¿Está Usted protegiendo a alguien con su negativa?

Jorge Enrique Robledo,

Senador de la República,

Bogotá, mayo 8 de 2009

Doctor NESTOR DÍAZ SAAVEDRA Director DIAN
Atento saludo.
El pasado 28 de abril de 2008 le solicité, señor director, unos documentos sobre la Zona Franca de Occidente. En el oficio No. 1.00.000.202-000565 del 6 de mayo de 2009, mediante el cual da Usted respuesta, me dice que “teniendo en cuenta que los documentos solicitados, son de naturaleza privada y se encuentran relacionados con la fórmula del negocio de la persona jurídica” en cuestión, “no es posible acceder a su totalidad so pena de violar el derecho fundamental a la intimidad de los usuarios de comercio exterior”. Empero, Usted señala que uno de los textos solicitados, el Decreto 116 del 27 de agosto de 2007 de la alcaldía de Mosquera, “por ser de contenido público”, se le anexa copia.
En la petición, trece de los treinta y ocho documentos son de carácter público y en su respuesta solo allega uno. A los otros doce les niega Usted el acceso a un senador que está cumpliendo con sus funciones constitucionales de control político, como lo establece el Artículo 135 de la Constitución. Ahora, en carta identificada con el No. 1000000202-000569 del 8 de mayo de 2009, que es respuesta a una remitida por este senador el 7 de mayo –donde le insisto que me allegue los doce documentos públicos faltantes (listado que anexo por tercera vez)–, me dice, doctor Díaz, que su respuesta fue oportuna y está “dentro del término legal”. Hecho que constituye una evasiva por su parte, señor director, y omite contestar a un senador que, amparado en la Constitución, el Código Contencioso y la Ley 5ª de 1992, hizo una solicitud respetuosa de documentos que no gozan de reserva legal.
¿Por qué Usted, señor director, se empecina en incumplir la Ley? ¿Está Usted protegiendo a alguien con su negativa? ¿Está ocultando información importante para el debate de control político a realizar el próximo 12 de mayo de 2009 en la Plenaria del Senado?
A este senador le es inaceptable la argumentación expresada en el oficio 1000000202-000569 de 8 de mayo de 2009. Se niega Usted por segunda vez a permitirme acceder a documentos públicos, situación que constituye una obstrucción a las funciones y derechos constitucionales de un senador, quien además actúa como vocero de los miles de ciudadanos que con su voto depositaron su confianza en él y así ejercieron sus derechos y materializaron parte de los principios de la democracia. Amablemente le reitero la petición hecha ayer 7 de mayo y le insisto en que haga llegar, en el menor plazo posible, lo solicitado.
De antemano agradezco la atención que merezca la presente.
Jorge Enrique Robledo Senador de la República
CC. Procuraduría General de la Nación, Presidencia del Senado de la República.
Anexo: Listado de documentos solicitados.
1. Oficio No. DPC-1055 con radicado No. 2-2008-030209 del 19 de agosto de 2008 del Secretario Técnico de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (folio 19). Resolución No. 129 de 2008 de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Mosquera (folios 495 a 502).
2. Certificación del Secretario de Planeación Municipal de Mosquera de 2 de octubre de 2007 (folio 503).
3. Informe técnico de la Secretaría Técnica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el cual se considera que el proyecto de Zona Franca Permanente de Occidente es viable (folios 638 a 653).
4. Extracto del acta No. 7 del 28 de julio de 2008 de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (folios 654 a 655). Acta de la visita al área geográfica a declarar como Zona Franca Permanente de Occidente de 16 de septiembre de 2008 (1300 a 1303).
5. Oficio No. 6200001-5457 de 26 de septiembre de 2008 (folios 1319 a 1322).
6. Contrato de comodato celebrado entre la Fiduciaria Colpatria S.A. y la sociedad ZONA FRANCA DE OCCIDENTE S.A. USUARIO OPERADOR (folios 1352 a 1356). Resolución No. 275 de octubre 16 de 2008 de la Alcaldía de Mosquera – Secretaría de Planeación (folios 1357 a 1358).
7. Concepto sobre el plan maestro de infraestructura para la declaratoria de la Zona Franca de Occidente (folios 1711 a 1721).
8. Informe de evaluación de la viabilidad financiera del proyecto Zona Franca de Occidente (folios 1722 a 1725).
9. Concepto de continuidad del área a declarar como Zona Franca Permanente de Occidente (folio 1833).

QUE SE ATIENDAN LOS JUSTOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES BANANEROS PIDIÓ EL SENADOR ROBLEDO

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 8 de mayo de 2009.

Ante la actitud negativa de los empresarios bananeros y a pesar de innumerables esfuerzos por llegar a un acuerdo beneficioso para las partes, los 17 mil trabajadores que laboran en 296 fincas de Urabá se vieron impelidos a realizar la huelga a partir de hoy viernes 8 de mayo. El senador Jorge Enrique Robledo llamó a atender los justos reclamos de los trabajadores y señaló que el Sindicato Nacional de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, esta actuando de conformidad con las leyes laborales y los convenios suscritos por el gobierno colombiano con la Organización internacional del Trabajo, OIT.
Robledo expresó su preocupación con respecto a que el Ministerio de Protección Social asuma una actitud de irrespeto a las normas legales que garantizan protestas como estas e instó al ministro Palacio a no hacer gala de sus conocidas posiciones antisindicales.
El congresista del Polo Democrático Alternativo hizo un llamado cordial a los empresarios bananeros para que atiendan como corresponde el petitorio de los trabajadores, quienes solicitan incrementos salariales y prestacionales y otros aspectos económicos. La comisión negociadora de Sintrainagro ha dado señales positivas para continuar con las negociaciones en forma cordial y democrática. Sin embargo, hasta hoy estas no llegan a buen término. Robledo concluyó señalando cómo parte de las ayudas gubernamentales otorgadas a los empresarios bananeros y de las buenas condiciones económicas del negocio deben irrigarse hacia los trabajadores del sector.

