismo movilizaciones destacadas en los ochentas. Los últimos movimientos de trascendencia nacional fueron la resistencia contra los recortes a las transferencias (dinero con el que se financian la educación, la salud y el saneamiento), el primero en 2001 y el más reciente en 2007; y los movimientos secundaristas que libraron grandes batallas en defensa de la educación pública. Es precisamente en 2007, por la situación y el carácter organizado del movimiento, cuando se produce en Cali la última movilización destacada en el Día del Estudiante, que contó con más de cinco mil marchantes.
Hoy se hace necesario aunar esfuerzos en la organización y movilización contra las políticas neoliberales del régimen uribista que con su “Revolución educativa” ha llevado a la educación básica y media a un estado indignante de pobreza: hacinamiento, plantas físicas obsoletas, carencia de dotación básica (laboratorios, libros, salas de sistemas), falta de bienestar estudiantil y restaurantes escolares además de matrículas costosas, resultando un modelo educativo perfecto para la “confianza inversionista”: estudiantes con pocos conocimientos y mano de obra barata, primer atractivo para las multinacionales. No por nada las decisiones importantes sobre educación se toman basadas en los dictámenes de organismos imperiales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo evidencia el reciente decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional, que en su artículo 1º contempla la obligatoriedad en las pruebas internacionales y las pruebas del ICFES y establece la uniformidad curricular, por cuanto adecua el currículo a las imposiciones de estas pruebas, imprimiendo en la educación la política del “libre comercio”, ya que son estos organismos internacionales los que fijan sus parámetros, pasando por encima de la soberanía nacional y la autonomía escolar.
Y en la educación superior, la arremetida no es muy diferente. Tanto el incumplimiento del gobierno de sus responsabilidades económicas con la universidad pública, como la exigencia de ampliar la cobertura sin aumentar los recursos, e incluso reduciéndolos, han llevado a algunas instituciones a crisis financieras agudas, obligándolas a la penosa necesidad de autofinanciarse con aumento de matrículas, prestación de servicios, privatización de áreas, principalmente, además de la pretensión de adecuar los currículos de las carreras a las pruebas de ECAES, con sus ya conocidos estándares antinacionales.
El panorama nos exige la organización gremial del estudiantado: la creación de los consejos estudiantiles elegidos democráticamente, herramienta efectiva de representación estudiantil y dirigente de sus luchas, además de la unidad y la movilización de carácter nacional. Solo así estaremos prestos a librar nuestra patriótica batalla por una educación pública financiada adecuadamente por el Estado, democrática y al servicio de los intereses del pueblo y la nación colombiana. Este será el mejor homenaje a los mártires del movimiento estudiantil colombiano.

CONTRA LA DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD Y LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA PROTESTA

Barranquilla, 9 de junio de 2009.

Recordar el 8 y 9 de junio es trasladarnos a los acontecimientos de finales de 1928 y durante 1929, años de movilizaciones y agitación con amplia participación de todos los sectores sociales, en especial la del estudiantado que se solidarizó en la lucha contra varios acontecimientos como la asfixiante deuda externa asumida por Colombia, sumado a esto el robo de Panamá por una miserable indemnización de 10 millones de dólares y la masacre de las bananeras del año 1928, bajo la Presidencia de Miguel Abadía Méndez.El ejemplo de la lucha que los compañeros estudiantes libraron de la mano con otros sectores sociales por hacer de Colombia una Nación con auténtica Democracia y Soberanía, debe continuarse y es indispensable en el momento en el que vivimos la profundización de las medidas neoliberales que le quitaron a la educación el carácter de derecho fundamental y la convirtieron, bajo la óptica del libre comercio, en una simple mercancía, política trazada desde Washington.