EL TLC CON EEUU Y LA UNIÓN EUROPEA: ILUSIONES Y DELIRIOS

RECALCA,

Bogotá, mayo 8 de 2009

El gobierno de Uribe ha renovado sus intentos de que el Congreso de EEUU apruebe el TLC. Para ello ha recurrido a seguir su campaña de cabildeo y todos los días anuncia que ya se descongeló el trámite y que es próxima su aprobación.
Sin embargo los hechos indican lo contrario. En primer lugar aunque la cancillería enfiló todas su baterías para hacer que durante la Cumbre de las Américas de Trinidad, el presidente Obama recibiera a Uribe, fueron vanas las suplicas y a Uribe le toco contentarse con una foto que fue tomada durante un almuerzo en el cual terminó por casualidad junto al primer mandatario estadounidense.
En vísperas de la Cumbre el vicepresidente Biden se reunió con varios presidentes de la región y Uribe no clasificó en esta gira. Después de la Cumbre, el ministro de Comercio colombiano, ha anunciado que se reabren las negociaciones; fue y regreso de Estados Unidos y en sus declaraciones es evidente que no solamente no sabe cuales son las condiciones de esa potencia para reabrir el tema, sino que ni siquiera hay un temario y cronograma para retomarlas. El gobierno de Obama no ha pensado introducir ese tema en el Congreso y numerosos parlamentarios demócratas han señalado que si comienza a tramitarse la agenda comercial de Bush, Obama dividiría la mayoría congresional que le permite gobernar. Por otra parte el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Camará de Representantes en EEUU, Charles Rangel -uno de los defensores del TLC- señaló que “en términos de violencia y abuso contra trabajadores, no ha habido evidencias firmes para convencer al Congreso de que todo lo que había que hacer ha sido hecho”.
De nada sirve a la democracia el llamado que un diario como El Tiempo realizó en su editorial del domingo 2 de mayo, acusando a los opositores a los innumerables TLC, de hacer propaganda contra ellos en el exterior. Estos tratados forman parte de una arquitectura económica internacional que está siendo cuestionada en todas partes y sólo quienes pretenden ocultar las chuzadas y los “falsos positivos”, pueden opinar que estas son acusaciones sin fundamento y que lo que afecte los designios autoritarios del presidente Uribe perjudica a Colombia.
El gobierno colombiano se obstina y ahora está intentando negociar con la Unión Europea un TLC similar o peor. En búsqueda del vital apoyo político internacional que requiere para su reelección y también como una maniobra de distracción para los escándalos en el interior, ahora se ha concentrado en la política internacional, tratando de mejorar una imagen deteriorada por las evidencias de centenares de asesinatos de civiles por parte del Ejército y de un espionaje aterrador sobre numerosos dirigentes colombianos, inclusive altos magistrados de las cortes.
En un ambiente económico de crisis nacional e internacional, cuando caen las exportaciones colombianas, aumentan las importaciones y disminuyen los flujos de inversión extranjera, venderle la idea al país que la solución a todos los problemas está en la búsqueda de mercados externos y en dar todas las garantías a los inversionistas extranjeros, a lo único que va a conducir es a feriar lo que queda de bienes públicos a menos precios y dar nuevos golpes a la producción agrícola e industrial.
Uribe sigue nadando en contravía de las tendencias políticas y económicas de la región y del mundo y su apostolado por el libre comercio y la insistencia en una seguridad donde el fin justifica los medios, le ocasionará el repudio del pueblo colombiano y de la opinión democrática internacional.
Es necesario insistir en que la población colombiana y la comunidad internacional abran los ojos ante las amenazas que se ciernen sobre Colombia y se intensifique la protesta.

Agua: ¿derecho fundamental o mercancía?

Por: Alfredo Molano Bravo

Hace pco más de seis meses se presentaron ante la Registraduría los dos millones de firmas que acreditaban la revisión por parte del Congreso de la República del Referendo del Agua.La iniciativa busca que el acceso al agua sea declarado un derecho fundamental consagrado por la Constitución. Es decir, un derecho que garantice la conservación de la vida en general, la humana, la animal, la vegetal. Ello significa impedir que el agua sea considerada en adelante como una mercancía. El defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, presentó esta semana un diagnóstico escalofriante del estado crítico en que se halla el país en cuanto al cumplimiento del derecho humano al agua de 14 millones de personas que viven en riesgo de escasez; nueve millones no tienen acueducto; la mitad de los municipios del país no tienen agua las 24 horas; 13 millones no tienen alcantarillado, y la mayoría de las aguas que botan a los ríos son negras; los servicios de agua y alcantarillado andan por encima de la inflación; los ricos consumen tres veces más agua que los pobres. “Los campesinos, los indígenas, los raizales y los afrocolombianos tienen coberturas de acueducto y alcantarillado por debajo del promedio nacional”.Aquí, digo yo, donde la planeación de las estrategias bélicas es la preocupación principal del Gobierno, no existe —afirma el Defensor— ni “un inventario actualizado de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, ni un plan de obras e inversiones para los próximos cinco años”; y los planes departamentales de agua, agrego, son sólo para los centros urbanos, bajo una política de mercantilización y de privatización del servicio. Recuerda, por último, que la Corte Constitucional protege el derecho humano al agua por conexidad con los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, el debido proceso y el medio ambiente”. ¿Qué significan estas cifras, más allá de que el Estado incumpla sus obligaciones? Que la demanda por agua crece y, por tanto, su necesidad abre un gran negocio para producirla y transportarla.El calentamiento global, la ganaderización y la palmarización del campo, la destrucción de páramos y selvas, el envenenamiento de ríos y cauces, la apropiación privada de acuíferos, la construcción de hidroeléctricas y autopistas, hacen cada día más escasa el agua y mejor el negocio de su privatización. Esta pelea fue la que se dio esta semana en la Cámara entre el representante Roy Barrera, convertido en un espadachín de imagen a sueldo por el Presidente, y el vocero nacional del referendo de agua, apoyado por 10 representantes a la Cámara que votaron favorablemente la propuesta original del referendo.El uribato en el Congreso sacó adelante lo que a Uribe —y de seguro a su familia y allegados— le sirve: que el agua no sea un derecho fundamental ni un bien público; que avance el proceso de privatizar la gestión del agua y los servicios de acueducto y alcantarillado, y se permita desde la Constitución que “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad” sean apropiadas por los propietarios de la tierra —es decir, la destrucción de los humedales—; y sustraer las aguas de indígenas, comunidades negras y raizales de sus territorios ancestrales, para ser ofertadas en Bolsa.Faltan aún varios debates en la Cámara y en el Senado. El país no puede permanecer indiferente frente a las modificaciones que la aplanadora uribista ha hecho aprobar. Se trata de un asunto de vida o muerte para todos los ciudadanos.~~~Nota: El presidente Uribe tiene en su poder la llave de la manigua donde permanecen los 22 militares presos por la guerrilla. Quien tiene la llave de una cárcel se llama carcelero.

Los retos de la hora: ¿cuál es el proyecto uribista?

Editorial Revista Deslinde Nº 44,

Bogotá, Abril-Junio de 2009

En medio de la peor crisis económica mundial de las últimas décadas, Colombia se encuentra en una calamitosa encrucijada. Ya antes de que se desencadenara el cataclismo mundial el país se hallaba en recesión industrial, sus exportaciones estaban a la baja y aumentaron las importaciones y la dependencia de los alimentos importados como producto de la obstinación del gobierno en aplicar las políticas de apertura y privatización. En las últimas semanas se ha puesto fehacientemente de relieve la incapacidad gubernamental para afrontar esta crisis debido a su insistencia en mantener la dependencia de los mercados externos, en dejar el crecimiento nacional en manos de una inversión extranjera cada vez más escasa y condicionada y del sector privado monopolista y especulativo, al cual se le asigna el grueso de las inversiones requeridas para atenuarla y que sólo invertirá si se le aseguran jugosas ganancias que saldrán de los bolsillos de los colombianos.
La ausencia de medidas que promuevan el crecimiento productivo y el bienestar de la población ha sumido a nuestros compatriotas en una grave situación económica con un enorme aumento del desempleo, la informalidad, el hambre y en general de todas las expresiones de la pobreza.
Las políticas gubernamentales acentúan la crisis y acudir a medidas remediales para atenuar las expresiones más dramáticas de esta situación se imposibilita por el creciente déficit presupuestal y por la celosa defensa gubernamental de los intereses de los grandes conglomerados que –por ejemplo– en el sector financiero arrojaron el año pasado ganancias de más de 10 billones de pesos, mientras que el pueblo sufre por la falta de salud y trabajo.
La dependencia de la banca internacional y la obsecuencia con todas las políticas emanadas de Washington, ha sumido al país en la peor pérdida de soberanía y en la mayor dependencia económica de las últimas décadas. El servicio de la onerosa deuda pública y los gastos en seguridad y defensa absorben casi la mitad del Presupuesto y mantienen un recurrente déficit fiscal.
El gobierno ha acelerado la agenda de privatizaciones, el otorgamiento de multiplicadas garantías a los inversionistas extranjeros y el desestímulo a la producción nacional que, además de ser largamente abandonada, sufre el hecho de que en el agro la prioridad en la producción de biocombustibles fuertemente subsidiados y productos tropicales de exportación sacrifica todo esfuerzo de soberanía alimentaria basada en el fomento de la producción campesina. Se persigue la agricultura familiar pequeña y mediana, vedando la ganadería y avicultura campesinas, así como la elaboración de panela artesanal. Los escandalosos precios de los combustibles castigan a toda la población.
Los salarios reales caen, el poder de compra de la ciudadanía se ve fuertemente disminuido y se ignoran las justas reivindicaciones de los asalariados, mientras se mantienen las formas de contratación que burlan décadas de conquistas del movimiento sindical.
Se han otorgado concesiones de tipo colonial para la explotación del petróleo, del agua y demás recursos naturales y mineros; “zonas francas”, paraísos fiscales plenos de prerrogativas a la inversión extranjera; tratados de comercio, como el de Estados Unidos y Europa, que desechan la integración latinoamericana y subregional para favorecer los intereses privados de los consorcios trasnacionales. Todas estas políticas han entregado sin vergüenza la soberanía económica.
La crisis mundial está impactando e impactará gravemente sobre el país. Se ha desplomado la arquitectura financiera mundial y los países acuden a diversas medidas de protección de sus mercados, intervención del Estado y fomento de la producción y el consumo nacionales. Mientras tanto, el gobierno de Uribe insiste en continuar el rumbo económico que ha llevado al orbe entero a la crisis.
Al paso que a nivel mundial y especialmente latinoamericano crecen las tendencias progresistas que replantean el modelo económico basado en las teorías del libre comercio, la administración uribista se obstina en dar la espalda a los procesos de integración regional y subregional y en seguir fomentando ideas y políticas de “libre mercado” que solamente aseguran la riqueza a unos pocos.
Uribe también ha llevado al país a una grave crisis política. La concentración de poderes en el Ejecutivo, la arbitrariedad en las decisiones políticas y económicas, el manejo discrecional y clientelista del presupuesto nacional, la injerencia en la decisiones de otras ramas del poder público, el abuso de la utilización de los medios de comunicación en beneficio de la imagen presidencial, han configurado una dictadura de facto que además se empeña en prorrogarse indefinidamente.
Este marco ha servido para incubar aberraciones sin precedentes en la vida nacional, como la inescrupulosa vinculación de los partidos uribistas a la parapolítica y sus relaciones y complicidades con los autores de masacres, desapariciones, violaciones de los derechos humanos y asesinatos de sindicalistas. El más repugnante de todos estos crímenes es el homicidio de más de mil civiles, entre los que sobresalen los ocasionados por miembros de la fuerza pública contra poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas, en una evidente demostración de la esencia de este Estado plutocrático y autoritario.
El cambio que exige Colombia requiere no reelegir a Uribe ni al uribismo y hacer un profundo viraje. Que reconstruya el desarrollo nacional y recupere la soberanía económica. El fortalecimiento del mercado interno, elevando el nivel de vida de la población y con una política económica autónoma que promueva el empleo, el desarrollo productivo y una equitativa distribución del ingreso; el afianzamiento de los lazos económicos con nuestros vecinos y con Latinoamérica, promoviendo una integración armónica y de beneficio recíproco; la intervención del Estado, con los instrumentos que sean necesarios, inclusive los atinentes al replanteamiento de los compromisos de la deuda pública, para controlar los efectos de la crisis mundial y asegurar la soberanía alimentaria, y –ante todo– la universalización íntegra de los derechos sociales y económicos, educación, salud y seguridad social, sin mediar trabas, cortapisas ni formulaciones engañosas.
El inconformismo cunde por doquier y las organizaciones sociales se movilizan por sus justas reivindicaciones y haciendo propuestas. La minga nacida en el Cauca, los esfuerzos de la Gran Coalición Democrática, las actividades de las centrales sindicales, las luchas de los usuarios de los servicios públicos, las movilizaciones campesinas y de ciudadanos en general, anuncian que se avecina una nueva época de luchas sociales.
Son buenas noticias para el país y el pueblo, a las cuales se añade el II Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo realizado en febrero. Mil quinientos delegados se enfrentaron al reto de definir una posición ante el gobierno y su rumbo económico y político. La mayoría de los delegados se inclinaron por una oposición de fondo que perfile al PDA como una alternativa, vinculada a la lucha social y con la suficiente amplitud para recoger todas las inconformidades. Se descartó el camino de priorizar las ambiciones personales y se prefirieron acuerdos programáticos de izquierda democrática con todos aquellos que quieran emprender un nuevo rumbo.