La educación ha sido conducida por el camino de la degradación de la calidad, el recorte a la financiación, la pérdida de la autonomía, hasta para definir los contenidos curriculares para un aparato productivo nacional sometido a la explotación de nuestros recursos naturales, sumado a esto, la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades democráticas, en especial hacia los jóvenes y el movimiento universitario enmarcado en la política de guerra del gobierno que estigmatiza y criminaliza la protesta social.El olvido duele más que la muerte, es por eso que convocamos a toda la comunidad bogotana a atiborrar las calles el 8 y 9 de junio, para conmemorar el día del estudiante y levantar las banderas de la defensa de la educación pública, la financiación estatal, la democratización, contra la estigmatización, la criminalización, por la democracia con justicia social y la soberanía nacional.

¡VIVA EL 8 Y 9 DE JUNIO, DÍA DEL ESTUDIANTE!

La ASAMBLEA UNIVERSITARIA en la Universidad de Nariño: Ejerciendo la autonomía

Paulo Muñoz. Miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE. Capítulo Nariño. Pasto, 31 de mayo de 2009.

El principio de autonomía universitaria, consagrado en la Constitución y en las leyes colombianas, en la práctica no ha dejado de ser un espejismo en los centros públicos de educación superior, puesto que quienes en realidad ejercen autoridad y mando son los Consejos Superiores, organismos en los cuales los estamentos vitales de la vida académica –estudiantes y profesores– son relegados a absoluta minoría por agentes extraños al Alma Mater y por los voceros del establecimiento – básicamente el Gobierno nacional y su Ministerio de Educación–.
Ha sido una vieja aspiración de los universitarios poder ejercer de forma efectiva la autonomía y el gobierno de las universidades públicas. Por ello es gratificante anunciar que en la Universidad de Nariño se instala solemnemente el martes 2 de junio una asamblea compuesta por más de 200 universitarios elegidos democráticamente en sus respectivos estamentos, y cuyo objetivo inicial será el de discutir y aprobar el nuevo Estatuto General de dicha institución.
Después de un año de trabajo ininterrumpido en mesas y comisiones, mediante resolución rectoral fue convocada la Asamblea Universitaria, nombre con el cual se designa el cuerpo colegiado democrático que autónomamente entregará en el mediano plazo la norma principal de la Udenar, la cual contendrá, entre otros, el plan educativo, los principios de la academia y la investigación, las formas de gobierno universitario y el organigrama.
Esta Asamblea resulta un hecho de importancia para la universidad colombiana porque nace en contravía a las reformas que ha venido impulsando el Ministerio de Educación, las cuales, en clara violación de la autonomía universitaria, pretenden imponer un modelo educativo que no obedece a las aspiraciones de desarrollo científico y tecnológico que requiere la nación. Al contrario, se trata de un modelo que, aunado a la política oficial de recortarle el presupuesto a la universidad pública, genera una educación de muy baja calidad, cada vez más mercantilizada y que deja a millones de jóvenes por fuera de su cobertura.
Las diversas organizaciones, grupos y consejos estudiantiles y las organizaciones gremiales de profesores y trabajadores han hecho causa común para que la Asamblea Universitaria, una vez apruebe su propio reglamento, tome en sus manos este designio histórico de hacer de la autonomía más que un rótulo falso y marcar un hito al compeler al Consejo Superior, que por ley de la república tiene la potestad, de aprobar, sin quitarle una coma, el documento que al final se le entregue. Existe un antecedente valioso: este consejo aprobó el nuevo Plan de Desarrollo de la Udenar que presentaron las mesas de trabajo que funcionaron en 2008 para ese fin. Asimismo, la comunidad universitaria confía que la Rectoría, en cabeza del profesor Silvio Sánchez, siga asumiendo la actitud de total respaldo a la Asamblea.
Los universitarios nariñenses instan en esta hora a toda la comunidad universitaria colombiana para que respalde este proceso con su voz de aliento y con sus aportes al debate, para así cumplir cabalmente con la tarea: hacer una reforma académico-administrativa en pleno ejercicio de la autonomía universitaria y en contra del modelo privatizador y antinacional del gobierno de la “revolución educativa”.