¿REELEGIR A LOS HIJOS DEL PRESIDENTE?

Jorge Enrique Robledo,

Bogotá, 30 de abril de 2009.

En documentado y valeroso análisis, Daniel Coronell denunció el gran negocio inmobiliario de Tomás y Jerónimo, los hijos del presidente Álvaro Uribe (ver http://www.senadorrobledo.org/?q=node/588). En el municipio de Mosquera, cerca de Bogotá, le compraron 32 hectáreas a Bavaria Sab Miller y en un par de años esos terrenos se valorizaron unas cien veces, con utilidades del diez mil por ciento, según lo indica una transacción en la que parte del lote aumentó su precio de cerca de 34 millones de pesos a 3.092 millones de pesos. ¿El secreto de tan gran negocio? Decisiones oficiales tomadas entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2008. Las primeras, de Álvaro Rozo, alcalde de Mosquera, y otra del Consejo Asesor de Zonas Francas, integrado por altos empleados del papá de los jóvenes, los ministros de Hacienda y Comercio, la ministra Consejera de la Presidencia de la República y los directores de Planeación Nacional y la Administración de Impuestos.
Mediante decreto de agosto de 2007, ocho meses después de adquirido el predio, el alcalde de Mosquera aprobó que el terreno pasara de ser “de expansión industrial” a “industrial”, cambio decisivo aunque se empeñen en negarlo los hijos del Presidente, porque mientras en el “de expansión” solo pueden desarrollarse actividades de uso agrícola o forestal, en el “industrial” pueden erigirse grandes construcciones, lo que significa que, en la práctica, el lote pasó de rural a urbano. Además, en abril de 2007, el alcalde, también por decreto, subió el índice de ocupación del lote, es decir, aumentó el porcentaje del área que puede construirse sobre el terreno, del 50 al 75 por ciento.
Los precios del suelo dependen, en primer término, de la cantidad de dinero que pueda invertirse en ellos, puesto que del tamaño de la inversión también depende la masa de la ganancia. Esto es lo que explica la gran valorización de la tierra cuando pasa de rural a urbana o cuando el Estado le da trato de excepción. Y también valorizan las inversiones en sus cercanías.
En marzo de 2008, siete meses después del segundo decreto que los benefició, los hermanos Uribe le vendieron una parte del predio a Inversiones ALC, de propiedad de los tres hijos y dos hermanos del hoy exalcalde Rozo, quien fue el fundador de la empresa. Como si fuera poco, Coronell prueba que los hermanos Uribe compraron por hectáreas a 24.600 pesos el metro cuadrado y le vendieron a la familia del alcalde de Mosquera a 19.000 pesos el metro cuadrado, con una pérdida del 22%. Pero 48 horas después vendieron dos lotes, a lado y lado del de los Rozo, a 53.300 pesos el metro cuadrado, con una utilidad del 116%.
Tomás Uribe dijo que su relación con el alcalde era “protocolaria”. Pero las pruebas dicen otra cosa. Se conocen fotografías suyas en la proclamación de la candidatura de Rozo al Senado, echando un discurso en otro acto ataviado con una chaqueta con el escudo de la alcaldía de Mosquera y otra más con el alcalde, el gobernador de Cundinamarca y el ministro de Transporte en una reunión sobre el mejoramiento de la vía que separa los terrenos de los familiares del alcalde y los del Presidente.
El tercer momento en la gran valorización de la tierra de la que son socios los hermanos Uribe Moreno ocurre cuando los cinco altos funcionarios mencionados atrás aprueban que ese predio se convierta en la Zona Franca de Occidente, declaratoria que significa que el Estado les otorgará no pocos privilegios a quienes inviertan en ella, entre ellos, disminuirles el impuesto de renta del 33 al 15%. Al mencionar otra ventaja de las zonas francas, Álvaro Uribe dijo: “Apreciados usuarios de esta Zona Franca (de Bogotá): todo lo que ustedes inviertan en este año y en los años venideros tendrá una deducción del 40%. Eso equivale a que de cada 100 pesos que ustedes inviertan, el Estado les contribuye con 12,8”. Y es sabido que estas gabelas, al estar atadas a la tierra, también valorizan los predios donde existe dicha prerrogativa, así como las valorizará el tren de cercanías, porque la carrilera colinda con la Zona Franca de Occidente.
Que los altos funcionarios subalternos de Álvaro Uribe que autorizaron la Zona Franca de Occidente expliquen si sabían o no que su decisión enriquecía a los hijos de su jefe. Porque si lo ignoraban, fue porque no cumplieron con la obligación legal de estudiar los títulos del predio y si sí lo sabían, han debido declararse impedidos, de acuerdo con leyes que los obligan. Y que el presidente de la República también dé la explicación que le debe al país.

Por un Primero de Mayo unitario, internacionalista y antiimperialista…

La organización colombiana de estudiante OCE-Atlántico
Invita al:
1º de Mayo todos a la calle.

Día Internacional de la clase obrera.

Punto de encuentro: Hospital pediátrico Carrera 21 Calle 50, 8:00 Am.

Por las condiciones de dominación, atraso y de miseria en las que se encuentra el pueblo colombiano, salimos este primero de Mayo a conmemorar la conciencia de los mártires de Chicago por una patria soberana, democrática y prospera para los trabajadores y el pueblo en general.
La crisis que sufre el capitalismo imperialista en todo el mundo y que ha llevado al descalabro a grandes multinacionales han demostrado inevitablemente que el sistema es insostenible, que la política neoliberal ha fracasado y que se aproximan a su bancarrota total. Aun, encontrándose en este estado, el imperialismo, principal enemigo del progreso nacional, ha empezado a trasladar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, agudizando la explotación, en especial la de los países dependientes, acomodando la situación política, económica, social y cultural en todo el orbe a sus intereses como su única salida.
La seguridad democrática y la llamada confianza inversionista, que promueve el presidente Uribe, se han convertido en una excusa para reforzar las políticas neoliberales en el país y en herramientas de las multinacionales para trasladarle al pueblo colombiano la crisis. Estas se manifiestan; por un lado en tratados de libre comercio, reducción de los salarios y desconocimiento de derechos laborales, entrega del patrimonio público y los recursos naturales al capital privado, beneficios tributarios a las multinacionales y por el otro en mayor perdida de la soberanía y empobrecimiento de los colombianos.
En este sentido la lucha de los mártires de chicago, de los trabajadores colombianos, el campesinado, las minorías étnicas, la intelectualidad, medianos y pequeños productores y nosotros, los estudiantes, se embrollan en el mismo objetivo por la consecución de una patria libre y soberana en vías al progreso social.
Desde la Organización Colombiana de Estudiantes OCE invitamos al pueblo colombiano a organizarse políticamente en la construcción de un frente único nacional para alcanzar el poder político sin el cual no se podrá realizar las profundas transformaciones sociales, económicas, laborales y culturales que la nación requiere, donde la única y verdadera alternativa es el Polo Democrático Alternativo.

Por un Primero de Mayo unitario, internacionalista y antiimperialista…

UNIVERSIDAD DE CALDAS, 2009-20018: HACIA EL NEOLIBERALISMO ACADÉMICO

Juan Carlos Martínez Botero,

Representante Estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas, Directivo de la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE.

Manizales, Abril 29 de 2009

Las recientes discusiones en el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, donde las mayorías gobiernistas han impuesto sus criterios, nos llevan a hacer algunas consideraciones sobre el rumbo actual de nuestra Alma Mater y a ponerlas en conocimiento de la comunidad universitaria, de tal forma que el debate, sobre el tipo de universidad que se viene consolidando, supere el estrecho marco que, por su composición actual, representan hoy los cuerpos colegiados de la universidad. En particular el presente documento tiene como propósito sustentar el voto negativo de la representación estudiantil al Consejo Superior ante las propuestas de Plan de Desarrollo y presupuesto para el año 2009, presentadas por la administración, y que finalmente fueron aprobadas por mayoría en una de las últimas sesiones de diciembre del 2008.
SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO 2009-2018 (Consideraciones preliminares)
No obstante el ser esta una discusión local, cualquier análisis debe partir de las fuentes que inspiran la contrarreforma universitaria que se viene imponiendo en las diferentes universidades públicas colombianas, por lo que el documento “Consideraciones a la reforma neoliberal de la educación superior en Colombia”, en el que abordamos algunos elementos y que antecede a este escrito, es una referencia para abordar de manera sistémica algunos de los aspectos consignados en el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas, PDUC, 2009-2018 “PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA CULTURA”, nombre que se le dio a la propuesta aprobada. La misma presentación del Plan de Desarrollo plantea que este “se ha diseñado en atención a las demandas del contexto externo generadoras de nuevos retos” (Plan de Desarrollo Universidad de Caldas, 2009-2018: 3).
Seis variables estratégicas, que contienen los programas y proyectos, son el escenario apuesta del Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas 2009-2018, tales son: (I) Desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías; (II) relaciones externas e internacionalización de la universidad; (III) cualificación docente; (IV) desarrollo tecnológico, (V) solidez administrativa y financiera, (VI) oferta de programas académicos. Aunque el titulo de cada una de ellas no dice mucho, a primera vista queda sugerido que “vamos por buen camino” persiguiendo propósitos loables.
No obstante, las apariencias engañan. La lectura de las 105 páginas, inundadas de términos acuñados por los organismos multilaterales de crédito para convertir la educación superior en negocio, deja mucho que pensar sobre el rumbo de la universidad y la imposición de un modelo que continuó haciendo carrera durante el gobierno de Uribe. De lo que se trata es de adecuar las instituciones de educación superior a la lógica del mercado y del restringido mundo laboral de un país tercermundista, negando cualquier posibilidad de acceder a los más altos niveles de la ciencia y renunciando de manera implícita a un aparato educativo al servicio del desarrollo nacional.
Como antesala a la definición de los “retos” que deben asumir las instituciones de educación superior y haciendo referencia al fenómeno de la globalización, se plantea: “Este entorno golpea las puertas de las instituciones de educación superior al constituirse éstas en motor de la economía del conocimiento y del desarrollo socio ambiental. La dinámica del sistema económico global requiere un fuerte apoyo de las instituciones de educación superior en la capacitación del capital humano, la generación y apropiación del conocimiento avanzado requerido por los principales factores de la producción, el comercio y la prestación de servicios.” (Plan de Desarrollo Universidad de Caldas, PDUC, 2009-2018: 6). Como se señalaba anteriormente, es evidente la inspiración en algunos conceptos acuñados por el Banco Mundial y en visiones mercantilistas de la educación.
Examinemos algunas de ellas. Se nos dice que en el entorno de la globalización las instituciones de educación superior se constituyen en el motor de la economía del conocimiento. Pues bien, para justificar la adopción de las políticas neoliberales, en los ámbitos laborales y educativos: “Quien se ha encargado de legitimar mediante su difusión ideológica y la contratación de expertos encargados de expandir en todo el mundo esas ideas es el Banco Mundial, el cual ha introducido la noción de “economía del conocimiento” (Vega, 2007). Según el Banco Mundial: “Una economía basada en el conocimiento se fundamenta primordialmente en el uso de ideas más que en el de capacidades físicas, así como en la aplicación de la tecnología más que en la transformación de materias primas o la explotación de mano de obra económica.” (Banco Mundial, 2003: XVII).
De acuerdo con esta visión, “la economía global del conocimiento” transforma continuamente los requisitos del mercado laboral, por lo que los ciudadanos, necesitan más habilidades y conocimientos para desempeñarse en su vida cotidiana. De esta manera, el concepto economía del conocimiento se liga a otro que encontramos en el Plan de Desarrollo de la Universidad, como es el del aprendizaje permanente, también acuñado por el Banco Mundial, y que corresponde a toda una estrategia de esta institución para intentar adecuar los sistemas educativos de los países subdesarrollados a la globalización neoliberal, de tal manera que jueguen los papeles de parias que les corresponde en la actual división internacional del trabajo. Miremos lo planteado por la Directora de Educación, de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial: “El programa de préstamos del Banco comprende, indudablemente, operaciones destinadas a apoyar los esfuerzos de los diferentes países por transformar sus sistemas de formación, de modo que éstos reflejen un enfoque de aprendizaje de toda la vida.” (Banco Mundial, 2003: XIV).
Este enfoque está referenciado, en el PDUC, de la siguiente manera: “En este esquema en el que opera el mundo del trabajo, caracterizado por alta competitividad, movilidad e incertidumbre, se demanda una mayor cualificación y especialización de las personas, nuevas habilidades para incorporarse a las redes de conocimiento y mejores competencias para el aprendizaje permanente”. De igual manera se plantea que como “el mercado laboral es cada vez más diverso, el título ha dejado de ser una meta en sí mismo y se impone el desarrollo de competencias, el aprendizaje permanente y la educación a lo largo de toda la vida, así como la flexibilización de los currículos.” (PDUC, 2009-2018: 5, 47). El aprendizaje permanente que se viene señalando: “Es un factor crucial en la preparación de la fuerza laboral para que ésta pueda competir en la economía mundial” (Banco Mundial, 2003: XVII).
La visión estrecha de convertir la universidad en un centro de entrenamiento laboral para suplir las necesidades del mercado, tal como lo plantea la política de la “revolución educativa”, es lo que subyace en esta serie de planteamientos que venimos cuestionando. El desarrollo de tales ideas contradice el titulo sugerente de un Plan de Desarrollo para el avance de la ciencia y la cultura como lo han presentado. Es claro que lo máximo que nos permite una educación enfocada hacia una economía del conocimiento es la aplicación, cuando mucho, de limitadas tecnologías, necesarias para la instalación de las maquilas controladas por las corporaciones multinacionales.
Se afirma, de igual modo, que la dinámica global, es decir, la globalización imperialista, al servicio de las corporaciones multinacionales de las principales potencias mundiales, requiere un fuerte apoyo de la universidad en la formación de capital humano. Utilizando el mismo lenguaje que utiliza el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe 2006-2010, para referirse a la educación, se inscribe a la universidad en una teoría desarrollada por el pensamiento económico, como es la del “capital humano”, la cual “jugó un papel fundamental a la hora de fortalecer una visión economicista-funcional anclada en la tradición utilitarista liberal de la educación, argumentando vínculos directos entre el sistema educativo y el sistema económico en términos de productividad y de recuperación de la inversión.” (Miñana, 2006: 64)
“El capital humano de alta calidad se desarrolla en sistemas de educación muy bien calificados, en que la educación terciaria [1] suministra las destrezas avanzadas más apetecidas actualmente en el campo laboral” (Banco mundial, 2000: 17). Como se colige de las aseveraciones del Banco Mundial, es un concepto ínsito en la estrategia de adecuar el aparato educativo a los requerimientos de la globalización. La llamada producción de capital humano es una manifestación de una visión mercantilista del proceso formativo, es la educación vista desde una perspectiva limitada de cuán rentable es para aumentar la productividad tanto individual como de la economía en general. En esta óptica las universidades son empresas, centros de producción de capital humano (formación) y los estudiantes agentes económicos que, movidos por los beneficios privados que les reditúa un mayor nivel de formación, se ven inducidos a realizar las inversiones para adquirirla.
Asimismo encontramos cerca de 30 referencias a lo largo de todo el documento en lo que tiene que ver con los aspectos curriculares, donde se institucionaliza el discurso de las competencias. Al respecto se plantea: “Las estructuras rígidas en la oferta académica están llamadas a perecer. Así mismo, es imperativo que los estudiantes desarrollen capacidades para la asimilación del cambio y el aprendizaje autónomo, lo cual tiende a transformar las prácticas pedagógicas en consonancia con los nuevos retos de la sociedad contemporánea que obligan a aprender a aprender” (PDUC, 2009-2018: 8). Es importante volver a destacar que el término competencias fue retomado por el Banco Mundial en 1994 para relacionar la educación con las políticas económicas y empresariales. Las competencias son consideradas, por importantes académicos como una forma soslayada de renunciar a la formación avanzada en conocimientos y reducir el mundo de la enseñanza a la aprehensión de unas cuantas habilidades y destrezas que le permitan al educando desempeñarse en un ambiente laboral, desarrollar algunas labores de baja complejidad y captar los fenómenos sin hacer juicio de ellos, sin tomar distancia crítica.
Las competencias son la forma curricular que adoptan las políticas que buscan restarle contenido científico a la educación que imparte la universidad. Bajo el sofisma de propiciar la autonomía intelectual del estudiante, se imponen estándares, se menosprecia la labor del docente, se reducen los contenidos y la duración de las carreras. Lo que se esconde detrás del aprendizaje autónomo son criterios eficientistas de menor contratación docente y una educación laboralizante que resuelva los problemas de mano de obra barata que requiere el mercado.
Para que no quede duda de que los conceptos que venimos desarrollando son la ruta trazada por el Plan de Desarrollo de la Universidad de Caldas, se nos presenta a manera de colofón de la primera parte: “Es ineludible para las universidades participar activamente en la consolidación de un entorno que facilite el desarrollo de la cultura, la alta calificación de su capital humano orientada hacia una sociedad y una economía del conocimiento que favorezcan el desarrollo humano integral, el bienestar social y la competitividad en un entorno globalizado.” (PDUC, 2009-2018: 37)
Economía del conocimiento, aprendizaje permanente, capital humano, competencias, son expresiones que denotan que asistimos a la imposición de una visión mercantilista de la educación superior. Educación para la globalización, para las políticas de apertura económica, para los Tratados de Libre Comercio que negocia actualmente el gobierno de Uribe y que constituyen su principal política económica. La apuesta del gobierno de Uribe, contra la evidencia histórica del camino seguido por los países del primer mundo [2], es el modelo exportador y la denominada confianza inversionista, que no es más que seguir llenando de gabelas al capital trasnacional. Es importante seguir insistiendo en una idea, el modelo educativo de una nación responde al modelo de desarrollo productivo. No es posible entonces aspirar a una universidad científica, que acceda y desarrolle los más altos niveles de las ciencias y las artes, mientras se persista en una economía de tipo neocolonial, con un aparato productivo subdesarrollado, especializado en la exportación de cultivos tropicales y recursos naturales con poca o nula transformación, o un país donde reinen los talleres de subcontratación laboral, como las maquilas, escasos en el uso de conocimientos y tecnologías.
MI VOTO NEGATIVO PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009
En la sesión donde se aprobó el presupuesto para la vigencia del año 2009, expresé que para Bienestar Universitario se dispuso un recurso de 1.503 millones de pesos, lo que significa el 2% del presupuesto de funcionamiento de acuerdo con la Ley 30 de 1992, pero existe una norma de carácter interno, el acuerdo 030 del Consejo Superior, recientemente modificada en el Acuerdo 026, que obliga que, además del 2% de los recursos de funcionamiento, se destine el 10% de los ingresos de los Fondos de Facultad, discusión que ya había planteado el año anterior, pero que la administración se niega a cumplir. La negativa a calcular el presupuesto como dicen las normas ha reducido el presupuesto de Bienestar Universitario en los últimos años, y en especial en la administración del doctor Ricardo Gómez, atentando directamente contra los programas que atienden estudiantes y en general contra todas las actividades que cubre la dependencia.
Planteé entonces que si los ingresos presupuestados de los fondos de facultad son de 7.623 millones de pesos para el año 2009, se debía incrementar el presupuesto de Bienestar Universitario en 762 millones, que corresponden al 10% de esos ingresos para dar cumplimiento a la norma. Es así como atendiendo a la ley 30 de 1992 y al acuerdo 026 de 2008, el presupuesto para Bienestar Universitario debió ser de 2.265 millones de pesos y no de 1.503 millones, como finalmente terminó aprobado. A pesar de la exigencia que hiciera, para que se dé cumplimiento a la norma y se destine el presupuesto que realmente le corresponde a Bienestar Universitario, el Consejo Superior mayoritariamente aprobó el presupuesto sin atender este reclamo, por lo que me aparté de dicha posición y lo voté de manera negativa.
1. La educación terciaria: “abarca las universidades y los establecimientos destinados a la formación de docentes (teachers’ colleges) y las escuelas profesionales de nivel superior (higher professional schools), los cuales exigen a los postulantes, como requisito mínimo de admisión, el haber aprobado el ciclo de educación secundaria” (Banco mundial, 2000: 156).
2. Sobre este punto plantea, el profesor de la Universidad Nacional, hoy senador de la república, Jorge Enrique Robledo, en su libro www.neoliberalismo.com lo siguiente: “El desarrollo nacional exige, por sobre todo, aprovechar primero y fundamentalmente la capacidad de compra de los nacionales y, ahí sí y de manera secundaria, exportar lo que se pueda. Es tan claro esto, y es tan obvio que son las políticas que les imponen las potencias a sus neocolonias las que crean la confusión al respecto, que el mismo Paul Krugman, tan venerado en los círculos aperturistas, da como prueba del desarrollo de un país el que “sus productores le venden principalmente al mercado interno”, y agrega que esa es “una libertad de acción negada a naciones más pequeñas”.
Referencias bibliográficas
BANCO MUNDIAL, 2000. “La educación superior en los países en desarrollo: Peligros y promesas”. Washington, D.C. Traducción al español de María Angélica Monardes. Disponible en http://www.arandurape.edu.py/Public...
BANCO MUNDIAL, 2003. “Aprendizaje permanente en la economía global del conocimiento. Desafíos para los países en desarrollo”. Washington, DC. Banco Mundial en coedición con Alfaomega Colombiana S. A. Disponible en http://www.arandurape.edu.py/Public...
MIÑANA, Carlos. 2006. El contexto de las reformas académicas en la educación superior. Ensayos críticos Nº 2, Bogotá. http://www.espaciocritico.com
PLAN DE DESARROLLO UNIVERSIDAD DE CALDAS, 2009-2018. “Para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia y la cultura” Documento de trabajo presentado al Consejo Superior.
ROBLEDO, Jorge Enrique. 2000. “www.neoliberalismo.com.co. Balance y perspectivas”. Bogotá. El Ancora Editores. Disponible en http://senadorrobledo.org/robledo/?... VEGA, Renán. 2007. “La "sociedad del conocimiento": una falacia comercial del capitalismo contemporáneo”. Revista Espacio Crítico Nº 7, Julio – Diciembre. Bogotá. http://www.espaciocritico.com/revis...

“La Corte Constitucional es menos confiable”

Entrevista a Carlos Gaviria Díaz por Otto Ruiz Alcocer,

Barranquilla, abril 26 de 2009

El presidente del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria Díaz, cuestionó algunas actuaciones del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, por considerar que son sesgadas, en favor de allegados al Presidente de la República. En materia política, considera que Uribe ya está en campaña, y está haciendo todo para conseguir la aprobación del referendo reeleccionista.
¿Cómo ve al Procurador en temas como la ‘Yidispolítica’, por ejemplo?
Yo soy muy respetuoso de las decisiones, pero naturalmente no deja de preocupar que se advierte un sesgo grande en las decisiones del Procurador; generalmente tendiente a favorecer a funcionarios del Gobierno y a tratar con mayor dureza a los que no lo son.
¿Advierte esa misma situación en la Corte Constitucional?
Yo pienso que la Corte Constitucional está en mora de reivindicar su independencia. Ha sido una corporación judicial muy admirada en el país desde sus comienzos, pero el Presidente ha tratado de cooptarla con nombramientos de personas bastante adictas a ély desde luego, me parece que eso hace a la Corte menos confiable. Yo tengo esperanza que ahora con nuevos magistrados nombrados, éstos antepongan su investidura de magistrados a intereses y presiones de otro tipo.
¿Usted también teme que se use la Reforma Política para poner un registrador amigo del Presidente?
Pues clarísimo. El hecho de que se haya presentado la propuesta que se hizo, de que al Registrador lo nombre el Congreso, con mayorías uribistas, es evidente; indica que ese propósito existe.
¿Qué concepto le merece la situación presentada con los hijos del Presidente?
Me parece que es bastante preocupante por varias circunstancias: una, porque hay un quebranto de la ética pública y yo creo que hasta del derecho, que es bastante evidente; y en segundo lugar, porque a pesar de que este hecho tan grave se ha producido, no se ha visto una reacción más fuerte del país. En otra parte, esto daría al traste con un Gobierno.
¿Cómo observa el panorama, cuando ya estamos casi en campaña?
Sí estamos metidos en campaña, pero no creo que ningún partido esté todavía claro en su panorama interno. No se sabe qué va a pasar en la U, en Cambio Radical, qué va a pasar con los conservadores que no han decidido si tienen candidato propio o van a la consulta; de manera, que el panorama todavía es muy incierto. Yo creo que en los próximos dos o tres meses el panorama va a estar más claro.
¿Se puede decir que Uribe ya está en campaña?
El presidente Uribe está en campaña desde que ganó las elecciones de 2002.
¿O sea que él le está apostando al referendo?
Sin duda. Ya dijo que mantenía una especie de batalla con su alma, creo que le va a ganar la batalla al alma.
¿Tiene un alma muy débil?
Exactamente.

CONTRA LA DEGRADACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIDAD Y RESISTENCIA CIVIL

Saludo de Jorge Enrique Robledo Castillo al Encuentro Nacional de Estudiantes,

Bogotá, abril 17 de 2009

Presento un caluroso saludo a los estudiantes que vienen de diferentes regiones del país para definir el rumbo del movimiento universitario y enfrentar las políticas degradadoras de la educación superior.
La importancia de este evento radica en que la educación debe defenderse a capa y espada, particularmente la superior. No es posible resolver los problemas nacionales sin una educación de alta calidad, universal y gratuita y en esta tarea los estudiantes juegan un papel fundamental.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez se empeña en atentar contra las universidades colombianas a través de medidas neoliberales que deterioran la calidad, privatizan las instituciones oficiales, obligan a los estudiantes a pagar créditos usureros y violan derechos democráticos de los estamentos universitarios. En medio de la peor crisis económica del capitalismo, se mantiene el objetivo de adaptar el aparato educativo a la globalización neoliberal impuesta desde Washington.
En el Congreso hacen trámite dos proyectos de ley que apuntan a profundizar la degradación de la educación superior. El primero reglamenta el ECAES, examen que, en clara violación de la autonomía universitaria, impone el modelo de formación por competencias, de acuerdo con el artículo 6° del Plan Nacional de Desarrollo.
El otro proyecto es el No. 083 de 2008, que permite al Gobierno Nacional desentenderse de su responsabilidad en la atención de la totalidad de los pasivos pensionales de la universidades Nacional, de Caldas, Córdoba, Chocó y Cauca. Imponer la concurrencia, como lo plantea la iniciativa, amenaza la calidad y el carácter universal de la educación superior, razón por la que reiteradamente la comunidad universitaria ha rechazado su implementación. Se pretende implementar lo propuesto en artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo, declarado inexequible. La propuesta obligaría a la Universidad Nacional, por ejemplo, a responder por 40 mil millones de pesos de sus obligaciones pensionales, dineros que correrían a cargo de su ya precario presupuesto y que cubriría con mecanismos de autofinanciamiento como el alza de matrículas.
El 2009 será un año de luchas y de resistencia civil contra la ofensiva recolonizadora del imperialismo norteamericano y la política del presidente Uribe Vélez, empeñado en debilitar la educación pública y en acabar con los derechos de los colombianos, incluidos los del estudiantado. Tengo la convicción de que este encuentro acordará tareas a la altura de las responsabilidades que a Ustedes les competen como uno de los frentes de vanguardia del país. Estén seguros que el Polo Democrático Alternativo está firme en el apoyo de sus reivindicaciones, pues sabe que es el camino para que todos los colombianos puedan acceder a una educación de calidad, universal y al servicio del interés nacional.